América: ¿el 13 trae suerte?

Repasemos la situación política que enfrentan en lo que va de 2013 los presidentes sudamericanos, a los que vale la pena agregar la suerte del mexicano Enrique Peña Nieto, mandatario de uno de los tres mayores Estados al sur del Río Bravo. Comencemos por la llamada “Alianza del Pacífico”, un agrupamiento de países que buscó presentarse como la contracara del Mercosur y al que Washington ve con buenos ojos:

Esta semana se conoció una encuesta de Gallup, según la que el presidente de ColombiaJuan Manuel Santos, cayó en la consideración pública del 46 al 21%. En el centro del malhumor social aparece la actitud del Gobierno frente a una protesta de campesinos: el 81% de los consultados dijo que desaprueba cómo actuó el jefe de Estado frente a esa cuestión. En Perú, se difundió el mes pasado una encuesta de la consultora GFK que determinó una merma en la aprobación de Ollanta Humala del 32 al 26%. El 54% se mostró de acuerdo con la idea de que el presidente “no combate la delincuencia”, el 51% evaluó que “no cumple con sus promesas”, en tanto que el 48% se mostró preocupado porque “los precios están subiendo”. En tanto, IPSOS-Perú detectó una caída de 4 puntos en la imagen de Humala, que quedó en torno al 29%. “No gobernamos con encuestas, eso déjenlo para los opinólogos”, replicó el presidente.

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¿Justicia? ¡Política!

Una mayoría de la Corte Suprema que emite fallos “dañinos”. Que actúa con “deshonestidad intelectual”. Que “usurpa el poder del Congreso”. Un presidente del máximo tribunal que escribe porciones enteras de sentencias “enteramente equivocadas”.

Con esas durísimas palabras, el comité editorial de The New York Times se refirió el último martes a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que calificó como inconstitucional una sección de la Ley de Derechos Electorales (sancionada en 1965) que buscaba evitar la discriminación racial en estados con pasado segregacionista.

“La mayoría conservadora de la Corte Roberts (por el presidente del tribunal, el conservador designado por George W. Bush John Roberts) emitió este martes otro fallo dañino e intelectualmente deshonesto”, descerrajó el prestigioso diario.

El presidente norteamericano, Barack Obama, se mostró a su vez “profundamente decepcionado” por la decisión de la Corte -adoptada por cinco votos contra cuatro-, una medida que dejó en el limbo legal a una norma símbolo de la lucha por los derechos civiles en aquel país.

Un día después de este bombazo a la igualdad política en varios estados sureños de los Estados Unidos, la Corte emitió dos fallos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el sitio web Huffington Post, uno de sus editorialistas, evalúa ambas decisiones en conjunto. Y no duda entonces en definir al juez Roberts como el “político más astuto, manipulador y radical” en Washington. El analista señala:

“Políticamente, estos fallos tolerantes sobre el esquema social del país desvían la atención sobre el objetivo más profundo de la corte Roberts: eliminar al gobierno federal como un impedimento para el poder corporativo, provincial (estadual) y local. En otras palabras, desmantelar el marco de leyes progresistas y de decisiones judiciales que se remontan a Teddy Roosevelt, el New Deal y la Gran Sociedad”.

Otro columnista del New York Times, Richard Hansen, también nos recuerda esta semana: el juez Roberts es “un hombre paciente jugando un juego largo”.

Como vemos, los ministros de una Corte Suprema en cualquier sistema democrático y republicano, como pueden ser el norteamericano o el argentino, no son seres “intocables”, sino que se convierten en pedestres jugadores del juego del poder a través de sus decisiones.

Tienen así objetivos políticos que van mucho más allá de un supuesto rol de cierta imparcialidad. Calculan y miden sus jugadas. Cuentan con un enorme poder de fuego que en ocasiones algunos sectores pueden considerar -legítimamente- que avasalla al Congreso. Y no puede evaluarse por lo tanto que los duros cuestionamientos que reciben de otros dirigentes políticos o funcionarios, de sectores de la prensa o de ciudadanos de a pie, sean ataques ajenos al libre juego democrático.

¿Justicia? ¡Es política!