La puesta en marcha del Plan PROG.R.ES.AR constituye un nuevo derecho para los jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajen, que lo hagan informalmente o que tengan un salario menor al vital y móvil y que su familia posea iguales condiciones para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo. Asimismo, brinda asistencia para la inserción laboral a través del Ministerio de Trabajo y el cuidado de los hijos a cargo, a través del Ministerio de Desarrollo Social cuando fuere necesario. Sin dudas, esta medida ayudará a reducir el desempleo juvenil, que actualmente arroja un valor de 18,1%. Este guarismo es un desafío a mejorar ya que el desempleo total se ubica en un valor inferior (6,8%). Desgraciadamente, la medida quedó desdibujada por los grandes medios de comunicación, más preocupados por influir sobre expectativas devaluatorias publicando “cotizaciones” del dólar ilegal que por analizar los posibles impactos redistributivos de una medida de alcance nacional.
Como la Primera Mandataria señaló en su último discurso, este plan ayudará a reducir el Índice de Gini. Este coeficiente es un número entre cero y uno donde cero se corresponde con la perfecta igualdad y el uno con la perfecta desigualdad. Según el Informe de Desarrollo Humano realizado por la ONU, el país que más se acerca a la situación de igualdad es Noruega (0,226) y el que más lejos se encuentra es Seychelles (0,658). En la región, la media del coeficiente es de 0,4782, los países más desiguales son Perú (0,547), Paraguay (0,543) y Colombia (0,535). Por otro lado, los más igualitarios son Venezuela (0,388), Uruguay (0,434) y Ecuador (0,458)
En la última década, la desigualdad se redujo exponencialmente. El coeficiente de Gini para el tercer trimestre de 2013 arrojó un valor de 0,381 (el más bajo de la región) y en el tercer trimestre de 2003 se ubicaba en 0,475. Esto representa una reducción de la desigualdad de casi 20%.
Este cambio, naturalmente, no se produjo por arte de magia sino por una deliberada política de estado en acciones concretas: inclusión y movilidad jubilatoria o AUH entre las principales. Actualmente, más de 3.500.000 chicos son beneficiarios de esta asignación.
A esto se suma la Asignación por Embarazo para protección social destinada a aquellas embarazadas a partir de la duodécima semana de embarazo y ya fue otorgada a más de 64.000 mujeres. Un dato a tener en cuenta es que las trabajadoras incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleadas de Servicio Doméstico y que perciban un salario menor al mínimo vital y móvil ($3600), también pueden acceder a esta prestación.
Para llevar a cabo todas estas medidas fue necesaria la estatización de las AFJP en el 2008. A su vez, era necesario que el ahorro de todos los argentinos se canalizara en actividades productivas o en políticas que ayudaran a reducir la desigualdad en nuestro país.
Asimismo, según el MTEySS en la actualidad existen más de 5.450.000 jubilados y pensionados. La Ley de Movilidad Jubilatoria se aplica automáticamente dos veces al año y comprende a todas las prestaciones a cargo del SIPA. Es importantísimo recalcar que la aplicación del índice de movilidad podrá reducir la disminución del haber que percibe el beneficiario; ni siquiera en aquellos períodos en los que la evolución de las variables económicas fueran negativas. Esto es fundamental para no regresar a las políticas neoliberales donde la primera variable de ajuste fue siempre el sector pasivo de la población, y en consecuencia más vulnerable. Actualmente, el haber mínimo jubilatorio es de $2477, siendo el último aumento de más del 14%. Un claro número que refleja las políticas a favor de los jubilados es el valor del haber mínimo hace 10 años: en enero de 2004 se ubicaba en 240 pesos, lo que implica un aumento de más de 932%.
Como señaló la Presidenta en una de sus últimas intervenciones públicas, y en alusión a las estampillas sobre la “década ganada”, estas medidas no son de un gobierno en particular, ni del Congreso que sancionó algunas leyes, sino de la sociedad toda. Y es realmente necesario empoderarla para que, aunque distintas fuerzas políticas ocupen el sillón presidencial y el Parlamento, se tome conciencia de que la inclusión social debe ser el horizonte hacia el cual apunte cualquier fuerza política, porque un país que se ocupa de sus niños, jóvenes y ancianos es un país con mayor bienestar en el futuro.