El título de este artículo es una leve adaptación a la tristemente célebre frase “Achicar el Estado es agrandar la nación” del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico militar. Una de sus primeras medidas fue el congelamiento de salarios, lo que provocó que el ingreso de los trabajadores cayera un 40% entere 1976 y 1980. Asimismo, se sacaron los controles de precios, se redujeron las retenciones a las exportaciones y se inauguró una de las etapas más negras de la historia argentina a través del endeudamiento con organismos internacionales. Con estas medidas, se puso fin al Estado intervencionista, a la protección del mercado interno y al subsidio a las empresas junto con un proceso de acelerada (y deliberada) desindustrialización.
Si bien las consecuencias de estas medidas (y su profundización en la década del noventa) fueron nefastas para los sectores populares de la sociedad, en diversos sectores de poder se insiste en retomar esta filosofía neoliberal en detrimento de las políticas keynesianas de estímulo a la demanda que toma el gobierno nacional.
Generalmente, los defensores de volver al libre mercado son los sectores agroexportadores, ya que al colocar sus productos en los mercados internacionales pretenden obtener los mismos beneficios en el mercado local que en el externo. Es por esto que abogan por la no intervención del Estado, quien de un tiempo a esta parte actúa vía derechos de exportación y controles de precios para evitar este proceso. Asimismo, para estos sectores los salarios representan un costo a reducir, por lo que siempre se muestran disconformes con las negociaciones colectivas de trabajo que llevó a una mayor puja distributiva. Por ejemplo, durante el año anterior el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó 585 negociaciones colectivas de trabajo con más de dos millones de empleados involucrados. Por último, el Consejo del Salario estableció en 3600 el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo que significó un aumento del 25% respecto del 2012. Cabe aclarar que durante la década del noventa tanto las paritarias como el SMVM estuvieron congelados, ya que no era el trabajo el dinamizador de la economía sino la especulación financiera, y la intervención del Estado a favor de los trabajadores era vista como algo negativo (o “ineficiente” en los términos de la burocracia estatal de entonces). Existen innumerables maneras de explicar por qué la intervención del Estado es necesaria para el crecimiento y posterior desarrollo de una nación. Sin embargo, hay una medida emblemática que la subyace: la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Esta política tuvo un impacto directo en las familias, especialmente en los indicadores que se refieren a la calidad de vida de los menores. Vale recordar que esta asignación es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas o que trabajan en el mercado informal. Su implementación fue beneficiosa por diversas maneras, pero dos son de destacar. En primer lugar, por ser un incentivo a que las madres no tengan que trabajar por poco dinero (como ocurría en diversas zonas alejadas de los centros económicos) y es un justo reconocimiento a las jefas de hogar cuyo número aumentó en los últimos años. En segundo lugar, exige que las madres se preocupen por la vacunación y la educación de los hijos, y muchas de ellas han llegado a construir sus casas de material, para guarecer a sus hijos del agua y del frío. Vista a futuro, esta medida ayudará a reducir el desempleo y las condiciones de precarización laboral, no sólo de las madres sino de los hijos cuando formen parte de la población económicamente activa.
Si bien el crecimiento de los países se explica por diversas razones, siempre resulta útil recordar los datos sobre el nivel de crecimiento de nuestro país en los últimos años. Si consideramos como punto de partida el tercer trimestre de 2009 (implementación de la AUH) y tomamos como llegada el segundo trimestre de este año (último dato disponible) el nivel de actividad aumento un 77% y el Índice de Gini –un indicador pensado para medir la desigualdad en los ingresos de un país donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se refiere a la perfecta desigualdad- disminuyó de 0,404 en el tercer trimestre de 2009 a 0,377 en la actualidad, es decir que se redujo casi un 7%.
A la luz de estos guarismos, puede interpretarse que es realmente necesaria la intervención del Estado a través de programas sociales y de la regulación del mercado de trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. No obstante, siempre existirán sectores que se oponen, ya que para ellos la clase trabajadora es un mero costo y no la expresión de un derecho a salarios y condiciones de vida dignas.