Los últimos días trascendieron las terribles noticias de linchamientos contra protagonistas supuestos de robos, uno de los cuales terminó con la vida de David Moreyra, apaleado por más de 50 personas, mientras que otros dejaron graves heridas a otros jóvenes. Estas brutales y espantosas manifestaciones -aunque a algunos políticos patronales y medios de prensa les genere hipócritamente “sorpresa e indignación”- son la consecuencia de años y años de bombardeo mediático y político sobre la “inseguridad”, que lleva lamentablemente a grupos de gente a asesinar en banda, con una mera evaluación sumaria del rostro y del color de piel. Una vergüenza: rechazamos profundamente estos ataques brutales.
Contra algunas miradas “indignadas” de funcionarios del gobierno de Antonio Bonfatti y de Cristina Fernández, el PTS en el Frente de Izquierda plantea que el delito tiene dos grandes causas que se entrecruzan. Por un lado la miseria y la descomposición social, que empujan a jóvenes a la desesperación y a la delincuencia, incluso liquidando todo valor por la vida ajena y propia. Y por el otro, la podredumbre estatal y policial, que regentea el narcotráfico, la trata de mujeres y el conjunto del crimen organizado. Nadie quiere hablar seriamente de estas dos cuestiones, que salen como la pus debajo de la hipócrita foto “turística” rosarina.
La causa de la delincuencia a la que es empujada un sector de la juventud hay que buscarla en la descomposición social producto de una pobreza y una desigualdad social que si en Argentina es grave, en Rosario es obscena. Aquí las villas rodean a las torres de lujo, los carros con tracción a sangre se mezclan con los Porsche y los Audi. En la Santa Fe supuestamente “socialista”, un puñado de empresarios es dueño de casi todo, mientras la inmensa mayoría sólo es propietaria de certificados de miseria. En Rosario la desocupación roza los dos dígitos, la precarización laboral afecta al 70 por ciento de los asalariados, las familias con viviendas precarias llegan a las 80 mil y el acceso a la salud y los servicios básicos es considerado un lujo. Pero Cargill exilia sus barcos con las bóvedas repletas de dólares que huyen a sus casas matrices.
Cada tanto funcionarios de los gobiernos nacional y provincial hablan de esta desigualdad, pero cuando los trabajadores la cuestionan en los hechos todo el andamiaje estatal, policial y judicial apunta los cañones contra ellos. Esto pasó con los trabajadores de la metalúrgica Liliana S.R.L., que denunciaron que la empresa los negreaba con contratos precarios, con sueldos de 4.200 pesos y con prohibición de delegados. Con su lucha lograron el pase a planta, pero como represalia la empresa echó a los referentes y delegados electos en asamblea, obteniendo el apoyo de jueces, fiscales, policías y de los Ministerios de Trabajo de Nación y Provincia. Hipocresía a flor de piel.
Estado presente y podrido
En este esquema -que combina el boom sojero y de la construcción con sus consiguientes miseria, degradación social, precarización laboral y ausencia de derechos sindicales- funciona con gestión policial y connivencia gubernamental el negocio del narcotráfico. Las bandas narco utilizan la mano de obra de pibes que cobran 400 pesos por día en los bunkers, mientras que trabajar en los ritmos infernales de la mayoría de las fábricas por 10 horas, reditúa un salario que con suerte llega a los 5 mil pesos. Pero nadie quiere hablar de esto.
La policía, además, organiza el delito, liberando zonas y reclutando pibes que roban para ellos, entregándoles armas y drogas a cambio. El de Luciano Arruga es el caso más emblemático que desnuda este escenario dantesco, bien instalado también en Santa Fe.
Frente a la miseria que generan los grandes capitalistas, el propio Estado impone un fortalecimiento de las instituciones represivas y una pérdida de libertades democráticas. Este es el rol creciente de la policía en los barrios, acrecentada por los múltiples pactos que firman Bonfatti y Cristina Fernández. El Gobernador y su Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, decretaron la emergencia de seguridad, impulsando la política de militarización de ”las zonas calientes”, el patrullaje de la Gendarmería, la presencia de helicópteros y la implementación de una Policía Municipal.
A más desigualdad, más palos. Contra la idea de que estamos ante un “Estado ausente”, el Estado está bien presente pero no para resolver el problema de la vivienda o de la precarización laboral, sino en forma de patrulleros y de ministerios que defienden a empresarios negreros. Cualquier política de “mano dura” está condenada al fracaso y es la madre de aberraciones como los linchamientos. No hay solución de la mano de la narcopolicía, ni de los que proponen el endurecimiento del Código Penal, para lo que se pasó a llamar “inseguridad”.
Resolver los problemas del pueblo trabajador, atacando los intereses de grandes empresarios
Por el contrario, la izquierda propone resolver los principales problemas que padecen los sectores populares. Como la desocupación, la precarización laboral, los bajos salarios, la falta de derechos sindicales, la crisis educativa y de salud, para lo cual hay que atacar los intereses de los grandes capitalistas, aceiteras, sojeros, empresas de la construcción. Esto es algo que ni el kirchnerismo ni el socialismo provincial de Binner pretenden hacer, obviamente. La Justicia también es parte de este entramado de criminalización de la pobreza. Un juez de la provincia llegó a decir que los linchamientos eran una reacción ante la “injusticia y el delito”. Una versión contemporánea del “por algo será”, que repudiamos.
Los gobiernos nacional y provincial aplican un ajuste contra los trabajadores y la juventud y saben que para enfrentar la resistencia de éstos deben tener contentas y preparadas a las fuerzas de represión. Es por ello que a la Policía le otorgaron un 60 por ciento de aumento, llevando el salario de un agente a 8.500 pesos mientras el salario de un docente es casi un 50 por ciento menor a eso.
Los trabajadores tienen que depositar su bronca y descontento contra los verdaderos responsables de esta situación que son los grandes empresarios, bancados por el kirchnerismo, el Frente Progresista y las demás gobiernos patronales. Por ello mismo, las organizaciones de trabajadores, sociales y populares no deben caer en el reclamo de mayor seguridad, sino que tienen que levantar la consigna de “trabajo, vivienda, educación y salud para todos”, denunciar la complicidad estatal con el narcotráfico y luchar contra el ajuste, como los docentes. De lo contrario, se avala una campaña estatal de dividir a los sectores populares para reinar.