Sobre el final del 2013, bastó la advertencia del gobernador Colombi de emitir cuasimoneda a los fines de afrontar las erogaciones provinciales para que todas las alarmas económicas se activaran en Balcarce 50. El recuerdo de un país con distintas unidades de cuenta y medios de pago como resultado de una profunda crisis institucional, forzó a las autoridades económicas a tomar algún tipo de decisión. Sin embargo, en lugar de implementar medidas de fondo, se optó por la cortoplacista medida de refinanciar pasivos provinciales con el Gobierno Nacional por un monto de 75.000 millones de pesos.
Dicho convenio de refinanciación no es más que un mero parche. Si bien el convenio le otorga algo de aire a las agobiadas finanzas provinciales, no soluciona los severos problemas estructurales que presenta la relación fiscal entre el Estado nacional y los Estados provinciales. Adicionalmente, establece una serie de pautas que las administraciones provinciales deberán cumplir, reforzando la sumisión de estas al gobierno nacional.
En materia de responsabilidades, la realidad muestra que las provincias cargan con los compromisos de seguridad, educación y salud desde que, en un proceso de descentralización, el Estado nacional traspasara estos servicios a las orbitas provinciales sin la correspondientes partidas, engrosando así los gastos provinciales, que pasaron de representar el 29% al 43% del gasto de estos servicios a nivel nacional.