Por: Pablo Das Neves
Sobre el final del 2013, bastó la advertencia del gobernador Colombi de emitir cuasimoneda a los fines de afrontar las erogaciones provinciales para que todas las alarmas económicas se activaran en Balcarce 50. El recuerdo de un país con distintas unidades de cuenta y medios de pago como resultado de una profunda crisis institucional, forzó a las autoridades económicas a tomar algún tipo de decisión. Sin embargo, en lugar de implementar medidas de fondo, se optó por la cortoplacista medida de refinanciar pasivos provinciales con el Gobierno Nacional por un monto de 75.000 millones de pesos.
Dicho convenio de refinanciación no es más que un mero parche. Si bien el convenio le otorga algo de aire a las agobiadas finanzas provinciales, no soluciona los severos problemas estructurales que presenta la relación fiscal entre el Estado nacional y los Estados provinciales. Adicionalmente, establece una serie de pautas que las administraciones provinciales deberán cumplir, reforzando la sumisión de estas al gobierno nacional.
En materia de responsabilidades, la realidad muestra que las provincias cargan con los compromisos de seguridad, educación y salud desde que, en un proceso de descentralización, el Estado nacional traspasara estos servicios a las orbitas provinciales sin la correspondientes partidas, engrosando así los gastos provinciales, que pasaron de representar el 29% al 43% del gasto de estos servicios a nivel nacional.
Presionadas por una situación de emergencia que afectaba seriamente el orden público, muchas administraciones provinciales se han visto obligadas a otorgar aumentos de sueldo que, si bien responden a reclamos legítimos debido al contexto inflacionario, ponen en serio riesgo las débiles finanzas provinciales.
Con un gasto en remuneraciones que, en promedio, supera el 56% del gasto consolidado primario de todas las jurisdicciones, difícilmente puedan los gobernadores provinciales planificar autónomamente obras y servicios para llevar a cabo sus planes de gobierno.
Esto genera a su vez un círculo vicioso en la relación Provincia-Nación, ya que el gobierno nacional a través de las transferencias discrecionales y la asignación de obra pública cuenta con una suerte de vara diciplinadora de aquellas gestiones provinciales que muestren algún atisbo de independencia de criterio político.
El origen de esta situación puede rastrearse hasta la sanción en 1988 del perverso régimen de coparticipación federal de impuestos, el cual realiza una distribución de los recursos que, en términos netos, asigna a las provincias un monto en torno a 30% de los recursos coparticipables, mientras que el gobierno nacional se queda con el resto. Esto es claramente violatorio de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, donde se establece una garantía de distribución para las provincias del 34%.
No conforme con esto, en términos de recursos consolidados totalizando aquellos coparticipables y no coparticipables, las provincias reciben sólo el 18,6% mientras que la Nación recibe el resto.
De esta forma se configura una estructura impositiva donde, mientras las provincias cargan con las responsabilidades de los principales servicios de gobierno, el gobierno nacional se reserva la mayor cantidad de recursos. A todo esto sólo cabe un interrogante: ¿Qué medida de fondo se puede tomar? En el 2001, a través de la sanción de la Ley 25.413 conocida como “Ley de Competitividad”, se creó un impuesto a los débitos y créditos bancarios con asignación específica a un fondo de emergencia pública administrado por el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de “preservar el crédito público y la recuperación de la economía”.
Este impuesto, conocido vulgarmente como impuesto al cheque, es un impuesto fuertemente distorsivo que genera un desincentivo al blanqueo y formalización de la actividad económica. Además, este tributo alcanza a todos los contribuyentes por igual independientemente de su capacidad contributiva. Su única fortaleza, es la sencillez y celeridad de su recaudación. Posteriormente en el 2002, con la sanción de la ley 25.570, lo recaudado por este impuesto se coparticipa en un 30% para las provincias, en tanto que el 70% de este impuesto se asignaría al Tesoro Nacional para ser administrado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Si bien sería sano para una correcta estructura tributaria el eliminar dicho impuesto en forma total, las necesidades de financiamiento para 2014 obligan a su mantenimiento transitorio. El monto recaudado por el impuesto al cheque aportó la nada despreciable suma de 43.931,2 millones de pesos durante el 2012 (al momento de la redacción de esta columna se desconocía el monto del 2013). Ahora bien, para evitar situaciones críticas en las administraciones provinciales, es necesario que dicho impuesto se coparticipe totalmente a las administraciones provinciales, de forma que éstas cuentes con recursos genuinos para poder enfrentar las erogaciones correspondientes a los servicios gubernamentales de seguridad, educación y salud.
La nueva composición del Poder Legislativo Nacional es una oportunidad para comenzar a establecer medidas que no se constituyan en meros parches transitorios, sino que reconozcan las necesidades de las provincias, respetando sus autonomías y recordando que sin provincias, no hay nación.