En el mes de enero, la Legislatura porteña dio su aval al traspaso de la Policía Federal a manos de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual se concretó la tan anhelada transferencia de 19 mil agentes federales a la órbita porteña, cuya autoridad será a partir de ahora el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Este convenio viene a fortalecer el proceso iniciado en 1994 de autonomía de la ciudad, y a saldar parte de la deuda histórica que la nación tiene con sus ciudadanos. Era inminente y necesario que la seguridad de los porteños quedara en sus propias manos. La transferencia de la Policía constituye un paso fundamental hacia la estructuración institucional definitiva del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se perfeccionará cuando la Legislatura apruebe también la cesión del puerto, la Inspección General de Justicia, el registro de la propiedad y las competencias penales.

La transferencia de la Policía no representa sólo un motivo para celebrar la creciente emancipación de la ciudad, sino también un desafío y una oportunidad inmejorable para avanzar en un sistema de depuración de estructuras y prácticas contrarias a la ley que permitieron, a lo largo de estos años, el avance del narcotráfico, la trata y el crimen organizado. Es necesario modificar el sistema de control externo e interno de las fuerzas, para dotarlas de una fuerte intervención y participación política e institucional. Las instituciones policiales carecen del necesario proceso de cuestionamiento. El mantenimiento de formas de organización y funcionamiento arcaicas, con una fuerte impronta de comportamiento corporativo y recaudador, han destrozado la legitimidad pública y la eficacia de la Policía para actuar en la prevención y la persecución del delito. En nuestro rol de legisladores electos por la ciudadanía, debemos tomar este momento como la oportunidad para debatir sobre problemáticas que aún están pendientes. Continuar leyendo →