El hecho de que candidatos de la oposición, a pesar de la dictadura institucional vigente en el país, le hayan quitado legalmente el control de la Asamblea Legislativa al oficialismo, es un suceso que estimula a quienes luchan por la libertad en cualquier lugar del mundo.

A partir del 5 de enero se inició en Venezuela un proceso sin precedentes. Una mayoría parlamentaria, con vocación democrática, está dispuesta a retar un Ejecutivo que controla el resto de los poderes del Estado.

El Parlamento venezolano ha sido uno de los principales instrumentos usado por el chavismo para instalar una dictadura institucional sobre una colosal farsa democrática, lo que le confirió la capacidad de cercenar paulatinamente los derechos ciudadanos, arruinar la economía nacional y generar una corrupción sin precedentes en un marco de relativa legitimidad.

La convivencia en un parlamento integrado por legisladores con diferentes ideas e intereses es complicada y difícil, pero lo que se experimenta en la Asamblea Legislativa  venezolana no tiene precedentes ya que enfrenta un ejecutivo y un poder judicial que responden a una ideología excluyente y sectaria, con medios suficientes para intentar neutralizar y hasta sabotear las decisiones de los legisladores.

Es de suponer que los líderes políticos de la oposición estén desarrollando recursos para blindarse contra las agresiones que en su contra va a desplegar el chavismo, instrumentados de la peor manera posible por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; este último procurará generar conflictos dentro y fuera de la Asamblea, incentivando a los grupos más radicales del chavismo a establecer bloqueo y a agredir a los legisladores contrarios al gobierno.

Por su parte el presidente Maduro tratará de responsabilizar a la Asamblea de la agudización de la crisis económica, y de los problemas que afronte el gobierno a partir del momento que el poder legislativo se emancipó del ejecutivo, intentara bloquear las decisiones del Parlamento y desconocer sus atribuciones.

El Poder Judicial ha sido la primera herramienta del gobierno para tratar de ilegalizar las decisiones de la Cámara, los magistrados hurgaran o interpretaran a conveniencia cualquier legislación que afecte al gobierno, serán la primera línea del frente oficialista contra la oposición.

Cierto que la Asamblea Nacional tiene potestad para nombrar magistrados y hasta promover la revocación del presidente, pero ambas habilidades, aunque cuentan con la fuerza moral que le otorgó el pueblo, en caso de rebeldía, tiene que tener la subordinación de las fuerzas públicas para hacer cumplir sus decisiones,  lo que no parece factible en base a las recientes declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino Lopez, quien dijo que se había ultrajado a la Patria cuando la mayoría parlamentaria decidió retirar un cuadro del comandante golpista Hugo Chávez, el general, reiteró su respaldo al gobierno y no a la Constitución, un indicativo que refleja que parte está en un conflicto de poderes que tiende a agravarse.

Ante esta situación el apoyo activo de los electores que votaron a favor del cambio, es la principal defensa de los legisladores que impugnan la autocracia.

El éxito de la campaña electoral de la oposición hay que validarlo con otra cruzada que muestre que la mayoría de la población no votó exclusivamente contra el oficialismo por el pésimo gobierno, sino también, porque está a favor de cambios sustanciales que desmonten unas estructuras políticas y administrativas contrarias a los mejores intereses de la nación.

Es de suponer que un cierto porcentaje del electorado votó contra el régimen por el empobrecimiento, la alta inflación y la extendida escasez de bienes de primera necesidad, incluidos los productos farmacéuticos, pero es de esperar -ahí está la garantía de futuro- que la mayoría haya hecho conciencia que las propuestas populistas que enarbola el régimen, por muy bien elaboradas que estén, solo sirven para socializar la miseria y convertir al individuo en una masa amorfa que solo responde a los dictados del caudillo.

Es preciso trabajar a favor de que el chavismo deje de ser una alternativa electoral, no porque se prohíba o ilegalice lo que Hugo Chávez representó para un sector de la población, sino porque el ciudadano habría tomado conciencia que las propuestas que encarnó, eran inviables y voluntaristas, y que en ningún momento estaban sostenidas en postulados que tuvieran el trabajo y el respeto a la libertad como fundamento.

Hay que demostrar que el denominado Socialismo del Siglo XXI como en su momento lo fue el socialismo real castrista, aun en el supuesto negado de que hubieran sido un éxito económico, son negativos para el ciudadano, porque atacan la condición de hombres y mujeres con derechos a tomar decisiones, acertadas o erradas, pero propias.