Es innegable el gran avance en materia de inclusión y género que tuvo nuestro país en los últimos años. Podría decirse que por las recientes legislaciones y posiciones adoptadas por todo el arco político del país en este tema, Argentina se colocó a la vanguardia del resto del mundo en la defensa de los derechos de los colectivos minoritarios. Sin embargo, y a pesar de tener grandes ventajas políticas y jurídicas con respecto al resto de la región, a los argentinos nos cuesta mucho construir un camino de tolerancia y aceptación sincero.
Mirando los noticieros nos enteramos que la discriminación todavía es moneda corriente en nuestro día a día. La primer víctima fue Ariel Olivera, un joven de 26 años que le pegaron por ser homosexual. Lo insultaron y golpearon brutalmente hasta dejarlo inconsciente tirado en la vereda. No quisieron robarle: el objetivo era lastimarlo, simplemente por su orientación sexual. Unos días después, Nahuel Albornoz viajaba con un amigo hacia su casa cuando fue interceptado por un grupo de personas que lo golpearon salvajemente y lo tiraron en movimiento de la camioneta que lo llevaba. Como en el caso de Ariel, la discriminación se presentó de la manera mas cruda, y el resultado la frustración e impotencia que generó ser maltratado una vez más por sus elecciones, además de las gravísimas lesiones físicas que le produjeron.
Me llena de tristeza saber que esta situación se repite diariamente y que muchas personas, producto de la discriminación, son lastimadas física y verbalmente por el hecho de expresar sin tabúes su amor por otra persona. La homo-lesbo-transfobia existe, está presente y es una realidad lamentable contra la que debemos luchar.
Por eso se presentó ante el Congreso la Ley de Sanción y Prevención de Actos Discriminatorios, que es una excelente herramienta para promover la igualdad en diversidad, erradicar prejuicios y eliminar todas las formas de segregación. El proyecto tomó como base la legislación vigente, así como también leyes de algunos países de la región que ya trataron el tema. Entre sus características más importantes podemos mencionar que amplía la legitimación civil, penal y administrativa para iniciar acciones por conductas u omisiones discriminatorias, eleva las penas previstas en el Código Penal para actos discriminatorios y agrega la obligatoriedad de acompañar la condena con procesos de sensibilización, capacitación y concientización del imputado.
También contempla la promoción de políticas públicas para prevenir actos discriminatorios e invierte la carga de la prueba en favor del discriminado, lo que significa que el presunto discriminador deberá probar de ahora en más que no actuó de esa manera para ser declarado inocente. Otra característica particular de este proyecto es evitar que se juzguen los actos a criterio de quien toma la denuncia o exposición. Por ejemplo, el policía que le tomó la declaración a Ariel caratuló la paliza como “robo y lesiones”. Si se aprueba este proyecto la caratula se vinculará con un ataque homofóbico, lo cual encuadrará la situación desde una perspectiva mucho más adecuada.
Este proyecto de ley, en conjunto con la ya sancionada y aún no reglamentada normativa contra la violencia escolar, es otro paso más para avanzar hacia un país más justo. Por primera vez en mucho tiempo, reconocemos la igualdad, la libertad y la ciudadanía como principios que dirigen nuestra vida social, y la realidad política y cultural de nuestro país nos ha puesto en la disyuntiva de elegir entre aceptar este camino de inclusión o seguir estigmatizando a quien es diferente.