Por: Pedro Robledo
Cuántas veces viajamos en subte o tren y nos cruzamos con jóvenes viviendo en la calle, pidiendo una moneda, y sentimos la impotencia de no poder cambiar su realidad. Cuántas veces escuchamos informes sobre la creciente inflación, los sueldos que no alcanzan y pensamos en lo difícil que será independizarnos de nuestros padres en un futuro cercano. Como joven argentino, este tipo de problemas y otros similares se cruzan por mi cabeza varias veces al día.
Felizmente, este año se abre una oportunidad para introducir aires de cambio en las políticas adoptadas por nuestro gobierno. Me refiero a la habilitación del voto de los ciudadanos de 16 y 17 años mediante la Ley de Voto Joven adoptada a fines de 2012. El ingreso de estos jóvenes a la contienda electoral siembra la esperanza de que ingresen nuevos temas en la agenda pública y de que los que ya tienen tratamiento se aborden desde nuevas perspectivas.
¿Cuáles son los problemas que afectan la vida cotidiana de los jóvenes? Indudablemente, el lavado de dinero, los avances sobre la Justicia, la aplicación de la Ley de Medios, son temas de gran relevancia nacional, y por tal razón reciben la necesaria atención de parte de nuestros políticos. Pero no son cuestiones que afecten de manera directa la vida de los más jóvenes. Estos temas muchas veces no acceden a la agenda pública o son desplazados por otras problemáticas. Me refiero, por ejemplo, a la difícil inserción laboral, la presencia de la droga en las calles y cerca de las escuelas, la inseguridad, la discriminación. Se trata de cuestiones que tienen una gran presencia mediática pero que aún no recibieron una respuesta sólida por parte del Estado. La reforma del Código Nacional Electoral es trascendente en el sentido de que permite incorporar la mirada de los más jóvenes respecto de estas cuestiones y hacer valer sus intereses en las soluciones propuestas.
Para ello, no obstante, es imperioso que los jóvenes hagan uso de su nuevo derecho adquirido. La celebración el pasado 30 de junio de los comicios legislativos provinciales en Misiones, donde rige una ley que replica a la aprobada por el Congreso Nacional, plantea un triste antecedente: según sondeos realizados minutos antes del cierre de urnas, la participación de los menores de 18 años en los comicios fue escasa. Si los ciudadanos de 16 y 17 años quieren ser tenidos en cuenta a la hora de formular políticas públicas, deben votar.
Por otra parte, es crucial para la calidad de nuestra democracia que los jóvenes que se incorporan a la contienda electoral capitalicen esta ampliación de sus derechos de manera positiva, consolidando su participación ciudadana e involucrándose activamente en los asuntos políticos del país. El derecho al voto constituye una herramienta clave para dar visibilidad a un grupo poblacional que cada vez asume mayores roles en nuestra sociedad. Pero también implica una gran responsabilidad a asumir y valorar. Los jóvenes electores deben ser críticos y entender que, mediante el voto, podemos obligar a nuestros políticos a escucharnos y a darle respuesta a nuestras demandas. Deben aprovechar esta oportunidad para presionar por la adopción de políticas que realmente mejoren la calidad de vida.
La meta a alcanzar mediante la Ley de Voto Joven debe ser diversificar la agenda pública y fomentar la participación política de nuestros ciudadanos desde una edad temprana. Es tarea de los jóvenes ejercer plenamente su derecho al voto y evitar que estos objetivos sean tergiversados por intereses partidarios.