Parafraseando a Laura Alonso, que reaccionaba contra el secretismo del Gobierno de Cristina Kirchner sobre el acuerdo YPF-Chevron, ahora es la ciudadanía quien siente “frío por la espalda” cuando la Presidente de la Oficina Anticorrupción justifica que YPF y el Gobierno no hagan público el contrato, lo que ignora el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) sobre la acción de amparo presentada por el ex senador Rubén Giustiniani. Se trató de un fallo histórico, porque se reafirmó el derecho a la información pública de los actos de gobierno.
Corre frío por la espalda cuando la funcionaria que debe velar por la transparencia de los actos de gobierno contradice ahora sus recientes declaraciones a favor del fallo y retacea el derecho a conocer la totalidad del contrato con la petrolera Chevron. El frío congela cuando la jueza interviniente, María Cristina Carrión de Lorenzo, acepta que YPF le entregue sólo una pequeña parte del contrato, con tachaduras de párrafos enteros, lo que contraviene lo ya resuelto por el máximo tribunal del país. El ocultamiento de los actos de gobierno confirma la impunidad con la que actúa la macrocorrupción y con la que se actuó con el contrato con Chevron que fue firmado por una sociedad offshore YPF Shale Oil Investment, creada en el paraíso fiscal del estado de Delaware, Estados Unidos. Entraron y salieron de nuestro país cientos de millones de dólares por cuentas a nombre de funcionarios y fuera de toda fiscalización o control. Continuar leyendo