Por: Pino Solanas
Parafraseando a Laura Alonso, que reaccionaba contra el secretismo del Gobierno de Cristina Kirchner sobre el acuerdo YPF-Chevron, ahora es la ciudadanía quien siente “frío por la espalda” cuando la Presidente de la Oficina Anticorrupción justifica que YPF y el Gobierno no hagan público el contrato, lo que ignora el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) sobre la acción de amparo presentada por el ex senador Rubén Giustiniani. Se trató de un fallo histórico, porque se reafirmó el derecho a la información pública de los actos de gobierno.
Corre frío por la espalda cuando la funcionaria que debe velar por la transparencia de los actos de gobierno contradice ahora sus recientes declaraciones a favor del fallo y retacea el derecho a conocer la totalidad del contrato con la petrolera Chevron. El frío congela cuando la jueza interviniente, María Cristina Carrión de Lorenzo, acepta que YPF le entregue sólo una pequeña parte del contrato, con tachaduras de párrafos enteros, lo que contraviene lo ya resuelto por el máximo tribunal del país. El ocultamiento de los actos de gobierno confirma la impunidad con la que actúa la macrocorrupción y con la que se actuó con el contrato con Chevron que fue firmado por una sociedad offshore YPF Shale Oil Investment, creada en el paraíso fiscal del estado de Delaware, Estados Unidos. Entraron y salieron de nuestro país cientos de millones de dólares por cuentas a nombre de funcionarios y fuera de toda fiscalización o control.
Respondiendo a los argumentos peregrinos usados para justificar el ocultamiento de los actos de YPF para preservar supuestos secretos contractuales e industriales, la Corte ha sido contundente: “Convalidar, sin más, una respuesta de esa vaguedad significaría dejar librada la garantía de acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar”. Además de ser YPF una compañía de capital mayoritariamente estatal, la CSJN sostuvo: “Una empresa que funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional [y que] […] desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público” no puede ampararse en su configuración societaria como sociedad anónima para negar el libre acceso a la información pública.
Se siente frío por la espalda cuando no se dice la razón por la que no se da a conocer al público y a los legisladores y los magistrados. ¿Por qué se lo esconde? ¿Será por las cláusulas secretas que abren puertas hacia las operaciones de corrupción y ocultan las cuentas secretas offshore creadas en el paraíso fiscal de Delaware? ¿O será porque el endeudamiento que tiene YPF por siete mil millones de dólares —casi el doble del valor actual de la empresa— es la causa de no haber controlado los actos y los contratos secretos firmados por el señor Miguel Matías Galuccio, CEO y presidente de YPF, aprobados por el ex ministro Julio de Vido y Cristina Kirchner? ¿No será que el contrato con Chevron oculta operaciones de dudosa legalidad que hubieran impedido su firma por ser lesivas al interés de la nación? ¿O porque no quiere revelar que Galuccio —alabado por el oficialismo y la oposición de Cambiemos— gana más de cuatro millones de dólares anuales, el doble que el CEO de una compañía similar?
Corre frío por la espalda cuando en nuestro querido país, que atraviesa una crisis económica y social, la funcionaria anticorrupción y el jefe de gabinete, Marcos Peña, sostienen que mantendrán en secreto el contrato firmado con Chevron por 35 años para explotar Vaca Muerta, que es el tercer yacimiento de gas y petróleo no convencional del mundo. El convenio fue ocultado a los legisladores de la provincia de Neuquén, que lo aprobaron sin leerlo, con el agravante de que la petrolera norteamericana ha merecido la mayor condena ambiental de la historia —19 mil millones de dólares— por la Corte Suprema de Ecuador, que declaró a Chevron responsable de contaminar quinientas mil hectáreas de la Amazonia y de graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, obligados a abandonar sus tierras ancestrales por la contaminación de los ríos.
Se sentirá frío por la espalda mientras no se cumpla completamente con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no se repare la deuda con la transparencia y el acceso a información pública. ¿Hasta cuándo el Gobierno continuará manteniendo los inaceptables procedimientos y medidas de su antecesora Cristina Kirchner?