Un tema histórico y recurrente en nuestra patria, asignatura pendiente de la democracia, ha sido tomado por la oposición y algunos medios como argumento de crítica hacia nuestro gobierno ante la falta de propuestas concretas en un año electoral.
También algunos compañeros del FpV se han apresurado a responder cuestiones que no han sido planteadas de antemano en lo concerniente al atraso de la provincia de Buenos Aires en la coparticipación federal, sencillamente porque este reclamo no es contra el Gobierno nacional.
Reclamar una coparticipación justa entre compatriotas es un acto de justicia distributiva (Aristóteles), o de la importancia de lograr un Estado de Bienestar según varias escuelas de las ciencias políticas, aunque para el Peronismo es una bandera ideológica imprescindible.
Podríamos enumerar cualquier índice, estadística, dato económico y/o fiscal o productivo para darnos cuenta de que la coparticipación en el país país goza de una desigualdad notoria respecto de los habitantes de nuestra provincia. De allí, la necesidad de instalar en la agenda esta problemática por parte de los representantes de las instituciones del Estado.
La voluntad política mueve montañas y elimina obstáculos que años atrás eran impensados: represores detenidos, hijos recuperados, civiles cómplices de la dictadura presos y condenados; Ley de Medios de la democracia; jubilaciones nacionalizadas; YPF en manos del Estado, etcétera, etcétera. De igual manera, debatir la Ley de Coparticipación Federal no aparece como imposible. De hecho, decir que la reforma constitucional del ’94 impuso un sistema para que la coparticipación no se discuta nunca más, es lo mismo que argüir que somos incapaces de sentarnos a tratar semejante injusticia.
El Congreso, como así también los gobernadores e intendentes, tienen mucho para decir y más para hacer pero además se requiere, indudablemente, de una señal y acción concretas del Poder Ejecutivo Nacional, de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para poner en marcha un mecanismo que pareciera complicado pero no inaccesible.
El PEN puede en primera instancia echar a “rodar la pelota”, habilitar la discusión, poner límites y parámetros estratégicos; también, sugerir qué temas y cómo abrir el debate.
Una vez establecidos ciertos parámetros es importante establecer plazos factibles de aplicación. Éste, tal vez, sea uno de los elementos centrales porque ante el hecho necesario e inevitable de su aplicación, pero contemplando un inicio programado en el tiempo, permite a la administración nacional, a cada provincia y a cada municipio planificar, a su vez, nuevos parámetros de inversión y gasto en políticas públicas.
Voy a poner sólo un ejemplo de política económica, monetaria y fiscal llevada adelante por nuestro Gobierno al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, en un momento crítico y mucho más delicado de nuestro país: la eliminación de los bonos provinciales llamados “cuasi monedas” en la mayoría de las provincias argentinas en aquel entonces.
A partir de la normalización de la economía y de una política volcada a defender los intereses del conjunto de los argentinos se sancionaron leyes importantes y estratégicas en materia de jubilación y cajas jubilatorias de nuestras provincias o leyes de responsabilidad fiscal, entre otras. De forma tal que abrir la discusión sobre la coparticipación federal de impuestos en nuestra Argentina, decididamente, no es un tema tabú y mucho menos imposible como muchos lo plantean.
En lo que respecta a “los deberes” en materia impositiva en nuestra provincia, en la gestión del gobernador Daniel Scioli se han sancionado y aplicado varias leyes estratégicas con el objetivo de modernizar y poner a la provincia a tono con la demanda nacional. Desde la creación de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) pasando por la Ley de Administración Financiera y sucesivas reformas impositivas que han permitido una carga impositiva más justa; se ha avanzado mucho. Pero con esto, no alcanza.
Debemos aceptar el desafío de nuevas utopías. La coparticipación es de las más importante. Sin ellas estaremos siendo meros burócratas de una provincia que arrastra una deuda estructural, cobijando a millones de compatriotas que han elegido a la provincia de Buenos Aires el lugar donde vivir, trabajar y educar a sus hijos.