El marco institucional de la realización de los derechos políticos del ciudadano es el Estado, que será de derecho o no será más que una ficción. Si no hay Estado de Derecho renace el estado de naturaleza al que Hobbes aludía en El Leviatán, en el que los más fuertes o los más astutos podrán sojuzgar y aprovecharse de los demás, teniendo como límite “ético” su propio interés. Es muy importante no olvidar estos presupuestos, latentes en los esquemas de injusticia y corrupción que se perciben en algunos Estados de nuestra América Latina.
Ya nadie expresamente se pronuncia en contra del sistema democrático, que es el que reconoce los derechos de todos y proyecta una institucionalidad que permite su efectivo ejercicio. Los derechos fundamentales son los conocidos derechos humanos que pasaron a ser reconocidos en el orden jurídico positivo y en él encontraron el camino para su efectiva realización.
Este Estado democrático o, mejor aún, democrático-social, es el que garantiza el ejercicio de la libertad en el marco del ordenamiento jurídico. Si el Estado se aparta de dicho ordenamiento, no hay libertad para las personas ni posibilidad para realizar un destino superior y superador. No hay tema alguno que no pueda afrontarse dentro del Estado de derecho. Ante la más grande crisis es necesaria una mayor subordinación a la situación de jure.