El marco institucional de la realización de los derechos políticos del ciudadano es el Estado, que será de derecho o no será más que una ficción. Si no hay Estado de Derecho renace el estado de naturaleza al que Hobbes aludía en El Leviatán, en el que los más fuertes o los más astutos podrán sojuzgar y aprovecharse de los demás, teniendo como límite “ético” su propio interés. Es muy importante no olvidar estos presupuestos, latentes en los esquemas de injusticia y corrupción que se perciben en algunos Estados de nuestra América Latina.
Ya nadie expresamente se pronuncia en contra del sistema democrático, que es el que reconoce los derechos de todos y proyecta una institucionalidad que permite su efectivo ejercicio. Los derechos fundamentales son los conocidos derechos humanos que pasaron a ser reconocidos en el orden jurídico positivo y en él encontraron el camino para su efectiva realización.
Este Estado democrático o, mejor aún, democrático-social, es el que garantiza el ejercicio de la libertad en el marco del ordenamiento jurídico. Si el Estado se aparta de dicho ordenamiento, no hay libertad para las personas ni posibilidad para realizar un destino superior y superador. No hay tema alguno que no pueda afrontarse dentro del Estado de derecho. Ante la más grande crisis es necesaria una mayor subordinación a la situación de jure.
Liderazgos providenciales
En detrimento de lo referido al Estado de Derecho hay una cuestión particular en América Latina relacionada al surgimiento de líderes supuestamente providenciales. Si bien los liderazgos personales son fundamentales para unir ideas y personas en torno de un proyecto, desde el punto de vista institucional en ocasiones han impuesto distorsiones en la división de los poderes, actuando impunemente al margen de la Constitución y las leyes. Gobernantes y gobernados deben subordinarse al ordenamiento jurídico. Los proyectos de la sociedad en su conjunto no pueden sujetarse a la hipotética tendencia de una persona en particular, tampoco a su fortaleza o debilidad.
No se puede censurar a quien quiera lograr algo si su conducta no es contraria al derecho. De igual forma, es necesario instalar culturalmente que quien está investido de autoridad gubernamental no sólo debe actuar dentro del marco jurídico sino que en su gestión pública debe hacer docencia ética. En democracia todo puede reformarse, empezando por las leyes que -en la medida que no afecten a la Constitución- son las que definen lo lícito y deseable para una sociedad. Sin embargo, el apego a las leyes y su eventual reforma deben conducirse con especial cuidado jurídico y ético. Una cuestión central en algunos países de América Latina – y de otras regiones del mundo- es la actividad legislativa fuertemente influida por el liderazgo de un Poder Ejecutivo que formula su iniciativa, sin escuchar adecuadamente a todos los sectores directamente interesados en las consecuencias de una nueva legislación, y se vale de una ocasional mayoría parlamentaria para lograr una norma que será legal pero no siempre legítima.
En la Argentina, en el marco del tratamiento de un proyecto de nuevo Código Civil y Comercial, el jefe del bloque mayoritario en el Senado votó a favor de la iniciativa del Ejecutivo afirmando una disciplina de gobierno pero expresando a la vez que esperaba que la Cámara de Diputados modificara el proyecto. Quizás este ejemplo sirva para proponer una revisión de los presupuestos éticos necesarios para el real funcionamiento de un Estado democrático respetuoso de la división y funciones de los poderes del Estado.
El apoyo de la sociedad a los jueces
Otro problema de gran complejidad es la falta de respeto social a las decisiones del Poder Judicial. En general, en nuestra región el Poder Judicial tiene una estabilidad más formal que real. No han sido pocas las ocasiones en que jueces de distintos niveles jerárquicos han sido destituidos por no adecuarse a los designios de los otros poderes del Estado. Un Poder Ejecutivo, con el aporte de un legislativo disciplinado, puede destituir a un juez independiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intentado corregir esta situación, pero sus sentencias, después de un largo proceso, no pueden revertir el daño institucional ya sufrido. Naturalmente, todo fallo judicial puede ser criticado, dado que es una obra humana, pero lo esencial, para gobernados y gobernantes, es que la sociedad los respete y considere como expresión de la garantía de los derechos, como la última barrera frente a la discreción o arbitrariedad del poder. Quienes han sido elegidos para garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes deben contar con el apoyo social para su misión. Ello demanda un proyecto educativo de largo aliento. En el Estado de Derecho no hay nada superior al ordenamiento jurídico y los jueces en última instancia deben garantizar que éste se afirme y confirme.
Corrupción política y administrativa
Además de la atención a los graves problemas estructurales de América Latina –desnutrición infantil, analfabetismo, situación de los pueblos originarios, etcétera- y el avance del narcotráfico como organización criminal y subcultural, es necesario trabajar en el desarrollo cultural de la sociedad a fin de que sacuda su letargo y colabore en el combate contra la corrupción. El dinero del que puedan apropiarse ilícitamente funcionarios del Estado se resta tanto al desarrollo como al conjunto de las necesidades sociales. El progreso cultural debe partir de un principio muchas veces olvidado: no es que el dinero público sea de nadie, sino que es de todos. La diferencia de calidad institucional entre los distintos Estados depende de la cultura ciudadana. En esencia, se debe trabajar para construir y consolidar la confianza social en las instituciones. Funcionarios y legisladores honestos, policías y jueces valientes, con la ley en la mano, y una sociedad comprometida con un destino superior son la clave para que América Latina les pueda dar a sus ciudadanos un horizonte de grandeza y felicidad.
Hoy, contamos con el papa Francisco quien, como jefe de la mayor comunidad espiritual de Occidente, ejerce y nos está pidiendo pleno compromiso y acción en los temas concretos. Va de suyo que lo que quiere impulsar es el imperio de la ética y el derecho para lograr la felicidad de los pueblos en un mundo digno de ser vivido.