La reciente renuncia del Juez de la Corte Eugenio Zaffaroni nos deja nuevamente frente a la cuestión del número de integrantes del Tribunal y la posibilidad de que el actual Gobierno inicie el proceso tendiente a promover a un reemplazante. Debemos recordar que, a partir de la última modificación legal, el número de integrantes de la Corte Suprema es cinco, y que esa reforma se sancionó cuando aún la integraban siete jueces. El fallecimiento durante este año de Carmen Argibay y Enrique Petracchi la redujo al número previsto de cinco, mientras que la renuncia de Zaffaroni la dejará ahora con cuatro.

La cuestión que quiero presentar acerca de la legalidad y la legitimidad tiene dos vertientes. Una referida a si resultaría legal (o legítimo) que el Gobierno intente reformar la ley y subir el número de integrantes de la Corte, y la otra atinente a los consensos que sería necesario alcanzar a nivel de la política para cubrir con legitimidad la vacante que deja Zaffaroni con su retiro.

Ni bien se produjo la muerte de Petracchi, algunos integrantes del Gobierno teorizaron en apariencia sobre la posibilidad de ampliar el número de jueces del Tribunal más alto del país. Si podían ser siete, nueve, diecinueve divididos en distintas Salas, varias fueron las opciones lanzadas a rodar en distintos ámbitos. Ahora bien, no podemos dejar de señalar que fue este Gobierno el que promovió la sustitución de los Jueces de la Corte denominados de la “mayoría automática”, el que logró un cambio profundo en la integración del Tribunal a partir de 2003 (incluida la promoción de dos prestigiosas juristas argentinas) y el que promovió, finalmente, la ley destinada a que el número de jueces volviera a ser cinco. Entonces, ¿sería legítimo que ese mismo Gobierno intentara ahora elevar de nuevo el número de integrantes? ¿cómo podría explicarse que la intención no es volver a tener Jueces afines al pensamiento oficial como ocurrió en la época de la “mayoría automática”?

Digo “legítimo” y no “legal” porque si el Gobierno obtuviera la mayoría simple en ambas Cámaras del Congreso para modificar la ley que fija el número de integrantes de la Corte (ley que no requiere mayorías calificadas), su reforma sería legal aunque de dudosa legitimidad en virtud de las circunstancias referidas en cuanto a la inconveniencia de un tribunal más numeroso sumada a la posibilidad de que se integrara con Jueces más cercanos al pensamiento del Gobierno. De otro lado, algo similar ocurriría, aunque por distintas razones, con la cuestión relativa al reemplazo del Juez Zaffaroni.

Estamos asistiendo en los últimos meses a profundas reformas legales que no logran el consenso que sería dable esperar para temas tan importantes (Código Civil Comercial, Ley de Hidrocarburos, reforma penal tributaria, primeros debates sobre el Código Procesal Penal, etcétera). En la forma en que se están presentando las votaciones en el Congreso, con un oficialismo que con números ajustados logra imponer su voluntad, y una oposición que vota en contra y hasta ha denunciado penalmente a las autoridades de las Cámaras por incumplir los reglamentos, no podemos esperar que se produzcan los acuerdos meditados y bien intencionados que requeriría el reemplazo de tan alta magistratura como la de un Juez de la Corte Suprema (recordemos que su acuerdo requiere dos tercios de los miembros del Senado).

Tampoco contribuyen a una salida realmente republicana los rumores más o menos fundados de acuerdos poco claros entre el oficialismo y el radicalismo para designar jueces de la Corte o de la Cámara Federal de Casación, siempre atados a la sospecha de que el Gobierno intenta nombrar jueces afines para lograr una mejor suerte en las numerosas investigaciones en trámite (y las que puedan sobrevenir en el futuro) por acusaciones de hechos de corrupción.

Estoy convencido que nuestro país en general y el oficialismo en particular debe correrse de toda esta rara lógica de cambios profundos y vertiginosos que, sin duda, requieren un debate en la sociedad y en la política mucho más extendido que el estrecho margen que nos marca el calendario electoral de 2015. Para ello, y en lo referido a la Corte Suprema, la mesura que demanda la hora indica que deberían dejarse las cosas como están y que naturalmente el recambio político que surja de las elecciones del año entrante haga su trabajo con tranquilidad y con consenso.