Mercosur, fuera del mapa

El impacto de la devaluación en China pone en evidencia, entre otras consecuencias, un cuadro comercial de creciente exigencia global. La caída de los precios de los commodities y de las exportaciones de algunos países emergentes se presenta como un problema. América Latina es, por el momento, una de las regiones más afectadas. Este panorama se puede agravar con la reciente firma del Acuerdo de Libre Comercio entre China y Australia, siguiendo lo ya acordado por Nueva Zelandia en el 2008, en el que compiten básicamente los mismos productos del Mercosur. Cuando entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Beijing y Camberra, más del 85 % de las exportaciones de bienes australianos estarán libres de aranceles y crecerá al 95 % tras un período de transición. El acuerdo permitirá mejorar de manera sustantiva la competitividad australiana de agroexportaciones destinadas al mercado chino.

Esta situación, entre otras, coloca al Mercosur en una posición de vulnerabilidad. También deja al descubierto la falta de dinámica diplomática del organismo subregional. La duda es si los países del Mercosur podrán mantener el nivel de las exportaciones agroindustriales al mercado chino de la última década. Ya en el 2014, sin que mediara la devaluación y el TLC con Australia, las importaciones chinas de productos agroindustriales argentinos, por ejemplo, se contrajeron un 9,3 % por las menores compras de porotos y aceite de soja. El déficit de la balanza comercial fue de 5,8 mil millones de dólares. Continuar leyendo

Excesos de represión y condescendencia diplomática

Los excesos de represión en Venezuela son cada día más alarmantes. Informes de Naciones Unidas confirman graves violaciones a los derechos humanos e incluso casos de tortura. Un número muy importantes de opositores se encuentran encarcelados y es muy difícil imaginar que el próximo proceso electoral de renovación de la Asamblea Nacional pueda desarrollarse en un marco transparente. Tampoco existen garantías mínimas para que la oposición participe con una opción electoral distinta a la del oficialismo. Eso es considerado de por sí como desestabilizante.

En ese marco pensar que Venezuela es aún una democracia representativa en el marco de su propia Constitución o en los términos de la Carta Democrática Interamericana, es una falacia. La realidad muestra una atmósfera política en la que se están traspasando todos los límites admitidos. Incluso el Estado de Derecho es de una gran precariedad donde se han desvanecido las garantías jurídicas.

En ese contexto, adquiere singular importancia la actitud del ex presidente de España, Felipe González, que ha expresado disposición de asumir la defensa legal de presos políticos, en particular de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Otras personalidades de la región, como Fernando Enrique Cardozo, se han sumado a la iniciativa. La situación venezolana es tan grave que hasta el maniatado Secretario General de UNASUR ha ponderado el gesto de Felipe González.

Ya en noviembre pasado un grupo de ex mandatarios latinoamericanos habían expresado la preocupación por la falta de garantías jurídicas en Venezuela. El grupo estaba integrado por Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Fernando Enrique Cardozo (Brasil), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Oscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador). Lamentablemente la lista no incluía a ex presidentes argentinos.

Es evidente que, ante el delicado cuadro venezolano y la absoluta inacción de la diplomacia regional, el único camino para ayudar a Venezuela es la asistencia internacional no gubernamental, compuesta por la voz de aquellos que no tienen temor por las represalias del régimen venezolano. Resulta penoso que los presidentes de América Latina sean tan condescendientes con un gobierno que se encuentra violando los principios esenciales sobre los cuales desde hace varias décadas se asienta la convivencia hemisférica, entre otros, la defensa de la democracia y los derechos humanos.

La Argentina, lamentablemente, parece haber descartado de la política exterior la importancia que revisten los valores y principios internacionalmente reconocidos. Un exceso de pragmatismo parece impregnar toda su diplomacia. El comportamiento con Venezuela es quizás la muestra más dolorosa de ese abandono y la pérdida de un comportamiento mínimamente ético en las relaciones internacionales.

La preocupante debilidad de la OEA

La debilidad de la Organización de Estados Americanos y del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) es fuente de alarma por la creciente erosión de los pilares centrales, la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. El resultado es una virtual parálisis de los mecanismos existentes. La inacción es, en definitiva, responsabilidad diplomática de los Estados miembros que no han prestado el consenso para que la OEA cumpla con las obligaciones emergentes de la Carta Democrática Interamericana y de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El caso de Venezuela lo deja claramente en evidencia.

El trial, OEA, CIDH y Corte, tras medio siglo de evolución y perfeccionamiento, ha sido fundamental para la salud democrática de la región, la vigencia del Estado de derecho y la defensa de los derechos de miles de latinoamericanos. La experiencia del SIDH ha sido de la más exitosa del mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos nacionales de protección contra la injusticia, la arbitrariedad o la impunidad. La independencia del SIDH ha sido fuente de credibilidad y requisito imprescindible de eficacia.

Sin embargo, en el último lustro la OEA fue perdiendo protagonismo y el sistema interamericano de derechos humanos sufriendo alteraciones con la intención de limitar el radio de acción. Venezuela se retiró de la Corte y de la CIDH. Algunos países, principalmente del ALBA, han intentado limar la competencia de la Comisión y de la Corte de San José a punto tal que, por ejemplo, Ecuador vetó en la reciente Cumbre de la CELAC un párrafo de apoyo y reconocimiento al sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina, con menor grado de protagonismo, se mantuvo en esa misma línea.

Es cuanto menos desilusionante que la defensa de los derechos humanos y las libertades básicas del Estado de derecho se encuentren subordinadas en América Latina y el Caribe a intereses políticos de dudosa raíz democrática. Sería lamentable para los ciudadanos de la región que el SIDH no logre retomar la relevancia humanitaria conforme a los instrumentos que le dieron vida.

Es hora también que la OEA vuelva a recuperar las atribuciones conforme a la Carta constitutiva. Los diversos organismos regionales, sea UNASUR, SICA, CARICOM o la CELAC, deberían evitar intentar reemplazar o desplazar a la OEA en las responsabilidades primordiales en materia de democracia y derechos humanos. Los organismos subregionales, en cambio, deberían lograr mayor armonía con la OEA para aumentar la efectividad en la defensa de los valores y principios proclamados, en particular en lo que hace a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la tutela de derechos y libertades fundamentales.

Es de esperar que el próximo Secretario General de la OEA ponga todo el empeño y capacidad diplomática en lograr el objetivo central de fortalecer el SIDH e idear un mejor tejido de cooperación con los organismos subregionales. América Latina y el Caribe no pueden seguir apañando la insistente devaluación del sistema interamericano de derechos humanos como convertir a la Carta Democrática Interamericana en un instrumento vacío de contenido.

Yidadistas latinoamericanos

La propaganda para reclutar combatientes en la Yihad, sea para Siria o Irak, se encuentra traducida a varios idiomas incluyendo el castellano. De acuerdo al Canciller sirio, son 83 los orígenes nacionales de las diversas fuerzas fundamentalistas. La propaganda de convocatoria ha recibido el nombre de “Turismo para yihadistas” sobre la base de que Mahona habría señalado que “el turismo es la Yihad en el camino a Ala”.

Los yihadistas latinoamericanos en Siria e Irak son poco mencionados pero constituyen una fuerza de hombres y mujeres de creciente significación. Según el Daily Telegraph, son considerados como “yihadistas exóticos” por provenir de Argentina, Brasil, Chile, Trinidad Tobago y México. Otros informes mencionan yihadistas de Colombia y Honduras.

La revistas de defensa Jane’s, sobre la base de informaciones del 2012, indica que 23 argentinos habrían muerto en Siria probablemente integrantes de Al Qaeda o Al Nusra. Un argentino y una chilena, muertos en las cercanías de Damasco, fueron mencionados como pertenecientes a un grupo fundamentalista islámico checheno. Asimismo, la publicación británica mencionaba sobre la muerte, entre otros, de 150 mexicanos y 36 brasileños.

Noticias proveniente de Madrid dan cuenta que un argentino fue detenido recientemente en España como integrante de una red que suministra combatientes a una brigada denominada Al Andalus, de las filas de la organización Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIS por sus siglas en inglés).

Estos antecedentes públicos solo tienden a ilustrar que la problemática del yihadismo también podría eventualmente tener graves repercusiones futuras en América Latina. Para la Argentina, que ya atravesó dos criminales atentados terroristas, el tema no debería ser menor. En particular al conocerse poco de la conexión local.

Consecuentemente, es natural preguntarse sobre las medidas que el Gobierno argentino se encuentra adoptando para prevenir eventuales efectos del terrorismo internacional islamista. Un interrogante, entre otros, es que los yihadistas latinoamericanos mantengan centros de contactos activos en la región o en algún momento vuelvan a los países de origen.

Estas preocupaciones aumentan ante los vaivenes de una política exterior cuanto menos confusa con relación a los problemas centrales de Medio Oriente, en particular cuando el Gobierno siquiera se ha dignado a emitir un comunicado oficial condenando las terribles muertes de los periodistas norteamericanos brutalmente decapitados por el ISIS, como no lo hizo tampoco con los secuestros y asesinatos de jóvenes que originaron el conflicto entre Israel y Hamas.

¿Está preparada América Latina para el desembarco chino?

El desembarco de China en América Latina es cada día más significativo. El principal instrumento estratégico es un sistema de flujos financieros de la banca estatal enfocados principalmente en la energía, minería, alimentación y servicio financieros. El movimiento ha sido impulsado por la fortaleza del yuan y el plan de reformas de Beijing que estimula que un enjambre de empresas públicas y privadas salga de compra al exterior. Según la Universidad de Boston, entre el 2005 y el 2013 China efectuó inversiones en la región por 102 mil millones de dólares. Otras fuentes confiables, en virtud de las mecánicas financieras de las operaciones, triplican esta cifra.

El objetivo principal de la fiebre inversora ha sido el petróleo con tres empresas (CNPC, Sinopec y Cnooc) que se disputan el sector. En Venezuela, CNPC se encuentra invirtiendo, entre otros, 30 mil millones de dólares en la faja petrolífera del Orinoco. En Brasil, Sinopec adquirió el 40% de Repsol Brasil y la portuguesa GALP. En Argentina, Cnooc se han convertido en la segunda petrolera en importancia detrás de YPF.

De acuerdo a la Cámara de Comercio del Perú, China controla hoy un 33% del sector mineral peruano. Una situación similar se estaría dando en Chile. En otro ejemplo, la empresa estatal Cofco adquirió el 51%  de la empresa Nidera para operar como exportadora de cereales y expandir actividades en semillas, biotecnología y nutricios de cultivos, además de la comercialización de aceites comestibles.

La próxima visita del Presidente de China a la Argentina puede dar lugar a nuevas incursiones del gigante asiático en áreas consideradas por Beijing como estratégicas. Ninguna parece incluir valor agregado en beneficio de la economía receptora. La lista incluye, por ahora, las represas hidroeléctricas en la Patagonia como agilizar la modernización del Belgrano Cargas para asegurar la salida de las materias primas que le compre a la Argentina o produzca, eventualmente como lo hace en Ucrania, por sus propios medios.

La duda, entre otras, es si América Latina está políticamente preparada para recibir una catarata de presencia China que lo hace conservando su estilo y características particulares. También si, por la avidez latinoamericana por recibir inversiones, tiene la suficiente capacidad de defender adecuadamente los intereses de desarrollo a largo plazo sin comprometer autonomía y la diversidad de las relaciones exteriores.

Este intenso proceso de inserción regional liderado por una economía dirigida es una poderosa arma diplomática. La historia muestra como la complementariedad económica puede generar dependencia estructural. Es de esperar que América Latina haya aprendido de la experiencia con el Reino Unido a partir del siglo XIX para evitar encontrarse en una situación de efectos similares. En el mundo de hoy, sin las previsiones diplomáticas adecuadas, esta circunstancia sería un poco más complicada como delicada

Siria: las otras armas prohibidas

La incorporación de Siria al régimen de prohibición de las armas químicas no ha detenido el uso inhumano de otras armas prohibidas. Recientes anuncios dan cuenta del uso de las llamadas bombas racimo que actúan de forma indiscriminada afectando de manera inaceptable la vida de civiles. El peligro radica en ser un artefacto contendedor que puede ser lanzado desde tierra, aire o mar y que al abrirse durante la trayectoria expulsa entre varias docenas o cientos, según el modelo, de submuniciones o minifragmentos que estallan cuando tocan el suelo aunque en un 30% de los casos se transforman en minas que se entierran o permanecen en la superficie. El desastre humanitario que ocasionan es peor a las minas terrestres tradicionales.

La Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en Irlanda en mayo del 2008, significó un avance de desarme humanitario de enorme significación aunque lamentablemente no ha logrado el objetivo de la universalidad y es quizás por ello que no se ha producido una reacción internacional categórica de condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el régimen de Al Assad por el uso inhumano de este tipo de armamento. En total, 112 países se han sumado a la Convención con las notables ausencias de Estados Unidos, Rusia y China.

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