La debilidad de la Organización de Estados Americanos y del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) es fuente de alarma por la creciente erosión de los pilares centrales, la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. El resultado es una virtual parálisis de los mecanismos existentes. La inacción es, en definitiva, responsabilidad diplomática de los Estados miembros que no han prestado el consenso para que la OEA cumpla con las obligaciones emergentes de la Carta Democrática Interamericana y de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El caso de Venezuela lo deja claramente en evidencia.

El trial, OEA, CIDH y Corte, tras medio siglo de evolución y perfeccionamiento, ha sido fundamental para la salud democrática de la región, la vigencia del Estado de derecho y la defensa de los derechos de miles de latinoamericanos. La experiencia del SIDH ha sido de la más exitosa del mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos nacionales de protección contra la injusticia, la arbitrariedad o la impunidad. La independencia del SIDH ha sido fuente de credibilidad y requisito imprescindible de eficacia.

Sin embargo, en el último lustro la OEA fue perdiendo protagonismo y el sistema interamericano de derechos humanos sufriendo alteraciones con la intención de limitar el radio de acción. Venezuela se retiró de la Corte y de la CIDH. Algunos países, principalmente del ALBA, han intentado limar la competencia de la Comisión y de la Corte de San José a punto tal que, por ejemplo, Ecuador vetó en la reciente Cumbre de la CELAC un párrafo de apoyo y reconocimiento al sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina, con menor grado de protagonismo, se mantuvo en esa misma línea.

Es cuanto menos desilusionante que la defensa de los derechos humanos y las libertades básicas del Estado de derecho se encuentren subordinadas en América Latina y el Caribe a intereses políticos de dudosa raíz democrática. Sería lamentable para los ciudadanos de la región que el SIDH no logre retomar la relevancia humanitaria conforme a los instrumentos que le dieron vida.

Es hora también que la OEA vuelva a recuperar las atribuciones conforme a la Carta constitutiva. Los diversos organismos regionales, sea UNASUR, SICA, CARICOM o la CELAC, deberían evitar intentar reemplazar o desplazar a la OEA en las responsabilidades primordiales en materia de democracia y derechos humanos. Los organismos subregionales, en cambio, deberían lograr mayor armonía con la OEA para aumentar la efectividad en la defensa de los valores y principios proclamados, en particular en lo que hace a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la tutela de derechos y libertades fundamentales.

Es de esperar que el próximo Secretario General de la OEA ponga todo el empeño y capacidad diplomática en lograr el objetivo central de fortalecer el SIDH e idear un mejor tejido de cooperación con los organismos subregionales. América Latina y el Caribe no pueden seguir apañando la insistente devaluación del sistema interamericano de derechos humanos como convertir a la Carta Democrática Interamericana en un instrumento vacío de contenido.