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Una madre fuera de lo común

En un nuevo discurso emitido por cadena nacional el jueves pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner justificó el tarifazo de gas y agua anunciado por los ministros de planificación y de economía ese mismo día. Afirmó que esa medida tiene que ver con la equidad, y que en los últimos años millones de argentinos consiguieron trabajo y por lo tanto pueden afrontar esta fuerte suba de tarifas.

Sin referirse a la inflación, ni mencionar que según el Indec la mitad de las personas que tienen empleo gana menos de $ 4.040 por mes, la Presidente aclaró que esta medida no es un “tarifazo”.

Es curioso que se anunciara una baja de subsidios del 20%, los cuales son más altos que las tarifas que se pagan, llevando a un incremento real de tarifas que en varios casos es del 100% y en algunos casos llega al 400%. Si esto no es un tarifazo, ¿entonces qué es?

Es cierto que muchas personas consiguieron empleo, pero también es cierto que muchas de esas personas apenas llegan a fin de mes debido a la alta inflación que en los últimos dos meses superó el 7%, y en caso de seguir subiendo en la misma magnitud superaría el 40% anual.

En un contexto de desaceleración de la economía, tensión social por reclamos sindicales y paritarias pendientes de definición, una medida como esta no hace más que subir la presión sobre los precios, frenar más el consumo, y propiciar un enfriamiento en la economía. Mientras, el salario de los trabajadores pierde día a día su poder de compra.

¿La madre de todos los argentinos? Una madre no dejaría jamás que algunos de sus hijos mueran de hambre o desnutrición, como sucede en provincias del interior del país. Una madre enseña a compartir entre hermanos pero dando el ejemplo, no enriqueciéndose a costa de sus propios hijos. Una madre haría algo para resguardar a sus hijos que se esfuerzan pero pierden gran parte de lo que ganan por la alta inflación. Frente a todo esto, la madre de todos los argentinos, no miraría para otro lado.

El poder de negociación docente no debe ser el aula

En los últimos días, unos 3 millones de alumnos de la Provincia de Buenos Aires fueron rehenes del conflicto entre el Gobierno y los docentes, una puja salarial que dejó las aulas vacías por dos semanas. El problema de las paritarias aún no está resuelto, por el contrario, suma muestras de violencia, como la agresión que sufrió ayer la ministra de Economía de Daniel Scioli, Silvina Batakis.

Los gremios mantienen posturas muy duras que habilitan agresiones como la de ayer. Es cierto que merecen un salario digno, como todos los trabajadores. Pero la metodología de protesta que se está instalando en estos días es la más inadecuada.  De hecho, en diciembre pasado se produjo un caso similar con las huelgas de los policías que dejaron desprotegidas a muchas familias y se vivieron momentos de temor y de violencia porque, al igual que los docentes, reclamaban un aumento de sueldo olvidando el derecho que tienen los ciudadanos a vivir de forma segura.

Ahora, en el mismo colectivo de reclamos por aumentos, se suman los médicos de hospitales públicos bonaerenses, quienes continúan de paro.

Entre las propuestas insuficientes del gobierno provincial y las exigencias contundentes de los diferentes gremios, quien pierde siempre es la sociedad.

Está bien que los docentes y médicos reclamen un mejor sueldo, ¿pero es esta la mejor manera? No se puede tomar a los chicos como rehenes, no se debe jugar con el futuro de las nuevas generaciones, no tienen que ser los alumnos y los pacientes la variable de ajuste.

Frente a esta situación, cabe analizar otras soluciones y preguntarse si las paritarias debieran estar establecidas por ley, si se debiera pautar una fecha de negociación, o si los salarios debieran actualizarse automáticamente por inflación, considerando un sinceramiento de la inflación en el Indec. Sin embargo, en estos casos los precios siempre seguirían subiendo y entraríamos en una bola de nieve interminable.

Es justo un sueldo digno, pero es injusta la forma de reclamo, porque los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los demás. La responsabilidad del gobierno no es menor; hasta la fecha las políticas por combatir la inflación no sólo son escasas sino también ineficientes, y el salario de los trabajadores pierde día a día su poder adquisitivo.

Burla a los jubilados

Las personas mayores, que trabajaron toda su vida y hoy están retiradas, no dejan de recibir castigos y burlas por parte del Gobierno. Teniendo que cobrar una jubilación digna para la cual aportaron, una jubilación que les permita hacer frente a sus necesidades y obligaciones -lo que incluye comida, vestimenta, impuestos y sobre todo gastos en medicamentos-, no reciben más que un monto mínimo que no se actualiza correctamente con la inflación y está muy lejos de sustentar el día a día  de los abuelos.

En estas semanas, se anunció un aumento para los jubilados del 11,31% a partir del mes de marzo, llevando la jubilación mínima a un valor de $ 2.757. Es el primer aumento que se otorga en 2014, y el próximo será en el mes de septiembre. Sin embargo, lejos de celebrar esta medida, hay reclamos porque el incremento es muy inferior a la inflación de los últimos 6 meses, que fue la más elevada de los últimos años, y es incluso inferior al aumento otorgado en setiembre de 2013.

El salario mínimo, vital y móvil asciende a $ 3.600, por lo que la jubilación mínima representa tan sólo un 76% de dicho salario.

Resulta llamativo que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tenga dinero para financiar obras de infraestructura de más de $ 35 mil millones, y que sea uno de los organismos encargados de financiar el déficit fiscal del Estado a través de la compra de títulos públicos en cantidades muy elevadas, cercanas a los $ 200 mil millones, pero no pueda disponer de fondos para pagar jubilaciones dignas, condenando a millones de jubilados a vivir en la pobreza.

Tampoco hay justificación para las cada vez más prolongadas demoras en los juicios contra dicho organismo a efectos de actualizar los haberes de los jubilados. La Anses juega con la vida de personas que tienen una edad avanzada y que gracias a las estrategias maliciosas de este organismo no logran cobrar una jubilación decente, y por lo tanto no pueden disfrutar como se merecen los últimos años de sus vidas.

Los importes tan bajos de las jubilaciones condenan a muchos abuelos a no poder contar con una buena obra social, teniendo que conformarse con el PAMI, cuyos servicios son en muchos casos pésimos. Es la edad en la que se tiene mayor necesidad de recurrir a tratamientos médicos y, lamentablemente, gracias a Anses, se cuenta con menos recursos que los previstos.

Es necesario brindar a las personas mayores la oportunidad de vivir dignamente, en lugar de castigarlos condenándolos a una situación de vulnerabilidad. Y para ello es preciso destinar los fondos que correspondan al pago de las jubilaciones, para las que aportaron durante toda su vida laboral. Esto lo debe realizar la Anses. Y también debe contribuir la justicia, destrabando los miles de juicios por actualización de haberes que están pendientes de resolución. Si Dios lo permite, todos vamos a llegar a ser ancianos, y a ninguno le gustaría pasar las tardes reclamando por una jubilación justa, como lo hacen miles de abuelos cada semana frente al Congreso Nacional.

¿Se puede combatir el virus de la inflación?

La inflación de 2013 fue la más alta de la última década, y la de enero de 2014 fue la más elevada de los últimos 12 meses. Sin embargo, para el Gobierno éste no es un tema importante. La suba generalizada de precios sigue provocando especulación e incertidumbre en los diferentes sectores de la sociedad.

La economía del país perdió la brújula. Empezando con el presupuesto y el Indec, en el que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La inflación prevista y el tipo de cambio estipulado en el presupuesto para el corriente año es de 10% y 6,4% respectivamente. Lejos de esto, hoy se convive con una inflación del 30% y un tipo de cambio que se disparó a 8 pesos en tan sólo un mes.

A pesar del acuerdo de precios que intentó imponer el ministro de economía Axel Kicillof, recientemente permitió un  incremento del 7,5% en el sector de electrodomésticos.

¿Qué habría que hacer para combatir la inflación? En primer lugar es necesario generar confianza y revertir las expectativas actuales de una mayor suba de precios. Para ello se requiere transparentar el Indec y realizar un presupuesto coherente que permita conocer los ingresos con los que va a contar el país para distribuirlos de forma eficiente, sin dilapidar los recursos en gastos que no reportan beneficios para la sociedad.

Algunos gastos que se podrían reducir son los $ 1.400 millones de fútbol para todos, los $ 750 millones de publicidad oficial, los $ 1.000 millones destinados a mantener Canal 7 (Televisión Pública), que debería financiarse con publicidad privada; y los casi $ 2.000 millones que se le dan a Aerolíneas Argentinas, empresa que debería gestionarse con eficiencia para que deje de ser deficitaria.

Por otra parte, si se subieran las tasas de interés se le quitaría presión al dólar, lo que serviría para que no se recaliente el consumo. Para esto habría que considerar un acuerdo social entre sindicatos, empresarios, y el gobierno, para lograr frenar la espiral inflacionaria.

Adicionalmente, es necesario fijar los objetivos monetarios, de forma tal de frenar la emisión de dinero, lo cual sería posible si se logra revertir el déficit fiscal.

Si se lleva adelante un plan económico integral que abarque como mínimo estos temas, si se le da difusión al mismo, y se toman medidas tendientes a cumplirlo, esto generaría confianza y lograría revertir las expectativas desfavorables sobre la economía. Pero también es necesario que haya reglas claras, que se combata la corrupción y que haya una justicia independiente que garantice el cumplimiento de las leyes. Esto permitiría atraer inversiones, lo cual también quitaría presión sobre el dólar y sobre la inflación.

Es necesario que seamos un país serio, creíble. Pero si se sigue utilizando la mentira como política de Estado, si se usan los recursos para reclutar militantes, si sigue habiendo una justicia adicta al poder, si se sigue emitiendo para financiar un déficit creciente, entonces difícilmente se combata la inflación.

Motivos de la caída K: principales logros y desaciertos

El domingo pasado el oficialismo sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas. La caída más importante se materializó en la Provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional obtuvo un porcentaje de votos muy similar al de las elecciones de 2009, y apenas superior al de las primarias de agosto.

Los Kirchner llevan 10 años a cargo del Poder Ejecutivo nacional y muchos años más en otros cargos públicos. Para entender lo que pasó el domingo pasado puede resultar útil hacer una recopilación de los principales aciertos y errores que cometieron durante su gestión.

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El Gobierno admite que estamos en emergencia económica

A pesar de los números maravillosos que publica periódicamente el Indec y de las excelentes perspectivas que plasmó el poder ejecutivo en el proyecto de presupuesto 2014, esta semana la Cámara de Diputados aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia Económica a pedido del Gobierno Nacional.

Resulta contradictorio aprobar esta prórroga cuando por otra parte desde el Indec se anunció hace pocos días que el PBI de la Argentina está creciendo a tasas chinas, y cuando el proyecto de presupuesto que está en proceso de aprobación estima que el próximo año tendremos un amplio superávit, una economía creciendo al 6,2%, ingresos cuyo crecimiento porcentual casi triplica la inflación oficial estimada, y con una balanza comercial que se mantendría superavitaria al menos en los próximos 3 años.

La Ley de Emergencia Económica se sancionó a principios de 2002, en medio de una de las más importantes crisis económicas y políticas de nuestro país. La misma otorgaba al Poder Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, entre ellas: renegociar los contratos de servicios públicos, regular determinados precios, establecer la nueva relación de cambio entre el peso y las monedas extranjeras, y crear retenciones a la exportación de hidrocarburos. Asimismo, tenía un plazo de vencimiento de 3 años, pero fue prorrogada sistemáticamente durante toda la gestión kirchnerista.

Hay algo que evidentemente no está bien. O no estamos en emergencia económica, o los números que publica el Indec y las estimaciones del presupuesto son incorrectas, o se dan las dos situaciones a la vez.

La realidad muestra claramente que tanto las estadísticas oficiales como las proyecciones presupuestarias son totalmente inverosímiles, ya que la inflación real casi triplica a la oficial, la pobreza y la indigencia son muy superiores a lo que informa el Indec, el crecimiento real del PBI es casi la mitad del que informa el gobierno, la balanza comercial es insostenible en el futuro a los niveles previstos en el presupuesto, debido al problema energético, y los gastos para 2014 son muy superiores a los estimados oficialmente.

Por otra parte, si bien la situación económica actual es muy diferente a lo que muestra el relato oficial, de todas formas todavía no podemos afirmar que estamos en una situación crítica, que amerite justificar la prórroga de la Ley de Emergencia Económica. Sin embargo, si no se toman medidas a tiempo, los dos años que quedan para que la presidente Cristina Fernández de Kirchner termine su mandato, podrían traer dificultades económicas importantes. Esto se debe  principalmente a los siguientes factores:

-       Si se sigue emitiendo para financiar el déficit fiscal, la inflación podría acelerarse aún más.

-       Si se incrementa la inflación y el tipo de cambio no acompaña dicho incremento, nuestros productos continuarán perdiendo competitividad en el exterior.

-       Si las importaciones siguen creciendo en mayor medida que las exportaciones, y la deuda externa se continúa pagando con reservas, esto podría incrementar mucho la presión sobre el tipo de cambio.

-       Si continúan las trabas a las importaciones difícilmente se reactiven diversos sectores de la industria.

En definitiva, deberían tomarse medidas para que la transición hacia el recambio de gobierno en 2015 sea menos traumática, para que no terminemos envueltos en una situación económica difícil que nos perjudique a todos. Lo correcto sería comenzar a implementar soluciones concretas ahora en lugar de tratar de postergarlas para que le exploten los problemas al próximo gobierno.

Inconsistencias de un dibujo mal hecho

En cualquier país serio, el presupuesto es una de las leyes más importantes porque establece pautas económicas, tributarias, monetarias y financieras que son las que deben regir la economía durante el próximo año. En Argentina, se está tratando actualmente el proyecto para su ejecución en 2014 a través de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que ya emitió dictamen favorable. Al respecto, desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se espera lograr, la semana que viene, media sanción en Diputados. Sin embargo, es sabido que en nuestro país hace muchos años que esta ley no es creíble y representa el cumplimiento de una mera formalidad.

Este año no es la excepción a lo que viene ocurriendo en la gestión kirchnerista, ya que el proyecto presentado muestra una serie de inconsistencias que lo convierten en una proyección cuyo parecido con la realidad no será más que una simple coincidencia, si es que llega a existir algún parecido.

Los números más llamativos de este presupuesto son los siguientes:

- Inflación: Se prevé que será de un promedio del 10,4% anual. Esto no tiene ninguna similitud con la inflación real, la cual oscila entre un 25% y un 30%.

- Crecimiento de la economía: Se estima que rondará el 5,1% para 2013, 6,2% para 2014, 5,3% para 2015 y 3,7% para 2016. Esto implicaría tener una economía pujante y en franco crecimiento, pero lamentablemente la realidad muestra una situación diferente. De hecho, en 2012 la economía prácticamente no creció, y en 2013 el crecimiento no alcanzaría el 3%.

- Balanza comercial: Según el presupuesto, el saldo de exportaciones menos importaciones dejará un resultado que ronda los U$S 10.000 millones entre 2013 y 2016. Considerando que actualmente el crecimiento de las exportaciones es menor al de las importaciones, lo cual viene deteriorando la balanza comercial, y que no hay indicios para prever un cambio de tendencia ya que las exportaciones continuarían perdiendo competitividad y las importaciones seguirían creciendo debido al problema energético que tardará años en resolverse, entonces resulta excesivamente optimista considerar que se mantendrá un saldo positivo de ese orden.

- Crecimiento de ingresos: El presupuesto prevé un incremento en 2014 del 26,9%. Si se considerase que la inflación oficial prevista es correcta, esto implicaría que los ingresos aumentarían un 16% por encima de la inflación, lo cual significaría o bien un crecimiento desmesurado de la economía, o bien una excesiva presión tributaria. Sin embargo, si se compara este crecimiento con la inflación real, entonces el mismo se correspondería prácticamente en su totalidad con el componente inflacionario de los impuestos.

- Crecimiento de gastos: la suba de gastos primarios prevista es del 15,6%. Esto implica un incremento más bajo que en 2013, y muy por debajo de lo que sería la inflación real. Y esta subvaluación de gastos es lo que permite que estimen para 2014 un resultado primario positivo de $83.889 frente a un resultado casi neutro en 2013. Por otra parte, al analizar la suba de los distintos tipos de gastos se observan una serie de particularidades:

  • Se estima un crecimiento de remuneraciones del 18%, lo cual parecería poco probable que sea aceptado por los sindicatos, considerando que la inflación real superaría con creces este porcentaje.
  • Empresas del Estado: en el proyecto se indica por un lado que dichas empresas obtendrán recursos de $ 88.749 millones, de los cuales el 54% corresponde a transferencias que recibirán del Tesoro y 45% lo obtendrán de la venta de bienes y servicios. También se informa que sus gastos serán de $ 88.667 millones y por lo tanto dejarán un superávit de $82 millones. Sin embargo, la realidad es que sólo el 45% de los ingresos de dichas empresas son genuinos, ya que el resto son meras transferencias de recursos de Tesoro, por lo tanto los ingresos reales serán de $ 39.937 millones y los egresos de $ 88.667 millones, por lo que tendrían un déficit de $ 48.730 millones, lo que implica una pérdida diaria de $133 millones. Si esta es la realidad de las empresas del Estado, es una situación más que preocupante.
  • Al observar los gastos por jurisdicción se observa que los gastos relacionados con la cartera de salud crecerán en 2014 un 10,8%, los vinculados con seguridad un 11,8% y los relacionados con transporte un 3,9%. Es llamativo que estas áreas tengan un incremento tan bajo en sus gastos, dado que son sectores muy sensibles y que funcionan en pésimas condiciones. De ser ciertos dichos incrementos, y considerando que la inflación real sería muy superior a estos porcentajes, podríamos estar frente a un ajuste muy fuerte que perjudicaría a millones de ciudadanos. Probablemente se recurrió a esta subvaluación de gastos para poder justificar un resultado primario positivo.
  • Deuda pública: se prevé un crecimiento del 73% en los servicios de la deuda pública, que se relaciona con el pago del cupón PBI. Resulta llamativo que el INDEC muestre un crecimiento de la economía superior al 3,2% que habilitaría pagar este título, ya que los síntomas que tiene la economía no se condicen con un crecimiento de esa magnitud. Si se contemplase el crecimiento real del PBI, entonces no sería necesario pagar el cupón mencionado, y los pagos de deuda deberían ser muy inferiores.

Es una lástima que una herramienta tan valiosa, como lo es el presupuesto, tenga fundamentos tan débiles y tan poco creíbles como este proyecto presentado para 2014. Es peligroso que la mentira sea institucionalizada, y en nuestro país si se analizan los presupuestos nacionales de los últimos años y los números que publica periódicamente el INDEC, parecería que en lugar de funcionar basados en la verdad, lo estamos haciendo sobre la base de mentiras, o de una realidad muy distinta a la que se ve diariamente en las calles.

Impuesto a las ganancias: un nuevo parche con fines netamente electorales

Debido a la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias, y con el objetivo de recuperar en los próximos comicios de octubre parte de los votos perdidos, la presidenta anunció un incremento en el mínimo no imponible y las cargas de familia del impuesto a las ganancias.

Sin embargo, este incremento, que era necesario, no constituye una solución de fondo al problema que implica el impuesto a las ganancias pagado por los empleados en relación de dependencia. Lo que debería implementarse es un mecanismo de ajuste automático por inflación, en lugar de tener que depender del buen humor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o de una necesidad netamente electoral como la actual. No es justo que se tenga que llegar a una situación como ésta para que desde el gobierno tomen conciencia del problema, y tampoco es correcto que se busquen réditos electorales con este tipo de medidas.

Si hubiese alguna duda con respecto al carácter electoral de esta disposición, no hay más que observar la leyenda que obligan a escribir en los recibos de sueldo por este incremento del mínimo no imponible: “Remuneración y/o Haber no sujeto al Impuesto a las Ganancias – Beneficio Decreto PEN 1242/2013“.

Es la primera vez que el gobierno exige que se escriba una leyenda de ese tipo en los recibos de sueldos por un simple ajuste por inflación en los parámetros utilizados para el cálculo del impuesto a las ganancias. Esto parece disparatado ya que si el presente ajuste corresponde a un “beneficio” que tan gentilmente da el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), entonces sería adecuado que en los recibos de sueldo de aquellos que sufren descuentos del impuesto a las ganancias aclaren que corresponde a un “perjuicio” que produce el PEN.

Hay que dejar en claro que esto no es ningún “beneficio” que regala el gobierno, sino que es una leve compensación del efecto negativo que sufrimos todos los argentinos desde hace años por causa de la inflación, la cual llegó a los niveles actuales debido a la impericia de las autoridades nacionales.

Por otra parte, el gobierno sigue sin actualizar las escalas que se utilizan para el cálculo del impuesto a las ganancias, lo que provoca que se pase demasiado rápido de pagar un 9% a un 35%. Ésta es una deuda que tiene pendiente el kirchnerismo, ya que en ninguno de los gobiernos de los Kirchner se ajustó dicha tabla. La inflación acumulada en los últimos 10 años supera el 300%, pero las escalas de este impuesto no sufrieron ningún incremento, quedando totalmente desactualizadas. 

Es necesaria una reforma integral de nuestro sistema tributario. Los parámetros utilizados en todos los impuestos deberían tener ajustes automáticos por inflación, tanto el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, como así también las escalas utilizadas y las deducciones admitidas. Y el mismo criterio de ajuste por inflación debería seguirse en las escalas del monotributo, en el impuesto que pagan los trabajadores autónomos, y en el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, que afectan a millones de argentinos.

Nos merecemos más respeto de nuestros gobernantes. Es poco serio tomar una medida de este tipo para ganar votos, y es indignante que en los recibos de sueldo se obligue a escribir que esto corresponde a un beneficio que da el Poder Ejecutivo. Si realmente quieren beneficiar al país, deberían reformar el sistema tributario, reconocer la inflación y controlarla, aceptar el ajuste en todos los parámetros impositivos, mejorar las cuentas fiscales para revertir el déficit fiscal, incentivar las inversiones, fomentar el empleo, bajar la emisión monetaria, respetar las leyes y combatir la corrupción. El gobierno debe velar por el bienestar de los ciudadanos y resolver los problemas de la gente, en lugar de tomar medidas oportunistas para el rédito personal de los gobernantes.