En las últimas semanas, ya entrando en la cuenta regresiva para el ballotage, los cruces en la Justicia se recrudecieron y los políticos evitan referirse al entramado judicial, uno de los temas que sin dudas será eje de las políticas de Estado en 2016.

Temas como la reforma del Consejo de la Magistratura —cuya composición acaba de ser declarada inconstitucional—, la conformación de la Corte Suprema de Justicia, la implementación del Código Procesal Penal, el traspaso de competencias penales a la ciudad de Buenos Aires, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, son algunos de los ejes que deberá encarar con celeridad y profundidad el nuevo jefe de Estado, ya que se trata de puntos centrales para el funcionamiento del sistema de Justicia.

En este plano, en las últimas semanas, el Gobierno de turno intentó hacer movimientos estratégicos, como el nombramiento del ex secretario de Justicia, Julián Álvarez, y del ex presidente del Banco Nación, Juan Ignacio Forlón, al frente de la Auditoría General de la Nación, lo que de inmediato generó que el Colegio de Abogados la Ciudad de Buenos Aires presentara un amparo para dejar sin efecto estas designaciones.

Por otro lado, con sus últimos estertores de gestión, el kirchnerismo hasta propuso a dos candidatos para ocupar la Corte Suprema —Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse fueron los nominados por la Presidente—, intentos no sólo repudiados por la oposición, que advirtió que no se votaría el tema en el recinto hasta la asunción de un nuevo Gobierno, sino que también generaron la impugnación por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que, entre otras cosas, argumenta que no se debería llamar a ocupar un cargo que el ministro Carlos Fayt aún no dejó vacante. Continuar leyendo →