Por: Sabrina Santopinto
En las últimas semanas, ya entrando en la cuenta regresiva para el ballotage, los cruces en la Justicia se recrudecieron y los políticos evitan referirse al entramado judicial, uno de los temas que sin dudas será eje de las políticas de Estado en 2016.
Temas como la reforma del Consejo de la Magistratura —cuya composición acaba de ser declarada inconstitucional—, la conformación de la Corte Suprema de Justicia, la implementación del Código Procesal Penal, el traspaso de competencias penales a la ciudad de Buenos Aires, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, son algunos de los ejes que deberá encarar con celeridad y profundidad el nuevo jefe de Estado, ya que se trata de puntos centrales para el funcionamiento del sistema de Justicia.
En este plano, en las últimas semanas, el Gobierno de turno intentó hacer movimientos estratégicos, como el nombramiento del ex secretario de Justicia, Julián Álvarez, y del ex presidente del Banco Nación, Juan Ignacio Forlón, al frente de la Auditoría General de la Nación, lo que de inmediato generó que el Colegio de Abogados la Ciudad de Buenos Aires presentara un amparo para dejar sin efecto estas designaciones.
Por otro lado, con sus últimos estertores de gestión, el kirchnerismo hasta propuso a dos candidatos para ocupar la Corte Suprema —Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse fueron los nominados por la Presidente—, intentos no sólo repudiados por la oposición, que advirtió que no se votaría el tema en el recinto hasta la asunción de un nuevo Gobierno, sino que también generaron la impugnación por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que, entre otras cosas, argumenta que no se debería llamar a ocupar un cargo que el ministro Carlos Fayt aún no dejó vacante.
Así se suceden estos días, en medio de maniobras del oficialismo para acomodar alfiles estratégicos para su modelo de gestión dentro de los organismos gubernamentales, lo que genera una rápida reacción de la oposición, que parece no estar dispuesta a dar su aprobación para que un Gobierno saliente siga completando cargos.
La danza de cargos y las especulaciones crecen a medida que se acerca el 22 de noviembre. En este juego, en el que parece que habrá que barajar y dar de nueva, la Procuradora General de la Nación salió a hacer frente a los pedidos de renuncia y sostuvo que se mantendrá en su cargo más allá de que Mauricio Macri pueda resultar electo. En este capítulo, ya es de público conocimiento que el ingeniero tiene ese cargo en la mira.
La Justicia, el gran ausente
Ante este panorama, que evidencia el protagonismo que adquirió el Poder Judicial en los últimos años, sobre todo en el interés de la opinión pública, fue criticado el hecho de que ninguno de los dos candidatos presidenciales haya ahondado en el debate del domingo pasado en temas relacionados con la Justicia.
Tal vez uno de los mayores reclamos en las redes sociales un día después del debate fue la omisión de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un tema que conmociona a la Argentina desde principios de año y que aún espera resolución. Fue la prensa internacional la que destacó a este gran ausente en el debate de los líderes que compiten por la presidencia del país.
Aunque este no fue el único tema que brilló por su ausencia. Amparados en la falta de tiempo que ofreció la modalidad del debate para explayarse en las diferentes temáticas, los candidatos no dieron a conocer a la sociedad sus propuestas para la puesta en marcha del Código Procesal Penal, un punto que se relaciona directamente con la vida de los ciudadanos, dado que modifica la forma en que serán investigados y llevados adelante los casos que lleguen a la Justicia.
Pero esta marcada ausencia del abordaje judicial no se limitó al debate presidencial, sino que la Justicia quedó prácticamente diluida entre las propuestas de campaña de las fuerzas políticas en los últimos meses. Entender que quien gobierne el país deberá abordar temáticas de gran magnitud para la vida de los argentinos, como la composición de la Corte, el funcionamiento de Ministerio Público Fiscal o nada más y nada menos que el código que regirá la investigación de los delitos por los fiscales, y que estos ejes hayan sido prácticamente pasados por alto en las propuestas de campaña, deja abiertas incógnitas de peso que tendrán un rol preponderante en las reglas de juego del país en 2016.