Por: Sabrina Santopinto
La ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) empezó a rodar en la esfera judicial y desde la Procuración General ya están preparando el terreno para su aplicación en marzo próximo. Dado que los tiempos apremian -ya que la legislación comienza a regir en marzo de 2016-, desde el organismo que dirige Alejandra Gils Carbó pusieron el pie en el acelerador y, según pudo conocer Infobae, se encuentran trabajando en la adaptación de tres edificios donde comenzará a funcionar el nuevo sistema de fiscalías que se busca implementar.
Esta nueva estructura que fija la legislación sancionada presenta un esquema totalmente diferente en lo que refiere a la organización del trabajo de fiscales y fiscalías -que pasan de ser una estructura en espejo, donde por cada instancia judicial había un fiscal, a organizarse en fiscalías de distrito-, un tema que a lo largo de algunos meses fue resistido por algunos actores judiciales y que hoy llegó para instalarse.
Lo cierto es que mientras las miradas en el país están puestas en el escenario electoral, en la Justicia ya se comenzó a atravesar el que significa un contundente cambio en la organización y el desarrollo de los procesos judiciales, donde los fiscales pasarán a desempeñarse bajo un nuevo esquema de trabajo sobre el que aún no se sabe a ciencia cierta la forma en qué se materializará.
Para esto, el Ministerio Público Fiscal ya se encuentra dando los primeros pasos no solo en jornadas de capacitación de fiscales -que fueron llevados a Chile para adentrarse en el funcionamiento del nuevo modelo-, sino que también se está avanzando en la adquisición de tres edificios donde comenzarán a funcionar estas nuevas estructuras. Uno de ellos será alquilado, el otro fue comprado por la Procuración General y el tercero cedido por la Administración de Bienes del Estado. Los tres inmuebles están ubicados en la zona del centro de la ciudad y se están adaptando para poder contener a las nuevas fiscalías de distrito que establece la ley. Más allá de la adquisición de los edificios, el MPF también está avanzando en diferentes licitaciones, entre ellas la del equipamiento de los laboratorios que utilizarán los fiscales para sus investigaciones. Aún no se precisaron cifras oficiales para estas inversiones.
Cabe recordar que el camino para llegar a la ley no fue sencillo, el debate fue enérgico, dado que aquellos más cercanos al Gobierno defendieron la iniciativa que se convirtió en ley, que establece a una organización más flexible en la que se crea la figura del llamado fiscal coordinador de distrito -quien estará a la cabeza de un conjunto de fiscales que serán igualados en jerarquía- y que será designado por un período de dos años. Solo fiscales generales podrán aspirar a esa función y para ello deberán presentar un plan de trabajo ante el procurador general de la nación, quien los elegirá en función de su propuesta y su idoneidad personal para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al respecto.
Por otro lado, explican fuentes judiciales, “los fiscales con más años en la función no se ven dispuestos a resignar sus facultades procesales a manos de un colega coordinador designado directamente por el procurador general”.
Más allá de que aún existen voces que advierten que la legislación podría ser modificada por un nuevo Gobierno, el camino para la puesta en marcha de la nueva ley orgánica ya comenzó. En este contexto, antes de fin de mes se convocará a los gremios -la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la CABA y la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial- para coordinar la capacitación de todo el personal que quedará involucrado en este cambio de paradigmas que modificará los procedimientos de raíz.