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Desembarca la ley orgánica del Ministerio Público

La ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) empezó a rodar en la esfera judicial y desde la Procuración General ya están preparando el terreno para su aplicación en marzo próximo. Dado que los tiempos apremian -ya que la legislación comienza a regir en marzo de 2016-, desde el organismo que dirige Alejandra Gils Carbó pusieron el pie en el acelerador y, según pudo conocer Infobae, se encuentran trabajando en la adaptación de tres edificios donde comenzará a funcionar el nuevo sistema de fiscalías que se busca implementar.

Esta nueva estructura que fija la legislación sancionada presenta un esquema totalmente diferente en lo que refiere a la organización del trabajo de fiscales y fiscalías -que pasan de ser una estructura en espejo, donde por cada instancia judicial había un fiscal, a organizarse en fiscalías de distrito-, un tema que a lo largo de algunos meses fue resistido por algunos actores judiciales y que hoy llegó para instalarse.

Lo cierto es que mientras las miradas en el país están puestas en el escenario electoral, en la Justicia ya se comenzó a atravesar el que significa un contundente cambio en la organización y el desarrollo de los procesos judiciales, donde los fiscales pasarán a desempeñarse bajo un nuevo esquema de trabajo sobre el que aún no se sabe a ciencia cierta la forma en qué se materializará. Continuar leyendo →

¿Qué es la polémica Ley de Subrogancias?

La Ley de Subrogancias -norma que lleva vigente menos de 20 días- ya causó revuelo en las distintas esferas no sólo del Poder Judicial, sino que también despertó la reacción del arco político. Según pudo conocer Infobae, se avecinan nuevos pedidos de inconstitucionalidad que podrían entorpecer el camino de esta ley.

Lo cierto es que desde la Asociación de Magistrados se encuentran ultimando los detalles para la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el régimen de subrogaciones. Pero esta no sería la única acción que llegará a la Justicia dado que, según fuentes consultadas, habrá otros organismos que planean recorrer el mismo camino como la agrupación Será Justicia o el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

El flanco más débil de la legislación, al que apuntarán para pedir su inconstitucionalidad, es que estipula la designación de jueces subrogantes a través de una mayoría simple del Consejo de la Magistratura de la Nación, en contraposición a la mayoría agravada que requieren las normas anteriores basadas en la Constitución Nacional.

En este plano, se critica fuertemente el hecho que mediante esta ley se estaría dejando de lado la forma establecida en la Constitución para la designación de un magistrado para establecer una especie de “sistema paralelo”: se echan por tierra los concursos para acceder al cargo, y se nombran subrogantes para cubrir las vacantes, quienes no deben pasar por evaluación alguna.

Esto evidencia que la ley tiene requisitos más leves dado que –conforme lo critican quienes se encuentran trabajando en los textos que llegarán a la Justicia- se producen nombramientos de jueces subrogantes y no existen procesos que acrediten su idoneidad, no se les da la garantía de inamovilidad y, según indican, esto no garantizaría la imparcialidad de quien ocupa el cargo.

La realidad es que el punto más álgido que generó la actual puesta en duda de la ley es la percepción instalada en la esfera judicial de que se intenta desde la política captar puestos claves de la justicia, especialmente de la federal. “Se busca lograr tribunales a medida para el tratamiento de causas importantes y es por esto que se hacen maniobras en pos de manejar a la Justicia¨, explica un grupo de magistrados que llegaba al cuarto piso del palacio de tribunales.

El detonante de la crisis fue la reciente remoción del juez Luis María Cabral, desplazado por el Consejo de la Magistratura de la subrogancia que ocupaba en la Cámara Federal de Casación Penal, cuando se estaba por dictar sentencia en la causa por el Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado a la AMIA.

El resultado inmediato: la reacción de un sector de la Justicia que busca frenar –como puede leerse en un comunicado de la Asociación de Magistrados “los reiterados ataques a la independencia del Poder Judicial”. En este contexto, mientras se esté llevando a cabo en la puerta del Palacio de Tribunales una marcha convocada en defensa de la independencia de la Justicia, apenas una hora antes, el presidente de la Corte Suprema –Ricardo Lorenzetti- mantendrá una reunión con los presidentes de las cámaras de apelaciones del país para tratar el conflicto desatado por la polémica ley que permite designar interinamente al frente de juzgados vacantes a abogados que no ejercen la magistratura.

En medio de la contienda electoral, la Justicia sigue siendo eje de la escena y atraviesa transformaciones que muchos tildan de amenazantes para su independencia, que la sociedad cada día reclama con mayor firmeza. Resta mucho camino por recorrer hasta octubre y, según se escucha en los pasillos de tribunales, quedan aún nuevos intentos de reformas por llegar.

La Corte Suprema, el botín deseado por el Gobierno

En medio del paquete de leyes judiciales que tienen eclipsada a la esfera judicial, el oficialismo tiene el foco puesto en un fin mucho más preciado: la reforma de la Corte Suprema. Mucho se habló en los últimos meses de elevar su número de integrantes, lo que no tardó en generar voces de rechazo de muchos sectores que amenazaron con llevar al tema a un verdadero escándalo jurídico y mediático. Así fue que, entonces, el camino para empezar a cambiar las reglas del juego en el máximo tribunal desvió su rumbo y se comenzó a avanzar a paso firme sobre su integración.

En este contexto, la piedra fundamental para instalar el debate sobre la integración de la Corte fue la propuesta del pliego de Roberto Carlés para ocupar el lugar que dejó vacante hace algún tiempo el ministro Eugenio Zaffaroni; una iniciativa que fue echada por tierra rápidamente por una oposición que advirtió que no votarían ningún pliego hasta tanto se de paso a las elecciones que traerán consigo al nuevo mandato gubernamental.

Así las cosas, la Corte parece ser el botín más preciado a medida que se acercan las elecciones de octubre. No fue casual que este mediodía el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, invitara a un acto en el cuarto piso del Palacio al que concurrieron jueces nacionales y federales, y medios de comunicación, en una clara muestra de poder de convocatoria.

Que la relación entre el Gobierno y la Corte está más tirante que nunca no es novedad. En este plano, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio otro golpe contundente y avanzó en la investigación para conocer cuál es el estado de salud mental del ministro de la Corte Carlos Fayt –de 97 años- y certificar si aún es idóneo para seguir en su cargo de juez del máximo tribunal. Frente a esto, la oposición reaccionó y denunció que no se pueden solicitar medidas de prueba porque no hay un pedido de juicio político contra el juez. Se presentó entonces una denuncia contra la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Anabel Fernández Sagasti, y otros 16 legisladores que aprobaron comenzar la investigación,  por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En este plano, el juez Ercolini le solicitó a la Comisión de Juicio Político los antecedentes de cómo se inició el proceso investigativo contra Fayt.

La Corte es, sin dudas, el centro por donde pasará la próxima disputa político judicial. La pregunta que cabe hacerse es si la Comisión se encuentra habilitada para abrir este tipo de investigación.  La oposición interpretó que se trata de una medida antirreglamentaria, ya que en la comisión no se presentó ningún pedido de juicio político contra el jurista, de 97 años, que habilite al cuerpo a solicitar medidas de prueba para una investigación. Sin dudas todas estas idas y vueltas del oficialismo obedecen a que no reúne los dos tercios de las Cámaras del Congreso como para motorizar un verdadero juicio político contra Fayt.

Pero lejos de quedar paralizado el tema, en un nuevo round,  la Comisión “invitó” a Jorge Rizzo –líder de Gente de Derecho y ex Presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal- a que les brindara el “crudo” del audio emitido en su programa de Radio América en donde podían escucharse testimonios exclusivos del juez Fayt.  Rizzo –quien es abogado del ministro de la Corte- echó por tierra la posibilidad de que esto se concretara y señaló nuevamente que “no tienen ningún tipo de potestad -para hacer el pedido de revisión psicofísica a Fayt-, eso podrían hacerlo en el marco de un juicio político; acá no hay ninguna causal que pueda impulsar un pedido de juicio político que serían incumplimiento de los deberes o delito, ninguno de los dos casos se constituyen por lo tanto lo que están haciendo es una alharaca”.

Lo cierto es que, más allá de la puesta en escena de la Comisión, el foco directo no pasa entonces por la situación del propio Fayt, sino que a todas luces el oficialismo busca cambios mucho más profundos en la composición de la Corte Suprema.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, advirtió que “la actitud del Gobierno, en cuanto a las excusas que esgrimen contra Fayt, es fascista. Netamente se está atacando a una persona por su edad. El resto de las cosas que manifiestan son absolutamente hipotéticas”. Asimismo destacó que “el hecho de que los jueces hagan un acuerdo y algunos firmen en su domicilio, es absolutamente común; de hecho la presidenta firma decretos en Olivos, y encima es otra jurisdicción. Me parece que simplemente es una maniobra del Gobierno para atacar a la Corte, porque obviamente van a llegar expedientes que les preocupan”.

Revisión psicofísica

El debate de la revisión psicofísica en el Poder Judicial ya fue centro de disputas en diferentes épocas y siempre fue echado por tierra. Lo cierto es que en la provincia de Mendoza, el ministro de la Suprema Corte de Mendoza, Mario Adaro, fue uno de los grandes impulsores de una polémica iniciativa para que los jueces se sometan a estudios psicofísicos.

En esta línea, María Laura Garrigós de Rébori, titular de la Cámara Nacional de Casación Penal y referente de la agrupación Justicia Legítima, consideró que los jueces deberían hacer un “control psicofísico periódico” y que tendría que haber “algún marco de control” para la actividad de los magistrados. Este planteamiento desató una fuerte disconformidad en una amplia mayoría de integrantes de la esfera judicial, dado que es histórica la negativa a esta iniciativa.

Sobre los rumores que indican que existe un proyecto que buscará establecer un examen psicofísico anual a los integrantes del Poder Judicial, Recondo señaló que se trata de un tema “absolutamente invasivo. La Constitución en ningún lado indica esto”. Volviendo a referirse al caso del juez Fayt, el presidente de la Asociación de Magistrados se preguntó: “¿Le van a hacer juicio político a una persona porque es vieja? Esto es un verdadero horror. Estamos en contra de toda discriminación y acá hay una discriminación por edad para debilitar a la Corte y conseguir una vacante más”.

Consultado sobre la posibilidad de establecer regulaciones periódicas, Rizzo analizó que si hay un proyecto que va en esta dirección “no debería ser sólo para quienes integran el Poder Judicial, sino que también para los tres poderes del Estado”.

Según se vocifera en los pasillos del cuatro piso del Palacio de Tribunales, el examen psicofísico que se pide al ministro Fayt no es más que un medio para llegar al preciado fin de debilitar a la Corte y avanzar en su reforma. No puede dejarse de lado que  los cruces entre la Corte y el Gobierno arrancaron desde fines del año pasado, siguieron con algunos otros rounds que se iniciaron cuando desde el Gobierno se empezó a hablar de una ampliación del máximo tribunal y acto seguido la Corte declaró la nulidad de la lista de conjueces que aprobó el Senado. Se vienen meses movidos y sin dudas nuevas devoluciones de gentilezas entre ambas esferas de poder.

El Código Procesal Penal sigue en el centro de la tormenta

Cuando el debate por la implementación del Código Procesal Penal parece haber entrado en un período de tregua, después de que se realizaran algunos cambios en el texto que llegará en el día de hoy al Senado, aún existen puntos que  podrían llevar el tema a instancias judiciales

Si bien el kirchnerismo y la oposición finalmente alcanzaron un acuerdo y firmaron dictámenes de mayoría favorables a cinco proyectos de ley que el oficialismo empuja para que vean la luz antes de las elecciones, se registran marcados puntos de discordancia que podrían llevar el tema a la Justicia. Se trata de los proyectos de ley de implementación del Código, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, la ley orgánica del Poder Judicial y una reforma del Código Penal.

En lo que respecta particularmente al proyecto de implementación del Código, el oficialismo realizó dos importantes concesiones: una consiste en posponer su puesta en marcha para el 1° de marzo de 2016, y la otra en anular la creación de la Comisión de Implementación que iba a mantener una integración de 9 miembros inamovibles de sus cargos durante un período de seis años; esto a simple vista permitía que un Gobierno saliente, lograra incorporar la mayoría de los cargos de esta Comisión. Ante el riesgo de que este punto hiciera tambalear toda la reforma, finalmente la facultad de la implementación quedará en manos de la misma Comisión Bicameral que viene trabajando en el tema, a la que se le agregará una Secretaría Técnica y un Comité Asesor.

Desde el oficialismo se avanzó con la firme idea de no cambiar una coma de la iniciativa, pero al trascender que distintos actores de la esfera judicial llevarían el tema a la Justicia, por tildar de inconstitucional a esta Comisión, aunque dieron lucha hasta el final y las negociaciones se estiraron al límite, prefirieron suprimir este punto para no hacer peligrar la ansiada reforma.

Lo cierto es que este no resulta el único punto que podría hacer llegar el tema a instancia judicial, dado que según fuentes de la Justicia de Ciudad de Buenos Aires, “se sigue pensando en avanzar con esta implementación en territorio porteño, cuando debería comenzar a implementarse en la Justicia federal”.

Cabe destacar que consultado en este sentido cuando comenzaba el debate de la reforma, el titular de la Fiscalía de la Ciudad, Martín Ocampo, explicaba a Infobae: “Si nuestra voz no es escuchada, evaluaremos la posibilidad de presentar acciones judiciales. Como funcionarios de la Ciudad, debemos defender su autonomía”.

Por su parte, un grupo de jueces del fuero Nacional -que investiga y juzga los delitos ordinarios- mantuvo algunas reuniones en las que consensuaron un documento donde insisten sobre una cantidad de puntos con los que desacuerdan del proyecto, entre los que se encuentran el rol de la Oficina Judicial que se crearía, asimismo reclaman por la participación del Colegio Público de Abogados y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en la Bicameral, entre otros. El intenso debate de estos jueces se desarrolla más allá de las quejas por la posible existencia de un pacto con algunos de sus colegas del fuero Federal de Comodoro Py para que no se les aplique por el momento el nuevo Código.

En este escenario, el radicalismo y el peronismo federal presentaron dictámenes en minoría con observaciones en particular, en especial respecto a lo que entienden como “un exceso de facultades” que el proyecto kirchnerista le adjudica a la Procuración General de la Nación. En tal sentido, el fiscal de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital, Ricardo Sáenz, manifestó su preocupación a Infobae y advirtió que “la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que propone el Ejecutivo remueve la mayor garantía que tienen los justiciables respecto de sus fiscales, que consiste en que no se pueda elegir quién lo va a investigar con posterioridad al hecho de que se trate. Con la reforma la organización y adjudicación de los casos queda en manos del Fiscal Coordinador de Distrito, una nueva figura hoy inexistente y que es designado directamente por el Procurador, sin ningún concurso”.

Otro de los cambios que mostraron la voluntad del oficialismo refiere a la carrera judicial, lo que significa el reconocimiento de los empleados interinos y contratados para poder pasar a los ministerios públicos –tanto fiscal, como de la defensa- garantizándoles los derechos adquiridos.

El Anexo II sigue siendo el foco del conflicto

La gran piedra en el zapato de esta reforma, según lo explica el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato, es que no se modificó ningún aspecto del controvertido Anexo II sobre el que pesan tres amparos en la justicia contra la creación de 16 cargos de fiscal de cámara y 1600 puestos judiciales. “Sigue quedando abierta la ventana para los paracaidistas y vamos a insistir en el Senado para que se modifique este punto, porque por un lado se habla de respetar la carrera administrativa, y por otro se crean estos cargos que la violan sistemáticamente”, sostiene un enérgico Piumato. Cabe destacar que en su exposición ante la Bicameral, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tildó de “excesivos” la cantidad de cargos que el proyecto busca materializar.

Por otro lado, una de las mayores críticas que se sintió por parte de los actores judiciales refiere a que la atención del debate estuvo centrada en la implementación del Procesal Penal, dejando que prácticamente “pase inadvertida” la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que sin dudas aportará también modificaciones de relevancia para la organización de la Justicia y de la actividad de los fiscales. “La concentración de Poder va a hacer fracasar la reforma, porque ya sea Gils Carbó o el Procurador que venga mañana, va a tener un total manejo centralizado o personalista de todo y se va a perder la transparencia” en materia de investigaciones, sostuvo Piumato.

Las negociaciones avanzan y si bien “la oposición ha dado el acuerdo a las modificaciones de la Ley de Implementación, según entiendo, va a rechazar la ley del Ministerio Público Fiscal, justamente porque esta iniciativa termina por concentrar el poder”, analiza Piumato de cara al panorama que se avecina. Así las cosas, parece que aún quedan aspectos por pulir en las iniciativas que en horas más se tratarán en el Senado, donde por las lógicas mayorías conseguirán probablemente la media sanción de estas leyes que pasarán en tiempo récord a Diputados. Todo parece indicar que finalmente el kirchnerismo se alzará antes de octubre con el paquete de leyes anhelado.