En medio del paquete de leyes judiciales que tienen eclipsada a la esfera judicial, el oficialismo tiene el foco puesto en un fin mucho más preciado: la reforma de la Corte Suprema. Mucho se habló en los últimos meses de elevar su número de integrantes, lo que no tardó en generar voces de rechazo de muchos sectores que amenazaron con llevar al tema a un verdadero escándalo jurídico y mediático. Así fue que, entonces, el camino para empezar a cambiar las reglas del juego en el máximo tribunal desvió su rumbo y se comenzó a avanzar a paso firme sobre su integración.

En este contexto, la piedra fundamental para instalar el debate sobre la integración de la Corte fue la propuesta del pliego de Roberto Carlés para ocupar el lugar que dejó vacante hace algún tiempo el ministro Eugenio Zaffaroni; una iniciativa que fue echada por tierra rápidamente por una oposición que advirtió que no votarían ningún pliego hasta tanto se de paso a las elecciones que traerán consigo al nuevo mandato gubernamental.

Así las cosas, la Corte parece ser el botín más preciado a medida que se acercan las elecciones de octubre. No fue casual que este mediodía el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, invitara a un acto en el cuarto piso del Palacio al que concurrieron jueces nacionales y federales, y medios de comunicación, en una clara muestra de poder de convocatoria.

Que la relación entre el Gobierno y la Corte está más tirante que nunca no es novedad. En este plano, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio otro golpe contundente y avanzó en la investigación para conocer cuál es el estado de salud mental del ministro de la Corte Carlos Fayt –de 97 años- y certificar si aún es idóneo para seguir en su cargo de juez del máximo tribunal. Frente a esto, la oposición reaccionó y denunció que no se pueden solicitar medidas de prueba porque no hay un pedido de juicio político contra el juez. Se presentó entonces una denuncia contra la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Anabel Fernández Sagasti, y otros 16 legisladores que aprobaron comenzar la investigación,  por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En este plano, el juez Ercolini le solicitó a la Comisión de Juicio Político los antecedentes de cómo se inició el proceso investigativo contra Fayt.

La Corte es, sin dudas, el centro por donde pasará la próxima disputa político judicial. La pregunta que cabe hacerse es si la Comisión se encuentra habilitada para abrir este tipo de investigación.  La oposición interpretó que se trata de una medida antirreglamentaria, ya que en la comisión no se presentó ningún pedido de juicio político contra el jurista, de 97 años, que habilite al cuerpo a solicitar medidas de prueba para una investigación. Sin dudas todas estas idas y vueltas del oficialismo obedecen a que no reúne los dos tercios de las Cámaras del Congreso como para motorizar un verdadero juicio político contra Fayt.

Pero lejos de quedar paralizado el tema, en un nuevo round,  la Comisión “invitó” a Jorge Rizzo –líder de Gente de Derecho y ex Presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal- a que les brindara el “crudo” del audio emitido en su programa de Radio América en donde podían escucharse testimonios exclusivos del juez Fayt.  Rizzo –quien es abogado del ministro de la Corte- echó por tierra la posibilidad de que esto se concretara y señaló nuevamente que “no tienen ningún tipo de potestad -para hacer el pedido de revisión psicofísica a Fayt-, eso podrían hacerlo en el marco de un juicio político; acá no hay ninguna causal que pueda impulsar un pedido de juicio político que serían incumplimiento de los deberes o delito, ninguno de los dos casos se constituyen por lo tanto lo que están haciendo es una alharaca”.

Lo cierto es que, más allá de la puesta en escena de la Comisión, el foco directo no pasa entonces por la situación del propio Fayt, sino que a todas luces el oficialismo busca cambios mucho más profundos en la composición de la Corte Suprema.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, advirtió que “la actitud del Gobierno, en cuanto a las excusas que esgrimen contra Fayt, es fascista. Netamente se está atacando a una persona por su edad. El resto de las cosas que manifiestan son absolutamente hipotéticas”. Asimismo destacó que “el hecho de que los jueces hagan un acuerdo y algunos firmen en su domicilio, es absolutamente común; de hecho la presidenta firma decretos en Olivos, y encima es otra jurisdicción. Me parece que simplemente es una maniobra del Gobierno para atacar a la Corte, porque obviamente van a llegar expedientes que les preocupan”.

Revisión psicofísica

El debate de la revisión psicofísica en el Poder Judicial ya fue centro de disputas en diferentes épocas y siempre fue echado por tierra. Lo cierto es que en la provincia de Mendoza, el ministro de la Suprema Corte de Mendoza, Mario Adaro, fue uno de los grandes impulsores de una polémica iniciativa para que los jueces se sometan a estudios psicofísicos.

En esta línea, María Laura Garrigós de Rébori, titular de la Cámara Nacional de Casación Penal y referente de la agrupación Justicia Legítima, consideró que los jueces deberían hacer un “control psicofísico periódico” y que tendría que haber “algún marco de control” para la actividad de los magistrados. Este planteamiento desató una fuerte disconformidad en una amplia mayoría de integrantes de la esfera judicial, dado que es histórica la negativa a esta iniciativa.

Sobre los rumores que indican que existe un proyecto que buscará establecer un examen psicofísico anual a los integrantes del Poder Judicial, Recondo señaló que se trata de un tema “absolutamente invasivo. La Constitución en ningún lado indica esto”. Volviendo a referirse al caso del juez Fayt, el presidente de la Asociación de Magistrados se preguntó: “¿Le van a hacer juicio político a una persona porque es vieja? Esto es un verdadero horror. Estamos en contra de toda discriminación y acá hay una discriminación por edad para debilitar a la Corte y conseguir una vacante más”.

Consultado sobre la posibilidad de establecer regulaciones periódicas, Rizzo analizó que si hay un proyecto que va en esta dirección “no debería ser sólo para quienes integran el Poder Judicial, sino que también para los tres poderes del Estado”.

Según se vocifera en los pasillos del cuatro piso del Palacio de Tribunales, el examen psicofísico que se pide al ministro Fayt no es más que un medio para llegar al preciado fin de debilitar a la Corte y avanzar en su reforma. No puede dejarse de lado que  los cruces entre la Corte y el Gobierno arrancaron desde fines del año pasado, siguieron con algunos otros rounds que se iniciaron cuando desde el Gobierno se empezó a hablar de una ampliación del máximo tribunal y acto seguido la Corte declaró la nulidad de la lista de conjueces que aprobó el Senado. Se vienen meses movidos y sin dudas nuevas devoluciones de gentilezas entre ambas esferas de poder.