Desde la ortodoxia económica se describe a la política de subsidios a los servicios públicos como la principal causa del déficit fiscal. A su vez, este efecto sobre las cuentas públicas, debido a la presión que ejerce sobre la emisión monetaria, es visto como el factor determinante del incremento de precios. Desde esta perspectiva, lineal y uni-causal, la solución a todos los males de la economía argentina estaría dada por eliminación de los subsidios: no solo sanearía las cuentas, sino también generaría “a largo plazo” estabilidad en el nivel de precios. Sin embargo, una eliminación total de los subsidios perjudicaría de manera directa a los sectores más vulnerables que verían reducido su nivel de ingreso, y de esta manera, sus posibilidades de consumo, incrementando los niveles de pobreza y atentando contra el crecimiento económico. A contramano de estas políticas de ajuste, incentivadas desde el establishment económico y los medios de comunicación afines, el gobierno nacional diseñó una medida de re direccionamiento de los subsidios al gas y al agua que permite una reasignación de recursos hacia los sectores populares.

En concreto, lo que se plantea es una reducción parcial y escalonada de los subsidios al gas y al agua que impacta, en mayor medida, en los sectores de altos ingresos y exceptúa a los sectores vulnerables. Asimismo, para incentivar un consumo responsable que permita un uso racional y eficiente de los recursos energéticos, la quita será menor para quienes lo disminuyan. El ahorro de recursos fiscales provenientes de esta política serán utilizados íntegramente para dos programas generadores de derecho y emblema de la inclusión social de la actual gestión: la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar. De esta manera, el objetivo no se basa en un achicamiento del gasto público, sino que lo que se busca es generar una mayor eficiencia y equidad en la asignación de recursos, en la medida que se reducen aquellos destinados a los sectores de mayores ingresos para reorientarlos hacia los que más lo necesitan.

La política de subsidios a los servicios públicos debe ser entendida y analizada dentro del marco general de las políticas de ingreso del gobierno nacional. La crisis del régimen neoliberal y la devaluación trajeron como consecuencia la pulverización de los ingresos de una parte mayoritaria de la sociedad argentina. Para contrarrestar este efecto, el kircherismo impuso un conjunto de medidas para recuperar el poder adquisitivo de la población. Los aumentos del empleo, de salarios (primero por decreto y luego a partir de paritarias), los de las asignaciones familiares (luego de su oportuna creación) y los de las jubilaciones, y los subsidios a los servicios públicos, fueron determinantes para reactivar el consumo e impulsar el crecimiento más importante de la historia nacional. Al mantener las tarifas a un precio accesible, los subsidios actúan a modo de salario indirecto, reduciendo el peso de los servicios públicos en el gasto de las familias, lo que permite orientar dichos recursos hacia el consumo, de manera de incentivar la actividad económica.

En otras palabras, podemos decir que los subsidios a los servicios públicos constituyen un mecanismo eficaz para ampliar la cobertura y garantizar que las personas de los estratos más pobres de la población puedan acceder a los mismos. Asimismo, pueden constituirse en una herramienta efectiva de la política social, en tanto implican una redistribución de los recursos hacia los hogares de menores recursos. Durante los últimos años hubo un avance en vistas a mejorar la asignación de subsidios, a partir de la identificación y eliminación de los mismos en zonas específicas (por ejemplo barrios cerrados) y con la posibilidad de una renuncia voluntaria.

La actual medida viene a profundizar el camino hacia una mayor equidad en el sistema vigente, incorporando no solo el nivel de ingreso y la zona geográfica como variables que determinen la cuantía, sino también el nivel de consumo, de manera de conseguir una mayor eficiencia en el uso de los recursos energéticos. Es importante resaltar que el avance hacia una correcta identificación de las personas con capacidad de afrontar mayores valores en las tarifas de los servicios, supone un desafío técnico de gran relevancia que requiere el trabajo conjunto de diferentes dependencias del estado (ANSES, AFIP, Ministerio de Desarrollo Social, entre otras). Este fuerte trabajo y presencia estatal, impensada durante la década del noventa, es posible gracias a la recuperación de las capacidades del estado y sus instituciones.

Otro aspecto a destacar es la plena vigencia de los subsidios a la industria, lo que ha permitido una vigorosa reconstitución del tejido productivo nacional desmembrado en los ’90. En contraste con la experiencia de la convertibilidad, donde existía un sistema de tarifas caras y dolarizada (que no solo significó una exclusión de gran parte de la sociedad al acceso de servicios esenciales, sino que tampoco repercutió en mayores inversiones ni en mejoras en la calidad de servicios), el kirchenrismo permitió un avance hacia un sistema de tarifas más justo e inclusivo. El plan de reasignación de subsidios y consumo responsable no viene a barrer con la función social de la política de subsidios a los servicios públicos ni se posiciona como una política de ajuste fiscal propia de la ortodoxia. EL objetivo principal de dicha medida no es una reducción del gasto sino un paso más hacia una mayor equidad en la utilización de los recursos estatales.