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Un plan de estabilidad sin ajuste

Después de un primer cuatrimestre convulsionado, se empiezan a observar los resultados de un programa económico consistente. Las tribulaciones de inicios del corriente año se debieron a una multiplicidad de factores, entre las cuales se destaca la acuciante disminución de reservas, provocada por un deterioro del resultado comercial. A su vez, este déficit fue básicamente causado por las estrategias especulativas de ciertos actores económicos con poder de mercado, como los acopiadores que presionaron para fogonear la devaluación y las automotrices transnacionales, que tomaron ganancias provenientes de un 2013 con récord de ventas.

El viernes, con el quinto dato conocido del nuevo índice IPCNu (+1,4 para el mes de marzo), se comprobó la marcada tendencia a la baja de la evolución inflacionaria, la cual redujo su tasa de crecimiento a menos de la mitad, desde el primer dato de enero. Después del último corrimiento cambiario, y el desmesurado e inmediato traspaso a precios, la corrección gruesa en la cotización del dólar se encuentra saldada. Su valor de convergencia por los próximos meses va a gravitar gradualmente entre $8 y $8,5, configurando un freno para la escala del costo de los productos transables con el exterior.

Los detalles de la actualización del IPCNu son harto conocidos, sólo cabe destacar dos cuestiones primordiales. La primera: la “inflación de supermercado”, entendida como aquella que el consumidor urbano nota en la habitualidad de sus compras, frenó su aceleración en mayor medida que el nivel general, ya que el capítulo de alimentos y bebidas mostró un 0,7% de aumento. Se espera que este resultado en materia de precios se repita, esto es, que sistemáticamente este rubro sensible para sectores vulnerables muestre un incremento menor a los demás ítems.

La segunda, que esto va en paralelo con la instalación en extenso del programa Precios Cuidados, constituido como una cabal “referencia de marca”, con niveles de conocimiento popular y aceptación generalizados, en sólo 5 meses de aplicación. A partir de la federalización del plan y de la puesta en marcha de la Red Comprar (extensión a almacenes y minoristas) el acuerdo ha logrado calar hondo en los hábitos de consumo cotidianos de los ciudadanos.

Hay una conclusión ulterior que se puede extraer del análisis conjunto del devenir de los precios y de los postulados de ciertas escuelas de pensamiento económico, muy arraigada en los equipos técnicos de dirigentes opositores. Suelen postular habitualmente la teoría que establece que el único desencadenante de los procesos inflacionarios es una política de gastos poco prudente por parte de los gobiernos, lo cual desemboca en un abuso de la “máquina de hacer dinero”. Este postulado, de corte netamente neoliberal, ha carecido de contraste empírico a lo largo de la historia económica y falla al omitir la inmensa variedad de causas y complejidades derivadas de las contradicciones propias de las economías de mercado capitalistas modernas.

Volviendo al examen de lo que ocurre en Argentina, podemos delinear una sencilla refutación a la hipótesis de la emisión del Banco Central para financiar al Tesoro como el flagelo unicausal que determina la inflación. En nuestra economía desde principios de año, se viene llevando a cabo una estrategia de astringencia monetaria, basada en la colocación de Letras y Notas en pesos al sector financiero. El BCRA recurrió a un mecanismo de retracción de la cantidad del dinero en circulación, con el propósito de aumentar la tasa de interés vigente y así alinear esta variable con las expectativas futuras de cotización de la divisa.

Lo que se busca, concretamente, es ofrecer a los inversionistas mejores condiciones para colocar sus depósitos a plazo y así desincentivar la apuesta improductiva a la moneda extranjera como un activo de resguardo patrimonial. En mayor detalle, en la última emisión de deuda el BCRA se financió al 28,5% anual lo cual, una vez descontado el spread, otorga posibilidades de ahorro a tasas cercanas al 25% en el segmento minorista.

Ahora bien, según la tesis monetarista, ante una operación de mercado contractiva como la mencionada, el resultado debe ser una baja en el nivel de precios. Visto de otro modo, si el proceso excluyente que provoca la inflación es la emisión descontrolada, entonces ante acciones de la autoridad monetaria como las vigentes, el efecto debería ser el inverso: una reducción en los niveles de precios.

Con la última licitación de títulos de deuda de corto plazo de hace unos días, por un monto de $8.200 millones, la experiencia de los primeros cinco meses del año ya muestra una absorción del orden de $67.000 millones (o más de U$S 8.150 millones a tipo de cambio oficial), mientras que su correlato en el nivel promedio de precios fue un aumento en torno al 13,5% en los primeros cinco meses. Interesante, en tal sentido, es el dato que marca que entre todo el esfuerzo en inversión social que va a realizar el Estado Nacional a lo largo del año en concepto de asignaciones por hijo, por embarazo y familiares, el desembolso alcanzará los $22.000 millones. O sea, el gasto será tres veces menor a la masa monetaria que se aspiró hasta el mes de junio.

A las claras, las causas de la inflación no hay que buscarlas en un exceso de gasto público, sino en el desequilibrio de la matriz productiva vernácula. Las estructuras de competencia de mercado imperfectas, que caracterizan a la producción de muchos bienes de nuestra economía, convalidan la concentración económica, la capacidad de fijar precios abusivos y decantan en maniobras especulativas por parte de agentes con intereses espurios.

La forma de atacar esta contrariedad no puede ser otra que desde un programa heterodoxo que combine una batería de instrumentos, interviniendo de forma coordinada. Programas como Precios Cuidados, Procrear, Progresar, la redistribución progresiva de subsidios en servicios públicos, el nuevo proyecto de Promoción al Trabajo Registrado y el fomento a los créditos blandos a Pymes a tasas reguladas, son las claves para apuntalar la protección de los sectores más postergados. Afianzando de tal forma la estabilidad, sin ajuste feroz.

El último grito del establishment

En el mundillo económico es sabido que una elite de alrededor de cinco empresas privadas maneja la formación de sentido común de la agenda diaria. Su fuerte poder de propagación se basa en el inapagable eco que encuentran en los medios hegemónicos, con más sesgo hacia resguardar intereses privados que profesionalismo técnico. La crucial importancia del papel de consultoras, usinas de ideas y economistas del establishment, radica en que suelen ser las columnas sobre las que se construyen operaciones de mercado, como la corrida financiera que afrontó el gobierno nacional a finales de año pasado.

Es cautivante la nueva apuesta que empezaron a jugar los últimos días los analistas privados y las usinas de ideas. Extinguida su defensa de la desproporcionada suba de precios de principios de año, comenzaron a fogonear una inevitable “inflación de costos” a corto plazo. ¿A qué se refieren? Se acerca el tramo fuerte de las paritarias de los principales gremios nacionales, y la “inflación de costos” es el sustento conceptual por medio del cual los economistas ortodoxos justificarán un nuevo y brutal incremento de precios arbitrario por parte de las compañías.

Es casi paradójico notar que estos analistas son los mismos que hace sólo un par de meses cargaban contra el el gobierno por la corrección cambiaria de enero. En ese momento su hipótesis era que existía una gran mayoría de sectores productivos afectados por el corrimiento del dólar a $8. Por ende, el traspaso a precios debía ser instantáneo y en la misma proporción, basándose en una supuesta estructura de costos enteramente formada por componentes importados.

Sin embargo, menos de dos meses después, muchos economistas privados cayeron en cuenta de que aquellas compañías que contaban con una estructura de producción nutrida por insumos comprados en el exterior no eran en realidad tan dependientes de las importaciones y los bienes de capital, sino que realizaban gran parte de su circuito productivo en base al trabajo humano; o sea, eran mayormente “trabajo intensivas”. Este reacomodo de su argumento implica que, ante la proximidad de las paritarias, las empresas deberán trasladar a precios absolutamente la totalidad del aumento anual que negocien con los trabajadores. Sea cual sea.

Es falsa la afirmación de que “no hay plan anti inflacionario”, como fustiga la derecha. Existe hoy un plan que no es acorde a sus intereses históricos de reducción de la inversión social, de políticas de crecimiento con salarios bajos, de liberalización de tarifas y de apertura externa indiscriminada.

Como contraposición, es importante remarcar la versatilidad de las políticas económicas para enfrentar con apremio el desafío de brindar previsibilidad y un marco de reglas estables a la economía. En tal sentido, desde noviembre, con el recambio de autoridades al frente del Ministerio de Economía, se avanzó en distintos programas y políticas específicas que ya muestran resultados, a saber:

El programa “Precios Cuidados”, que brinda referencia y disminuye el impacto del aumento de precios para los estratos de bajos ingresos. El alza de precios no impacta en igual medida a todos los segmentos de la población. Es innegable que los sectores más vulnerables destinan mayor parte de sus recursos a comprar bienes de primeras necesidades y este programa brinda la posibilidad de consumir productos con valores sin subas excesivas. Demás acuerdos de precios con otros sectores (construcción, farmacéuticos y, para la semana próxima, supermercados mayoristas) sirven para acoplar a más actores a un contexto de consistencia económica.

La nueva resolución de la Secretaría de Comercio que exige a empresas productoras y comercializadoras de insumos y bienes finales a remitir sus listas de precios mensualmente. Incluidos aquellos que estaban vigentes en diciembre pasado. Este último punto es muy relevante. Se observaron márgenes de ganancias superiores al 500% (sobre todo en rubros de frutas y verduras), a partir del análisis simple del oligopolio de grandes cadenas de supermercados y en relación al valor de comercialización que cualquier consumidor puede encontrar, por ejemplo, en el Mercado Central. Que se entienda la gravedad de tales situaciones: es absurdo pensar que en ese último eslabón de la cadena de formación de un precio, o sea en la distribución final y la venta al público, la agregación de valor puede ser tan considerable. Ni siquiera adicionando los cuantiosos gastos en publicidad, ni su ostensible distribución de dividendos, los supermercados podrían justificar semejante margen por sobre sus costos.

Atacar la causa del problema implica desarticular las malas prácticas comerciales, establecer fundamentos macroeconómicos sólidos y estabilidad de precios relativos. El gobierno corre en esa dirección; las consultoras privadas, detrás de una agenda de convalidación de aumentos desmedidos, como un “delivery de sustento teórico” de intereses de las empresas concentradas.

La variable aleatoria dólar ilegal

Esta última semana se observaron una serie de inconsistencias en la evolución de la brecha entre el dólar del mercado único y libre de cambio y el dólar ilegal. El camino errático que se registró en el comportamiento del denominado “blue” muestra a las claras la nula base de fundamentos económicos genuinos de su cotización, la cual surge meramente de maniobras espurias por parte de exiguos operadores de mercado. Previo a indagar en la coyuntura es preciso clarificar brevemente aspectos técnicos para enmarcar el problema.

La doctrina económica suele caracterizar los regimenes cambiarios adoptados por los países de acuerdo a su grado de rigidez o flexibilidad respecto de la cotización de otra moneda de referencia, en general el dólar. Así, existen esquemas clasificados como de “paridad fija” entre los cuales recordaremos el aciago 1 a 1 que acabó con la competitividad de la producción local, desviando todo incentivo a sustituir importaciones. Simplificando los numerosos grises, en el otro polo se encuentran los regímenes cambiarios “de flotación”, los cuales dejan la determinación del tipo de cambio librada al accionar de las fuerzas de la oferta y demanda de mercado, operando como si existiera un conjunto de agentes homogéneos que se aglutinan para comprar y vender moneda, sin que ninguno tenga poder de inclinar la balanza.

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