En las últimas semanas se puso en tratamiento en el Congreso Nacional un proyecto del diputado Andrés Larroque contra la discriminación. Bajo un objetivo loable se esconde uno de los más peligrosos intentos de control sobre la opinión y la libre circulación de ideas, al estirar hasta el límite de lo nebuloso la consideración y naturaleza del “acto discriminatorio” y crear un régimen sancionatorio que los medios y los portales digitales tendrán obligación de aplicar.
Las definiciones sobre todo aquello que puede considerarse discriminatorio son tan amplias que el carácter mismo de la opinión sobre otros, cualquiera sea la naturaleza de la crítica, podría considerarse discriminatorio y ser pasible de sanciones. A la vez, se establece que los medios de prensa, las agencias de noticias, diarios en línea y revistas electrónicas que cuenten con plataformas que admitan contenidos generados por los usuarios deben adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios.
Si bien los medios en línea ya disponen de mecanismos de edición para no publicar o bien remover mensajes ofensivos, vinculados con pornografía infantil, privacidad de las personas o que realicen apología del delito o la violencia, está claro que estas medidas se adoptan con un criterio de autorregulación basado en la libertad de expresión de ideas y opiniones. Si esa potestad de edición se convierte en una obligación impuesta por el Estado, que a su vez establece parámetros tan difusos sobre lo que se considera discriminatorio o no, se abriría una puerta inevitable a la censura convalidada por el Congreso Nacional. Continuar leyendo