La modalidad que asumirá el ajuste contra las mayorías populares es el único tema que saca el sueño a oficialistas y opositores. La oposición representa a un sector de la burguesía que reclama un acto de cirugía mayor, devaluacionista e inflacionaria. El gobierno pretende reconquistar a este sector, ofreciendo una forma más edulcorada de aplicar políticas que pulverizan el poder adquisitivo de las mujeres trabajadoras y de todos los trabajadores en general. Luego de haber vaciado las arcas del ANSES y el tesoro nacional para pagar una deuda externa que hoy es mayor a la que había en 2003, el gobierno ha decidido reiniciar un período de endeudamiento internacional que nos llevará a un agravamiento de las condiciones de vida de los trabajadores.
Las reivindicaciones de las mujeres han quedado totalmente relegadas: la asignación universal por hijo no es universal y fue devorada por la inflación, la mujer accede fundamentalmente a trabajos precarios, la ley de violencia de género, que ignora muchos aspectos de la violencia institucional contra las mujeres jamás fue financiada, la ley de trata, que el gobierno sólo aceptó modificar en medio del escándalo por las absoluciones en el caso Marita Verón, nunca fue reglamentada. Las reiteradas denuncias sobre casos de mujeres desaparecidas, la incapacidad del estado para encontrar a las Maritas, a las María Cash y a cientos de mujeres desaparecidas, ha revelado la falsedad total del discurso que pretendía que con la eliminación del rubro 59 se combatía la trata, una verdadera falsificación sólo pensada para encubrir el delito. Luego de cuatro años y medio de ley de trata de personas, la esclavitud sexual y laboral no ha sido afectada en nada y los funcionarios policiales y políticos implicados no han sido siquiera molestados. El trabajo para tender un manto de impunidad en este terreno ha sido tejido desde las esferas más altas del poder político.