Finalmente, el juez Ariel Lijo dictó el auto de procesamiento del Vicepresidente de la Nación. La defensa de Amado Boudou no logró refutar la cantidad de pruebas que demuestran que el Vice no estaba ajeno a la operatoria de compra de la empresa Ciccone Calcográfica; más aún, con su defensa, al parecer reafirmó el convencimiento del Magistrado de que debe continuar atado a un proceso penal por haber sido la pieza clave para que la Administración Pública (Afip- e IGJ incluidas) actuase de manera inédita e incoherente con una empresa privada a la que se le solicitó la quiebra para luego negociar su compra con la intervención de amigos prestos a realizar todo tipo de negocios.
Algunas voces oficiales, por cierto muy pocas, y el propio Vicepresidente, destacan el interés de otros factores de poder sobre la compañía de los billetitos, pero esas acusaciones, fundadas o no, no motivaron ningún accionar legítimo por parte del Estado. Recordemos que la expropiación llegó luego de que el Vice se encontraba acorralado por la causa judicial en la que se acumulaba prueba y más prueba en su contra. Boudou pensó que su mejor defensa era un buen ataque, que podía ensayar una defensa política en el escenario de los medios de comunicación. No se quiso enterar de que sus movimientos habían dejado muchas huellas, que en un proceso penal se llaman PRUEBAS. Ninguna de las pruebas fue rebatida por Boudou con argumentos serios, es decir, lo que cualquier mortal llamaría una explicación verosímil y con cierto grado de sensatez.