Por: Victoria Donda Pérez
Finalmente, el juez Ariel Lijo dictó el auto de procesamiento del Vicepresidente de la Nación. La defensa de Amado Boudou no logró refutar la cantidad de pruebas que demuestran que el Vice no estaba ajeno a la operatoria de compra de la empresa Ciccone Calcográfica; más aún, con su defensa, al parecer reafirmó el convencimiento del Magistrado de que debe continuar atado a un proceso penal por haber sido la pieza clave para que la Administración Pública (Afip- e IGJ incluidas) actuase de manera inédita e incoherente con una empresa privada a la que se le solicitó la quiebra para luego negociar su compra con la intervención de amigos prestos a realizar todo tipo de negocios.
Algunas voces oficiales, por cierto muy pocas, y el propio Vicepresidente, destacan el interés de otros factores de poder sobre la compañía de los billetitos, pero esas acusaciones, fundadas o no, no motivaron ningún accionar legítimo por parte del Estado. Recordemos que la expropiación llegó luego de que el Vice se encontraba acorralado por la causa judicial en la que se acumulaba prueba y más prueba en su contra. Boudou pensó que su mejor defensa era un buen ataque, que podía ensayar una defensa política en el escenario de los medios de comunicación. No se quiso enterar de que sus movimientos habían dejado muchas huellas, que en un proceso penal se llaman PRUEBAS. Ninguna de las pruebas fue rebatida por Boudou con argumentos serios, es decir, lo que cualquier mortal llamaría una explicación verosímil y con cierto grado de sensatez.
Si hay algo que debe llamar la atención de la ciudadanía, es la forma en que quienes detentan el poder de turno en las más altas funciones hayan perdido todo tipo de respeto por la legalidad, y que se crean con la impunidad suficiente para usar a los organismos públicos como “medios” para sus fines. En este caso, el fin fue muy evidente, y dejó heridos que hablaron porque se sintieron intimidados, empezando por una mujer a la que muchos llamaron loca y despechada. Comprarse la fábrica de hacer billetes y boletas partidarias no es un hecho fácilmente ocultable, aunque Boudou pretenda ver sólo conspiraciones en su contra y agravie nuestra inteligencia alegando una cadena de casualidades.
Pero “su empresa”, The Old Fund, no sólo adquirió Ciccone; esa misma empresa cobró del Gobierno formoseño, desde un supuesto rol de consultora, honorarios millonarios por participar en la reetructuración de deuda de la provincia de Formosa en la que intervino, adivinen, el propio Ministro de Economía del otro lado del mostrador. Formosa es la misma provincia que, según el último Censo, lidera los rankings de pobreza. Robarle al pueblo formoseño, además de un delito a investigar, es un acto de indignidad impropio de un Vicepresidente de la República. La única explicación pública de Boudou acerca de esa operatoria fue que es la única provincia que reestructuró su deuda….
Amado Boudou debe ejercer su derecho de defensa, con todas las garantías que le asisten, lo que no puede es seguir siendo nuestro Vicepresidente.