Boudou: el caballo de Troya de la oposición

El apotegma asegura que “mientras mas tiempo permanezca Boudou en el gobierno, mas chances tiene la oposición de ganar las elecciones en 2015”.

La oposición al gobierno de Cristina Fernández compuesta por macristas, radicales, massistas, socialistas y la izquierda ha dado con el talón de Aquiles de la Casa Rosada: su vicepresidente.

Los dos procesamientos de Boudou –el primero por la causa Ciccone y el segundo, por documentación falsa de un vehículo de su propiedad, causa cuya raíz es un acto despecho de su ex esposa- lo convierten en el blanco fácil del antikirchnerismo en el comienzo de una larga campaña electoral hacia los comicios del próximo año.

Para colmo de males, todavía resta la mediatización de otra causa que es mucho mas palpable, pero también escandalosa para el público masivo como es la que pesa sobre Boudou por supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Por qué es una causa masiva? Porque a medida que trascienda, se irán conociendo la cantidad de bienes que el vicepresidente tiene a su nombre o a nombre de terceros “asociados” a él, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros puntos del país y del exterior, pero en particular en su ciudad natal, Mar del Plata.

Dos mitos contribuyen a comprender conductas, actitudes del protagonista de esta trama, que deriva en una compleja situación política e institucional para el país.

En el primer mito hay testigos que dan cuenta de un personaje -nadie asegura que sea Boudou- que a poco de asumir en un importante organismo del Estado –tampoco podrían afirmar ciento por ciento que es el Anses- salió corriendo a una importante concesionaria de autos y motos – no hay documentación que avale que sea BMW- y allí adquirió en efectivo, portando un bolso repleto de dinero como el que utilizan los narcotraficantes en las películas norteamericanas, dos motos de alta cilindrada.

El segundo mito habla de un ex Presidente, con un marcado liderazgo peronista e impronta personalista. El dirigente sureño le escapaba a cualquier “inconveniente” con su esposa, también política, como le escapa a las peleas matrimoniales cualquier hombre casado durante mas de 20 años. El Presidente prefería mirar para otro lado antes que tener que lidiar con su cónyuge, también de carácter fuerte.
Lo cierto es que un hombre, miembro de la corte presidencial de aquél entonces, relata que en una oportunidad le hicieron llegar al Presidente una carpeta. Dentro, había papeles que confirmaban la existencia de cuentas bancarias, con abultados montos de dinero, a nombre del mismo hombrecillo sonriente que compró dos grandes motos. Entonces el Presidente, para no tener que discutir con su consorte, se limitó a decir: “Por ahora solo observémoslo, no tiene poder”.

Volviendo al caso del vicepresidente de la nación, es inminente que ocurra algo: o bien Boudou da un paso al costado a través de una licencia o directamente de su renuncia, o el peronismo y en particular los aspirantes presidenciales como Daniel Scioli y Florencio Randazzo, comenzarán a agitar las aguas del PJ.

Al margen de la poca “simpatía” que los dirigentes peronistas –no lo chicos de La Cámpora ni los ultrakirchneristas- le tienen a Boudou por sus orígenes pero también por considerarlo un “paracaidista”, ellos saben que con Amado en la foto de campaña, el único resultado posible para el 2015 es la derrota.

La semana pasada llamó la atención que Boudou presidiera la sesión en el Senado, convirtiéndose en carne de cañón de los legisladores opositores. Está claro que la decisión fue de Cristina Fernández. Pero la duda fluye: la Presidenta dio esa orden, ¿cómo un gesto de respaldo a Boudou o para ir preparando el camino y que el vicepresidente vea lo que le espera si no decide dar un paso al costado?

La Presidenta ha ido hasta las últimas consecuencias en muchas situaciones de gestión o de respaldo a funcionarios suyos y del ex mandatario Néstor Kirchner pero siempre, antes de estrellarse contra el muro, clavó los frenos y dio media vuelta. Por citar algunos casos, no dudó en devaluar el verano pasado; de retirar el pliego de César Milani; de avanzar en el acuerdo con Irán por el atentado contra la AMIA; o de soltarle la mano a Felisa Miceli, ex ministra de Economía de Kirchner.

Nadie podría dudar que Cristina Fernández sabe que Amado Boudou, el hombre que eligió ella para la vicepresidencia porque Néstor Kirchner lo hubiera resistido, tiene los días contados. No sólo porque su permanencia en el cargo beneficiará la campaña electoral de la oposición y perjudicará a los candidatos a presidente, gobernadores, diputados y senadores nacionales del peronismo. Sino porque su propio gobierno cerraría un ciclo manchado por la corrupción en lo mas alto del Poder Ejecutivo. Y nadie cree que Cristina quiera tirar todo –lo poco o lo mucho que hizo en 11 años- por la borda.

China combate la corrupción, el Gobierno sostiene a Boudou

Una larga lista de diferencias económicas, culturales, políticas, demográficas, históricas y filosóficas separa a la República Popular China de la Argentina.

Durante la reciente visita de Estado del mandatario chino, Xi Jinping, para anunciar algo mas de 8 mil millones de dólares en inversiones para dos represas en la provincia de Santa Cruz y el mejoramiento del servicio del ferrocarril Belgrano Cargas, pasó desapercibida una de las diferencias principales: qué hacer con la corrupción.

La foto del líder asiático con la presidente Cristina Fernández reflejó a un mandatario que tomó la decisión de combatirla -empezando por casa, el gobernante Partido Comunista Chino (PCCh), y por el Estado- y a una jefa de Estado que mira hacia otro lado.

Mas cruda fue la foto de Xi Jinping con el vicepresidente Amado Boudou. El Presidente del gigante asiático, que dos meses antes de asumir en el poder, en enero de 2013, llamó a luchar contra la corrupción “tanto de tigres como de moscas” y afirmó que “no habrá excepciones”, y un vicepresidente argentino, procesado por la causa Ciccone, sobre quien desde ya rige el principio de inocencia, pero que tiene abierta ocho causas más -esta semana debe declarar en una ante el juez Claudio Bonadío y pronto deberá rendir cuentas por denuncias de enriquecimiento ilícito.

Xi Jinping es considerado en China el presidente que sacudió las estructuras del Partido y del gobierno para erradicar la corrupción, aferrándose al proverbio chino: “Matar la gallina para asustar a los monos”.

El 3 de julio pasado, el gobierno chino informó que unos 63 mil funcionarios habían sido penados, en los primeros cinco meses del año, un 34,7% más que el mismo período de 2013. Wang Qishan, un funcionario cercano a Xi Jinping, se ha convertido en el hombre “temido” por encabezar el Comité de Control Disciplinario del Partido Comunista que, junto con la Agencia Tributaria, persigue a los corruptos.

Así, se multiplicaron las detenciones, juicios y condenas. Bo Xilai, poderoso ex secretario del partido y ex miembro del Politburó, fue destituido de sus cargos. Si bien la detención fue previa a la llegada de Xi Jinping, este utilizó el caso como ejemplo para el resto y Bo Xilai fue condenado a cadena perpetua por sobornos, corrupción y abuso de poder, al igual que su esposa.

Liu Zhijun, ministro de Ferrocarriles durante la presidencia de Hu Jintao -predecesor de Xi Jinping- fue sentenciado a muerte con dos años de suspensión de sentencia a principios de julio por aceptar sobornos; Jiang Jiemin, responsable de la comisión que supervisa a las empresas estatales, fue destituido en septiembre en el marco de una amplia investigación en China National Petroleum Corporation (CNPC); Li Chuncheng, número dos del PC en la provincia de Sichuan, fue destituido en diciembre de 2012 y está bajo escrutinio. También purgó por corrupción al general retirado Xu Caihou, número dos de la jerarquía militar china hasta 2012; a Li Dongsheng, viceministro de Seguridad Pública; y a Wang Yongchun, quien fue ejecutivo de la mayor petrolera estatal, CNPC.

Pero no sólo Xi Jinping inició una cruzada contra la corrupción en la dirigencia política y en el Estado sino que, realmente apuntó contra algunas “corporaciones”. El caso mas resonante es el de la compañía británico GlaxoSmithKline, acusada por la policía china de sobornar a médicos a través de agencias de viaje para promover las ventas de sus medicamentos, por lo que fueron detenidos cuatro de sus directivos. Por otra parte, la televisión estatal china acusó a la francesa Danone de pagar dinero a empleados de hospitales para que dieran su leche maternizada a los recién nacidos. En tanto la prensa china denunció casos de corrupción vinculados a las farmaceúticas Eli Lilly, Novartis y Sanofi.

El caso paradigmático de la nueva ola anticorrupción china es el de magnate de la minería Liu Han, que llegó a aparecer en la lista de la revista Forbes de los empresarios más ricos del mundo. En mayo, un tribunal de Hubei condenó a Liu Han y a su hermano Liu Wei a la pena de muerte por abuso de poder y corrupción.

La Fiscalía Suprema Popular de China registró entre enero y noviembre de 2013 unos 21.800 casos graves de corrupción, según un informe redactado en el marco de la nueva y endurecida estrategia de las autoridades chinas contra los delitos cometidos por sus políticos. A lo largo del año pasado, la Judicatura nacional investigó a 36.900 oficiales sospechosos de corrupción, de los cuales 16.500 originaron algún tipo de pérdida monetaria para los ciudadanos. Según las conclusiones del informe, la suma total del dinero involucrado en estos casos de corrupción alcanzó los 910 millones de dólares.

Impulsar “sin tregua” la creación de un “gobierno limpio” y librar la “guerra anticorrupción”, ¿no son frases que a cualquier argentino le gustaría escuchar y estaría mas que satisfecho si un gobernante las aplicara?

Está claro que sobre China pesan graves denuncias por violación a los derechos humanos, que el órgano que investiga los hechos de corrupción llegó a emplear la tortura en sus procedimientos y que los argentinos rechazan abiertamente la pena capital como sanción. Pero lo que sí es rescatable es la actitud de un gobernante como Xi Jinping -mas allá de si su accionar responde a un interés político/personal de cambiar la imagen de la República Popular China o porque lleva en sus valores el de la honestidad- de combatir la corrupción de una vez por todas.

¿Quién será el Xi Jinping en la Argentina a partir del 2015?

El debilitamiento de los organismos de control

El Estado argentino es una invitación a la corrupción.

En momentos en que este delito vuelve a estar en boca de todos de la mano de la resonante causa Ciccone y con un histórico procesamiento de un Vicepresidente de la Nación, en este caso Amado Boudou, es inmejorable la oportunidad para analizar los motivos de la corrupción.

No es algo meramente cultural. Los argentinos no eligen gobernantes y funcionarios corruptos, no es mala suerte, ni se trata de hechos aislados: el problema es la falta de control.

La fórmula es muy sencilla: más control = más transparencia = menos corrupción.

El corrupto puede “meter la mano en la lata” del Estado cuando no hay barreras que le impidan hacerlos. Cuando cumple su cometido, o bien la Justicia no actúa o cuando actúa es tarde y, en el peor de los casos, hasta puede ir unos años presos pero los millones que se robó nunca regresan a sus verdaderos dueños: la gente. ¿Un funcionario público, al asumir, no debería poner como “garantía” de sus actos los bienes patrimoniales a su nombre y los de su familia? Sería ético y si comete algún acto de corrupción, responderá con su bolsillo.

Pero es el Estado, el gobierno, el que tiene en sus manos la posibilidad de ser transparente o continuar con la oscuridad de la corrupción, lejos de la ciudadanía.

En Chile, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, los organismos de control ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de hacer denuncias a través de Internet y proponer que se controle a tal o cual entidad pública.

En Costa Rica, los organismos de control tienen una aplicación para telefonía móvil que permite a los ciudadanos hacer denuncias de corrupción a través del celular e incluso acceder a la página “Conozca en qué se gasta su dinero” donde el gobierno rinde cuentas del manejo de los fondos.

En Bolivia, Evo Morales creó en 2009 el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción que apunta a la participación de la sociedad en la denuncia de ilícitos. ¿Por qué? Porque la corrupción es un delito que beneficia a muy pocos y siempre es la mayoría la que pierde mucha plata.

En Estados unidos, Barack Obama lanzó en octubre de 2013 la segunda etapa del Plan Nacional de Gobierno Abierto que inició en 2011. Mas transparencia y mas participación ciudadana a través de la opción online “Nosotros, la gente”, donde se promueven las denuncias y reclamos de la gente a los distintos organismos públicos y establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de rendición de cuentas del gobierno norteamericano.

¿Y en Argentina?

Pese a los permanentes reclamos desde organizaciones no gubernamentales y algunos dirigentes de la oposición, la Argentina aún no tiene una Ley Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué es importante? Porque es la posibilidad que tienen todas las personas de saber cómo, cuando y en qué gasta el gobierno el dinero de todos los argentinos.¿Por qué el gobierno no impulsa o acepta tratar los proyectos de ley de Acceso a la Información? Porque no quiere rendir cuentas.

Por otra parte, en el país existe un grupo de organismos de control -la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación (AGN)- que se ocupan de controlar al Estado, al gobierno nacional. Ahora bien, si alguien quiere manejar el dinero público antojadizamente, ¿qué debe hacer? No permitir que los organismos de control hagan su trabajo.

De eso se trata. Hace cinco años -desde 2009- que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no tiene titular desde que Manuel Garrido dejó su cargo tras denunciar que querían recortar sus funciones e iniciar varias investigaciones por corrupción contra el gobierno K ; la SIGEN está a cargo de Daniel Reposo, un manifiesto ultra kirchnerista cuya designación para ocupar la Procuración General de la Nación fue rechazada por el Congreso Nacional por su parcialidad; la Oficina Anticorrupción es un organismo que forma parte del gobierno nacional, con funcionarios nombrados por la Casa Rosada ¿Quién va a investigarse y denunciarse a sí mismo?; y la Auditoría General de la Nación es el único organismo que funciona, como puede, ya que está integrada por mayoría oficialista.

A modo de ejemplo, la Auditoría General de la Nación fue el organismo que advirtió el pésimo estado de los ferrocarriles en el 2011. Nadie del gobierno respetó sus advertencias y después fue demasiado tarde: ocurrió la tragedia de Once en febrero de 2012, con 51 muertes.

Esta semana, desde el Frente Amplio Unen (FAU) presentarán un proyecto para fortalecer a la AGN como organismo de control. En primer lugar, propondrán que ese organismo esté en manos de la oposición de turno y que el partido de gobierno sea minoría. Al revés de lo que pasa hoy.

Pero lo mas trascendente es que el proyecto busca otorgarle más poder a ese organismo. Por un lado, exigirá que los funcionarios colaboren y entreguen a la AGN toda la documentación que requiera para ejercer el control necesario y, de no colaborar (como suele ocurrir frecuentemente para evitar que se descubra algún ilícito) se puede denunciar penalmente a quien oculte información. Incluso, la Auditoría podrá reclamar el acceso a esa documentación ante un juez.

Por otra parte, cuando detecte irregularidades la Auditoría podrá sugerir al gobierno nacional que separe de su cargo a un funcionario hasta tanto finalice la investigación. Por ejemplo, según ese proyecto de ley, iniciativa del diputado nacional por la UCR Miguel Bazze, la Auditoría podría sugerir a la presidenta Cristina Fernández que aparte a Boudou hasta que se esclarezca su situación.

Paralelamente, el diputado del Frente Renovador Adrián Pérez presentó otro proyecto reclamando la creación de una Oficina Anticorrupción Nacional “independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal”.

Es probable que el Frente para la Victoria, que ostenta la mayoría en ambas Cámaras, continúe mirando hacia otro lado en materia de corrupción, sin tratar este tipo de proyectos. Lo cual refleja el espíritu del gobierno nacional hacia una mayor transparencia de sus actos.

La decisión es netamente política y no requiere de una gran ingeniería. Solo un claro compromiso: mas control, menos corrupción.