El Estado argentino es una invitación a la corrupción.

En momentos en que este delito vuelve a estar en boca de todos de la mano de la resonante causa Ciccone y con un histórico procesamiento de un Vicepresidente de la Nación, en este caso Amado Boudou, es inmejorable la oportunidad para analizar los motivos de la corrupción.

No es algo meramente cultural. Los argentinos no eligen gobernantes y funcionarios corruptos, no es mala suerte, ni se trata de hechos aislados: el problema es la falta de control.

La fórmula es muy sencilla: más control = más transparencia = menos corrupción.

El corrupto puede “meter la mano en la lata” del Estado cuando no hay barreras que le impidan hacerlos. Cuando cumple su cometido, o bien la Justicia no actúa o cuando actúa es tarde y, en el peor de los casos, hasta puede ir unos años presos pero los millones que se robó nunca regresan a sus verdaderos dueños: la gente. ¿Un funcionario público, al asumir, no debería poner como “garantía” de sus actos los bienes patrimoniales a su nombre y los de su familia? Sería ético y si comete algún acto de corrupción, responderá con su bolsillo.

Pero es el Estado, el gobierno, el que tiene en sus manos la posibilidad de ser transparente o continuar con la oscuridad de la corrupción, lejos de la ciudadanía.

En Chile, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, los organismos de control ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de hacer denuncias a través de Internet y proponer que se controle a tal o cual entidad pública.

En Costa Rica, los organismos de control tienen una aplicación para telefonía móvil que permite a los ciudadanos hacer denuncias de corrupción a través del celular e incluso acceder a la página “Conozca en qué se gasta su dinero” donde el gobierno rinde cuentas del manejo de los fondos.

En Bolivia, Evo Morales creó en 2009 el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción que apunta a la participación de la sociedad en la denuncia de ilícitos. ¿Por qué? Porque la corrupción es un delito que beneficia a muy pocos y siempre es la mayoría la que pierde mucha plata.

En Estados unidos, Barack Obama lanzó en octubre de 2013 la segunda etapa del Plan Nacional de Gobierno Abierto que inició en 2011. Mas transparencia y mas participación ciudadana a través de la opción online “Nosotros, la gente”, donde se promueven las denuncias y reclamos de la gente a los distintos organismos públicos y establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de rendición de cuentas del gobierno norteamericano.

¿Y en Argentina?

Pese a los permanentes reclamos desde organizaciones no gubernamentales y algunos dirigentes de la oposición, la Argentina aún no tiene una Ley Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué es importante? Porque es la posibilidad que tienen todas las personas de saber cómo, cuando y en qué gasta el gobierno el dinero de todos los argentinos.¿Por qué el gobierno no impulsa o acepta tratar los proyectos de ley de Acceso a la Información? Porque no quiere rendir cuentas.

Por otra parte, en el país existe un grupo de organismos de control -la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación (AGN)- que se ocupan de controlar al Estado, al gobierno nacional. Ahora bien, si alguien quiere manejar el dinero público antojadizamente, ¿qué debe hacer? No permitir que los organismos de control hagan su trabajo.

De eso se trata. Hace cinco años -desde 2009- que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no tiene titular desde que Manuel Garrido dejó su cargo tras denunciar que querían recortar sus funciones e iniciar varias investigaciones por corrupción contra el gobierno K ; la SIGEN está a cargo de Daniel Reposo, un manifiesto ultra kirchnerista cuya designación para ocupar la Procuración General de la Nación fue rechazada por el Congreso Nacional por su parcialidad; la Oficina Anticorrupción es un organismo que forma parte del gobierno nacional, con funcionarios nombrados por la Casa Rosada ¿Quién va a investigarse y denunciarse a sí mismo?; y la Auditoría General de la Nación es el único organismo que funciona, como puede, ya que está integrada por mayoría oficialista.

A modo de ejemplo, la Auditoría General de la Nación fue el organismo que advirtió el pésimo estado de los ferrocarriles en el 2011. Nadie del gobierno respetó sus advertencias y después fue demasiado tarde: ocurrió la tragedia de Once en febrero de 2012, con 51 muertes.

Esta semana, desde el Frente Amplio Unen (FAU) presentarán un proyecto para fortalecer a la AGN como organismo de control. En primer lugar, propondrán que ese organismo esté en manos de la oposición de turno y que el partido de gobierno sea minoría. Al revés de lo que pasa hoy.

Pero lo mas trascendente es que el proyecto busca otorgarle más poder a ese organismo. Por un lado, exigirá que los funcionarios colaboren y entreguen a la AGN toda la documentación que requiera para ejercer el control necesario y, de no colaborar (como suele ocurrir frecuentemente para evitar que se descubra algún ilícito) se puede denunciar penalmente a quien oculte información. Incluso, la Auditoría podrá reclamar el acceso a esa documentación ante un juez.

Por otra parte, cuando detecte irregularidades la Auditoría podrá sugerir al gobierno nacional que separe de su cargo a un funcionario hasta tanto finalice la investigación. Por ejemplo, según ese proyecto de ley, iniciativa del diputado nacional por la UCR Miguel Bazze, la Auditoría podría sugerir a la presidenta Cristina Fernández que aparte a Boudou hasta que se esclarezca su situación.

Paralelamente, el diputado del Frente Renovador Adrián Pérez presentó otro proyecto reclamando la creación de una Oficina Anticorrupción Nacional “independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal”.

Es probable que el Frente para la Victoria, que ostenta la mayoría en ambas Cámaras, continúe mirando hacia otro lado en materia de corrupción, sin tratar este tipo de proyectos. Lo cual refleja el espíritu del gobierno nacional hacia una mayor transparencia de sus actos.

La decisión es netamente política y no requiere de una gran ingeniería. Solo un claro compromiso: mas control, menos corrupción.