Por estos días los argentinos son testigos de un “festival” de denuncias de corrupción que involucran en su amplia mayoría de los protagonistas de la Década Ganada, empezando por la ex presidente Cristina Fernández.

Videos de gente contando millones de dólares; retornos de la obra pública que promovió Néstor Kirchner y Cristina Fernández para beneficiar a los que menos tienen pero que terminó siendo un negocio en el que se benefició a dirigentes políticos y empresarios; sociedades offshore cuyo objetivo normalmente es el de evadir impuestos sacando “la plata afuera” para pagar menos gravámenes o bien para hacer negocios en terceros países; bolsos de dinero provenientes del Estado, es decir, de “todos”, que fueron a parar a los bolsillos de unos “pocos”.

¿De qué sirve que se multipliquen las denuncias o que ahora, los jueces federales aceleren las investigaciones si el dinero que nos robaron a todos nunca se va a recuperar? Mas aún, el ciudadano común descree que alguien vaya preso. O, tal como ocurrió con la corrupción menemista, que sólo María Julia Alsogaray pague los platos rotos por los mas de 100 funcionarios que fueron procesados en los ’90, y el ex presidente Carlos Menem vaya a prisión domiciliaria durante un año, en la quinta de un amigo.

¿Alcanza con que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex vicepresidente Amado Boudou vayan presos, y que Cristina Kirchner cumpla una prisión domiciliaria en El Calafate para que los ciudadanos se vayan a dormir tranquilos bajo la premisa “existe la Justicia”? Claramente no.

Combatir la corrupción es prevenir que los funcionarios roben. Porque de lo contrario, hasta termina siendo un “negocio” ir preso unos años, total, al fin de cuentas, al salir de la prisión a esos mismos delincuentes los aguardarán millones de dólares en algún paraíso fiscal.

El gobierno de Mauricio Macri tiene la oportunidad de combatir y reducir drásticamente el saqueo del Estado que todos los gobiernos que lo antecedieron llevaron adelante, en mayor o menor medida. ¿Cómo? Es mucho mas sencillo y menos costoso de lo que se cree, pero requiere de una profunda decisión presidencial: terminar con el “negocio” en el que se ha convertido la política.

La vicepresidenta Gabriela Michetti recibió, días atrás, un proyecto de ley para fortalecer la autonomía de la Auditoria General de la Nación (AGN), a partir de cumplir, básicamente, con la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional. Dicho en otras palabras, desde hace 22 años –cuando se reformó la Carta Magna en 1994- que no se reglamenta la función de la AGN cuyo objetivo es “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos” en representación del Poder Legislativo.

La iniciativa, fue entregada a Michetti por el titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana. De ser llevada al Congreso y aprobada, podría ser el principio del fin de la corrupción en la Argentina. Nada más y nada menos.

“Si la AGN hubiese tenido alguna facultad como las que se enuncian en este proyecto hubiésemos salvado vidas y el erario público no hubiera sido dilapidado. Seguramente (las tragedias de) Cromañón y Once no hubieran existido”, disparó el propio Quintana.

La Auditoria General de la Nación se encarga de controlar al Estado, al gobierno. Con tan solo darle mas recursos humanos, pero sobre todo dotarla de herramientas legales que le permita desde, denunciar con nombre y apellido a un funcionario que no puede comprobar cómo y en qué gasto millones de pesos hasta detener el mal funcionamiento de un servicio público, como el ferrocarril, evitando una tragedia como la de Once.

Lo que hace la AGN, aunque parezca increíble, es algo que no se hace cotidianamente en el Estado: exigir que los funcionarios que manejan nuestro dinero rindan cuentas inmediatamente. Actualmente, el Sistema es una invitación a robar: nadie controla nada y , cuando el delito se destapa (como la ruta del dinero k) tal vez alguien vaya preso pero el dinero se pierde. Ya no vale la pena aclarar cuántas carencias podrían dejar de serlo con tantos millones que desaparecen.

Por eso, el proyecto de ley que ya está en manos del gobierno de Mauricio Macri plantea la posibilidad de la AGN de denunciar y constituirse en querellante; la especificación de procesos transparentes de designación y selección de cargos; el establecimiento de controles concomitantes en los casos de significación económica; institucionalización de la participación ciudadana en el Plan de Acción Anual; la extensión de las funciones de control sobre el sector privado con uso de fondos públicos.

Si la AGN, compuesta por siete directores (de mayoría opositora) y un plantel de técnicos y especialistas en los manejos de la administración pública, contarán con esas herramientas, seguramente el Estado se ahorraría cientos o miles de millones de pesos que van a parar a políticos, empresarios y jueces, recreando un sistema corrupto que incluye a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Es necesario aclarar que además de la AGN, que es el órgano de control mas relevante, existen otros organismos como las Auditorias provinciales, la Fiscalía Nacional de Investigación, la Defensoría del Pueblo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y los Entes Reguladores de los servicios públicos que, si solo se los hiciera funcionar como corresponde, estaría hablando de casos de corrupción aislados y no de un sistema para quedarse con el dinero de todos.

La solución está al alcance de la mano del gobierno nacional, no es costosa en término monetarios ni mucho menos, la puesta en marcha es inmediata y los resultados, a corto plazo. ¿Pagará ese precio Mauricio Macri de terminar con el “negocio” de la política?