La solución para terminar con la corrupción

Por estos días los argentinos son testigos de un “festival” de denuncias de corrupción que involucran en su amplia mayoría de los protagonistas de la Década Ganada, empezando por la ex presidente Cristina Fernández.

Videos de gente contando millones de dólares; retornos de la obra pública que promovió Néstor Kirchner y Cristina Fernández para beneficiar a los que menos tienen pero que terminó siendo un negocio en el que se benefició a dirigentes políticos y empresarios; sociedades offshore cuyo objetivo normalmente es el de evadir impuestos sacando “la plata afuera” para pagar menos gravámenes o bien para hacer negocios en terceros países; bolsos de dinero provenientes del Estado, es decir, de “todos”, que fueron a parar a los bolsillos de unos “pocos”.

¿De qué sirve que se multipliquen las denuncias o que ahora, los jueces federales aceleren las investigaciones si el dinero que nos robaron a todos nunca se va a recuperar? Mas aún, el ciudadano común descree que alguien vaya preso. O, tal como ocurrió con la corrupción menemista, que sólo María Julia Alsogaray pague los platos rotos por los mas de 100 funcionarios que fueron procesados en los ’90, y el ex presidente Carlos Menem vaya a prisión domiciliaria durante un año, en la quinta de un amigo.

¿Alcanza con que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex vicepresidente Amado Boudou vayan presos, y que Cristina Kirchner cumpla una prisión domiciliaria en El Calafate para que los ciudadanos se vayan a dormir tranquilos bajo la premisa “existe la Justicia”? Claramente no.

Combatir la corrupción es prevenir que los funcionarios roben. Porque de lo contrario, hasta termina siendo un “negocio” ir preso unos años, total, al fin de cuentas, al salir de la prisión a esos mismos delincuentes los aguardarán millones de dólares en algún paraíso fiscal.

El gobierno de Mauricio Macri tiene la oportunidad de combatir y reducir drásticamente el saqueo del Estado que todos los gobiernos que lo antecedieron llevaron adelante, en mayor o menor medida. ¿Cómo? Es mucho mas sencillo y menos costoso de lo que se cree, pero requiere de una profunda decisión presidencial: terminar con el “negocio” en el que se ha convertido la política.

La vicepresidenta Gabriela Michetti recibió, días atrás, un proyecto de ley para fortalecer la autonomía de la Auditoria General de la Nación (AGN), a partir de cumplir, básicamente, con la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional. Dicho en otras palabras, desde hace 22 años –cuando se reformó la Carta Magna en 1994- que no se reglamenta la función de la AGN cuyo objetivo es “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos” en representación del Poder Legislativo.

La iniciativa, fue entregada a Michetti por el titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana. De ser llevada al Congreso y aprobada, podría ser el principio del fin de la corrupción en la Argentina. Nada más y nada menos.

“Si la AGN hubiese tenido alguna facultad como las que se enuncian en este proyecto hubiésemos salvado vidas y el erario público no hubiera sido dilapidado. Seguramente (las tragedias de) Cromañón y Once no hubieran existido”, disparó el propio Quintana.

La Auditoria General de la Nación se encarga de controlar al Estado, al gobierno. Con tan solo darle mas recursos humanos, pero sobre todo dotarla de herramientas legales que le permita desde, denunciar con nombre y apellido a un funcionario que no puede comprobar cómo y en qué gasto millones de pesos hasta detener el mal funcionamiento de un servicio público, como el ferrocarril, evitando una tragedia como la de Once.

Lo que hace la AGN, aunque parezca increíble, es algo que no se hace cotidianamente en el Estado: exigir que los funcionarios que manejan nuestro dinero rindan cuentas inmediatamente. Actualmente, el Sistema es una invitación a robar: nadie controla nada y , cuando el delito se destapa (como la ruta del dinero k) tal vez alguien vaya preso pero el dinero se pierde. Ya no vale la pena aclarar cuántas carencias podrían dejar de serlo con tantos millones que desaparecen.

Por eso, el proyecto de ley que ya está en manos del gobierno de Mauricio Macri plantea la posibilidad de la AGN de denunciar y constituirse en querellante; la especificación de procesos transparentes de designación y selección de cargos; el establecimiento de controles concomitantes en los casos de significación económica; institucionalización de la participación ciudadana en el Plan de Acción Anual; la extensión de las funciones de control sobre el sector privado con uso de fondos públicos.

Si la AGN, compuesta por siete directores (de mayoría opositora) y un plantel de técnicos y especialistas en los manejos de la administración pública, contarán con esas herramientas, seguramente el Estado se ahorraría cientos o miles de millones de pesos que van a parar a políticos, empresarios y jueces, recreando un sistema corrupto que incluye a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Es necesario aclarar que además de la AGN, que es el órgano de control mas relevante, existen otros organismos como las Auditorias provinciales, la Fiscalía Nacional de Investigación, la Defensoría del Pueblo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y los Entes Reguladores de los servicios públicos que, si solo se los hiciera funcionar como corresponde, estaría hablando de casos de corrupción aislados y no de un sistema para quedarse con el dinero de todos.

La solución está al alcance de la mano del gobierno nacional, no es costosa en término monetarios ni mucho menos, la puesta en marcha es inmediata y los resultados, a corto plazo. ¿Pagará ese precio Mauricio Macri de terminar con el “negocio” de la política?

Muchas intenciones, pocos resultados

Habían quedado atrás semanas de “rosca política” con un gobierno nacional jugando a convencer de la necesidad de aprobar la ley, con reuniones en simultáneo, a los gobernadores peronistas, los intendentes, el peronismo disidente y los diputados opositores.

Cuando a las 8:35 del miércoles pasado finalmente la Cámara de Diputados votó la “Ley de la normalización de la deuda pública y recuperación del crédito”, después de 19 horas de intenso debate, con unos arrasadores 165 votos a favor y 86 en contra, algo llamó la atención de los presentes y de los periodistas testigos del evento político: No hubo festejo alguno.

En la memoria reciente aparecían festejos de votos considerados claves por los distintos gobiernos, donde por lo general la bancada oficialista se abrazaba, gritaba y saludaba efusivamente al jefe de bloque de turno. Nada de eso ocurrió la semana pasada y, de inmediato, el recinto siguió con el voto en particular de la norma que ahora espera ser tratada en el Senado y convertida en ley, a fin de mes.

“Se acordó que no habría festejos en caso de obtener la aprobación del proyecto, porque no hay nada que festejar”, explicó luego un diputado del oficialista bloque Cambiemos.

Nada que festejar

Mas allá del logro conseguido por el gobierno de Mauricio Macri en Diputados, no hay nada que festejar en sus primeros 100 días de gestión –y en la Casa Rosada así lo pregonan-, porque hay muchas intenciones pero los que gobiernan son los hechos, los resultados.

Unos dirán que: 1) el gobierno de Macri comenzó a desandar “la grieta” entre los argentinos, con “diálogo” y contacto normal con la prensa; 2) que empezó a sincerar la economía y a solucionar los problemas que el kirchnerismo dejó producto de la inoperancia de un ministro de Economía como Axel Kicillof que ahora en la Cámara de Diputados parece tener solución para todo; 3) que desnudó e intenta corregir el alto nivel de gasto público focalizado en el aumento de la planta de empleados públicos así como en los subsidios energéticos abismales; 4) que el macrismo empezó el camino para terminar el aislamiento con el mundo con las visitas de empresarios y mandatarios de Francia, Italia y en los próximos días de Estados Unidos, lo que provocaba que la Argentina no tuviera crédito y si accedía a alguno era a tasas exorbitantes; 5) que la inflación dejó de ser un tema tabú, al igual que el Indec, y el Ejecutivo ahora trabaja para hacerlo creíble; 6) que debió incrementar las tarifas de servicios públicos porque el gobierno anterior directamente las congeló y generó la desinversión que derivó, por ejemplo, en los cortes de luz; 7) que Macri llegó decidido a combatir la corrupción y por eso se están ventilando casos de evasión como el del Cristóbal López o de lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez y a la ex presidenta Cristina Fernández; 8) que el gobierno tuvo que salir a acordar rápidamente con los fondos buitre para “volver al mundo y al crédito” porque el kirchnerismo no quiso, no pudo o no supo, y terminó provocándole al país una importante pérdida de cientos millones de dólares.

Los detractores sostendrán que: 1) en apenas 100 días el gobierno de Macri provocó una importante devaluación que había negado en la campaña y que disparó el dólar a 15 pesos; 2) que benefició con la baja de impuestos a los sectores mas pudientes como el campo o las mineras; 3) que gobernó por decreto y amagó con designar a dos miembros de la Corte Suprema y a una docena de embajadores políticos en “comisión”, de espaldas al Congreso; 4) que provocó la suba descomunal de la carne y de productos de primera necesidad, incrementando aún mas la inflación, a la cual no combate sino que opta por enfriar el consumo; 5) que no tuvo empacho en incrementar sin anestesia las tarifas de luz y ahora irá por el gas y otros servicios; 6) que Macri inició el camino de las “relaciones carnales” que supo tener el menemismo con los Estados Unidos, lo que generó la sorpresiva visita de Barack Obama al país y las versiones sobre la elaboración de un acuerdo de comercio de la región con Washington, como el ALCA, que los gobiernos sudamericanos se ocuparon de enterrar en el 2005 en Mar del Plata porque el único beneficiario era el gobierno norteamericano; 7) que el gobierno está blindado mediáticamente y por eso sólo replican las denuncias contra Cristóbal López o Lázaro Báez pero no así el aumento de los precios o los casos de inseguridad en el aérea metropolitana; 8) que se están multiplicando los despidos no sólo en el Estado sino también en sectores privados como la construcción, las automotrices y los metalúrgicos.

Pero mas allá de las verdades compartidas o en el enfrentamiento político constante, producto de la puja por el poder, lo cierto es que los argentinos tenemos sobrados argumentos para estar inmersos en un estado de “hartazgo” de la política y de los políticos, que no necesariamente se manifiesta detrás de la bronca o de marchas multitudinarias sino, en oportunidades, de la indiferencia.

Tal vez ese haya sido el disparador para que la mayoría votara a Mauricio Macri, no por sus propuestas ni sus promesas, sino porque necesitaba un cambio de estilo.

Sin embargo, lo que reclama la Argentina, después de 33 años de retorno a la democracia intensos y con altibajos que se reflejaron en varias crisis políticas y económicas, es consenso y previsibilidad.

¿Cómo es posible que los 100 principales referentes políticos, económicos, académicos y sociales, oficialistas, opositores, de derecha, de izquierda, independientes, de ong’s no se reúnan para diseñar un programa integral en materia de la Justicia, la Educación, el modelo Económico, la Salud, la infraestructura, la Vivienda y el Medio Ambiente, que comience a ser aplicado en el 2020?

Esos cien referentes tendrían la foto grupal que los presentaría como “los patriotas” que un día forjaron una nueva Argentina y que quedarán en la historia.

En el plano interno, como todo comenzaría en el 2020, no dificultaría sus ambiciones políticas inmediatas. Tendrían mucho lugar para peleas internas, para parecer diferentes, formular promesas que nunca cumplirán, alimentar sus egos, elaborar jugadas de ajedrez político, financiarse con campañas electorales intensas, etc, etc. Pero ese plan integral sería intocable y quedaría plasmado en la Constitución Nacional.

De esa manera, el país dejaría de sufrir lo que sufre, cada vez que hay un cambio de gobierno -y el de Macri, es el sexto-, es decir, borrar lo que se hizo antes, estigmatizándolo y sin importar lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que cada Presidente se sienta el refundador de la patria, haciendo lo que mejor le parezca. ¿O el peronismo no tuvo suficiente con dos presidentes que levantaron las banderas de Perón y Evita y llevaron adelante dos gestiones de gobierno totalmente antagónicas, como Carlos Menem y Néstor Kirchner?¿O si se quiere, los diferentes gobiernos de Raúl Alfonsin y Fernando de la Rúa?

Que lindo suena la definición de “políticas de Estado” y que sencillo sería llevarlas adelante si hubiera una clase política a la altura de las circunstancias: “normas generales avaladas por el más alto nivel de conducción política del Estado y respaldadas por un amplio consenso social o político, para que un determinado sector o actividad pueda alcanzar sus objetivos con un horizonte de cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. Se fundamenta en los intereses superiores de la Nación y no en la coyuntura ni en metas de corto plazo”.

El costo de la corrupción en Argentina

El dinero que los corruptos robaron de los argentinos es inconmensurable. Hace un tiempo, un trabajo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimó que entre 1980-2007, el país perdió unos 13 mil millones de dólares. El trabajo en aquél entonces se realizó en base a unas 750 causas de corrupción en el Estado.

Si hasta el 2007 eran por lo menos 13 mil millones de dólares, ¿cuánto habrá aumentado si se suman los últimos ocho años en los que emergieron figuras paradigmáticas como la de Amado Boudou? ¿15 mil millones, 20 mil, más?

Al parecer, sensaciones nada más, nada cambiará en el corto y mediano plazo. Al menos, ninguno de los candidatos con chance de llegar a la Casa Rosada –Daniel Scioli (FPV), Mauricio Macri (Cambiemos) o Sergio Massa (UNA)- han establecido a la lucha contra la corrupción como una prioridad.

Ni siquiera se espera que los políticos se rasguen las vestiduras por la ética, la moral y el cumplimiento del séptimo mandamiento,  “no robarás”. Seguramente la sociedad querría esperar que el próximo Presidente de la Nación, a diferencia de sus antecesores en los últimos 30 años, al menos encarara el problema desde un punto de vista meramente económico.

¿Saben los políticos cuántas cosas podrían hacer por el bien del conjunto si evitan la corrupción? Quizás, hasta podrían quintuplicarse los sueldos y aún así, ahorrarle muchísimo dinero a los argentinos.

Sergio Massa propone que el delito por corrupción sea “imprescriptible”. El problema es que ningún candidato propone prevenir el acto de corrupción sino, los mas “audaces”, sólo perseguirlo una vez el hecho consumado.

¿Es una tarea utópica reducir drásticamente la corrupción?¿Es un problema cultural y, por ende, imposible de resolver? De ninguna manera.

El problema reside en que a los políticos, al menos los que mas posibilidades de gobernar tienen, no les interesa el tema. Tampoco a la sociedad. Distintos especialistas y consultores coinciden que los argentinos se quejan de la corrupción pero no es una variable determinante en el momento de emitir el sufragio por uno u otro candidato.

Si un candidato presidencial quisiera seriamente combatir la corrupción, empezando por el Estado que va a conducir, debería empoderar a los organismos de control. Darles mayor autonomía política, financiera y leyes para poder intervenir ante cualquier sospecha.

¿Cuánto cuesta eso? Darle mas protagonismo a esos organismos, muy poco. Mas costoso es dejar que el sistema ampare a los corruptos porque son muchos mas los miles de millones que se pierden.

Los organismos de control, como su término lo especifica, controlan al Estado. Controlan y exigen que los funcionarios rindan cuentas sobre cómo, cuándo y para qué gastan el dinero que, en verdad, es de todos. Cuánto mas control hay, menos corrupción. Es una relación directamente proporcional.

Para ello es necesario que esos organismos de control, comenzando por la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Sindicatura General de la Nación, entre otros, cumplan con cuatro factores: 1) estén conducidos por especialistas desvinculados del partido gobernante u opositores; 2) que sean autárquicos; 3) que tengan los recursos humanos suficientes; 4) que cuenten con una legislación que les permita sancionar o llevar a juicio rápido a un funcionario corrupto, o bien detener un proceso o el funcionamiento de un área que puede ser perjudicial para los intereses del Estado.

Ese paquete de medidas conlleva un costo ínfimo para cualquier gestión. Debe estar acompañado por la aprobación de la postergada Ley de Acceso a la Información para que, como en Brasil, cualquier persona pueda ingresar en Internet el nombre y apellido de un agente del Estado, e inmediatamente vea cuál es su sueldo, en qué área trabaja, además de acceder a las declaraciones juradas de cualquier diputado o senador nacional, juez o funcionario del gobierno nacional desde el Presidente al último empleado.

Ahora bien, si es tan sencillo, ¿por qué nadie lo propone o lo pone en práctica de una buena vez? Porque a muy pocos políticos les interesa romper con el esquema de “roba pero hace”, y entonces poder hacerse del dinero del Estado como si se tratara de un botín al que se accede cuando se llega al gobierno nacional o a una administración provincial o municipal.

Debe quedar en claro que si en la actualidad, tampoco la sociedad reacciona ante hechos de corrupción sino que, por el contrario, acepta y a veces “festeja” la “viveza criolla” del que “metió la mano en la lata”, es como consecuencia de un delito que comenzó siendo practicado por las clases dirigenciales a nivel político y empresarial, que luego sí provocaron el “efecto derrame” hacia el resto de la comunidad.

Por ende, esos mismos que iniciaron este proceso de involución en los valores de una sociedad más digna, son los que en algún momento deberían arrojar la primera piedra y desandar ese camino de corrupción que tanto dinero y perjuicios le han costado a los argentinos.

Los ciudadanos, indefensos

¿Qué tan necesario es que los ciudadanos tengan una persona, un funcionario que defienda sus derechos?

Alguien que desde el Estado –no del gobierno de turno- defienda y proteja los derechos que todos los ciudadanos tienen y que están garantizados en la Constitución Nacional pero, como nadie los respeta, se encargue de hacerlos respetar.

Una persona que pueda y tenga las herramientas para investigar, inspeccionar, verificar, solicitar expedientes, informes, antecedentes y hasta requerir la intervención de la Justicia para defender a los habitantes de este país. Que pueda prevenir un problema que afecte a alguien o exigir la reparación monetaria o de hecho, ante la violación de alguno de los derechos.

Un funcionario a quien cualquier persona, mas allá de clase social, raza o edad, pueda contactar y presentarle su problema a través de una simple nota escrita con los datos correspondientes. Y asesore al damnificado y lo represente.

Un miembro del Estado que, en nombre de los ciudadanos, reclame por la erradicación de un basural; el mal estado de una ruta o de un hospital; por la desaparición de una persona o directamente contra la trata de personas, la violencia de género; o bien hacer valer los derechos de los jubilados, las comunidades indígenas o los discapacitados.

Un órgano que pueda exigir a una provincia que cumpla con la Ley de Glaciares o que pare el desmonte; la asistencia a las víctimas de la Tragedia de Once; que retrotraiga las tarifas de luz de miles de damnificados a la Secretaria de Energía; la prohibición de un agroquímico porque es cancerígeno; el abastecimiento de la garrafa social o por la falta de cumplimiento de una obra social.

Esa persona, ese alguien, ese organismo existe desde hace 20 años en la Argentina. Se llama Defensor del Pueblo de la Nación.

Sin embargo, llamativamente, a ningún gobierno le interesó difundir su figura, sus tareas, ni popularizar su rol. Mas aún, desde abril de 2009, es decir, hace mas de 4 años, no hay Defensor del Pueblo. El último fue el cordobés Eduardo Mondino, que dejó el cargo para dedicarse a la política.

El organismo está acéfalo y solo ha sobrevivido por el accionar de los denominados “adjuntos”, los funcionarios que le siguen en rango al Defensor pero que tienen un poder de maniobra acotado.

¿Por qué no se designa un Defensor del Pueblo de la Nación entonces?

Como en todo organismo de control que defiende los intereses de la gente en contra de los intereses de un gobierno, un Defensor molesta.

La designación la hace el Congreso Nacional y para ello requiere de una mayoría especial, de dos tercios. El perfil del defensor debe ser alguien idóneo para el cargo, que no esté identificado con ningún partido ni actor político, mucho menos con un gobierno ya sea a favor o en contra.

El kirchnerismo ha intentado en varias oportunidades designar para el cargo a alguien afín. Es decir, designar a alguien que no reclame nada que moleste al gobierno nacional. Por ese motivo, nunca hubo consenso en el Congreso. Mientras, los únicos perjudicados, como suele suceder, son las personas.

No existen las casualidades. Al kirchnerismo no le interesa designar a alguien probo, sin ningún tipo de cuestionamientos para poder defender los derechos de las personas.

Pruebas, sobran. Este gobierno miró para otro lado en otro organismo clave para investigar, justamente, casos de corrupción en el Estado como la Fiscalía Nacional de Investigaciones. Está acéfala desde el 2009. La Sindicatura General de la Nación, que debe controlar que el Estado cumpla con las normas está a cargo de Daniel Reposo, un funcionario que fue nominado para la Procuraduría General de la Nación, pero cuyo pliego fue rechazado por parcialidad, o sea, por declararse kirchnerista. ¿Cómo u kirchnerista puede controlar al gobierno kirchnerista desde la SIGEN? La Oficina Anticorrupción (su nombre lo dice todo), es un área dependiente del gobierno. Otra vez. ¿Cómo puede controlar un área que depende política y económicamente del gobierno, al gobierno? Prueba de ello es que, pudiendo ser querellante, ni siquiera ha contribuido en los grandes casos de corrupción de la actualidad como los que involucran al vicepresidente Amado Boudou.

Las casualidades no existen. Por eso, con suerte, habrá que esperar a la llegada del próximo gobierno para conocer el rostro del Defensor del Pueblo de la Nación. Nada más y nada menos.

El consumidor, una molestia para el gobierno

La presidente Cristina Fernández ensayó mostrarse activa y pro defensa de los consumidores al anunciar en los últimos días el envío al Congreso nacional de tres proyectos de ley con el objetivo de conseguir, dijo, “el empoderamiento del consumidor”.

En realidad, lo que hizo la Presidenta fue “pasarle la pelota” a la Justicia, mientras el gobierno, el Estado, sigue considerando al consumidor una molestia.

Desde que en 1994 se reformó la Constitución Nacional y, en su artículo 42 se hizo hincapié en la necesidad de defender al consumidor, ningún gobierno –el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Néstor Kirchner- hizo algo concreto para cumplir con esa idea.

¿Qué dice ese artículo 42 sobre los derechos de los consumidores? Que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

La Presidente volvió a plantear un problema, como el de la falta de amparo de los consumidores, como una cuestión ajena al Estado y al Poder Ejecutivo, como un problema entre los empresarios y los usuarios.

Por eso, en uno de los proyectos enviados al Congreso, el gobierno nacional propone crear una instancia de conciliación obligatoria entre empresas y usuarios, una autoridad administrativa con capacidad para otorgar indemnizaciones y un nuevo fuero judicial: la Justicia del Consumidor. Hasta ahí, bienvenido sea, después de 11 años de gestión.

¿Y el Estado? La Presidente sólo dio mayor poder a la Secretaría de Comercio, ya no para encarcelar a nadie sino para aumentar las multas.

Si, como dijo la jefa de Estado, los consumidores son los principales actores del siglo XXI, ¿por qué hizo aprobar en el Congreso Nacional la Ley de responsabilidad del Estado, que en uno de sus artículos le otorga toda la responsabilidad a los concesionarios de Servicios Públicos y ya ninguna al Estado?

En su discurso, Cristina Fernández destacó, a modo de revelación de una estadística que desconocía, que la telefonía celular encabeza el principal rubro de denuncia, con 60 millones de aparatos en manos de 40 millones de argentinos. ¿Sabrá la Presidenta que la telefonía celular no es un servicio público porque el oficialismo se niega a aprobar los proyectos que hay en ese sentido? ¿Y que si fuera un servicio público, al menos habría una organismo que controlara específicamente ese servicio y no como ahora, donde hay tres personas que se dedican a controlar toda la telefonía móvil? Tres personas, según informes de la Auditoría General de la Nación.

¿Por qué no envía un proyecto para sancionar o enjuiciar a aquéllos integrantes de los Entes Reguladores que no hacen absolutamente nada por defender a los usuarios de las prácticas fraudulentas que padecen en servicios como los teléfonos y celulares, el transporte de pasajeros, Internet, la medicina prepaga, la televisión por cable, la energía eléctrica, los medicamentos, etc, etc.

Si a alguien se le ocurriera hacer una mega encuesta consultando a los ciudadanos qué es un Ente regulador y cuántas veces ha denunciado o han defendido sus derechos como consumidor desde un Ente Regulador, seguramente una amplia mayoría no sabría qué responder.

Aunque usted no lo crea, los Entes Reguladores son los órganos que monitorean el cumplimiento de los contratos de concesión de los servicios públicos. Nada menos. Y además, deberían viabilizar quejas y reclamos por parte de los consumidores.

Si tienen un problema con los teléfonos fijos (no los celulares, porque el oficialismo no lo considera un servicio público) vuestro defensor es la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC); si el asunto son los cortes de electricidad que echaron a perder los alimentos de la heladera, se encarga el Ente Nacional de la Regulación de la Energía (ENRE); si se trata de algún problemita con los transportes, los colectivos, los trenes, allí se hace cargo de todo Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La realidad es que nadie los conoce, no hacen nada para que los usuarios los conozcan y en su mayoría, son funcionarios designados por el gobierno de turno. Y como si fuera poco, cobran por su no trabajo. ¿Cuál será su sueldo?

La iniciativa del Gobierno nacional, además de ser tardía porque resulta 11 años después del inicio de la gestión kirchnerista y 20 años después de su aprobación en la reforma constitucional de 1994, es probable que ni siquiera sea puesta en marcha durante el mandato de Cristina Fernández.

La creación de una Justicia del consumidor, así como un sistema de conciliación, implica designaciones y nombramientos de funcionarios judiciales, así como la disposición de estructura y empleados. Actualmente, son muchos los juzgados y fiscalías vacantes en distintos fueros, mientras el Poder Judicial se caracteriza por contar con un sistema y tecnologías arcaico, con despachos y oficinas abarrotadas de expedientes y con escaso personal.

Por eso, la década ganada para algunos, no tendrá entre sus ganadores a los consumidores que han sido testigos del desguace del Estado en los 90 y luego de un Estado omnipotente que puso su pie sobre la cabeza de los consumidores o bien, cuando el pie era de las empresas concesionarias de los servicios públicos, miró para otro lado.

China combate la corrupción, el Gobierno sostiene a Boudou

Una larga lista de diferencias económicas, culturales, políticas, demográficas, históricas y filosóficas separa a la República Popular China de la Argentina.

Durante la reciente visita de Estado del mandatario chino, Xi Jinping, para anunciar algo mas de 8 mil millones de dólares en inversiones para dos represas en la provincia de Santa Cruz y el mejoramiento del servicio del ferrocarril Belgrano Cargas, pasó desapercibida una de las diferencias principales: qué hacer con la corrupción.

La foto del líder asiático con la presidente Cristina Fernández reflejó a un mandatario que tomó la decisión de combatirla -empezando por casa, el gobernante Partido Comunista Chino (PCCh), y por el Estado- y a una jefa de Estado que mira hacia otro lado.

Mas cruda fue la foto de Xi Jinping con el vicepresidente Amado Boudou. El Presidente del gigante asiático, que dos meses antes de asumir en el poder, en enero de 2013, llamó a luchar contra la corrupción “tanto de tigres como de moscas” y afirmó que “no habrá excepciones”, y un vicepresidente argentino, procesado por la causa Ciccone, sobre quien desde ya rige el principio de inocencia, pero que tiene abierta ocho causas más -esta semana debe declarar en una ante el juez Claudio Bonadío y pronto deberá rendir cuentas por denuncias de enriquecimiento ilícito.

Xi Jinping es considerado en China el presidente que sacudió las estructuras del Partido y del gobierno para erradicar la corrupción, aferrándose al proverbio chino: “Matar la gallina para asustar a los monos”.

El 3 de julio pasado, el gobierno chino informó que unos 63 mil funcionarios habían sido penados, en los primeros cinco meses del año, un 34,7% más que el mismo período de 2013. Wang Qishan, un funcionario cercano a Xi Jinping, se ha convertido en el hombre “temido” por encabezar el Comité de Control Disciplinario del Partido Comunista que, junto con la Agencia Tributaria, persigue a los corruptos.

Así, se multiplicaron las detenciones, juicios y condenas. Bo Xilai, poderoso ex secretario del partido y ex miembro del Politburó, fue destituido de sus cargos. Si bien la detención fue previa a la llegada de Xi Jinping, este utilizó el caso como ejemplo para el resto y Bo Xilai fue condenado a cadena perpetua por sobornos, corrupción y abuso de poder, al igual que su esposa.

Liu Zhijun, ministro de Ferrocarriles durante la presidencia de Hu Jintao -predecesor de Xi Jinping- fue sentenciado a muerte con dos años de suspensión de sentencia a principios de julio por aceptar sobornos; Jiang Jiemin, responsable de la comisión que supervisa a las empresas estatales, fue destituido en septiembre en el marco de una amplia investigación en China National Petroleum Corporation (CNPC); Li Chuncheng, número dos del PC en la provincia de Sichuan, fue destituido en diciembre de 2012 y está bajo escrutinio. También purgó por corrupción al general retirado Xu Caihou, número dos de la jerarquía militar china hasta 2012; a Li Dongsheng, viceministro de Seguridad Pública; y a Wang Yongchun, quien fue ejecutivo de la mayor petrolera estatal, CNPC.

Pero no sólo Xi Jinping inició una cruzada contra la corrupción en la dirigencia política y en el Estado sino que, realmente apuntó contra algunas “corporaciones”. El caso mas resonante es el de la compañía británico GlaxoSmithKline, acusada por la policía china de sobornar a médicos a través de agencias de viaje para promover las ventas de sus medicamentos, por lo que fueron detenidos cuatro de sus directivos. Por otra parte, la televisión estatal china acusó a la francesa Danone de pagar dinero a empleados de hospitales para que dieran su leche maternizada a los recién nacidos. En tanto la prensa china denunció casos de corrupción vinculados a las farmaceúticas Eli Lilly, Novartis y Sanofi.

El caso paradigmático de la nueva ola anticorrupción china es el de magnate de la minería Liu Han, que llegó a aparecer en la lista de la revista Forbes de los empresarios más ricos del mundo. En mayo, un tribunal de Hubei condenó a Liu Han y a su hermano Liu Wei a la pena de muerte por abuso de poder y corrupción.

La Fiscalía Suprema Popular de China registró entre enero y noviembre de 2013 unos 21.800 casos graves de corrupción, según un informe redactado en el marco de la nueva y endurecida estrategia de las autoridades chinas contra los delitos cometidos por sus políticos. A lo largo del año pasado, la Judicatura nacional investigó a 36.900 oficiales sospechosos de corrupción, de los cuales 16.500 originaron algún tipo de pérdida monetaria para los ciudadanos. Según las conclusiones del informe, la suma total del dinero involucrado en estos casos de corrupción alcanzó los 910 millones de dólares.

Impulsar “sin tregua” la creación de un “gobierno limpio” y librar la “guerra anticorrupción”, ¿no son frases que a cualquier argentino le gustaría escuchar y estaría mas que satisfecho si un gobernante las aplicara?

Está claro que sobre China pesan graves denuncias por violación a los derechos humanos, que el órgano que investiga los hechos de corrupción llegó a emplear la tortura en sus procedimientos y que los argentinos rechazan abiertamente la pena capital como sanción. Pero lo que sí es rescatable es la actitud de un gobernante como Xi Jinping -mas allá de si su accionar responde a un interés político/personal de cambiar la imagen de la República Popular China o porque lleva en sus valores el de la honestidad- de combatir la corrupción de una vez por todas.

¿Quién será el Xi Jinping en la Argentina a partir del 2015?

Rendir cuentas es una obligación

El Estado en la Argentina ha dejado hace mucho tiempo de ser, como lo definió Hegel, “la conciencia de un pueblo”, para convertirse en un botín del que se apoderan los gobiernos de turno para alimentar la cultura del despilfarro y el manejo turbio de sus recursos.

El manejo de los recursos en el Estado es de tal oscurantismo que los ciudadanos, que cumplen con la ley y abonan religiosamente sus impuestos, no tienen posibilidad alguna de saber cómo y en qué gastan los funcionarios el dinero de todos.

“Cajas chicas” asignadas a organismos del Poder Ejecutivo sobre las que no se exige rendición o presentación de comprobantes; viáticos exagerados por almuerzos o viajes, muchas veces innecesarios o ficticios; recursos básicos como papel, tinta de impresora, accesorios de librería, etc, malgastados; llamadas telefónicas particulares desde las líneas de las oficinas estatales;  incumplimiento de horario; planta de empleados sobredimensionada o sin capacitación alguna.

La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para la gobernabilidad de los países, es decir, para la capacidad de los gobiernos de usar eficazmente los recursos públicos. A través de ella, los funcionarios están obligados a informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones.

En la vida cotidiana, todos debemos rendir cuentas: los ciudadanos ante la AFIP y los gobernantes y funcionarios ante el pueblo porque, en definitiva, son empleados a los que les paga el pueblo.

Sin embargo, poco se sabe de los hombres de Estado.

En Brasil, cualquier ciudadano puede ingresar al Portal de Transparencia de la Contraloría General de la Unión (CGU) y acceder a los datos de cualquier empleado estatal de rango bajo, medio o alto. Así, puede saber qué cargo ocupa y en qué organismo; la fecha y forma en que ingresó; y cuál es su sueldo. En la Argentina, resulta de por sí bastante complejo acceder a la declaración patrimonial del Presidente o de algunos ministro del gabinete nacional.

¿Por qué? Quizás la respuesta puede deducirse en que no hay herramienta mas eficaz para cotejar si un funcionario “metió la mano en la lata” que analizar, año tras año, su estado patrimonial.

Pero la corrupción ha ido evolucionando en el tiempo y los corruptos fueron dejando de tener bienes a su nombres para poner sus bienes a nombre de cónyuges, familiares y/o amigos, creando a veces sociedades con “conocidos”, pero cuyo principal ingreso provenía del primer eslabón: el funcionario.

De hecho, suena extraño que el gobierno de Cristina Fernández haya modificado la ley de Etica Pública y ya no sea obligación del funcionario presentar la declaración jurada con los bienes e ingresos de los/as cónyuges o convivientes e hijos/as menores de edad. Si el corrupto pone sus bienes a nombre de un allegado, no se sabrá, al menos que haya una denuncia judicial que avance, como ocurre en el caso del vicepresidente Amado Boudou.

Actualmente, sólo puede accederse por Internet a declaraciones juradas correspondientes al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con un informe de Mayo de este año de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  en lo que respecta al Poder Legislativo, se encuentran publicadas las declaraciones juradas de sólo 99 Diputados sobre un total de 257 (38,52%), y de 7 Senadores sobre un total de 72 (9,72%).

En el caso de los candidatos a cargos legislativos nacionales durante las últimas elecciones, el grado de cumplimiento de la norma fue prácticamente nulo en relación al universo de obligados.

Respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién a fines de abril de este año reglamentó la ley de declaraciones juradas patrimoniales e integrales y, a raíz de eso, aún no se tienen acceso a las declaraciones juradas de los Ministros del Alto Tribunal. En cuanto al Consejo de la Magistratura aun no emitió su propia reglamentación y por tanto tampoco se encuentran disponibles las declaraciones de los jueces nacionales, federales y provinciales.

En un país como la Argentina, en el que según estimaciones privadas la corrupción y la criminalidad económica se ha llevado unos 13 mil millones de dólares que aún no han sido recuperados por el Estado; con investigaciones judiciales con un promedio de 14 años de demora y que en su mayoría prescriben y/o quedan impunes, si el gobierno de turno no da respuesta claras a un problema mas que evidente, resulta sospechoso.

El debilitamiento de los organismos de control

El Estado argentino es una invitación a la corrupción.

En momentos en que este delito vuelve a estar en boca de todos de la mano de la resonante causa Ciccone y con un histórico procesamiento de un Vicepresidente de la Nación, en este caso Amado Boudou, es inmejorable la oportunidad para analizar los motivos de la corrupción.

No es algo meramente cultural. Los argentinos no eligen gobernantes y funcionarios corruptos, no es mala suerte, ni se trata de hechos aislados: el problema es la falta de control.

La fórmula es muy sencilla: más control = más transparencia = menos corrupción.

El corrupto puede “meter la mano en la lata” del Estado cuando no hay barreras que le impidan hacerlos. Cuando cumple su cometido, o bien la Justicia no actúa o cuando actúa es tarde y, en el peor de los casos, hasta puede ir unos años presos pero los millones que se robó nunca regresan a sus verdaderos dueños: la gente. ¿Un funcionario público, al asumir, no debería poner como “garantía” de sus actos los bienes patrimoniales a su nombre y los de su familia? Sería ético y si comete algún acto de corrupción, responderá con su bolsillo.

Pero es el Estado, el gobierno, el que tiene en sus manos la posibilidad de ser transparente o continuar con la oscuridad de la corrupción, lejos de la ciudadanía.

En Chile, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, los organismos de control ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de hacer denuncias a través de Internet y proponer que se controle a tal o cual entidad pública.

En Costa Rica, los organismos de control tienen una aplicación para telefonía móvil que permite a los ciudadanos hacer denuncias de corrupción a través del celular e incluso acceder a la página “Conozca en qué se gasta su dinero” donde el gobierno rinde cuentas del manejo de los fondos.

En Bolivia, Evo Morales creó en 2009 el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción que apunta a la participación de la sociedad en la denuncia de ilícitos. ¿Por qué? Porque la corrupción es un delito que beneficia a muy pocos y siempre es la mayoría la que pierde mucha plata.

En Estados unidos, Barack Obama lanzó en octubre de 2013 la segunda etapa del Plan Nacional de Gobierno Abierto que inició en 2011. Mas transparencia y mas participación ciudadana a través de la opción online “Nosotros, la gente”, donde se promueven las denuncias y reclamos de la gente a los distintos organismos públicos y establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de rendición de cuentas del gobierno norteamericano.

¿Y en Argentina?

Pese a los permanentes reclamos desde organizaciones no gubernamentales y algunos dirigentes de la oposición, la Argentina aún no tiene una Ley Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué es importante? Porque es la posibilidad que tienen todas las personas de saber cómo, cuando y en qué gasta el gobierno el dinero de todos los argentinos.¿Por qué el gobierno no impulsa o acepta tratar los proyectos de ley de Acceso a la Información? Porque no quiere rendir cuentas.

Por otra parte, en el país existe un grupo de organismos de control -la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación (AGN)- que se ocupan de controlar al Estado, al gobierno nacional. Ahora bien, si alguien quiere manejar el dinero público antojadizamente, ¿qué debe hacer? No permitir que los organismos de control hagan su trabajo.

De eso se trata. Hace cinco años -desde 2009- que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no tiene titular desde que Manuel Garrido dejó su cargo tras denunciar que querían recortar sus funciones e iniciar varias investigaciones por corrupción contra el gobierno K ; la SIGEN está a cargo de Daniel Reposo, un manifiesto ultra kirchnerista cuya designación para ocupar la Procuración General de la Nación fue rechazada por el Congreso Nacional por su parcialidad; la Oficina Anticorrupción es un organismo que forma parte del gobierno nacional, con funcionarios nombrados por la Casa Rosada ¿Quién va a investigarse y denunciarse a sí mismo?; y la Auditoría General de la Nación es el único organismo que funciona, como puede, ya que está integrada por mayoría oficialista.

A modo de ejemplo, la Auditoría General de la Nación fue el organismo que advirtió el pésimo estado de los ferrocarriles en el 2011. Nadie del gobierno respetó sus advertencias y después fue demasiado tarde: ocurrió la tragedia de Once en febrero de 2012, con 51 muertes.

Esta semana, desde el Frente Amplio Unen (FAU) presentarán un proyecto para fortalecer a la AGN como organismo de control. En primer lugar, propondrán que ese organismo esté en manos de la oposición de turno y que el partido de gobierno sea minoría. Al revés de lo que pasa hoy.

Pero lo mas trascendente es que el proyecto busca otorgarle más poder a ese organismo. Por un lado, exigirá que los funcionarios colaboren y entreguen a la AGN toda la documentación que requiera para ejercer el control necesario y, de no colaborar (como suele ocurrir frecuentemente para evitar que se descubra algún ilícito) se puede denunciar penalmente a quien oculte información. Incluso, la Auditoría podrá reclamar el acceso a esa documentación ante un juez.

Por otra parte, cuando detecte irregularidades la Auditoría podrá sugerir al gobierno nacional que separe de su cargo a un funcionario hasta tanto finalice la investigación. Por ejemplo, según ese proyecto de ley, iniciativa del diputado nacional por la UCR Miguel Bazze, la Auditoría podría sugerir a la presidenta Cristina Fernández que aparte a Boudou hasta que se esclarezca su situación.

Paralelamente, el diputado del Frente Renovador Adrián Pérez presentó otro proyecto reclamando la creación de una Oficina Anticorrupción Nacional “independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal”.

Es probable que el Frente para la Victoria, que ostenta la mayoría en ambas Cámaras, continúe mirando hacia otro lado en materia de corrupción, sin tratar este tipo de proyectos. Lo cual refleja el espíritu del gobierno nacional hacia una mayor transparencia de sus actos.

La decisión es netamente política y no requiere de una gran ingeniería. Solo un claro compromiso: mas control, menos corrupción.

El celular es cuatro veces más caro para los pobres

-Cargue 20 pesos -le pide la mujer al kiosquero y, acto seguido, le dicta el código de su celular-. Ahora sí, puede hacer la llamada que necesita.

Esta situación, que también puede darse a través de las terminales para cargar dinero a cambio de minutos de llamada, se repite miles de veces por día.

Ocurre que en la Argentina funcionan unos 60 millones de celulares y el 70 por ciento cae en la trampa de tener un servicio prepago, es decir, cargar esos 20 pesos en una tarjeta de telefonía móvil, creyendo que de esa manera gasta menos que si contratara un abono fijo por mes. Nada mas lejos de la realidad.

El sistema prepago –usando la tarjetita- en teoría fue creado para que las personas de mas bajos recursos o aquéllas que quieren pagar lo menos posible por el uso del celular, accedan al servicio. Un sistema nacional y popular, para todos y todas. Pero nada de eso ocurre.

En principio, el costo del minuto en un sistema prepago es mucho mas costoso que con un abono fijo. Realmente mucho mas caro.

De acuerdo con un informe del World Economic Forum (WEF) del 2014, un organismo mundial que evalúa y califica la industria de telefonía celular de 148 países, la Argentina está entre los países mas caros –en el ranking se ubica en el puesto 141- en el costo de los pulsos. Según el informe, el costro promedio por minuto aquí es de 0,77 dólares mientras que en Dinamarca es 0,06 dólares.

Pero vamos al ejemplo directo. Si tomamos las empresas Movistar y Claro, según lo que figura en sus páginas de Internet, si uno adquiere un abono fijo, que paga por mes, el valor del minuto es de unos 80 centavos. Ahora, para aquellos que elijan la tarjeta prepaga, el valor del minuto se dispara a 3,30 pesos. Si la empresa es Personal, el minuto con tarjeta cuesta 3,60 pesos.

Bajo la engañosa promoción de “controlá tus gastos con libertad”, pocos saben que quienes usan tarjetas prepagas pagan el minuto de llamada cuatro veces mas que los que tienen abono mensual.

Detrás del atropello que protagonizan las empresas de telefonía móvil, que obviamente se ponen de acuerdo a la hora el piso de las tarifas, el Estado o el gobierno nacional es quien permite esta estafa, nacional y popular: que los que menos tienen paguen más.

¿Dónde está el problema? Desde hace tiempo, distintos miembros de la oposición y ONGs como Consumidores Libres o la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) luchan porque la telefonía móvil sea declarada un servicio público. El gobierno y los legisladores oficialistas se niegan. No se entiende cómo la telefonía fija es un servicio público y cuenta con apenas 8.600.000 abonados, mientras que la telefonía móvil no es considerado un servicio público y tiene 60 millones de los celulares.

¿De qué sirve que la telefonía móvil se convierta en un servicio público?

“Al ser un servicio público, tiene que llegar a la totalidad de la población y el Estado tiene el derecho a fijar las tarifas y regular la actividad”, explica Héctor Polino de Consumidores Libres. “En cambio ahora las empresas modifican las tarifas cuando quieren con la única exigencia de publicar un aviso con 60 días de anticipación indicando un cuadro tarifario en algún diario, que nadie lee”, dice.

Si la telefonía celular se declarara servicio público, las empresas no podrían aumentar las tarifas de manera antojadiza porque estarían obligadas a 1) Pedir autorización a la Secretaría de Comunicaciones 2) La Secretaría tiene el deber llamar a una audiencia pública de la que puede participar cualquier ONG y la prensa 3) Y sólo si convencen a la Secretaría, que depende del gobierno nacional, recién allí puede autorizar la suba. Pero el funcionario nacional y el gobierno quedan comprometidos en el aumento.

La Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo madre de control del Estado, realizó una investigación durante tres años -2008, 2009 y 2010- acerca de la facturación de la telefonía móvil y el sistema prepago.

¿Qué concluyó? En primer lugar, confirmó que las empresas telefónicas suben las tarifas cuánto y cómo se les antoja. “Los operadores no están sujetos a restricciones tarifarias, por lo que los precios finales no están regulados”, afirma la AGN.

Recordó que “la modalidad de recarga prepaga se implementó -entre otros supuestos-, para permitir el acceso a la telefonía celular móvil de sectores de la población de menores recursos, y también llegó a captar a aquellos usuarios que no desean un abono fijo mensual con costos administrativos”.

Y finalmente descubrió el engaño al afirmar que en “la modalidad prepaga el valor del minuto contratado resulta más oneroso que en las restantes propuestas de pago de servicios de telefonía móvil existentes en el mercado”.

Mas aún, responsabilizó a las empresas porque “cuentan con información que no ofrecen en forma simple a los consumidores, lo que deriva en un perjuicio económico a los usuarios que recurren a este sistema para poder hacer uso de la telefonía móvil”. En otras palabras, las telefónicas ocultan información para que la gente no sepa que el minuto sale cuatro veces mas.

La frutilla del postre. Quién debe “controlar” o, en otras palabras, defender a los usuarios ante las empresas de telefonía móvil es la Comunicación Nacional de Comunicaciones (CNC), cuyo titular es un interventor, el ingeniero Ceferino Namuncurá. Funciona en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido.

¿Adivinen cuantas personas tiene la CNC para controlar a las empresas de telefonía móvil? Tres. Al margen de ese número irrisorio, no se molesten en llamar para hacer sus denuncias. La CNC dictamina en base a la explicación que le dan las empresas.