A Macri le falta el relato

El cuento pareció cerrar y alcanzó una lógica, un sentido y hasta una épica. “Nosotros venimos a defender a los pobres y los humildes; a la producción nacional frente al imperialismo estadounidense; promovemos la independencia económica de la Argentina, vivir con lo nuestro; exigimos a los empresarios que compartan sus inmensas ganancias y que no aumenten los precios que generan la inflación que padecen los más necesitados. Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores enfrentando a las corporaciones; es hora de decidir quiénes están con nosotros y quiénes están en contra del pueblo”.

Un relato que separó a los buenos de los malos, que justificó cualquier medida que se adoptara, supuestamente para defender a los más pobres, y cuando alguien cuestionó o criticó alguna medida u accionar, fue etiquetado como del bando contrario, enemigo del pueblo.

No está en discusión si el kirchnerismo era mejor que el macrismo, ni mucho menos. De hecho, gran parte de los males que hoy padece la Argentina se deben a la ineptitud de Cristina Fernández, quien claramente, además de jugar a perder las elecciones en 2015, resultó ser más que ineficiente, tras la muerte de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

Durante 12 años el kirchnerismo repitió sistemáticamente ese relato. No comunicó a través de los grandes medios de comunicación, porque sabía que ese mensaje iba a ser filtrado y no quería filtros: cadenas nacionales, actos, comunicación directa entre el líder y la gente. Y en el medio, funcionarios, legisladores y blogueros que repetían los mismos conceptos. Continuar leyendo

El difícil equilibrio de Massa

“La ancha avenida del medio” que supo profesar Sergio Massa como candidato presidencial durante la campaña electoral del 2015, parece haberse convertido, al menos por algunos momentos, en una “estrecha calle del medio”. No porque haya disminuido la cantidad de sus seguidores sino por lo difícil que le resulta en ocasiones al actual diputado nacional, mantenerse como una alternativa real al macrismo y al peronismo.

Desde que emergió en el 2013 en las elecciones legislativas, ganándole al kirchnerismo en una alianza bonaerense con el PRO, Massa siempre avizoró que debía diferenciarse del Frente para la Victoria (FPV) y del PRO.

Con esa estrategia afrontó las elecciones presidenciales de 2015, pero claramente su posición no contemplaba que la UCR, la segunda estructura política mas importante de la Argentina detrás del peronismo (con gobernadores, intendentes, legisladores nacionales y provinciales) estableciera una alianza con Mauricio Macri y Elisa Carrió (Coalición Cívica), que derivó en Cambiemos, el actual frente gobernante.

El tercer puesto del ex intendente de Tigre, detrás de Macri y de Daniel Scioli, siguió alimentando la idea de la “tercera posición”, pero ante el nuevo tablero político y de poder en la Argentina, cada vez resulta más difícil establecer esa opción.

Si bien en la dialéctica Massa juega a ser “distinto” del gobierno y del FPV, intentando desmarcarse permanentemente, lo cierto es que le cuesta bastante salir de la telaraña en la que quedó atrapado.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, tiene línea directa con Massa y no es extraño que se repitan las llamadas entre ambos por temas de gestión en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Massa de alguna manera cogobierna con Vidal. Dada la falta de legisladores propios que tiene Cambiemos en la provincia, el PRO terminó sellando un acuerdo con Massa: apoyó a las leyes del gobierno provincial a cambio de cargos. Así, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense es el massista Jorge Sarghini.

Daniel Arroyo (candidato a vicegobernador de Felipe Sola) y Mario Meoni (ex intendente de Junín que perdió la comuna), estrechos colaboradores del Frente Renovador, son directores del Banco Provincia; el sub es Carlos Vittor contador (ex funcionario del municipio de Tigre y de la ANSES); en tanto como subtesorero aparece Facundo Fernández, apoderado del Frente Renovador y secretario de Economía de San Fernando.

En el Senado provincial, el massismo se quedó con la vicepresidencia segunda, a cargo del cuñado del jefe del Frente Renovador, Sebastián Galmarini; en tanto la Secretaría de Relaciones Institucionales quedó a cargo de Germán López.

Incluso en su momento trascendió que fue Massa quien sentó al camporista José Ottavis ante Vidal, cuando el dirigente kirchnerista aún manejaba el bloque del FPV. Ottavis debió dejar ese rol, producto de la ofensiva del PJ ortodoxo por desplazar a La Campora, pero mantiene intacto su vínculo con el ex intendente de Tigre.

Respecto del gobierno nacional pasa algo similar. Por un lado, miembros del massismo como Adrián Pérez o Francisco Delgado pasaron directamente a ser funcionarios de la administración de Mauricio Macri.

La posición de Massa respecto de la ley antidespidos padeció ese doble estándar que tiene el Frente Renovador con el gobierno nacional. Massa tiene un fluido diálogo con el titular de la Cámara de Diputados y principal operador del gobierno, Emilio Monzó. Y también con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Han sido varias las ocasiones en que Monzó y Frigerio visitaron a Massa en su casa de Tigre para acordar algo, relacionado con alguna ley del Congreso Nacional.

Pero con la ley antidespidos, el jefe del Frente Renovador se topó con la heterogeneidad de la fuerza que formó para la campaña electoral.

“El Frente Renovador tiene tantas diferencias como miembros”, ironizó un integrante del gabinete nacional de Mauricio Macri, días después de que el propio Presidente invitara a Massa a “no votar con el kirchnerismo”, a favor de la ley contra los despidos.

Mas allá de la chicana de Macri, el diputado nacional terminó acordando con el peronismo, porque necesitaba ocultar las discrepancias y reclamos internos que surgieron en torno a la doble indemnización y la suspensión de despidos.

Fue el titular del PJ nacional, el diputado sanjuanino José Luis Gioja, el que lo convocó a él y a otros dirigentes como Diego Bossio, para avanzar en el tratamiento en Diputados de la Ley Antidespidos, sin cambios referentes a la PYMES, como lo pretendía el Frente Renovador. Esa convocatoria a los distintos “peronismos” fue avalada por el bloque del Frente para la Victoria con Héctor Recalde a la cabeza.

“¿Massa está con el gobierno o con el Frente para la Victoria?”, se preguntó un experimentado dirigente radical, que añadió una chicana: “¿Como se sentirá Margarita Stolbizer al ver que Sergio vota con el peronismo oficial y disidente?”. Massa y Stolbizer había establecido una agenda parlamentaria que pareció desvanecerse con el debate por una ley que suspendiera los despidos.

Mientras el peronismo se mantenga dividido, el Frente Renovador sigue siendo una opción plural, que excede al pejotismo. Sin embargo, si el PJ se unifica como tal para las elecciones del 2017, y el oficialista Frente Cambiemos hace lo propio, en tanto el kirchnerismo queda como una tercera opción electoral, es muy poco lo que queda para repartir entre el massismo y otras expresiones.

¿Estará cerca la hora en que Sergio Massa vuelva al PJ nacional o termine convirtiéndose en un firme aliado o miembro del frente oficialista?

La discusión por el empleo

Mientras el Gobierno nacional admite unos 40 mil despidos en el sector privado y estatal, desde la oposición se habla de unos 140 mil despidos en total. Sin estadísticas del INDEC, aún, la discusión de los números del desempleo terminan siendo politizados, pero la delicada situación de fondo existe.

El ministro de Trabajo Jorge Triaca admitió que, en el sector privado, desde diciembre de 2015 a lo que va del 2016 hubo unos 27 mil despidos. Su colega de la cartera de Modernización, Andrés Ibarra, también informó que en lo que va del año hubo 10.921 despidos en el Estado nacional, en lo que consiste la primera etapa del plan de revisión de 63.000 contratos de empleo público. Esto da un nivel de despidos de casi 40 mil trabajadores.

En cambio el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que entre diciembre de 2015 y marzo de este año hubo 141.542 despidos. De ese total de despidos, el 52 por ciento correspondió a trabajadores del ámbito privado y el 48 por ciento restante a empleados del Estado.

En ese contexto, declaraciones como las del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, reclamando que “no nos hagan creer en esta sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables de empleo” no contribuyen en nada. La sociedad ya padeció bastante con dichos similares, como cuando Aníbal Fernández relativizaba todos los hechos de inseguridad, asegurando que sólo se trataba de una “sensación”.

Es que la realidad es insoslayable. Hay una notable caída de consumo, producto del brutal aumento de los productos básicos de la canasta familiar, además de naftas, transportes y servicios públicos. A la sociedad poco ya le importa si la disparada de precios es motivo de la inoperancia kirchnerista, del ajuste macrista o un cocktail explosivo compuesto por ambos. Lo concreto es que la economía doméstica sufrió un duro revés y hay dudas acerca de su recomposición.

Mauricio Macri apuesta todo al segundo semestre. La jugada es riesgosa. Cuando a un importante dirigente peronista se le consultó, en privado, sobre la posibilidad de recrudecimiento del conflicto social si es que el gobierno no obtenía resultados positivos para la economía antes de fin de año, se sumergió en el silencio y desde allí susurró: “No sé”.

Las principales dudas tienen una lógica: las inversiones pueden ser inmediatas pero no los efectos. Una firma puede desembarcar con dinero fresco, pero la organización de su estadía en el país lleva mucho tiempo frente a las necesidades urgentes de la Argentina y recién en 2017 podría llegar a verse algún resultado concreto a nivel de empleo.

Por eso una pista pudo haberla dado, sorpresivamente, la canciller Susana Malcorra días atrás, durante una conferencia de prensa sobre la política exterior del Gobierno. Luego de admitir que las inversiones no ocurren “de un día para el otro”, atribuyendo esa demora a que la actual gestión tuvo que “revertir una situación de aislamiento financiero total” producto de la era kirchnerista, la ministra deslizó que la idea es que “las empresas que están en la Argentina, que tenían proyectos retenidos, los lancen y lo estamos viendo en varios sectores. Por eso Alfonso Prat Gay habla del segundo semestre” .

Es decir, el Gobierno cree que con financiamiento externo para obra pública logrará empezar a mover a la construcción y con ese sector a toda la cadena de proveedores que participan de ese proceso. Y esto, acompañarlo con la concreción de los proyectos empresarios truncos en el 2015. ¿No es muy poco para llevar la inflación a un dígito como promocionó el propio Presidente?

El otro dilema es bajo qué condiciones vendrán las nuevas inversiones. Qué garantías les exigirá el Gobierno a esas empresas para instalarse y operar en la Argentina. Qué harán con las utilidades; si podrán remitir en su totalidad los dólares de rentabilidad a sus casas matrices en otros países o tendrán la obligación de volcar parte de esas ganancias, al empleo y producción nacional.

En el 2000, el Grupo Metro Internacional, de origen sueco, desembarcó en la Argentina para distribuir el primer diario gratuito en el país. Para ello, contrataron a periodistas y personal argentino, algo mas de 200 empleados. Invertían 1 millón de dólares por mes cuando aún regía la Convertibilidad, el 1 a 1.

Regía en ese entonces la doble indemnización y la prohibición de despidos promovida por el presidente Eduardo Duhalde. La misma ley que impulsa actualmente la oposición al Gobierno.

Cuando estalló la crisis del 2001, los inversores suecos levantaron sus cosas y huyeron literalmente del país, negándose a indemnizar a los trabajadores por la pequeña cifra –si se compara con lo que invirtieron cada mes durante dos años- de 200 mil dólares y dejando a 250 familias sin trabajo. Claro, la firma sueca había necesitado declarar apenas 12 mil dólares para radicarse en la Argentina.

Este episodio hay que tenerlo presente y aprender de sus consecuencias a la hora de presentar a los inversores extranjeros como la panacea para un país como la Argentina.

¿A Macri le sirve polarizar con Cristina?

Nadie duda en el peronismo -incluso es admitido en silencio por algunos dirigentes kirchneristas- que Cristina Fernández jugó a que Daniel Scioli perdiera las elecciones presidenciales del 2015.

Algunos hasta se animan a ventilar ese estrategia “vox populi” ante la prensa, como el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. “Me dolió la falta de colaboración de Cristina con el candidato del PJ. Scioli era ideal para esta transición. Yo hubiera preferido que Cristina nos hubiera convocado tres meses antes a Olivos y que nos pregunte ¿muchachos, qué hacemos para ganar?”

La senadora sanjuanina Marina Riofrío planteó lo mismo, pero lo hizo directamente ante Cristina Kirchner en la reunión con los senadores peronistas a la que faltaron 13, entre ellos el jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto.

Cuando Riofrío, que responde al gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien no reconoce a Cristina como la conductora del peronismo, planteó en la reunión analizar los motivos de la derrota electoral y la ex presidenta le reclamó precisiones, la senadora respondió: “Por ejemplo los que hicieron un acto de cierre de campaña por su cuenta, diferenciándose de nuestro candidato”. Se refería a La Cámpora, que sólo salió a hacer campaña por Scioli luego de la primera vuelta.

La estrategia de Cristina y los camporistas apuntaba a coronar como gobernador bonaerense a Aníbal Fernández, convirtiendo a la provincia de Buenos Aires en un refugio y a la vez en una trinchera. En segundo término, con Axel Kicillof como el Rasputín de Cristina, pensaban que el gobierno de Macri se caería en unos meses porque era necesario que tomara las decisiones económicas antipopulares que el kirchnerismo nunca quiso afrontar (ajuste de tarifas, devaluación, actualización del tipo de cambio, acuerdo con los fondos buitre).

Como corolario de ese análisis, los K pensaban que al acto que Cristina dio semanas atrás en su regreso de El Calafate, en lugar de mostrarla en Comodoro Py y cerca de su primer procesamiento entre varios que podría cargar, sería en Plaza de Mayo albergando a millones de desahuciados. El análisis falló rotundamente.

Ahora bien, aunque sea por un momento y en situaciones judiciales muy complejas, ya sea por el show y la oratoria de la ex mandataria o bien de la confusión y atomización que reina en la oposición, Cristina Fernández se paró frente al gobierno de Mauricio Macri como referente de la oposición.

Es increíble como el correr del tiempo, a veces, invierte las estrategias políticas. A Néstor Kirchner le encantaba polarizar con Macri porque consideraba que eso lo revalorizaba. En el gobierno de Cambiemos hoy piensan exactamente lo mismo pero en sentido inverso.

“Cristina es la mejor rival para Mauricio; es el pasado, es el rostro de la corrupción kirchnerista, es a quien la gente rechazó con su voto. La rechazaron a ella, no a Scioli”, reflexionó un funcionario de la Casa Rosada.

También le sirve y mucho al Gobierno la atomización del peronismo. A nivel nacional, el peronismo se divide entre el nuevo PJ que agrupará, bajo el ala de la fórmula José Luis Gioja-Daniel Scioli, a casi todos los gobernadores peronistas con la excepción de Juan Schiaretti (Córdoba) y Mario Das Neves (Chubut), aunque los senadores que responden a ambos vienen trabajando con el resto de los mandatarios del PJ. Sin embargo, el peronismo recuperará a algunos que se fueron del partido enojados con el kirchnerismo, como el puntano Alberto Rodríguez Saá y el pampeano Carlos Verna.

Del otro lado, Sergio Massa intenta amalgamar un espacio peronista con sectores de centroizquierda. Massa se muestra junto a Margarita Stolbizer con una agenda legislativa común, incorporó recientemente a Julio Raffo (ex Proyecto Sur) y planea hacer lo mismo con el Movimiento Libres del Sur de Victoria Donda, Humberto Tumini y Jorge Ceballos.

A nivel bonaerense ocurre algo similar. El massismo prácticamente co-gobierna con María Eugenia Vidal, en especial en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Frente para la Victoria se acaba de romper en dos sectores, uno que responde a La Cámpora y otro que se referencia en el peronismo ortodoxo.

Divide y reinarás sigue siendo la fórmula del éxito para cualquier oficialismo. No obstante, esa pericia debe estar atada, invariablemente, a una situación económica por lo menos estable. Y esa no es la situación actual.

Macri y sus dogmáticos están haciendo lo políticamente correcto para dejar despejado el camino que los conduzca, de la mejor manera, a las elecciones legislativas del 2017, que les permita sumar poder en el Congreso Nacional y en la Legislatura bonaerense, básicamente.

Empero, si la promesa de crecimiento de la economía para el segundo semestre o el último trimestre del año, que compromete totalmente a Alfonso Prat-Gay , no se cumple, indefectiblemente será un duro golpe para Macri, su gestión y sus aspiraciones.

En los juegos de azar no es la mejor estrategia. Pero en este caso, todas las fichas están apostadas a un solo casillero. O se gana, o se pierde.

La solución para terminar con la corrupción

Por estos días los argentinos son testigos de un “festival” de denuncias de corrupción que involucran en su amplia mayoría de los protagonistas de la Década Ganada, empezando por la ex presidente Cristina Fernández.

Videos de gente contando millones de dólares; retornos de la obra pública que promovió Néstor Kirchner y Cristina Fernández para beneficiar a los que menos tienen pero que terminó siendo un negocio en el que se benefició a dirigentes políticos y empresarios; sociedades offshore cuyo objetivo normalmente es el de evadir impuestos sacando “la plata afuera” para pagar menos gravámenes o bien para hacer negocios en terceros países; bolsos de dinero provenientes del Estado, es decir, de “todos”, que fueron a parar a los bolsillos de unos “pocos”.

¿De qué sirve que se multipliquen las denuncias o que ahora, los jueces federales aceleren las investigaciones si el dinero que nos robaron a todos nunca se va a recuperar? Mas aún, el ciudadano común descree que alguien vaya preso. O, tal como ocurrió con la corrupción menemista, que sólo María Julia Alsogaray pague los platos rotos por los mas de 100 funcionarios que fueron procesados en los ’90, y el ex presidente Carlos Menem vaya a prisión domiciliaria durante un año, en la quinta de un amigo.

¿Alcanza con que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex vicepresidente Amado Boudou vayan presos, y que Cristina Kirchner cumpla una prisión domiciliaria en El Calafate para que los ciudadanos se vayan a dormir tranquilos bajo la premisa “existe la Justicia”? Claramente no.

Combatir la corrupción es prevenir que los funcionarios roben. Porque de lo contrario, hasta termina siendo un “negocio” ir preso unos años, total, al fin de cuentas, al salir de la prisión a esos mismos delincuentes los aguardarán millones de dólares en algún paraíso fiscal.

El gobierno de Mauricio Macri tiene la oportunidad de combatir y reducir drásticamente el saqueo del Estado que todos los gobiernos que lo antecedieron llevaron adelante, en mayor o menor medida. ¿Cómo? Es mucho mas sencillo y menos costoso de lo que se cree, pero requiere de una profunda decisión presidencial: terminar con el “negocio” en el que se ha convertido la política.

La vicepresidenta Gabriela Michetti recibió, días atrás, un proyecto de ley para fortalecer la autonomía de la Auditoria General de la Nación (AGN), a partir de cumplir, básicamente, con la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional. Dicho en otras palabras, desde hace 22 años –cuando se reformó la Carta Magna en 1994- que no se reglamenta la función de la AGN cuyo objetivo es “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos” en representación del Poder Legislativo.

La iniciativa, fue entregada a Michetti por el titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana. De ser llevada al Congreso y aprobada, podría ser el principio del fin de la corrupción en la Argentina. Nada más y nada menos.

“Si la AGN hubiese tenido alguna facultad como las que se enuncian en este proyecto hubiésemos salvado vidas y el erario público no hubiera sido dilapidado. Seguramente (las tragedias de) Cromañón y Once no hubieran existido”, disparó el propio Quintana.

La Auditoria General de la Nación se encarga de controlar al Estado, al gobierno. Con tan solo darle mas recursos humanos, pero sobre todo dotarla de herramientas legales que le permita desde, denunciar con nombre y apellido a un funcionario que no puede comprobar cómo y en qué gasto millones de pesos hasta detener el mal funcionamiento de un servicio público, como el ferrocarril, evitando una tragedia como la de Once.

Lo que hace la AGN, aunque parezca increíble, es algo que no se hace cotidianamente en el Estado: exigir que los funcionarios que manejan nuestro dinero rindan cuentas inmediatamente. Actualmente, el Sistema es una invitación a robar: nadie controla nada y , cuando el delito se destapa (como la ruta del dinero k) tal vez alguien vaya preso pero el dinero se pierde. Ya no vale la pena aclarar cuántas carencias podrían dejar de serlo con tantos millones que desaparecen.

Por eso, el proyecto de ley que ya está en manos del gobierno de Mauricio Macri plantea la posibilidad de la AGN de denunciar y constituirse en querellante; la especificación de procesos transparentes de designación y selección de cargos; el establecimiento de controles concomitantes en los casos de significación económica; institucionalización de la participación ciudadana en el Plan de Acción Anual; la extensión de las funciones de control sobre el sector privado con uso de fondos públicos.

Si la AGN, compuesta por siete directores (de mayoría opositora) y un plantel de técnicos y especialistas en los manejos de la administración pública, contarán con esas herramientas, seguramente el Estado se ahorraría cientos o miles de millones de pesos que van a parar a políticos, empresarios y jueces, recreando un sistema corrupto que incluye a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Es necesario aclarar que además de la AGN, que es el órgano de control mas relevante, existen otros organismos como las Auditorias provinciales, la Fiscalía Nacional de Investigación, la Defensoría del Pueblo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y los Entes Reguladores de los servicios públicos que, si solo se los hiciera funcionar como corresponde, estaría hablando de casos de corrupción aislados y no de un sistema para quedarse con el dinero de todos.

La solución está al alcance de la mano del gobierno nacional, no es costosa en término monetarios ni mucho menos, la puesta en marcha es inmediata y los resultados, a corto plazo. ¿Pagará ese precio Mauricio Macri de terminar con el “negocio” de la política?

Un truco con cartas políticas

El escenario político y judicial argentino bien podría sintetizarse a través del popular juego de cartas, el truco. Si dos fueran los jugadores que manejaran la Justicia argentina, desde la política, la partida iría mas o menos por estos carriles.

¡Truco! Cantaría el primero de ellos, con la detención del empresario Lázaro Báez por orden del juez federal Sebastián Casanello, en la causa por lavado de dinero, mas conocido a nivel mediático como “la ruta del dinero k”.

¡Quiero retruco! Gritaría el contrincante, dando lugar a la imputación del presidente Mauricio Macri por parte del fiscal Federico Delgado de “omisión maliciosa”, al considerar que el mandatario no hizo figurar en su declaración patrimonial una sociedad offshore en Panamá, un paraíso fiscal, en la que figuraba como director y en la que el titular era su padre Franco Macri.

¡Quiero vale cuatro! Dispararía el primer jugador, con el planteo del fiscal federal Guillermo Marijuan de imputar a la ex presidenta Cristina Fernández en la misma causa por lavado de dinero por la cual está detenido Lázaro Báez.

¿Quién tendrá la carta mas alta a la hora de mostrar los naipes y definir el ganador de la mano?

Siguiendo con la metáfora del truco, la descripta es solo “una mano”. Lo importante es saber quién ganará, al final, la partida y cuál será el premio. Pero para eso falta mucho.

Por lo pronto la judicialización de la política de la que son testigos los argentinos y que se desarrolla intensamente con la imputación de un presidente y de una ex presidente refleja una situación inédita en el país.

A sólo cuatro meses de asumir en el poder, Macri ya tiene su primera imputación por una sociedad offshore.

En general, las sociedades de este tipo en paraísos fiscales se utilizan para eludir impuestos a través de negocios u operaciones en otros países o bien directamente para evadir impuestos en el propio país, la Argentina. De allí, hacia arriba, también comprenden –y es uno de los desafíos de estos tiempos- dinero sucio, de la corrupción, el narcotráfico o cualquier actividad del denominado crimen organizado internacional.

“Esa decisión es extraordinaria” para la democracia, exclamó a la prensa el referente radical Ernesto Sanz, una de las tres patas de este frente oficialista Cambiemos, junto a Macri y Elisa Carrió. Sanz considera que el sólo hecho de que un Presidente a poco de asumir pueda ser imputado, refleja que el gobierno de Macri viene a romper con la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

Sin embargo, el kirchnerismo fue el único que planteó las cosas descarnadamente, aunque el remedio que aplicó fue peor que la enfermedad. El Poder Judicial tiene intereses corporativos y siempre intenta llevar agua (o dinero) para su molino. Al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ostenta intereses particulares y está envuelto en un sistema viciado de corrupción.

Pero la forma de combatir esa toxicidad en el Poder Judicial no es combatiéndolo públicamente, amenzándolo o nombrando fiscales y jueces a fines como intentó hacerlo Cristina Kirchner, porque terminó focalizando la estrategia en un cambio de elites: de la elite de jueces propios a la elite de jueces obsecuentes. Lo necesario era una reforma judicial en serio –no como la que intentó realizar- otorgándole pluralidad académica y social, pero también exposición. Porque hoy los jueces, al igual que los empresarios, no son juzgados por la sociedad como sí lo son los políticos.

Lo cierto es que la imputación de Macri no refleja una “nueva” Justicia ni tampoco nuevos tiempos donde todos seamos iguales ante la ley. En realidad, responde a vestigios de la “vieja” Justicia, que está lejos de jubilarse. Dirigentes del PRO consideran que el fiscal Federico Delgado tiene al Presidente como “blanco político”, porque el funcionario del Ministerio Público, al igual que Alejandra Gils Carbó, pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

La misma lógica parece abrazar a la cruzada contra la corrupción kirchnerista que terminó imputando a la ex mandataria Cristina Fernández en la causa por lavado de dinero, a partir de la cual está detenido el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

En las charlas políticas de café y despachos políticos, circula la parábola acerca del distanciamiento entre Cristina y Báez. Se lo atribuye a un reclamo de dinero por parte de Ella al empleado bancario devenido en empresario patagónico, que pertenecería a “Néstor” y Lázaro se lo habría quedado.

También hay quienes dan rienda suelta a un episodio, que pocos se atreven catalogar como información o ficción, según el cual en el 2015, cuando el kirchnerismo aún era una clara opción de continuidad en el poder, un funcionario judicial le habría propuesto a Báez algún “beneficio judicial” a cambio de “algunos millones de dólares”, algo que nunca se concretó, obviamente, ya con los hechos a la vista.

Lo cierto es que, mas allá de la clara sospecha de megacorrupción kirchnerista, la detención de Lázaro Báez surgió cuando se reveló el “Panamá Papers” involucrando al Presidente. Y la imputación de Cristina Kirchner, cuando el fiscal Delgado imputó a Macri por la sociedad offshore. ¿Casualidad en los tiempos?

“Esto es una guerra entre jueces que quieren quedar bien con Macri y los que siguen siendo leales al kirchnerismo”, describió un dirigente político con buena sintonía en la Justicia.

La teoría del Péndulo. Pasar de un extremo a otro. De la obsecuencia “K” a la obsecuencia “M”. Y después vendrán otras “letras”, a medida que se sucedan los gobiernos, si es que nadie decide, de una vez por todas, atacar el sistema corrupto que abraza los cuatro poderes, si se incluye también a los medios.

El ciclo de la corrupción

“Un informe secreto, elaborado con datos de la Oficina Anticorrupción, arroja una conclusión escalofriante: las quince causas más relevantes de corrupción de la última década le ocasionaron al Estado un perjuicio de 3200 millones de pesos. El documento demuestra, además, que el Gobierno sigue con atención el trabajo de los jueces federales en los procesos contra los ex funcionarios”, difundió un diario porteño.

Luego de la detención del ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime por la compra de trenes a España y Portugal de manera irregular y con un grave perjuicio económico para el país, de la promocionada ruta del dinero K, de las denuncias por evasión contra el empresario kirchnerista Cristóbal López y la causa por presunta lavado de dinero que involucra a la propia ex presidenta Cristina Fernández y a su hijo Máximo Kirchner, la crónica del diario porteño con que se inicia esta columna bien podría responder a la caída en desgracia del kirchnerismo por denuncias de corrupción.

Sin embargo, el párrafo de un extenso artículo es de hace 16 años y corresponde a los primeros meses del gobierno de Fernando de la Rúa, que creó la Oficina Anticorrupción, exclusivamente, para investigar la corrupción menemista pero no la propia, que luego derivó en los Sobornos del Senado.

Esos “3.200 millones de pesos” (equivalentes a 3.200 millones de dólares porque regía la Convertibilidad, 1 peso=1dolar) comprendían, entre otros casos resonantes, a: “Pagos indebidos en Yacyretá por dos mil millones de pesos, maniobras relacionadas con la mafia del oro por 129 millones, cuatro causas vinculadas al PAMI por 678 millones de pesos, dos investigaciones contra María Julia Alsogaray por 22 millones, una contra Gerardo Sofovich por 20 millones”, según el diario Página 12 de principios del 2000.

Como en aquel entonces, los jueces federales se convertían en los adalides de la ética y la transparencia, lugartenientes de los argentinos en la lucha contra la corrupción, y procesaban a mas de 100 funcionarios menemistas, los hacían desfilar por tribunales y metían preso (eso sí, en prisión domiciliaria en una quinta) al ex mandatario Carlos Menem.

Menem, junto a María Julia Alsogaray fueron los únicos presos. ¿Habrá sido el pago de favores muchos jueces y fiscales que fueron nombrados en el Poder Judicial por el propio Menem? Probablemente.

Dieciseis años después, luego también de una década de un gobierno (antes el menemista, ahora el kirchnerista) la sociedad argentina vuelve a ser testigo de millones de pesos que se esfumaron en sus narices y, lejos de mejorar la vida de los argentinos, fueron a parar a bolsillos de particulares.

La primera conclusión que debería estar a flor de piel de los debates es que está fallando el Sistema como para que la dirigencia política, a su antojo, siga robando el dinero de todos desde hace mas de 30 años.

El sistema que rige la administración pública, el modo de gestionar de un gobierno, los nombramientos, la rendición de cuentas, el manejo de los fondos, los contratos y licitaciones, el control, las auditorías, la transparencia, está haciendo agua por todos lados.

En la Argentina hay unos 1300 hospitales públicos. Los 8 mil millones de pesos por evasión con los que fue denunciado por la AFIP el “zar del juego” Cristóbal López equivalen a 6.600 tomógrafos. Es decir, 5 tomógrafos por cada hospital en todo el país. Lo que terminaría por un buen tiempo con los reclamos recurrentes en la Salud Pública acerca de la falta de estos aparatos que cuestan alrededor de 1.200.0000 pesos. Patético.

Cualquier especialista en la lucha contra la corrupción sostiene que puede ser muy plausible la investigación, denuncia y eventual (porque casi nadie va preso) encarcelamiento de un corrupto. Pero el principal daño es lo que se roba y la sociedad no recupera jamás.

¿Es una tarea imposible, titánica, disminuir abruptamente la corrupción? No, de ninguna manera. Pero es, claro está, una decisión política. Las medidas preventivas son las menos costosas y complejas.

En primer lugar, fortalecer los organismos de control (Auditoría General de la Nación –AGN-, Sindicatura General del Estado Nacional –SIGEN-, Oficina Anticorrupción –OA-). Darles mayor cantidad de recursos humanos, tecnología y normas que les pueda servir, por ejemplo, para bajar la concesión de un servicio público cuando es deficiente o denunciar penalmente para que vaya preso, a un funcionario que desvió fondos a sus cuentas.

Eso sí, ninguno de los organismos, como ocurre con la Oficina Anticorrupción, debe funcionar dentro del propio Poder Ejecutivo. Cuando De la Rúa la creó, primero la OA fue protagonista al investigar “hacia atrás” al menemismo. Pero cuando le tocó –como con la alianza y luego el kirchnerismo- jamás denunció por corrupción a funcionarios del gobierno al que pertenecía. Lógica pura.

¿Seguiremos este ciclo de hablar de casos de corrupción, con jueces que se ponen a investigar, cuando termina un gobierno y llega uno nuevo? ¿O definitivamente empezaremos algún día el camino para prevenir que se prive a millones de argentinos de la oportunidad de vivir un poco mejor?

Por una política exterior previsible

Las relaciones internacionales distan mucho de asemejarse a las relaciones políticas internas, partidarias, al menos las que se desarrollaron en la Argentina en las últimas décadas.

El lenguaje diplomático es sutil, moderado, cuidadoso de no ofender a otra nación o entrometerse en los asuntos domésticos de otro país. Debajo de toda esa puesta en escena, obviamente subyacen las negociaciones crudas, duras, de la política internacional. Pero no se exhiben ni ostentan, salvo excepciones.

Hay una condición que convierte a un país en serio: la previsibilidad. Una nación puede ser de izquierda o de derecha, pro-norteamericana o pro-china; con un Estado omnipresente o un Estado vacío. Pero debe ser previsible. Los actores internacionales deben saber hacia dónde apunta su política exterior, cuáles son sus socios, sus aliados, qué se está dispuesto a negociar y qué es innegociable.

Establecidas esas reglas, las de la Realpolitik, la Argentina es un país poco serio. Prueba de ello es que a menos de cuatro meses del cambio de Gobierno, el país dio un giro de 180 grados en su política exterior, que bien lo pueden reflejar tan sólo dos frases respecto del Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La primera pertenece a quien fuera presidente hace apenas 108 días atrás, Cristina Fernández y la segunda, al actual jefe de Estado, Mauricio Macri. Continuar leyendo

Muchas intenciones, pocos resultados

Habían quedado atrás semanas de “rosca política” con un gobierno nacional jugando a convencer de la necesidad de aprobar la ley, con reuniones en simultáneo, a los gobernadores peronistas, los intendentes, el peronismo disidente y los diputados opositores.

Cuando a las 8:35 del miércoles pasado finalmente la Cámara de Diputados votó la “Ley de la normalización de la deuda pública y recuperación del crédito”, después de 19 horas de intenso debate, con unos arrasadores 165 votos a favor y 86 en contra, algo llamó la atención de los presentes y de los periodistas testigos del evento político: No hubo festejo alguno.

En la memoria reciente aparecían festejos de votos considerados claves por los distintos gobiernos, donde por lo general la bancada oficialista se abrazaba, gritaba y saludaba efusivamente al jefe de bloque de turno. Nada de eso ocurrió la semana pasada y, de inmediato, el recinto siguió con el voto en particular de la norma que ahora espera ser tratada en el Senado y convertida en ley, a fin de mes.

“Se acordó que no habría festejos en caso de obtener la aprobación del proyecto, porque no hay nada que festejar”, explicó luego un diputado del oficialista bloque Cambiemos.

Nada que festejar

Mas allá del logro conseguido por el gobierno de Mauricio Macri en Diputados, no hay nada que festejar en sus primeros 100 días de gestión –y en la Casa Rosada así lo pregonan-, porque hay muchas intenciones pero los que gobiernan son los hechos, los resultados.

Unos dirán que: 1) el gobierno de Macri comenzó a desandar “la grieta” entre los argentinos, con “diálogo” y contacto normal con la prensa; 2) que empezó a sincerar la economía y a solucionar los problemas que el kirchnerismo dejó producto de la inoperancia de un ministro de Economía como Axel Kicillof que ahora en la Cámara de Diputados parece tener solución para todo; 3) que desnudó e intenta corregir el alto nivel de gasto público focalizado en el aumento de la planta de empleados públicos así como en los subsidios energéticos abismales; 4) que el macrismo empezó el camino para terminar el aislamiento con el mundo con las visitas de empresarios y mandatarios de Francia, Italia y en los próximos días de Estados Unidos, lo que provocaba que la Argentina no tuviera crédito y si accedía a alguno era a tasas exorbitantes; 5) que la inflación dejó de ser un tema tabú, al igual que el Indec, y el Ejecutivo ahora trabaja para hacerlo creíble; 6) que debió incrementar las tarifas de servicios públicos porque el gobierno anterior directamente las congeló y generó la desinversión que derivó, por ejemplo, en los cortes de luz; 7) que Macri llegó decidido a combatir la corrupción y por eso se están ventilando casos de evasión como el del Cristóbal López o de lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez y a la ex presidenta Cristina Fernández; 8) que el gobierno tuvo que salir a acordar rápidamente con los fondos buitre para “volver al mundo y al crédito” porque el kirchnerismo no quiso, no pudo o no supo, y terminó provocándole al país una importante pérdida de cientos millones de dólares.

Los detractores sostendrán que: 1) en apenas 100 días el gobierno de Macri provocó una importante devaluación que había negado en la campaña y que disparó el dólar a 15 pesos; 2) que benefició con la baja de impuestos a los sectores mas pudientes como el campo o las mineras; 3) que gobernó por decreto y amagó con designar a dos miembros de la Corte Suprema y a una docena de embajadores políticos en “comisión”, de espaldas al Congreso; 4) que provocó la suba descomunal de la carne y de productos de primera necesidad, incrementando aún mas la inflación, a la cual no combate sino que opta por enfriar el consumo; 5) que no tuvo empacho en incrementar sin anestesia las tarifas de luz y ahora irá por el gas y otros servicios; 6) que Macri inició el camino de las “relaciones carnales” que supo tener el menemismo con los Estados Unidos, lo que generó la sorpresiva visita de Barack Obama al país y las versiones sobre la elaboración de un acuerdo de comercio de la región con Washington, como el ALCA, que los gobiernos sudamericanos se ocuparon de enterrar en el 2005 en Mar del Plata porque el único beneficiario era el gobierno norteamericano; 7) que el gobierno está blindado mediáticamente y por eso sólo replican las denuncias contra Cristóbal López o Lázaro Báez pero no así el aumento de los precios o los casos de inseguridad en el aérea metropolitana; 8) que se están multiplicando los despidos no sólo en el Estado sino también en sectores privados como la construcción, las automotrices y los metalúrgicos.

Pero mas allá de las verdades compartidas o en el enfrentamiento político constante, producto de la puja por el poder, lo cierto es que los argentinos tenemos sobrados argumentos para estar inmersos en un estado de “hartazgo” de la política y de los políticos, que no necesariamente se manifiesta detrás de la bronca o de marchas multitudinarias sino, en oportunidades, de la indiferencia.

Tal vez ese haya sido el disparador para que la mayoría votara a Mauricio Macri, no por sus propuestas ni sus promesas, sino porque necesitaba un cambio de estilo.

Sin embargo, lo que reclama la Argentina, después de 33 años de retorno a la democracia intensos y con altibajos que se reflejaron en varias crisis políticas y económicas, es consenso y previsibilidad.

¿Cómo es posible que los 100 principales referentes políticos, económicos, académicos y sociales, oficialistas, opositores, de derecha, de izquierda, independientes, de ong’s no se reúnan para diseñar un programa integral en materia de la Justicia, la Educación, el modelo Económico, la Salud, la infraestructura, la Vivienda y el Medio Ambiente, que comience a ser aplicado en el 2020?

Esos cien referentes tendrían la foto grupal que los presentaría como “los patriotas” que un día forjaron una nueva Argentina y que quedarán en la historia.

En el plano interno, como todo comenzaría en el 2020, no dificultaría sus ambiciones políticas inmediatas. Tendrían mucho lugar para peleas internas, para parecer diferentes, formular promesas que nunca cumplirán, alimentar sus egos, elaborar jugadas de ajedrez político, financiarse con campañas electorales intensas, etc, etc. Pero ese plan integral sería intocable y quedaría plasmado en la Constitución Nacional.

De esa manera, el país dejaría de sufrir lo que sufre, cada vez que hay un cambio de gobierno -y el de Macri, es el sexto-, es decir, borrar lo que se hizo antes, estigmatizándolo y sin importar lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que cada Presidente se sienta el refundador de la patria, haciendo lo que mejor le parezca. ¿O el peronismo no tuvo suficiente con dos presidentes que levantaron las banderas de Perón y Evita y llevaron adelante dos gestiones de gobierno totalmente antagónicas, como Carlos Menem y Néstor Kirchner?¿O si se quiere, los diferentes gobiernos de Raúl Alfonsin y Fernando de la Rúa?

Que lindo suena la definición de “políticas de Estado” y que sencillo sería llevarlas adelante si hubiera una clase política a la altura de las circunstancias: “normas generales avaladas por el más alto nivel de conducción política del Estado y respaldadas por un amplio consenso social o político, para que un determinado sector o actividad pueda alcanzar sus objetivos con un horizonte de cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. Se fundamenta en los intereses superiores de la Nación y no en la coyuntura ni en metas de corto plazo”.

Entre el PJ y un “partidito” de centroizquierda

El Frente para la Victoria (FPV) que supo usar Néstor Kirchner para someter al Partido Justicialista (PJ) bajo su ala durante 13 años, logrando desarticular a esa fuerza, vaciarla de dinámica propia y sumirla en una crisis de identidad que hoy queda expuesta ante la sociedad, se juega en las próximas semanas su futuro.

O seguirá siendo un espacio que integre al peronismo y a la centroizquierda, como el que acompañó al matrimonio Kirchner en su década en el poder; o quedará relegado a un frente de centroizquierda con sectores peronistas. Dos opciones, en materia de poder, claramente distintas.

Kirchner utilizó aquel FPV que armó junto a Eduardo Duhalde para ganarle a Carlos Menem. Pero después lo utilizó contra el propio Duhalde, para romper su sociedad con el cacique de Lomas de Zamora y quedarse con el liderazgo del PJ. El santacruceño intentó, por todas las formas, “renovar” los viejos liderazgos dentro del partido, sobre todo el núcleo compuesto por los barones del conurbano, apelando a la “transversalidad”. Continuar leyendo