Un truco con cartas políticas

Walter Schmidt

El escenario político y judicial argentino bien podría sintetizarse a través del popular juego de cartas, el truco. Si dos fueran los jugadores que manejaran la Justicia argentina, desde la política, la partida iría mas o menos por estos carriles.

¡Truco! Cantaría el primero de ellos, con la detención del empresario Lázaro Báez por orden del juez federal Sebastián Casanello, en la causa por lavado de dinero, mas conocido a nivel mediático como “la ruta del dinero k”.

¡Quiero retruco! Gritaría el contrincante, dando lugar a la imputación del presidente Mauricio Macri por parte del fiscal Federico Delgado de “omisión maliciosa”, al considerar que el mandatario no hizo figurar en su declaración patrimonial una sociedad offshore en Panamá, un paraíso fiscal, en la que figuraba como director y en la que el titular era su padre Franco Macri.

¡Quiero vale cuatro! Dispararía el primer jugador, con el planteo del fiscal federal Guillermo Marijuan de imputar a la ex presidenta Cristina Fernández en la misma causa por lavado de dinero por la cual está detenido Lázaro Báez.

¿Quién tendrá la carta mas alta a la hora de mostrar los naipes y definir el ganador de la mano?

Siguiendo con la metáfora del truco, la descripta es solo “una mano”. Lo importante es saber quién ganará, al final, la partida y cuál será el premio. Pero para eso falta mucho.

Por lo pronto la judicialización de la política de la que son testigos los argentinos y que se desarrolla intensamente con la imputación de un presidente y de una ex presidente refleja una situación inédita en el país.

A sólo cuatro meses de asumir en el poder, Macri ya tiene su primera imputación por una sociedad offshore.

En general, las sociedades de este tipo en paraísos fiscales se utilizan para eludir impuestos a través de negocios u operaciones en otros países o bien directamente para evadir impuestos en el propio país, la Argentina. De allí, hacia arriba, también comprenden –y es uno de los desafíos de estos tiempos- dinero sucio, de la corrupción, el narcotráfico o cualquier actividad del denominado crimen organizado internacional.

“Esa decisión es extraordinaria” para la democracia, exclamó a la prensa el referente radical Ernesto Sanz, una de las tres patas de este frente oficialista Cambiemos, junto a Macri y Elisa Carrió. Sanz considera que el sólo hecho de que un Presidente a poco de asumir pueda ser imputado, refleja que el gobierno de Macri viene a romper con la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

Sin embargo, el kirchnerismo fue el único que planteó las cosas descarnadamente, aunque el remedio que aplicó fue peor que la enfermedad. El Poder Judicial tiene intereses corporativos y siempre intenta llevar agua (o dinero) para su molino. Al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ostenta intereses particulares y está envuelto en un sistema viciado de corrupción.

Pero la forma de combatir esa toxicidad en el Poder Judicial no es combatiéndolo públicamente, amenzándolo o nombrando fiscales y jueces a fines como intentó hacerlo Cristina Kirchner, porque terminó focalizando la estrategia en un cambio de elites: de la elite de jueces propios a la elite de jueces obsecuentes. Lo necesario era una reforma judicial en serio –no como la que intentó realizar- otorgándole pluralidad académica y social, pero también exposición. Porque hoy los jueces, al igual que los empresarios, no son juzgados por la sociedad como sí lo son los políticos.

Lo cierto es que la imputación de Macri no refleja una “nueva” Justicia ni tampoco nuevos tiempos donde todos seamos iguales ante la ley. En realidad, responde a vestigios de la “vieja” Justicia, que está lejos de jubilarse. Dirigentes del PRO consideran que el fiscal Federico Delgado tiene al Presidente como “blanco político”, porque el funcionario del Ministerio Público, al igual que Alejandra Gils Carbó, pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

La misma lógica parece abrazar a la cruzada contra la corrupción kirchnerista que terminó imputando a la ex mandataria Cristina Fernández en la causa por lavado de dinero, a partir de la cual está detenido el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

En las charlas políticas de café y despachos políticos, circula la parábola acerca del distanciamiento entre Cristina y Báez. Se lo atribuye a un reclamo de dinero por parte de Ella al empleado bancario devenido en empresario patagónico, que pertenecería a “Néstor” y Lázaro se lo habría quedado.

También hay quienes dan rienda suelta a un episodio, que pocos se atreven catalogar como información o ficción, según el cual en el 2015, cuando el kirchnerismo aún era una clara opción de continuidad en el poder, un funcionario judicial le habría propuesto a Báez algún “beneficio judicial” a cambio de “algunos millones de dólares”, algo que nunca se concretó, obviamente, ya con los hechos a la vista.

Lo cierto es que, mas allá de la clara sospecha de megacorrupción kirchnerista, la detención de Lázaro Báez surgió cuando se reveló el “Panamá Papers” involucrando al Presidente. Y la imputación de Cristina Kirchner, cuando el fiscal Delgado imputó a Macri por la sociedad offshore. ¿Casualidad en los tiempos?

“Esto es una guerra entre jueces que quieren quedar bien con Macri y los que siguen siendo leales al kirchnerismo”, describió un dirigente político con buena sintonía en la Justicia.

La teoría del Péndulo. Pasar de un extremo a otro. De la obsecuencia “K” a la obsecuencia “M”. Y después vendrán otras “letras”, a medida que se sucedan los gobiernos, si es que nadie decide, de una vez por todas, atacar el sistema corrupto que abraza los cuatro poderes, si se incluye también a los medios.