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Un truco con cartas políticas

El escenario político y judicial argentino bien podría sintetizarse a través del popular juego de cartas, el truco. Si dos fueran los jugadores que manejaran la Justicia argentina, desde la política, la partida iría mas o menos por estos carriles.

¡Truco! Cantaría el primero de ellos, con la detención del empresario Lázaro Báez por orden del juez federal Sebastián Casanello, en la causa por lavado de dinero, mas conocido a nivel mediático como “la ruta del dinero k”.

¡Quiero retruco! Gritaría el contrincante, dando lugar a la imputación del presidente Mauricio Macri por parte del fiscal Federico Delgado de “omisión maliciosa”, al considerar que el mandatario no hizo figurar en su declaración patrimonial una sociedad offshore en Panamá, un paraíso fiscal, en la que figuraba como director y en la que el titular era su padre Franco Macri.

¡Quiero vale cuatro! Dispararía el primer jugador, con el planteo del fiscal federal Guillermo Marijuan de imputar a la ex presidenta Cristina Fernández en la misma causa por lavado de dinero por la cual está detenido Lázaro Báez.

¿Quién tendrá la carta mas alta a la hora de mostrar los naipes y definir el ganador de la mano?

Siguiendo con la metáfora del truco, la descripta es solo “una mano”. Lo importante es saber quién ganará, al final, la partida y cuál será el premio. Pero para eso falta mucho.

Por lo pronto la judicialización de la política de la que son testigos los argentinos y que se desarrolla intensamente con la imputación de un presidente y de una ex presidente refleja una situación inédita en el país.

A sólo cuatro meses de asumir en el poder, Macri ya tiene su primera imputación por una sociedad offshore.

En general, las sociedades de este tipo en paraísos fiscales se utilizan para eludir impuestos a través de negocios u operaciones en otros países o bien directamente para evadir impuestos en el propio país, la Argentina. De allí, hacia arriba, también comprenden –y es uno de los desafíos de estos tiempos- dinero sucio, de la corrupción, el narcotráfico o cualquier actividad del denominado crimen organizado internacional.

“Esa decisión es extraordinaria” para la democracia, exclamó a la prensa el referente radical Ernesto Sanz, una de las tres patas de este frente oficialista Cambiemos, junto a Macri y Elisa Carrió. Sanz considera que el sólo hecho de que un Presidente a poco de asumir pueda ser imputado, refleja que el gobierno de Macri viene a romper con la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

Sin embargo, el kirchnerismo fue el único que planteó las cosas descarnadamente, aunque el remedio que aplicó fue peor que la enfermedad. El Poder Judicial tiene intereses corporativos y siempre intenta llevar agua (o dinero) para su molino. Al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ostenta intereses particulares y está envuelto en un sistema viciado de corrupción.

Pero la forma de combatir esa toxicidad en el Poder Judicial no es combatiéndolo públicamente, amenzándolo o nombrando fiscales y jueces a fines como intentó hacerlo Cristina Kirchner, porque terminó focalizando la estrategia en un cambio de elites: de la elite de jueces propios a la elite de jueces obsecuentes. Lo necesario era una reforma judicial en serio –no como la que intentó realizar- otorgándole pluralidad académica y social, pero también exposición. Porque hoy los jueces, al igual que los empresarios, no son juzgados por la sociedad como sí lo son los políticos.

Lo cierto es que la imputación de Macri no refleja una “nueva” Justicia ni tampoco nuevos tiempos donde todos seamos iguales ante la ley. En realidad, responde a vestigios de la “vieja” Justicia, que está lejos de jubilarse. Dirigentes del PRO consideran que el fiscal Federico Delgado tiene al Presidente como “blanco político”, porque el funcionario del Ministerio Público, al igual que Alejandra Gils Carbó, pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

La misma lógica parece abrazar a la cruzada contra la corrupción kirchnerista que terminó imputando a la ex mandataria Cristina Fernández en la causa por lavado de dinero, a partir de la cual está detenido el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

En las charlas políticas de café y despachos políticos, circula la parábola acerca del distanciamiento entre Cristina y Báez. Se lo atribuye a un reclamo de dinero por parte de Ella al empleado bancario devenido en empresario patagónico, que pertenecería a “Néstor” y Lázaro se lo habría quedado.

También hay quienes dan rienda suelta a un episodio, que pocos se atreven catalogar como información o ficción, según el cual en el 2015, cuando el kirchnerismo aún era una clara opción de continuidad en el poder, un funcionario judicial le habría propuesto a Báez algún “beneficio judicial” a cambio de “algunos millones de dólares”, algo que nunca se concretó, obviamente, ya con los hechos a la vista.

Lo cierto es que, mas allá de la clara sospecha de megacorrupción kirchnerista, la detención de Lázaro Báez surgió cuando se reveló el “Panamá Papers” involucrando al Presidente. Y la imputación de Cristina Kirchner, cuando el fiscal Delgado imputó a Macri por la sociedad offshore. ¿Casualidad en los tiempos?

“Esto es una guerra entre jueces que quieren quedar bien con Macri y los que siguen siendo leales al kirchnerismo”, describió un dirigente político con buena sintonía en la Justicia.

La teoría del Péndulo. Pasar de un extremo a otro. De la obsecuencia “K” a la obsecuencia “M”. Y después vendrán otras “letras”, a medida que se sucedan los gobiernos, si es que nadie decide, de una vez por todas, atacar el sistema corrupto que abraza los cuatro poderes, si se incluye también a los medios.

El kirchnerismo busca blindarse para después de diciembre

“Venimos a construir una Justicia independiente en la Argentina… y está probado en la Corte Suprema que se está constituyendo en nuestro país”. (Néstor Kirchner- Encuentro de la Militancia, 11 de Marzo de 2004)

Si alguien intentara analizar los primeros seis meses del gobierno de Néstor Kirchner y los últimos seis meses de la administración de Cristina Fernández de Kirchner encontraría, al menos, una importante contradicción o en todo caso, una decepción por la manipulación de una institución clave: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Partiendo de la base de la inexistencia en los hechos de la división de poderes (el Ejecutivo usa al Legislativo como una escribanía y el Poder Judicial, cuando no es aliado del Ejecutivo, actúa en disputa con aquel, como una corporación) el gobierno de turno siempre ha querido tener una Corte “adicta”, mas allá de los modos y de las estrategias. Y el kirchnerismo, que pareció en un principio ser una excepción a la regla, termina siendo más de lo mismo.

En Junio de 2003, cercado por una Corte que había avalado lo peor de la década menemista, de espaldas a la Constitución Nacional y por ende a la ciudadanía, Kirchner hizo un llamado cuasi dramático al Poder Legislativo.

“Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias”, aseveró en esa oportunidad el entonces mandatario. El santacruceño, todavía un presidente desconocido para la gente que había llegado al poder con apenas el 23% de los votos, era presionado por el titular del Alto Tribunal, el menemista Julio Nazareno, que tenía en sus manos la viabilidad de multimillonarios juicios por el corralito del gobierno de De la Rúa. Amenazaba con una catástrofe para el débil gobierno K.

Así comenzaría un proceso mezcla de destituciones por parte del Congreso y de renuncias que alejaría de la Corte a los ministros peor catalogados, no por su capacidad, sino por su accionar en los 90: Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Guillermo López.

El de Kirchner parecía ser un gobierno que, en lo que respecta a la Corte, retomaba la línea de Raúl Alfonsin, que en 1983, con el retorno de la democracia y la renuncia de los cinco ministros del Máximo Tribunal que se habían desempeñado durante la dictadura militar, nombre a Genaro Carrió (especialista en Filosofía del Derecho y Derecho Público), José Severo Caballero (especialista en Derecho Penal), Augusto César Belluscio (especialista en Derecho de Familia), Carlos Fayt (especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Político) y Enrique Petrachi (especialista en Derecho Público y en Filosofía del Derecho).

Tras la mayoría menemista del tribunal que avaló, por ejemplo, las privatizaciones indiscriminadas de los 90, pareció que retornaba la senda de un tribunal independiente  y plural con Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti, que se sumaban a Petracchi, Fayt y Juan Carlos Maqueda.

“Dijimos que este país necesita justicia y los doctores que van a la Corte Suprema de la Nación Argentina son absolutamente independientes, apenas los conozco, hicimos una Justicia independiente y está en marcha”, exclamaba Kirchner a mediados del 2004, cuando la nueva Corte estaba funcionando en pleno y era elogiada por los distintos sectores y fuerzas de la vida política local.

De hecho, durante mucho tiempo y hasta hace unos años, la integración del Supremo Tribunal era considerado uno de los logros de la “Década ganada”. Hasta el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostenía en julio de 2004: ”Hoy me siento tranquilo de que las decisiones que va a ir tomando son de un tribunal de última instancia al máximo nivel”.

Mas aún, el santacruceño, a través del Decreto 222/03, fijó autolimitaciones a la atribución del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la publicidad de sus antecedentes, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a su candidatura y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.

Hasta la por entonces primera dama y senadora, Cristina Fernández de Kirchner, aportó al gobierno su proyecto, de inmediato convertido en ley, por el cual reducía de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990, cuando el ex presidente Carlos Menem amplió su integración y conformó lo que luego sería la “mayoría automática”.

Era una nueva etapa. Hasta que todo ocurrió de nuevo, al igual que durante el menemismo.

Con la muerte de Kirchner y el desgaste propio de dos mandatos, comenzaron a multiplicarse las denuncias y causas por corrupción que afectaron al gobierno nacional: empezando por la Presidenta, su vicepresidente Amado Boudou, Máximo Kirchner, Lázaro Baez, Ricardo Jaime, etc., etc.

Aquella Corte independiente pronto terminó siendo una molestia para la Casa Rosada. Lorenzetti se transformó en el enemigo número uno por encarnar la “resistencia” judicial a cuestiones emblemáticas para el kirchnerismo como la Ley de Medios o el plan de “Democratización de la Justicia”. Pero lo que mas aterra al kirchnerismo es la falta de blindaje para después del 10 de diciembre.

El tropiezo sufrido al intentar designar a un cortesano afín como Roberto Carlés luego se repitió cuando Lorenzetti se adelantó a la jugada del gobierno para ampliar con un simple proyecto legislativo el número de miembros de la Corte y luego llenar esas vacantes, aunque mas no sea de manera transitoria, con conjueces K. La decisión de la Corte, por impulso de Lorenzetti, de declarar inconstitucional que se utilicen a conjueces para desempeñarse temporariamente como miembro del Alto Tribunal, desbarató momentáneamente la movida de Cristina.

¿Qué sigue? La embestida contra Carlos Fayt. Es razonable pensar que un hombre de 97 años como Fayt bien podría jubilarse y dejarle el lugar a alguien con nuevos bríos. Pero no es razonable que el gobierno nada haya dicho de Fayt en los últimos 5 años y sin embargo se acuerde y ponga en duda su capacidad cuando faltan seis meses para marcharse.

En el kirchnerismo alberga la desmesurada confianza de que seguirá en el poder mas allá de diciembre o, en su defecto, que conservará en el Congreso el número de legisladores necesarios como para tener mucho que ver en la designación de los futuros miembros de la Corte. Sabe que cualquier juez o presidente opositor puede utilizar, tal como lo hizo la Alianza UCR-Frepaso con Menem, a Cristina Fernández como el origen de todos los males y actos corruptos de la Argentina después de diciembre.

Los ciudadanos, indefensos

¿Qué tan necesario es que los ciudadanos tengan una persona, un funcionario que defienda sus derechos?

Alguien que desde el Estado –no del gobierno de turno- defienda y proteja los derechos que todos los ciudadanos tienen y que están garantizados en la Constitución Nacional pero, como nadie los respeta, se encargue de hacerlos respetar.

Una persona que pueda y tenga las herramientas para investigar, inspeccionar, verificar, solicitar expedientes, informes, antecedentes y hasta requerir la intervención de la Justicia para defender a los habitantes de este país. Que pueda prevenir un problema que afecte a alguien o exigir la reparación monetaria o de hecho, ante la violación de alguno de los derechos.

Un funcionario a quien cualquier persona, mas allá de clase social, raza o edad, pueda contactar y presentarle su problema a través de una simple nota escrita con los datos correspondientes. Y asesore al damnificado y lo represente.

Un miembro del Estado que, en nombre de los ciudadanos, reclame por la erradicación de un basural; el mal estado de una ruta o de un hospital; por la desaparición de una persona o directamente contra la trata de personas, la violencia de género; o bien hacer valer los derechos de los jubilados, las comunidades indígenas o los discapacitados.

Un órgano que pueda exigir a una provincia que cumpla con la Ley de Glaciares o que pare el desmonte; la asistencia a las víctimas de la Tragedia de Once; que retrotraiga las tarifas de luz de miles de damnificados a la Secretaria de Energía; la prohibición de un agroquímico porque es cancerígeno; el abastecimiento de la garrafa social o por la falta de cumplimiento de una obra social.

Esa persona, ese alguien, ese organismo existe desde hace 20 años en la Argentina. Se llama Defensor del Pueblo de la Nación.

Sin embargo, llamativamente, a ningún gobierno le interesó difundir su figura, sus tareas, ni popularizar su rol. Mas aún, desde abril de 2009, es decir, hace mas de 4 años, no hay Defensor del Pueblo. El último fue el cordobés Eduardo Mondino, que dejó el cargo para dedicarse a la política.

El organismo está acéfalo y solo ha sobrevivido por el accionar de los denominados “adjuntos”, los funcionarios que le siguen en rango al Defensor pero que tienen un poder de maniobra acotado.

¿Por qué no se designa un Defensor del Pueblo de la Nación entonces?

Como en todo organismo de control que defiende los intereses de la gente en contra de los intereses de un gobierno, un Defensor molesta.

La designación la hace el Congreso Nacional y para ello requiere de una mayoría especial, de dos tercios. El perfil del defensor debe ser alguien idóneo para el cargo, que no esté identificado con ningún partido ni actor político, mucho menos con un gobierno ya sea a favor o en contra.

El kirchnerismo ha intentado en varias oportunidades designar para el cargo a alguien afín. Es decir, designar a alguien que no reclame nada que moleste al gobierno nacional. Por ese motivo, nunca hubo consenso en el Congreso. Mientras, los únicos perjudicados, como suele suceder, son las personas.

No existen las casualidades. Al kirchnerismo no le interesa designar a alguien probo, sin ningún tipo de cuestionamientos para poder defender los derechos de las personas.

Pruebas, sobran. Este gobierno miró para otro lado en otro organismo clave para investigar, justamente, casos de corrupción en el Estado como la Fiscalía Nacional de Investigaciones. Está acéfala desde el 2009. La Sindicatura General de la Nación, que debe controlar que el Estado cumpla con las normas está a cargo de Daniel Reposo, un funcionario que fue nominado para la Procuraduría General de la Nación, pero cuyo pliego fue rechazado por parcialidad, o sea, por declararse kirchnerista. ¿Cómo u kirchnerista puede controlar al gobierno kirchnerista desde la SIGEN? La Oficina Anticorrupción (su nombre lo dice todo), es un área dependiente del gobierno. Otra vez. ¿Cómo puede controlar un área que depende política y económicamente del gobierno, al gobierno? Prueba de ello es que, pudiendo ser querellante, ni siquiera ha contribuido en los grandes casos de corrupción de la actualidad como los que involucran al vicepresidente Amado Boudou.

Las casualidades no existen. Por eso, con suerte, habrá que esperar a la llegada del próximo gobierno para conocer el rostro del Defensor del Pueblo de la Nación. Nada más y nada menos.

El consumidor, una molestia para el gobierno

La presidente Cristina Fernández ensayó mostrarse activa y pro defensa de los consumidores al anunciar en los últimos días el envío al Congreso nacional de tres proyectos de ley con el objetivo de conseguir, dijo, “el empoderamiento del consumidor”.

En realidad, lo que hizo la Presidenta fue “pasarle la pelota” a la Justicia, mientras el gobierno, el Estado, sigue considerando al consumidor una molestia.

Desde que en 1994 se reformó la Constitución Nacional y, en su artículo 42 se hizo hincapié en la necesidad de defender al consumidor, ningún gobierno –el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Néstor Kirchner- hizo algo concreto para cumplir con esa idea.

¿Qué dice ese artículo 42 sobre los derechos de los consumidores? Que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

La Presidente volvió a plantear un problema, como el de la falta de amparo de los consumidores, como una cuestión ajena al Estado y al Poder Ejecutivo, como un problema entre los empresarios y los usuarios.

Por eso, en uno de los proyectos enviados al Congreso, el gobierno nacional propone crear una instancia de conciliación obligatoria entre empresas y usuarios, una autoridad administrativa con capacidad para otorgar indemnizaciones y un nuevo fuero judicial: la Justicia del Consumidor. Hasta ahí, bienvenido sea, después de 11 años de gestión.

¿Y el Estado? La Presidente sólo dio mayor poder a la Secretaría de Comercio, ya no para encarcelar a nadie sino para aumentar las multas.

Si, como dijo la jefa de Estado, los consumidores son los principales actores del siglo XXI, ¿por qué hizo aprobar en el Congreso Nacional la Ley de responsabilidad del Estado, que en uno de sus artículos le otorga toda la responsabilidad a los concesionarios de Servicios Públicos y ya ninguna al Estado?

En su discurso, Cristina Fernández destacó, a modo de revelación de una estadística que desconocía, que la telefonía celular encabeza el principal rubro de denuncia, con 60 millones de aparatos en manos de 40 millones de argentinos. ¿Sabrá la Presidenta que la telefonía celular no es un servicio público porque el oficialismo se niega a aprobar los proyectos que hay en ese sentido? ¿Y que si fuera un servicio público, al menos habría una organismo que controlara específicamente ese servicio y no como ahora, donde hay tres personas que se dedican a controlar toda la telefonía móvil? Tres personas, según informes de la Auditoría General de la Nación.

¿Por qué no envía un proyecto para sancionar o enjuiciar a aquéllos integrantes de los Entes Reguladores que no hacen absolutamente nada por defender a los usuarios de las prácticas fraudulentas que padecen en servicios como los teléfonos y celulares, el transporte de pasajeros, Internet, la medicina prepaga, la televisión por cable, la energía eléctrica, los medicamentos, etc, etc.

Si a alguien se le ocurriera hacer una mega encuesta consultando a los ciudadanos qué es un Ente regulador y cuántas veces ha denunciado o han defendido sus derechos como consumidor desde un Ente Regulador, seguramente una amplia mayoría no sabría qué responder.

Aunque usted no lo crea, los Entes Reguladores son los órganos que monitorean el cumplimiento de los contratos de concesión de los servicios públicos. Nada menos. Y además, deberían viabilizar quejas y reclamos por parte de los consumidores.

Si tienen un problema con los teléfonos fijos (no los celulares, porque el oficialismo no lo considera un servicio público) vuestro defensor es la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC); si el asunto son los cortes de electricidad que echaron a perder los alimentos de la heladera, se encarga el Ente Nacional de la Regulación de la Energía (ENRE); si se trata de algún problemita con los transportes, los colectivos, los trenes, allí se hace cargo de todo Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La realidad es que nadie los conoce, no hacen nada para que los usuarios los conozcan y en su mayoría, son funcionarios designados por el gobierno de turno. Y como si fuera poco, cobran por su no trabajo. ¿Cuál será su sueldo?

La iniciativa del Gobierno nacional, además de ser tardía porque resulta 11 años después del inicio de la gestión kirchnerista y 20 años después de su aprobación en la reforma constitucional de 1994, es probable que ni siquiera sea puesta en marcha durante el mandato de Cristina Fernández.

La creación de una Justicia del consumidor, así como un sistema de conciliación, implica designaciones y nombramientos de funcionarios judiciales, así como la disposición de estructura y empleados. Actualmente, son muchos los juzgados y fiscalías vacantes en distintos fueros, mientras el Poder Judicial se caracteriza por contar con un sistema y tecnologías arcaico, con despachos y oficinas abarrotadas de expedientes y con escaso personal.

Por eso, la década ganada para algunos, no tendrá entre sus ganadores a los consumidores que han sido testigos del desguace del Estado en los 90 y luego de un Estado omnipotente que puso su pie sobre la cabeza de los consumidores o bien, cuando el pie era de las empresas concesionarias de los servicios públicos, miró para otro lado.