La Argentina paralizada

La dirigencia política oficialista y opositora ha desvirtuado el espíritu del proceso electoral en la Argentina y, lejos de desarrollarlo como una expresión de la democracia, lo ha convertido en un salvavidas de plomo que, durante el 2015, no hizo más que paralizar a un país que tiene muchos problemas aún por resolver.

Los argentinos han quedado presos de una contienda electoral necesaria -porque está en juego no sólo la Presidencia de la Nación sino las autoridades provinciales, la mitad del Congreso Nacional, además de las Legislaturas provinciales- pero totalmente innecesaria de la manera en que se lleva a cabo: una campaña interminable que ocupa las tres cuartas partes del año mientras que, el resto de lo que queda del 2015, se irá con la asunción de los nuevos funcionarios.

Oficialistas y opositores han diseñado las elecciones nacionales y distritales según su conveniencia política, sin tener en cuenta a los ciudadanos.

Planteada a los largo de todo el 2015, con inicio formal en abril con las PASO en la provincia de Salta y con elecciones desdobladas en distritos importantes como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, hace siete meses que de lo único que se habla es de la campaña, elecciones y candidatos.

El problema reside en que sólo el “micromundo” de la política y de la prensa especializada se alimenta de cada palabra y de cada paso que dan los candidatos. “La gente”, entiéndase como la gran mayoría de la sociedad, no sigue el minuto a minuto de las actividades proselitistas y, por el contrario, observa cómo sus problemas no son solucionados por nadie.

No es ninguna revelación señalar que el Congreso de la Nación está prácticamente paralizado este año porque sus integrantes, muchos de ellos candidatos, han estado haciendo proselitismo en sus respectivas provincias. Si hubo alguna sesión, en modo alguno tuvo que ver con resolver algún problema de fondo que aqueja a la sociedad.

En campaña, los políticos -sean autoridades del gobierno nacional, de las administraciones provinciales o dirigentes opositores- no quieren dar ningún paso en falso que termine afectando el resultado electoral. En esa lógica, es “mejor no hacer nada” o “hacer lo que no tenga ningún riesgo de un efecto negativo” en la imagen de un candidato presidencial o de una fuerza política.

¿Qué consenso puede haber entre fuerzas políticas en medio de una campaña donde debe haber confrontación? ¿Un año no es mucho tiempo para congelar decisiones y soluciones en un país como la Argentina?¿No hay problemas económicos, de salud, educación, inseguridad, medio ambiente, institucionales que solucionar de manera urgente? El país está parado.

Realmente, los representantes del Gobierno nacional, los mandatarios provinciales, oficialistas y opositores congregados en las Legislaturas provinciales y en el Congreso Nacional debieran hacer una fuerte autocrítica acerca del desdoblamiento de las elecciones, motivados en todos los casos por intereses partidarios y sectoriales pero no en el interés de la comunidad.

¿Cuántos millones de pesos le hubiera ahorrado la política a la gente si se unificaban todas las elecciones?¿Cuántas cosas se podría haber hecho con ese dinero? Pero la fiesta sigue.

Y como si la campaña no fuera exageradamente extensa, los dirigentes de todos los colores políticos violan las normas que no permiten mezclar gestión con proselitismo, mientras que los plazos que fija la ley electoral acerca de cuándo empieza la campaña y cuándo termina no los cumple nadie.

Ejemplo. Formalmente, la campaña presidencial luego de la supuesta interrupción desde el 9 de agosto –día de las PASO- se reinició el 20 de setiembre. Falso. En verdad, la campaña nunca se detuvo.

Por si algo faltara, luego que el 25 de octubre en primera vuelta o el 25 de noviembre en ballottage se elija al próximo Presidente, el país continuará paralizado porque comienza el periodo de transición, de traspaso de mando que se concreta el 10 de diciembre.

Claro, y el 10 de diciembre, el nuevo gobierno tiene que tomar funciones, acomodarse, designar a los funcionarios del gabinete nacional pero también a los de segunda, tercera y séptima línea.

Y el 2015 concluirá como el año en que un país fue vaciado de decisiones, carente de alguna de las tantas soluciones que se requieren y, literalmente, inactivo, por la campaña electoral. Eso sí, con gobierno nuevo.

El Papa, el narcotráfico y el próximo Presidente

El Papa Francisco se puso a la cabeza de la elaboración en la Argentina de un Plan Integral contra el Narcotráfico del que participan educadores, especialistas y representantes de nada menos que 18 universidades privadas y que una vez terminado y que sea aprobado por Su Santidad, le será entregado al próximo Presidente de la Nación.

En otras palabras, el Papa, tan cuestionado en las últimas semanas porque recibirá por cuarta vez a Cristina Fernández el mes que viene, en verdad está muy preocupado por el avance del narcotráfico en la Argentina.

Pero, además, no ordena hacer un plan para entregárselo al gobierno kirchnerista, cuya política en materia de narcotráfico evidentemente ha fracasado en los 12 años de gestión: se lo entregará al sucesor de Cristina, es decir, Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa.

Quienes en Febrero pasado tomaron como un error o equivocación del Papa haber manifestado su preocupación por el narcotráfico en la Argentina, al señalar que “ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización” del país, podrán confirmar ahora que la inquietud papal siempre existió y que se corporizará en un programa que fue incapaz de elaborar y convocar el gobierno de Fernández de Kirchner.

A mediados del año pasado, durante una reunión de más de una hora en la residencia de Santa Marta, el Papa dialogó con Jorge Aufiero (Medicus), Héctor Masoero (UADE) y Guillermo Marconi donde se mostró “muy preocupado” por el narcotráfico en la Argentina, a partir de lo cual “incentivó” acciones para luchar contra ese flagelo, desde la sociedad civil.

Meses después la Conferencia Episcopal Argentina, el máximo organismo eclesiástico en el país emitió un durísimo documento en el que da cuenta que “la Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio. Es cierto que el desafío es enorme y el poder de corrupción y extorsión de los grupos criminales es grande. Pero no es verdad que nada se puede hacer”.

“Argentina es hoy, no solo un país de tránsito y consumo, sino también de producción. Es esencial el control de los precursores químicos necesarios para la producción de droga a nivel local. En ese sentido insistiremos en reclamar la reglamentación de la Ley No 26.045 (Ley de Registro de Precursores Químicos). Sabemos que las drogas de diseño son una alternativa ‘seductora’ para los narcotraficantes y, Argentina, por ser un país productor de precursores debe poner especial atención en esta variante. También hay que poner foco en el creciente número de laboratorios y cocinas de drogas que se instalan en las grandes ciudades”, sostuvo, a tono con la preocupación del Papa, la Conferencia Episcopal.

Fue así que un conjunto de 18 universidades privadas, la Academia Nacional de Educación, la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, el Consejo Superior de Educación Católica, la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina y el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada organizaron a fines del año pasado el Simposio “¿Cómo prevenir el avance del narcotráfico?”

Ese fue el puntapié para la creación del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR), un espacio con la venia del Papa, para elaborar un Plan Integral contra ese flagelo.

Bajo la coordinación de Marconi, un hombre muy cercano a Guillermo Marcó, quien fuera vocero del cardenal Jorge Bergoglio, el Oprenar organiza reuniones semanales con sus especialistas y divide su trabajo en cinco comisiones.

“Políticas de Seguridad”, que aborda la corrupción policial y cómo debería trabajarse en materia de inteligencia antinarcóticos, así como las tareas de la Prefectura y la Gendarmería en el control; “Fortalecimiento del Poder Judicial”, para que la Justicia sea mas efectiva con más juzgados en las fronteras, más fiscalías y capacitación de los funcionarios; “Políticas de Prevención Social de la Drogadicción” dirigido a la urbanización de las villas y el vínculo de niños y adolescentes con las drogas; “Políticas de Tratamiento y Rehabilitación del adicto”; “Políticas de prevención y sanción del lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.

De esa manera, la propuesta será integral y comprenderá no sólo el aspecto represivo derivado de la venta de drogas sino la fase preventiva, así como un mejor funcionamiento tanto de las fuerzas de seguridad como de la Justicia.

En privado, el propio Marconi y algunos especialistas convocados como el Director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano (CEPREDE), Claudio Stampalija, sostienen que el propio Sumo Pontífice está al tanto, vía email, del avance del programa.

“El país carece de un plan integral en materia de narcotráfico. Lo fundamental es encarar estas cuestiones a través de tres acciones concretas: ocupar correctamente e intervenir en el espacio territorial no solo para restaurar la ley sino para proteger a la gente; elaborar estrategias de coordinación entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios que hoy no existe; y buscar cómo hacer participar a la comunidad en programas concretos de prevención del narcotráfico en sus distintas dimensiones”, afirmó Stampalija a Infobae.

La idea en una primera etapa es convocar a los principales candidatos presidenciales para escuchar de su boca su análisis sobre el narcotráfico en el país y su propuesta. En Junio, el Oprenar realizará un encuentro con especialistas de México y de Colombia.

Y el objetivo final, el plan integral, estaría listo en agosto, para ser aprobado por el Papa Francisco y luego en octubre o noviembre, cuando se defina el nombre de quién sucederá a Cristina Fernández en la Casa Rosada, entregárselo en mano para que lo tenga en cuenta en su gestión.

Participan del Observatorio: La Academia Nacional de Educación (ANE), Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM), Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP), Medicus, Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP), Pastoral Universitaria-Arquidiócesis de Buenos Aires (SPU), Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).

Asimismo, también trabajan en la propuesta las casas de Estudio: Universidad Abierta Interamericana (UAI), UADE, Universidad de Belgrano (UB), UCA, Universidad Católica de La Plata (UCALP), Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Universidad del CEMA (UCEMA), Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Universidad FASTA, Universidad Favaloro, – Universidad de Flores (UFLO), Universidad Kennedy (UK) y Universidad de San Isidro (USI).

La inseguridad de Capitanich

Todas las mañana, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, da respuesta a los temas diarios planteados por la prensa acreditada en la Casa Rosada. No es casual que una de las consultas que se repite esté relacionada con los hechos de inseguridad.

A modo de mensaje de un contestador o de locutor publicitario que lea la letra chica de una propuesta comercial, ante la consulta sobre las protestas realizadas en los últimos días en esta Capital, la ciudad de Rosario y el Gran Buenos Aires en reclamo de seguridad, Capitanich repite cosas como “los reclamos por la inseguridad deben estar dirigidos a los gobernadores, que tienen responsabilidad primaria en la materia”.

Por orden de Cristina Fernández, porque cualquiera comprende que un Jefe de Gabinete dice lo que dice por convicción pero también porque se lo ordena su superior, el Presidente, Capitanich argumenta, con una pobreza intelectual llamativa, que “de acuerdo con la Constitución Nacional argentina, el país adopta un sistema representativo, republicano y federal, es decir que existen autonomías de la provincias para el desenvolvimiento de determinado tipo de cuestiones básicas, esenciales e indelegables, y la seguridad pública es una de ellas”.

Según Capitanich y, por ende, la Presidenta, el gobierno nacional tiene las manos atadas para actuar en materia de Seguridad porque es una facultad de las Provincias. Falso. Tanto, que merecería figurar en el Manual de Zonceras Argentinas de Arturo Jauretche, tan recitado por Cristina Fernández como por varios de sus ministros.

De acuerdo con “sensaciones”, “interpretaciones” pero también innumerables estudios de opinión, una de las dos principales preocupaciones que padecen los argentinos es la inseguridad. Pero esto no es un fenómeno actual.

En agosto de 2004 (Néstor Kirchner era el Presidente), una encuesta de Mora y Araujo reflejaba que el primer tema que más preocupaba a la población era la “falta de empleo” y, en segundo lugar, la “inseguridad”. En la actualidad, la “falta de empleo” fue reemplazada por la “inflación”, pero la “inseguridad” persiste.

Evidentemente cuando Capitanich recita la excusa de que la seguridad es responsabilidad de las Provincias, no sólo ignora la legislación vigente y la función que cumple el Ministerio de Seguridad de la Nación sino también la propia historia del gobierno kirchnerista.

Corría el 2004 y la sociedad recibió un duro golpe: el asesinato de un joven llamado Axel Blumberg que osó escapar de sus secuestradores. Como reacción imponente su padre, Juan Carlos Blumberg, encabezó una multitudinaria marcha de unas 150 mil personas al Congreso.

Ante ese cuadro y a poco de asumir, Néstor Kirchner intentó dar respuesta. Ordenó elaborar un programa y junto a su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, lanzó el “Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007).

¿Quién decía esto al referirse a la inseguridad y el combate contra el delito?

“Tenemos que proceder, caiga quien caiga, limpiar la fuerza, premiar la honestidad y devolverle la confianza en las instituciones a la gente, esto hay que hacerlo sin ningún tipo de concesión. No hay salidas intermedias”.  Néstor Kirchner, el 1 de abril del 2004

El plan comprendía, entre sus puntos, la creación de una Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior. Un área de investigaciones criminales y un Cuerpo Nacional de Paz compuesto por 6 mil hombres de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

¿Cuál era su rol? Agrupar y “coordinar todas las áreas de investigaciones de las fuerzas federales sobre el crimen organizado”. Con una “acción con sentido federal con todas las fuerzas provinciales del país”. En ese momento, la acción de la nueva fuerza estaba dirigida a combatir los desarmaderos, los secuestros extorsivos, así como los delitos relacionados con el lavado de dinero

El Plan, como el que aún esperan en vano cada día los ciudadanos, pero solo escuchan del gobierno nacional excusas, planteaba seis Capítulos. El primero sobre la nueva fuerza de seguridad y los siguientes sobre la Justicia, un reordenamiento general para hacerla mas eficiente contra el delito; participación y control ciudadano; un nuevo sistema Penitenciario; el financiamiento de los sistemas de seguridad y Justicia; equipamiento y nuevas tecnologías.

Asimismo, el objetivo era que los miembros de esta Agencia actuaran “como asistencia federal y policía de seguridad en las zonas más críticas, cuando su presencia sea requerida en el marco de la ley de seguridad interior”. La Ley de Seguridad interior, lo que Capitanich oculta.

Una marcha con incidentes contra la Legislatura porteña y polémicas declaraciones de Beliz sosteniendo que había “mafias enquistadas en la Side, la federal y la Justicia” –¿no era o es verdad?- provocaron que Kirchner le pidiera su renuncia y la de sus colaboradores. El Plan de seguridad terminó en un cesto de basura. Los efectos de la marcha de Blumberg se habían apaciguado. Ya no hacía falta continuar con el show de combatir al delito.

Lo cierto es que la legislación vigente, por mal que le pese a Capitanich, permite al gobierno de Cristina Fernández hacer algo por la inseguridad. Pero como no es una “obligación”, todo está supeditado a la “voluntad política”. Que evidentemente no la hay.

La Ley 24.059 de Seguridad Interior, modificada y actualizada varias veces desde el retorno de la Democracia, echa por tierra la argumentación diaria del Jefe de Gabinete.

En su artículo 1 es inobjetable. “La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior”.

En ese sentido, define seguridad interior “a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Totalmente ajustable a la situación de inseguridad actual.

Pero la norma avanza, en la responsabilidad del gobierno nacional de Cristina Fernández en el ejercicio de la seguridad de los habitantes. En su artículo 7, se declara que forman parte del sistema de seguridad interior: a) El Presidente de la Nación; b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley; c) El Congreso Nacional; d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; e) La Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente: f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

En más de una oportunidad, el mismo día en que Capitanich decía que la seguridad es responsabilidad de las provincias, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Secretario Sergio Berni se pronunciaba sobre algun hecho de inseguridad o un episodio delictivo. Mas aún, al parecer, el Jefe de Gabinete desconoce la función del Ministerio de Seguridad, que figura a simple vista en su página en Internet.

“Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales“.

¿Queda claro? Las policías provinciales forman parte del sistema de seguridad interior, a cargo de la Presidenta, que delega su responsabilidad en el ministro de Seguridad, Cecilia Rodríguez y su segundo, Sergio Berni.

Pero el peor de los interrogantes es ¿por qué ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández hicieron algo por la inseguridad en la última década, mas allá de paliativos? ¿Impericia, ignorancia, indiferencia?

Mascherano-Sabella vs.Grondona-Boudou

La Copa Mundial de Futbol 2014 no sólo fue el escenario donde Argentina disputó la final y volvió a ubicarse entre los cuatro países mas poderosos de la Tierra. Detrás de toda la parafernalia futbolera, la Argentina quizás haya comenzado un largo partido donde en un tiempo se dirimirá qué tipo de país, con qué valores, queremos.

De manera inesperada, a medida que el seleccionado argentino fue atravesando cada partido, cada instancia, hasta instalarse en la final, los argentinos iban observando que en ese grupo de nombres rutilantes encabezados por el de Lionel Messi, había algo más que un equipo de fútbol: había lo que el país necesitaba, valores.

“Los valores, la forma de salir a jugar, el mensaje. Todo eso también se refleja en una final. Quizá no sea el resultado que uno espera, pero si le dejamos algo a la gente es porque hicimos las cosas bien”, afirmaba Mascherano, ese líder del seleccionado argentino cuyo ejemplo se multiplicó día a día en los medios, en las redes sociales, asemejándolo con San Martín o el Che Guevara, por sus valores de sacrificio, esfuerzo y humildad.

“Trabajo y humildad”, también los preferidos por Alejandro Sabella. Cuando a Mascherano lo consultaron por el DT, lo describió: “Trasmite valores. Eso seduce a cualquier futbolista, a cualquier persona. Detrás de un equipo hay trabajo, problemas, buenos y malos rendimientos o resultados, pero los valores dan confianza. Es una persona que no necesita de un grito para transmitir: lo hace desde el conocimiento. Es honesto, profesional, ubicado y preparado”. Teléfono para la dirigencia política.

¿Por qué en los últimos días la pasión por el fútbol se alimentó de los valores de Mascherano o de Sabella? Porque eso es lo que necesitamos los argentinos. Y los dirigentes y los políticos están y estuvieron muy lejos de haberlo puesto en práctica, al menos desde el retorno de la democracia hasta aquí.

Ese modelo de país, el de Mascherano y Sabella, comenzó a enfrentarse en este Mundial de Brasil a la Argentina que se aferra al desvalor de la corrupción o de la sospecha de corrupción, para no “herir susceptibilidades”: el modelo Grondona-Boudou estuvo presente en este certamen.

Con la previa del histórico procesamiento de un Vicepresidente de la Nación Argentina, como lo es Amado Boudou por la causa Ciccone, que en lugar de rendir cuentas ante el Congreso nacional se victimiza, otro alto representante del país paseó sus presuntos vínculos con hechos ilícitos por la Copa del Mundo: Julio Humberto Grondona.

¿Qué valores puede tener un personaje como Grondona que fue designado presidente de la AFA en plena dictadura militar, en 1979, por el represor Carlos Lacoste? ¿Qué moral puede ostentar alguien que hace 35 años ejerce el máximo cargo del fútbol argentino, inmerso en una crisis económica permanente, sin la familia en las canchas, donde no puede ir la hinchada visitante por la inseguridad, con muertes, barrabravas todopoderosos y negocios oscuros?

Grondona llegó a Brasil imputado por la Justicia, por el Fiscal Eduardo Taiano, por presuntas irregularidades en la administración de los fondos destinados al programa financiado por el gobierno de Cristina Fernández, Fútbol para Todos.

Por eso no extrañó a nadie que su nombre y el de su hijo, Humberto Grondona, técnico del equipo juvenil argentino, estuvieran envueltos en lo que se denominó la “Operación Jules Rimet”, la mafia que revendía entradas del Mundial que habían sido dadas por cortesía, a precios exorbitantes. El escándalo se destapó cuando muchos simpatizantes que pagaron precios altísimos mostraron que los tickets estaban a nombre, entre otros dirigentes de la FIFA, de Julio Grondona y su hijo Humberto.

La policía de Brasil calcula que unas las redes de reventa estaban destinadas a un selecto mercado negro que generaba ganancias de hasta US$ 408.000 por partido. Según la investigación, la organización hasta ahora obtuvo ingresos por más de US$ 100 millones.

Pero la red, obviamente, no sólo involucraría a Grondona sino también a su colega y amigo, titular de la FIFA, Joseph Blatter. La empresa a cargo de la venta de entradas del Mundial de Brasil es Match y uno de los accionistas es Philippe Blatter, sobrino del mandamás del fútbol mundial.

Pese al negocio millonario, a veces las explicaciones pecan de una ingenuidad inverosímil. Grondona hijo intentó explicar lo ocurrido: ”Le vendí algunas a un amigo de Argentina y él, a su vez, se las dio a otro amigo. Después, no sé qué hicieron con las entradas. Terminó en el mercado paralelo, acción que no estaría fuera de la ley”. ¿Por qué el hijo del presidente de la AFA vende entradas de cortesía en vez de donarlas? ¿A cuánto?

El homólogo de Grondona en Brasil, Ricardo Texeira, debió renunciar en 2012 a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (la AFA de allá) y al Comité Organizador de la Copa del Mundo cuando se descubrió que había desviado fondos. ¿Pasará lo mismo con Grondona algún día?

Pero el escándalo de corrupción que involucra al titular de la AFA se dio en el marco de irregularidades mayores.

El Mundial de Brasil estuvo signado por sospechas de ilícitos a partir de costos muchísimo mayores a los previstos para la infraestructura.

El costo de construir el estadio Mané Garrincha de Brasilia, donde la Argentina le ganó a Bélgica 1 a 0 casi se triplicó a 900 millones de dólares en fondos públicos debido en buena medida a que se inflaron las sumas mediante facturas falsas, afirmaron los organismos de control del país vecino.

Los vínculos entre las firmas de la industria de la construcción y los políticos no hacen sino agravar las sospechas entre los brasileños de que la gran fiesta del fútbol está machada por la corrupción.

En un informe de 140 páginas sobre el estadio, los auditores del Tribunal de cuentas de Brasilia hallaron unos 275 millones de dólares en presuntos excesos de facturación.

“¿Hay corrupción en el Mundial? Por supuesto, no le quepa la menor duda”, expresó Gil Castelo Brando, fundador de Contas Abertas (Cuentas Claras), que postula mayor transparencia en los gastos del gobierno. “Donde hay dinero, hay corrupción. Y hoy por hoy en Brasil el dinero está en la Copa del Mundo”.

Brasil perdió en el Mundial el partido contra Alemania, que lo dejó fuera de carrera por un nuevo trofeo, pero también el partido contra la corrupción. La Argentina ¿ganará el partido de los valores de Mascherano-Sabella frente a los desvalores del modelo Grondona-Boudou? Falta mucho, pero al parecer, van ganando 1 a 0 los primeros.

Rendir cuentas es una obligación

El Estado en la Argentina ha dejado hace mucho tiempo de ser, como lo definió Hegel, “la conciencia de un pueblo”, para convertirse en un botín del que se apoderan los gobiernos de turno para alimentar la cultura del despilfarro y el manejo turbio de sus recursos.

El manejo de los recursos en el Estado es de tal oscurantismo que los ciudadanos, que cumplen con la ley y abonan religiosamente sus impuestos, no tienen posibilidad alguna de saber cómo y en qué gastan los funcionarios el dinero de todos.

“Cajas chicas” asignadas a organismos del Poder Ejecutivo sobre las que no se exige rendición o presentación de comprobantes; viáticos exagerados por almuerzos o viajes, muchas veces innecesarios o ficticios; recursos básicos como papel, tinta de impresora, accesorios de librería, etc, malgastados; llamadas telefónicas particulares desde las líneas de las oficinas estatales;  incumplimiento de horario; planta de empleados sobredimensionada o sin capacitación alguna.

La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para la gobernabilidad de los países, es decir, para la capacidad de los gobiernos de usar eficazmente los recursos públicos. A través de ella, los funcionarios están obligados a informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones.

En la vida cotidiana, todos debemos rendir cuentas: los ciudadanos ante la AFIP y los gobernantes y funcionarios ante el pueblo porque, en definitiva, son empleados a los que les paga el pueblo.

Sin embargo, poco se sabe de los hombres de Estado.

En Brasil, cualquier ciudadano puede ingresar al Portal de Transparencia de la Contraloría General de la Unión (CGU) y acceder a los datos de cualquier empleado estatal de rango bajo, medio o alto. Así, puede saber qué cargo ocupa y en qué organismo; la fecha y forma en que ingresó; y cuál es su sueldo. En la Argentina, resulta de por sí bastante complejo acceder a la declaración patrimonial del Presidente o de algunos ministro del gabinete nacional.

¿Por qué? Quizás la respuesta puede deducirse en que no hay herramienta mas eficaz para cotejar si un funcionario “metió la mano en la lata” que analizar, año tras año, su estado patrimonial.

Pero la corrupción ha ido evolucionando en el tiempo y los corruptos fueron dejando de tener bienes a su nombres para poner sus bienes a nombre de cónyuges, familiares y/o amigos, creando a veces sociedades con “conocidos”, pero cuyo principal ingreso provenía del primer eslabón: el funcionario.

De hecho, suena extraño que el gobierno de Cristina Fernández haya modificado la ley de Etica Pública y ya no sea obligación del funcionario presentar la declaración jurada con los bienes e ingresos de los/as cónyuges o convivientes e hijos/as menores de edad. Si el corrupto pone sus bienes a nombre de un allegado, no se sabrá, al menos que haya una denuncia judicial que avance, como ocurre en el caso del vicepresidente Amado Boudou.

Actualmente, sólo puede accederse por Internet a declaraciones juradas correspondientes al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con un informe de Mayo de este año de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  en lo que respecta al Poder Legislativo, se encuentran publicadas las declaraciones juradas de sólo 99 Diputados sobre un total de 257 (38,52%), y de 7 Senadores sobre un total de 72 (9,72%).

En el caso de los candidatos a cargos legislativos nacionales durante las últimas elecciones, el grado de cumplimiento de la norma fue prácticamente nulo en relación al universo de obligados.

Respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién a fines de abril de este año reglamentó la ley de declaraciones juradas patrimoniales e integrales y, a raíz de eso, aún no se tienen acceso a las declaraciones juradas de los Ministros del Alto Tribunal. En cuanto al Consejo de la Magistratura aun no emitió su propia reglamentación y por tanto tampoco se encuentran disponibles las declaraciones de los jueces nacionales, federales y provinciales.

En un país como la Argentina, en el que según estimaciones privadas la corrupción y la criminalidad económica se ha llevado unos 13 mil millones de dólares que aún no han sido recuperados por el Estado; con investigaciones judiciales con un promedio de 14 años de demora y que en su mayoría prescriben y/o quedan impunes, si el gobierno de turno no da respuesta claras a un problema mas que evidente, resulta sospechoso.

El debilitamiento de los organismos de control

El Estado argentino es una invitación a la corrupción.

En momentos en que este delito vuelve a estar en boca de todos de la mano de la resonante causa Ciccone y con un histórico procesamiento de un Vicepresidente de la Nación, en este caso Amado Boudou, es inmejorable la oportunidad para analizar los motivos de la corrupción.

No es algo meramente cultural. Los argentinos no eligen gobernantes y funcionarios corruptos, no es mala suerte, ni se trata de hechos aislados: el problema es la falta de control.

La fórmula es muy sencilla: más control = más transparencia = menos corrupción.

El corrupto puede “meter la mano en la lata” del Estado cuando no hay barreras que le impidan hacerlos. Cuando cumple su cometido, o bien la Justicia no actúa o cuando actúa es tarde y, en el peor de los casos, hasta puede ir unos años presos pero los millones que se robó nunca regresan a sus verdaderos dueños: la gente. ¿Un funcionario público, al asumir, no debería poner como “garantía” de sus actos los bienes patrimoniales a su nombre y los de su familia? Sería ético y si comete algún acto de corrupción, responderá con su bolsillo.

Pero es el Estado, el gobierno, el que tiene en sus manos la posibilidad de ser transparente o continuar con la oscuridad de la corrupción, lejos de la ciudadanía.

En Chile, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, los organismos de control ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de hacer denuncias a través de Internet y proponer que se controle a tal o cual entidad pública.

En Costa Rica, los organismos de control tienen una aplicación para telefonía móvil que permite a los ciudadanos hacer denuncias de corrupción a través del celular e incluso acceder a la página “Conozca en qué se gasta su dinero” donde el gobierno rinde cuentas del manejo de los fondos.

En Bolivia, Evo Morales creó en 2009 el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción que apunta a la participación de la sociedad en la denuncia de ilícitos. ¿Por qué? Porque la corrupción es un delito que beneficia a muy pocos y siempre es la mayoría la que pierde mucha plata.

En Estados unidos, Barack Obama lanzó en octubre de 2013 la segunda etapa del Plan Nacional de Gobierno Abierto que inició en 2011. Mas transparencia y mas participación ciudadana a través de la opción online “Nosotros, la gente”, donde se promueven las denuncias y reclamos de la gente a los distintos organismos públicos y establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de rendición de cuentas del gobierno norteamericano.

¿Y en Argentina?

Pese a los permanentes reclamos desde organizaciones no gubernamentales y algunos dirigentes de la oposición, la Argentina aún no tiene una Ley Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué es importante? Porque es la posibilidad que tienen todas las personas de saber cómo, cuando y en qué gasta el gobierno el dinero de todos los argentinos.¿Por qué el gobierno no impulsa o acepta tratar los proyectos de ley de Acceso a la Información? Porque no quiere rendir cuentas.

Por otra parte, en el país existe un grupo de organismos de control -la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación (AGN)- que se ocupan de controlar al Estado, al gobierno nacional. Ahora bien, si alguien quiere manejar el dinero público antojadizamente, ¿qué debe hacer? No permitir que los organismos de control hagan su trabajo.

De eso se trata. Hace cinco años -desde 2009- que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no tiene titular desde que Manuel Garrido dejó su cargo tras denunciar que querían recortar sus funciones e iniciar varias investigaciones por corrupción contra el gobierno K ; la SIGEN está a cargo de Daniel Reposo, un manifiesto ultra kirchnerista cuya designación para ocupar la Procuración General de la Nación fue rechazada por el Congreso Nacional por su parcialidad; la Oficina Anticorrupción es un organismo que forma parte del gobierno nacional, con funcionarios nombrados por la Casa Rosada ¿Quién va a investigarse y denunciarse a sí mismo?; y la Auditoría General de la Nación es el único organismo que funciona, como puede, ya que está integrada por mayoría oficialista.

A modo de ejemplo, la Auditoría General de la Nación fue el organismo que advirtió el pésimo estado de los ferrocarriles en el 2011. Nadie del gobierno respetó sus advertencias y después fue demasiado tarde: ocurrió la tragedia de Once en febrero de 2012, con 51 muertes.

Esta semana, desde el Frente Amplio Unen (FAU) presentarán un proyecto para fortalecer a la AGN como organismo de control. En primer lugar, propondrán que ese organismo esté en manos de la oposición de turno y que el partido de gobierno sea minoría. Al revés de lo que pasa hoy.

Pero lo mas trascendente es que el proyecto busca otorgarle más poder a ese organismo. Por un lado, exigirá que los funcionarios colaboren y entreguen a la AGN toda la documentación que requiera para ejercer el control necesario y, de no colaborar (como suele ocurrir frecuentemente para evitar que se descubra algún ilícito) se puede denunciar penalmente a quien oculte información. Incluso, la Auditoría podrá reclamar el acceso a esa documentación ante un juez.

Por otra parte, cuando detecte irregularidades la Auditoría podrá sugerir al gobierno nacional que separe de su cargo a un funcionario hasta tanto finalice la investigación. Por ejemplo, según ese proyecto de ley, iniciativa del diputado nacional por la UCR Miguel Bazze, la Auditoría podría sugerir a la presidenta Cristina Fernández que aparte a Boudou hasta que se esclarezca su situación.

Paralelamente, el diputado del Frente Renovador Adrián Pérez presentó otro proyecto reclamando la creación de una Oficina Anticorrupción Nacional “independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal”.

Es probable que el Frente para la Victoria, que ostenta la mayoría en ambas Cámaras, continúe mirando hacia otro lado en materia de corrupción, sin tratar este tipo de proyectos. Lo cual refleja el espíritu del gobierno nacional hacia una mayor transparencia de sus actos.

La decisión es netamente política y no requiere de una gran ingeniería. Solo un claro compromiso: mas control, menos corrupción.