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Por una política exterior previsible

Las relaciones internacionales distan mucho de asemejarse a las relaciones políticas internas, partidarias, al menos las que se desarrollaron en la Argentina en las últimas décadas.

El lenguaje diplomático es sutil, moderado, cuidadoso de no ofender a otra nación o entrometerse en los asuntos domésticos de otro país. Debajo de toda esa puesta en escena, obviamente subyacen las negociaciones crudas, duras, de la política internacional. Pero no se exhiben ni ostentan, salvo excepciones.

Hay una condición que convierte a un país en serio: la previsibilidad. Una nación puede ser de izquierda o de derecha, pro-norteamericana o pro-china; con un Estado omnipresente o un Estado vacío. Pero debe ser previsible. Los actores internacionales deben saber hacia dónde apunta su política exterior, cuáles son sus socios, sus aliados, qué se está dispuesto a negociar y qué es innegociable.

Establecidas esas reglas, las de la Realpolitik, la Argentina es un país poco serio. Prueba de ello es que a menos de cuatro meses del cambio de Gobierno, el país dio un giro de 180 grados en su política exterior, que bien lo pueden reflejar tan sólo dos frases respecto del Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La primera pertenece a quien fuera presidente hace apenas 108 días atrás, Cristina Fernández y la segunda, al actual jefe de Estado, Mauricio Macri. Continuar leyendo →

¿Quién es el dueño del 30% K?

Mas allá del desprestigio de varios encuestadores que le han vendido su alma al diablo, despilfarrando la credibilidad que ostentaban en los 90 como gurúes de la política, las pocas mediciones serias que quedan coinciden en que el universo de votantes que aprueba la gestión de Cristina Fernández, que son kirchneristas o bien adhieren al modelo K ronda entre el 25 y el 30 por ciento del electorado.

En el mas acotado de los casos, estamos hablando de una cuarta parte de la sociedad, porcentaje que cualquier candidato desearía tener como base.

Ahora bien, aquel precepto utilizado tanto por el emperador romano Julio César como por Napoleón continúa vigente: “Divide y reinarás”.

Si los candidatos antikirchneristas son varios, ese 25 o 30 por ciento se hace fuerte, desequilibrante. Al menos por ahora, el PRO lleva a Mauricio Macri como candidato a presidente; el Frente Renovador a Sergio Massa; y el Frente Amplio Unen (FAU) a Hermes Binner o Julio Cobos. Cuatro partidos en pugna por el sillón de Rivadavia.

Volviendo al kirchnerismo, ¿quién será el dueño de esos votos?

En principio quien arranca en punta es Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires. En un escenario oficialista en el que la presidente Cristina Fernández no designó a nadie “su” candidato todavía, Scioli aparece a la cabeza de cualquier sondeo entre los postulantes del Frente para la Victoria. Es decir, supera por lejos a Florencio Randazzo, Agustín Rossi, Sergio Urribarri, Anibal Fernández, Julián Domínguez o Jorge Taiana.

El sciolismo parte de esta cuenta. Si Scioli gana la interna del Frente para la Victoria, entonces ese 25 o 30 por ciento de votantes lo acompañará en las elecciones generales. Pero a ese porcentaje, Scioli, por su perfil mas amplio y con llegada a sectores que no son tradicionalmente kirchneristas, sumaría otros 5 o 6 puntos mas. Ergo, rondaría los 35 puntos que, por lo menos, lo ubicarían en un eventual ballottage.

Pero esa lectura es lineal. Varios dirigentes-candidatos del oficialismo, como Randazzo, Urribarri o Domínguez, consideran que la Presidente finalmente se inclinará por uno de ellos. De ser así, ¿Scioli seguirá siendo el mejor posicionado para las PASO del FPV o correría el riesgo de ser derrotado por el candidato de Cristina? En ese caso, ¿iría por afuera? Todo es posible, hoy.

Lo paradójico es que cualquiera de los otros candidatos presidenciales del oficialismo que no sea Scioli perdería con Macri, Massa, Binner o Cobos en un ballottage.

Es allí cuando se dispara la idea de que Cristina Fernández apostaría a perdedor y preferiría que gane un opositor para conservar el poder desde el peronismo y, quién sabe, volver en un próximo mandato como candidata o ser la madrina de ese “retorno” del kirchnerismo al poder.

El otro punto que concluyen las encuestadoras mas serias es que mas de la mitad del electorado no pretende un cambio radical en el país después del 2015 sino conservar lo que está bien y corregir lo malo. De esa manera, parece reflejarse una vez más el “voto conservador” que históricamente han tenido los argentinos siempre que una gestión no derive en una crisis.

Por eso, para el kirchnerismo la variable negativa es la economía. Con una inflación que no baja del 30 por ciento anual, con la merma del poder adquisitivo que se traduce en reducción del consumo, con situación conflictivas como las suspensiones y la falta de llegada de nuevas inversiones, será imposible para cualquier candidato que enarbole las banderas del kirchnerismo triunfar en las generales del 2015.

Mas aún. De agravarse la situación económica, la propia Cristina Fernández dejará el poder con serios cuestionamientos y una imagen muy deteriorada que la incapacitará, a la vista de la sociedad, para ser jefa de la oposición o pergeñar cualquier estrategia con el objetivo de regresar directa o indirectamente (a través de otro dirigente) al poder.

 

El consumidor, una molestia para el gobierno

La presidente Cristina Fernández ensayó mostrarse activa y pro defensa de los consumidores al anunciar en los últimos días el envío al Congreso nacional de tres proyectos de ley con el objetivo de conseguir, dijo, “el empoderamiento del consumidor”.

En realidad, lo que hizo la Presidenta fue “pasarle la pelota” a la Justicia, mientras el gobierno, el Estado, sigue considerando al consumidor una molestia.

Desde que en 1994 se reformó la Constitución Nacional y, en su artículo 42 se hizo hincapié en la necesidad de defender al consumidor, ningún gobierno –el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Néstor Kirchner- hizo algo concreto para cumplir con esa idea.

¿Qué dice ese artículo 42 sobre los derechos de los consumidores? Que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

La Presidente volvió a plantear un problema, como el de la falta de amparo de los consumidores, como una cuestión ajena al Estado y al Poder Ejecutivo, como un problema entre los empresarios y los usuarios.

Por eso, en uno de los proyectos enviados al Congreso, el gobierno nacional propone crear una instancia de conciliación obligatoria entre empresas y usuarios, una autoridad administrativa con capacidad para otorgar indemnizaciones y un nuevo fuero judicial: la Justicia del Consumidor. Hasta ahí, bienvenido sea, después de 11 años de gestión.

¿Y el Estado? La Presidente sólo dio mayor poder a la Secretaría de Comercio, ya no para encarcelar a nadie sino para aumentar las multas.

Si, como dijo la jefa de Estado, los consumidores son los principales actores del siglo XXI, ¿por qué hizo aprobar en el Congreso Nacional la Ley de responsabilidad del Estado, que en uno de sus artículos le otorga toda la responsabilidad a los concesionarios de Servicios Públicos y ya ninguna al Estado?

En su discurso, Cristina Fernández destacó, a modo de revelación de una estadística que desconocía, que la telefonía celular encabeza el principal rubro de denuncia, con 60 millones de aparatos en manos de 40 millones de argentinos. ¿Sabrá la Presidenta que la telefonía celular no es un servicio público porque el oficialismo se niega a aprobar los proyectos que hay en ese sentido? ¿Y que si fuera un servicio público, al menos habría una organismo que controlara específicamente ese servicio y no como ahora, donde hay tres personas que se dedican a controlar toda la telefonía móvil? Tres personas, según informes de la Auditoría General de la Nación.

¿Por qué no envía un proyecto para sancionar o enjuiciar a aquéllos integrantes de los Entes Reguladores que no hacen absolutamente nada por defender a los usuarios de las prácticas fraudulentas que padecen en servicios como los teléfonos y celulares, el transporte de pasajeros, Internet, la medicina prepaga, la televisión por cable, la energía eléctrica, los medicamentos, etc, etc.

Si a alguien se le ocurriera hacer una mega encuesta consultando a los ciudadanos qué es un Ente regulador y cuántas veces ha denunciado o han defendido sus derechos como consumidor desde un Ente Regulador, seguramente una amplia mayoría no sabría qué responder.

Aunque usted no lo crea, los Entes Reguladores son los órganos que monitorean el cumplimiento de los contratos de concesión de los servicios públicos. Nada menos. Y además, deberían viabilizar quejas y reclamos por parte de los consumidores.

Si tienen un problema con los teléfonos fijos (no los celulares, porque el oficialismo no lo considera un servicio público) vuestro defensor es la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC); si el asunto son los cortes de electricidad que echaron a perder los alimentos de la heladera, se encarga el Ente Nacional de la Regulación de la Energía (ENRE); si se trata de algún problemita con los transportes, los colectivos, los trenes, allí se hace cargo de todo Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La realidad es que nadie los conoce, no hacen nada para que los usuarios los conozcan y en su mayoría, son funcionarios designados por el gobierno de turno. Y como si fuera poco, cobran por su no trabajo. ¿Cuál será su sueldo?

La iniciativa del Gobierno nacional, además de ser tardía porque resulta 11 años después del inicio de la gestión kirchnerista y 20 años después de su aprobación en la reforma constitucional de 1994, es probable que ni siquiera sea puesta en marcha durante el mandato de Cristina Fernández.

La creación de una Justicia del consumidor, así como un sistema de conciliación, implica designaciones y nombramientos de funcionarios judiciales, así como la disposición de estructura y empleados. Actualmente, son muchos los juzgados y fiscalías vacantes en distintos fueros, mientras el Poder Judicial se caracteriza por contar con un sistema y tecnologías arcaico, con despachos y oficinas abarrotadas de expedientes y con escaso personal.

Por eso, la década ganada para algunos, no tendrá entre sus ganadores a los consumidores que han sido testigos del desguace del Estado en los 90 y luego de un Estado omnipotente que puso su pie sobre la cabeza de los consumidores o bien, cuando el pie era de las empresas concesionarias de los servicios públicos, miró para otro lado.

China combate la corrupción, el Gobierno sostiene a Boudou

Una larga lista de diferencias económicas, culturales, políticas, demográficas, históricas y filosóficas separa a la República Popular China de la Argentina.

Durante la reciente visita de Estado del mandatario chino, Xi Jinping, para anunciar algo mas de 8 mil millones de dólares en inversiones para dos represas en la provincia de Santa Cruz y el mejoramiento del servicio del ferrocarril Belgrano Cargas, pasó desapercibida una de las diferencias principales: qué hacer con la corrupción.

La foto del líder asiático con la presidente Cristina Fernández reflejó a un mandatario que tomó la decisión de combatirla -empezando por casa, el gobernante Partido Comunista Chino (PCCh), y por el Estado- y a una jefa de Estado que mira hacia otro lado.

Mas cruda fue la foto de Xi Jinping con el vicepresidente Amado Boudou. El Presidente del gigante asiático, que dos meses antes de asumir en el poder, en enero de 2013, llamó a luchar contra la corrupción “tanto de tigres como de moscas” y afirmó que “no habrá excepciones”, y un vicepresidente argentino, procesado por la causa Ciccone, sobre quien desde ya rige el principio de inocencia, pero que tiene abierta ocho causas más -esta semana debe declarar en una ante el juez Claudio Bonadío y pronto deberá rendir cuentas por denuncias de enriquecimiento ilícito.

Xi Jinping es considerado en China el presidente que sacudió las estructuras del Partido y del gobierno para erradicar la corrupción, aferrándose al proverbio chino: “Matar la gallina para asustar a los monos”.

El 3 de julio pasado, el gobierno chino informó que unos 63 mil funcionarios habían sido penados, en los primeros cinco meses del año, un 34,7% más que el mismo período de 2013. Wang Qishan, un funcionario cercano a Xi Jinping, se ha convertido en el hombre “temido” por encabezar el Comité de Control Disciplinario del Partido Comunista que, junto con la Agencia Tributaria, persigue a los corruptos.

Así, se multiplicaron las detenciones, juicios y condenas. Bo Xilai, poderoso ex secretario del partido y ex miembro del Politburó, fue destituido de sus cargos. Si bien la detención fue previa a la llegada de Xi Jinping, este utilizó el caso como ejemplo para el resto y Bo Xilai fue condenado a cadena perpetua por sobornos, corrupción y abuso de poder, al igual que su esposa.

Liu Zhijun, ministro de Ferrocarriles durante la presidencia de Hu Jintao -predecesor de Xi Jinping- fue sentenciado a muerte con dos años de suspensión de sentencia a principios de julio por aceptar sobornos; Jiang Jiemin, responsable de la comisión que supervisa a las empresas estatales, fue destituido en septiembre en el marco de una amplia investigación en China National Petroleum Corporation (CNPC); Li Chuncheng, número dos del PC en la provincia de Sichuan, fue destituido en diciembre de 2012 y está bajo escrutinio. También purgó por corrupción al general retirado Xu Caihou, número dos de la jerarquía militar china hasta 2012; a Li Dongsheng, viceministro de Seguridad Pública; y a Wang Yongchun, quien fue ejecutivo de la mayor petrolera estatal, CNPC.

Pero no sólo Xi Jinping inició una cruzada contra la corrupción en la dirigencia política y en el Estado sino que, realmente apuntó contra algunas “corporaciones”. El caso mas resonante es el de la compañía británico GlaxoSmithKline, acusada por la policía china de sobornar a médicos a través de agencias de viaje para promover las ventas de sus medicamentos, por lo que fueron detenidos cuatro de sus directivos. Por otra parte, la televisión estatal china acusó a la francesa Danone de pagar dinero a empleados de hospitales para que dieran su leche maternizada a los recién nacidos. En tanto la prensa china denunció casos de corrupción vinculados a las farmaceúticas Eli Lilly, Novartis y Sanofi.

El caso paradigmático de la nueva ola anticorrupción china es el de magnate de la minería Liu Han, que llegó a aparecer en la lista de la revista Forbes de los empresarios más ricos del mundo. En mayo, un tribunal de Hubei condenó a Liu Han y a su hermano Liu Wei a la pena de muerte por abuso de poder y corrupción.

La Fiscalía Suprema Popular de China registró entre enero y noviembre de 2013 unos 21.800 casos graves de corrupción, según un informe redactado en el marco de la nueva y endurecida estrategia de las autoridades chinas contra los delitos cometidos por sus políticos. A lo largo del año pasado, la Judicatura nacional investigó a 36.900 oficiales sospechosos de corrupción, de los cuales 16.500 originaron algún tipo de pérdida monetaria para los ciudadanos. Según las conclusiones del informe, la suma total del dinero involucrado en estos casos de corrupción alcanzó los 910 millones de dólares.

Impulsar “sin tregua” la creación de un “gobierno limpio” y librar la “guerra anticorrupción”, ¿no son frases que a cualquier argentino le gustaría escuchar y estaría mas que satisfecho si un gobernante las aplicara?

Está claro que sobre China pesan graves denuncias por violación a los derechos humanos, que el órgano que investiga los hechos de corrupción llegó a emplear la tortura en sus procedimientos y que los argentinos rechazan abiertamente la pena capital como sanción. Pero lo que sí es rescatable es la actitud de un gobernante como Xi Jinping -mas allá de si su accionar responde a un interés político/personal de cambiar la imagen de la República Popular China o porque lleva en sus valores el de la honestidad- de combatir la corrupción de una vez por todas.

¿Quién será el Xi Jinping en la Argentina a partir del 2015?