Mientras el Gobierno nacional admite unos 40 mil despidos en el sector privado y estatal, desde la oposición se habla de unos 140 mil despidos en total. Sin estadísticas del INDEC, aún, la discusión de los números del desempleo terminan siendo politizados, pero la delicada situación de fondo existe.

El ministro de Trabajo Jorge Triaca admitió que, en el sector privado, desde diciembre de 2015 a lo que va del 2016 hubo unos 27 mil despidos. Su colega de la cartera de Modernización, Andrés Ibarra, también informó que en lo que va del año hubo 10.921 despidos en el Estado nacional, en lo que consiste la primera etapa del plan de revisión de 63.000 contratos de empleo público. Esto da un nivel de despidos de casi 40 mil trabajadores.

En cambio el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que entre diciembre de 2015 y marzo de este año hubo 141.542 despidos. De ese total de despidos, el 52 por ciento correspondió a trabajadores del ámbito privado y el 48 por ciento restante a empleados del Estado.

En ese contexto, declaraciones como las del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, reclamando que “no nos hagan creer en esta sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables de empleo” no contribuyen en nada. La sociedad ya padeció bastante con dichos similares, como cuando Aníbal Fernández relativizaba todos los hechos de inseguridad, asegurando que sólo se trataba de una “sensación”.

Es que la realidad es insoslayable. Hay una notable caída de consumo, producto del brutal aumento de los productos básicos de la canasta familiar, además de naftas, transportes y servicios públicos. A la sociedad poco ya le importa si la disparada de precios es motivo de la inoperancia kirchnerista, del ajuste macrista o un cocktail explosivo compuesto por ambos. Lo concreto es que la economía doméstica sufrió un duro revés y hay dudas acerca de su recomposición.

Mauricio Macri apuesta todo al segundo semestre. La jugada es riesgosa. Cuando a un importante dirigente peronista se le consultó, en privado, sobre la posibilidad de recrudecimiento del conflicto social si es que el gobierno no obtenía resultados positivos para la economía antes de fin de año, se sumergió en el silencio y desde allí susurró: “No sé”.

Las principales dudas tienen una lógica: las inversiones pueden ser inmediatas pero no los efectos. Una firma puede desembarcar con dinero fresco, pero la organización de su estadía en el país lleva mucho tiempo frente a las necesidades urgentes de la Argentina y recién en 2017 podría llegar a verse algún resultado concreto a nivel de empleo.

Por eso una pista pudo haberla dado, sorpresivamente, la canciller Susana Malcorra días atrás, durante una conferencia de prensa sobre la política exterior del Gobierno. Luego de admitir que las inversiones no ocurren “de un día para el otro”, atribuyendo esa demora a que la actual gestión tuvo que “revertir una situación de aislamiento financiero total” producto de la era kirchnerista, la ministra deslizó que la idea es que “las empresas que están en la Argentina, que tenían proyectos retenidos, los lancen y lo estamos viendo en varios sectores. Por eso Alfonso Prat Gay habla del segundo semestre” .

Es decir, el Gobierno cree que con financiamiento externo para obra pública logrará empezar a mover a la construcción y con ese sector a toda la cadena de proveedores que participan de ese proceso. Y esto, acompañarlo con la concreción de los proyectos empresarios truncos en el 2015. ¿No es muy poco para llevar la inflación a un dígito como promocionó el propio Presidente?

El otro dilema es bajo qué condiciones vendrán las nuevas inversiones. Qué garantías les exigirá el Gobierno a esas empresas para instalarse y operar en la Argentina. Qué harán con las utilidades; si podrán remitir en su totalidad los dólares de rentabilidad a sus casas matrices en otros países o tendrán la obligación de volcar parte de esas ganancias, al empleo y producción nacional.

En el 2000, el Grupo Metro Internacional, de origen sueco, desembarcó en la Argentina para distribuir el primer diario gratuito en el país. Para ello, contrataron a periodistas y personal argentino, algo mas de 200 empleados. Invertían 1 millón de dólares por mes cuando aún regía la Convertibilidad, el 1 a 1.

Regía en ese entonces la doble indemnización y la prohibición de despidos promovida por el presidente Eduardo Duhalde. La misma ley que impulsa actualmente la oposición al Gobierno.

Cuando estalló la crisis del 2001, los inversores suecos levantaron sus cosas y huyeron literalmente del país, negándose a indemnizar a los trabajadores por la pequeña cifra –si se compara con lo que invirtieron cada mes durante dos años- de 200 mil dólares y dejando a 250 familias sin trabajo. Claro, la firma sueca había necesitado declarar apenas 12 mil dólares para radicarse en la Argentina.

Este episodio hay que tenerlo presente y aprender de sus consecuencias a la hora de presentar a los inversores extranjeros como la panacea para un país como la Argentina.