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La Argentina paralizada

La dirigencia política oficialista y opositora ha desvirtuado el espíritu del proceso electoral en la Argentina y, lejos de desarrollarlo como una expresión de la democracia, lo ha convertido en un salvavidas de plomo que, durante el 2015, no hizo más que paralizar a un país que tiene muchos problemas aún por resolver.

Los argentinos han quedado presos de una contienda electoral necesaria -porque está en juego no sólo la Presidencia de la Nación sino las autoridades provinciales, la mitad del Congreso Nacional, además de las Legislaturas provinciales- pero totalmente innecesaria de la manera en que se lleva a cabo: una campaña interminable que ocupa las tres cuartas partes del año mientras que, el resto de lo que queda del 2015, se irá con la asunción de los nuevos funcionarios.

Oficialistas y opositores han diseñado las elecciones nacionales y distritales según su conveniencia política, sin tener en cuenta a los ciudadanos.

Planteada a los largo de todo el 2015, con inicio formal en abril con las PASO en la provincia de Salta y con elecciones desdobladas en distritos importantes como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, hace siete meses que de lo único que se habla es de la campaña, elecciones y candidatos.

El problema reside en que sólo el “micromundo” de la política y de la prensa especializada se alimenta de cada palabra y de cada paso que dan los candidatos. “La gente”, entiéndase como la gran mayoría de la sociedad, no sigue el minuto a minuto de las actividades proselitistas y, por el contrario, observa cómo sus problemas no son solucionados por nadie.

No es ninguna revelación señalar que el Congreso de la Nación está prácticamente paralizado este año porque sus integrantes, muchos de ellos candidatos, han estado haciendo proselitismo en sus respectivas provincias. Si hubo alguna sesión, en modo alguno tuvo que ver con resolver algún problema de fondo que aqueja a la sociedad.

En campaña, los políticos -sean autoridades del gobierno nacional, de las administraciones provinciales o dirigentes opositores- no quieren dar ningún paso en falso que termine afectando el resultado electoral. En esa lógica, es “mejor no hacer nada” o “hacer lo que no tenga ningún riesgo de un efecto negativo” en la imagen de un candidato presidencial o de una fuerza política.

¿Qué consenso puede haber entre fuerzas políticas en medio de una campaña donde debe haber confrontación? ¿Un año no es mucho tiempo para congelar decisiones y soluciones en un país como la Argentina?¿No hay problemas económicos, de salud, educación, inseguridad, medio ambiente, institucionales que solucionar de manera urgente? El país está parado.

Realmente, los representantes del Gobierno nacional, los mandatarios provinciales, oficialistas y opositores congregados en las Legislaturas provinciales y en el Congreso Nacional debieran hacer una fuerte autocrítica acerca del desdoblamiento de las elecciones, motivados en todos los casos por intereses partidarios y sectoriales pero no en el interés de la comunidad.

¿Cuántos millones de pesos le hubiera ahorrado la política a la gente si se unificaban todas las elecciones?¿Cuántas cosas se podría haber hecho con ese dinero? Pero la fiesta sigue.

Y como si la campaña no fuera exageradamente extensa, los dirigentes de todos los colores políticos violan las normas que no permiten mezclar gestión con proselitismo, mientras que los plazos que fija la ley electoral acerca de cuándo empieza la campaña y cuándo termina no los cumple nadie.

Ejemplo. Formalmente, la campaña presidencial luego de la supuesta interrupción desde el 9 de agosto –día de las PASO- se reinició el 20 de setiembre. Falso. En verdad, la campaña nunca se detuvo.

Por si algo faltara, luego que el 25 de octubre en primera vuelta o el 25 de noviembre en ballottage se elija al próximo Presidente, el país continuará paralizado porque comienza el periodo de transición, de traspaso de mando que se concreta el 10 de diciembre.

Claro, y el 10 de diciembre, el nuevo gobierno tiene que tomar funciones, acomodarse, designar a los funcionarios del gabinete nacional pero también a los de segunda, tercera y séptima línea.

Y el 2015 concluirá como el año en que un país fue vaciado de decisiones, carente de alguna de las tantas soluciones que se requieren y, literalmente, inactivo, por la campaña electoral. Eso sí, con gobierno nuevo.

Nisman, una muerte que nada cambió

La muerte del fiscal Alberto Nisman, luego de denunciar a la presidenta Cristina Fernández de presunto encubrimiento de los iraníes sospechados de haber llevado a cabo el atentado contra la AMIA en 1994, no cambió nada, no resultó un punto de inflexión y no generó un antes y un después en la realidad argentina. Ni siquiera influyó, al parecer, en la campaña electoral.

A casi tres meses del fallecimiento del funcionario judicial, no sólo se desconoce si se trató de un suicidio o de un asesinato, sino que la denuncia que realizara sobre el Gobierno nacional está a punto de desvanecerse y sólo queda la pelea entre su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado y la fiscal Viviana Fein, las fotos de Nisman “de la noche porteña” y un oscuro personaje como Diego Lagomarsino.

El super fiscal nombrado por Néstor Kirchner en el 2004 con la venia de la comunidad judía local e internacional, para llevar adelante las investigaciones por la causa AMIA tenía contacto directo con la embajada norteamericana y, por ende con el gobierno de los Estados Unidos y la CIA; las entidades judías, o sea con el gobierno de Israel y el Mossad; la ex SIDE a través del agente que dispuso en su momento Kirchner para que lo “ayudara” en su investigación, Antonio Stiuso.

Ese Nisman, simplemente, con todos esos “contactos”, un día denunció a la máxima autoridad del gobierno nacional bajo el conocimiento, obviamente, de EE.UU y la CIA; Israel, las entidades judías y el Mossad; de la Side y Stiusso; y probablemente del propio gobierno nacional. Esa denuncia, sobre la que todos estaban al tanto y nadie hizo nada para detenerlo si es que era tan pobre y vacía de argumento como se dedujo luego, fue presentada judicial y mediáticamente, provocando un terremoto político el 14 de enero.

Cinco días después, este  super fiscal, el del paraguas de contactos políticos y de inteligencia del más alto nivel mundial, simplemente aparecía muerto. Un suicidio sospechoso, mas cerca de un “asesinato” mafioso, según se ocuparon de plantearlo la presidenta Cristina Fernández, los medios locales e internacionales y, ahora, la ex esposa que comanda la querella por parte de las hijas y la madre de Nisman. ¿Y los contactos tan relevantes que tenía?¿Ninguno de ellos sabe cómo murió?¿Ninguno de ellos supo brindarle seguridad? Y la denuncia, de la que todos estaban la tanto, ¿tan ligeramente dejaron que la presente y tan ligeramente esos “contactos” dejaron que se desvaneciera, y ninguno la defiende?

Muchas preguntas. Ninguna respuesta.

Pero lo que es mas llamativo, quizás mas para un análisis sociológico que para un artículo periodístico, es que la muerte de Nisman, mas allá de quién era el fiscal y qué había hecho por la causa AMIA, allá por el verano parecía que iba a constituirse post mortem en el pilar de una nueva Argentina, en un punto de inflexión en lo que respecta a la Justicia, los valores, las instituciones de la República y la democracia. No ha servido para nada.

Ni siquiera el caso Nisman alcanzó a incidir en la campaña electoral, ya sea a favor de la oposición o del kirchnerismo, según la óptica de quien lo analice. Con un escenario político polarizado entre el postulante oficialista Daniel Scioli y el opositor Mauricio Macri, con un Sergio Massa en un peldaño mas abajo, ninguno de los tres candidatos capitaliza o se ve afectado por el caso Nisman.

La marcha del 18F, la multitudinaria manifestación civil por el esclarecimiento de la muerte de Nisman, bajo la lluvia y dejando la foto de miles de paraguas que caminaban hacia la Plaza de Mayo, llegó a ser comparada por algunos sectores minúsculos con la Revolución de Mayo o una suerte de Cabildo Abierto. Un mes y medio después, podríamos decir que fue un dato de color. Poco más.

¿Estamos tan mal como sociedad o como país, en cuanto a valores, instituciones, derechos, que en nada ha incidido el supuesto asesinato de un fiscal de la Nación?

Cuando ocurrió la tragedia de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, no sólo le costó el puesto al jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, sino que cambiaron las reglas y exigencias para el funcionamiento de los locales bailables y de recitales. Nada, obviamente, a la hora de recordar las 194 muertes, los 1400 heridos y las múltiples responsabilidades. Pero hubo un saldo como consecuencia del reclamo social y mediático.

Cuando ocurrió el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997, se suicidó el empresario Alfredo Yabrán, presuntamente implicado en el homicidio. En tanto los integrantes de la banda “Los Horneros” fueron condenados, Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, así como Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Yabrán, y los policías Sergio Camaratt, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo. Producto de un reclamo social y mediático.

¿Cuál es el saldo por la muerte de Nisman? Todavía es largo el camino judicial. Pero tal como está planteado, probablemente la sensación sea “aquí no ha pasado nada”, mas allá del reclamo social y mediático, que llegó a su techo y desciende cada día.