Por: Walter Schmidt
La muerte del fiscal Alberto Nisman, luego de denunciar a la presidenta Cristina Fernández de presunto encubrimiento de los iraníes sospechados de haber llevado a cabo el atentado contra la AMIA en 1994, no cambió nada, no resultó un punto de inflexión y no generó un antes y un después en la realidad argentina. Ni siquiera influyó, al parecer, en la campaña electoral.
A casi tres meses del fallecimiento del funcionario judicial, no sólo se desconoce si se trató de un suicidio o de un asesinato, sino que la denuncia que realizara sobre el Gobierno nacional está a punto de desvanecerse y sólo queda la pelea entre su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado y la fiscal Viviana Fein, las fotos de Nisman “de la noche porteña” y un oscuro personaje como Diego Lagomarsino.
El super fiscal nombrado por Néstor Kirchner en el 2004 con la venia de la comunidad judía local e internacional, para llevar adelante las investigaciones por la causa AMIA tenía contacto directo con la embajada norteamericana y, por ende con el gobierno de los Estados Unidos y la CIA; las entidades judías, o sea con el gobierno de Israel y el Mossad; la ex SIDE a través del agente que dispuso en su momento Kirchner para que lo “ayudara” en su investigación, Antonio Stiuso.
Ese Nisman, simplemente, con todos esos “contactos”, un día denunció a la máxima autoridad del gobierno nacional bajo el conocimiento, obviamente, de EE.UU y la CIA; Israel, las entidades judías y el Mossad; de la Side y Stiusso; y probablemente del propio gobierno nacional. Esa denuncia, sobre la que todos estaban al tanto y nadie hizo nada para detenerlo si es que era tan pobre y vacía de argumento como se dedujo luego, fue presentada judicial y mediáticamente, provocando un terremoto político el 14 de enero.
Cinco días después, este super fiscal, el del paraguas de contactos políticos y de inteligencia del más alto nivel mundial, simplemente aparecía muerto. Un suicidio sospechoso, mas cerca de un “asesinato” mafioso, según se ocuparon de plantearlo la presidenta Cristina Fernández, los medios locales e internacionales y, ahora, la ex esposa que comanda la querella por parte de las hijas y la madre de Nisman. ¿Y los contactos tan relevantes que tenía?¿Ninguno de ellos sabe cómo murió?¿Ninguno de ellos supo brindarle seguridad? Y la denuncia, de la que todos estaban la tanto, ¿tan ligeramente dejaron que la presente y tan ligeramente esos “contactos” dejaron que se desvaneciera, y ninguno la defiende?
Muchas preguntas. Ninguna respuesta.
Pero lo que es mas llamativo, quizás mas para un análisis sociológico que para un artículo periodístico, es que la muerte de Nisman, mas allá de quién era el fiscal y qué había hecho por la causa AMIA, allá por el verano parecía que iba a constituirse post mortem en el pilar de una nueva Argentina, en un punto de inflexión en lo que respecta a la Justicia, los valores, las instituciones de la República y la democracia. No ha servido para nada.
Ni siquiera el caso Nisman alcanzó a incidir en la campaña electoral, ya sea a favor de la oposición o del kirchnerismo, según la óptica de quien lo analice. Con un escenario político polarizado entre el postulante oficialista Daniel Scioli y el opositor Mauricio Macri, con un Sergio Massa en un peldaño mas abajo, ninguno de los tres candidatos capitaliza o se ve afectado por el caso Nisman.
La marcha del 18F, la multitudinaria manifestación civil por el esclarecimiento de la muerte de Nisman, bajo la lluvia y dejando la foto de miles de paraguas que caminaban hacia la Plaza de Mayo, llegó a ser comparada por algunos sectores minúsculos con la Revolución de Mayo o una suerte de Cabildo Abierto. Un mes y medio después, podríamos decir que fue un dato de color. Poco más.
¿Estamos tan mal como sociedad o como país, en cuanto a valores, instituciones, derechos, que en nada ha incidido el supuesto asesinato de un fiscal de la Nación?
Cuando ocurrió la tragedia de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, no sólo le costó el puesto al jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, sino que cambiaron las reglas y exigencias para el funcionamiento de los locales bailables y de recitales. Nada, obviamente, a la hora de recordar las 194 muertes, los 1400 heridos y las múltiples responsabilidades. Pero hubo un saldo como consecuencia del reclamo social y mediático.
Cuando ocurrió el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997, se suicidó el empresario Alfredo Yabrán, presuntamente implicado en el homicidio. En tanto los integrantes de la banda “Los Horneros” fueron condenados, Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, así como Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Yabrán, y los policías Sergio Camaratt, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo. Producto de un reclamo social y mediático.
¿Cuál es el saldo por la muerte de Nisman? Todavía es largo el camino judicial. Pero tal como está planteado, probablemente la sensación sea “aquí no ha pasado nada”, mas allá del reclamo social y mediático, que llegó a su techo y desciende cada día.