La semana pasada se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto donde se procura obligar a los candidatos a presidente de la nación a realizar un debate presidencial. Si bien hay disputa entre los especialistas acerca de si conviene hacerlo por vía de una ley o si en cambio hay que permitir que se geste desde la sociedad civil, hay consenso en favor de una ley entre las distintas fuerzas políticas. En el debate que se llevó a cabo, el coordinador de la iniciativa Argentina Debate, Hernán Charosky, sostuvo que “el debate presidencial es una idea a la cual le ha llegado su tiempo” y ese parece ser el caso. Pero: ¿Es una ley el mejor mecanismo para promover el debate presidencial?
La experiencia internacional es diversa y tenemos casos de éxito con y sin ley. Quienes sostienen que el debate debe ser obligatorio plantean que los procesos electorales no son solo derecho de los candidatos, sino que también son actos de soberanía del pueblo. Por lo que cada candidato debe informar qué piensa hacer una vez que alcance un cargo de responsabilidad. Si bien todo voto vale lo mismo, un voto informado conlleva ciertas expectativas que obligan al votado ante el votante y generan un valor agregado que condicionan al mapa político en el tiempo. Desde una perspectiva un poco más técnica, uno puede sostener que la información electoral es un bien público cuya producción genera un efecto positivo en todo el sistema político que justificaría la intervención del Estado en este sentido. Continuar leyendo