Por: Yamil Santoro
La semana pasada se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto donde se procura obligar a los candidatos a presidente de la nación a realizar un debate presidencial. Si bien hay disputa entre los especialistas acerca de si conviene hacerlo por vía de una ley o si en cambio hay que permitir que se geste desde la sociedad civil, hay consenso en favor de una ley entre las distintas fuerzas políticas. En el debate que se llevó a cabo, el coordinador de la iniciativa Argentina Debate, Hernán Charosky, sostuvo que “el debate presidencial es una idea a la cual le ha llegado su tiempo” y ese parece ser el caso. Pero: ¿Es una ley el mejor mecanismo para promover el debate presidencial?
La experiencia internacional es diversa y tenemos casos de éxito con y sin ley. Quienes sostienen que el debate debe ser obligatorio plantean que los procesos electorales no son solo derecho de los candidatos, sino que también son actos de soberanía del pueblo. Por lo que cada candidato debe informar qué piensa hacer una vez que alcance un cargo de responsabilidad. Si bien todo voto vale lo mismo, un voto informado conlleva ciertas expectativas que obligan al votado ante el votante y generan un valor agregado que condicionan al mapa político en el tiempo. Desde una perspectiva un poco más técnica, uno puede sostener que la información electoral es un bien público cuya producción genera un efecto positivo en todo el sistema político que justificaría la intervención del Estado en este sentido.
Es importante entender que la representación da derechos y obligaciones. Siendo que existe un financiamiento público de los partidos políticos y que el voto es obligatorio, resulta fundamental poder generar suficiente información electoral como para que los ciudadanos puedan tomar una decisión tan informada como sea posible. Una elección donde los votantes eligen con menos información disponible es una elección menos legítima. Es la ciudadanía la que tiene derecho a escuchar propuestas y conocer la realidad de cada candidato. Por eso es importante que haya transparencia por parte de quienes quieren aspirar a un cargo público y no hagan como Daniel Scioli, que esconde su declaración jurada de bienes hace muchos años, aun luego de que se la han requerido formalmente.
Uno podría esperar que el mercado resuelva por sí mismo este faltante. Pero también es cierto que para todos los candidatos implica un riesgo y un desgaste, y quienes estén en posiciones de ventaja podrían tener incentivos para eludir el debate. Resulta dudoso que alguien deje de votar a un candidato por su negativa a debatir, por lo que no se generarían incentivos suficientes (aun si los votantes prefieren un debate) para que los candidatos debatan.
El proyecto de ley en tratamiento, que no lo vuelve exactamente obligatorio, dado que no tiene prevista una sanción relevante, busca generar el marco institucional para que acontezca. Por lo que en realidad no es obligatorio, es sugerido. El tema es que una vez que se instala la cultura del debate ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en su momento en EEUU, McCain quiso faltar al debate presidencial y se le vino la bronca. La cultura política se le vino encima. Es importante entender que una ley puede no reflejar necesariamente una necesidad popular, pero que puede sin embargo revelar una necesidad o una preferencia latente.
¿Por qué acotarlo únicamente al ámbito presidencial? Porque creo que se produciría un efecto derrame hacia otras categorías como diputados, senadores y equipos técnicos sin necesidad de darle intervención al Gobierno. Una vez que se ponga en movimiento la dinámica de debates es muy probable que la opinión pública y la presión mediática generen una traslación de la dinámica hacia otras categorías, quienes podrían someterse voluntariamente ante la Cámara Nacional Electoral para que arbitre el proceso o buscar otras entidades imparciales para mediar en el proceso. Se va a volver parte de la cultura argentina.
El proyecto de ley presentado busca encargar el asunto a un órgano imparcial, como es la Cámara Nacional Electoral, y que mediante el acuerdo de los candidatos permita establecer los aspectos específicos del encuentro. A fin de que no haya una cancha inclinada que beneficie a alguno de los postulantes. De la misma manera, se busca obtener un consenso en torno al moderador y al lugar del encuentro.
Si bien hubiera sido deseable que un debate entre todos los candidatos surja de la ciudadanía sin la intervención de una ley, creo que la forma en la que se está planteando nos permite ganar tiempo y mejorar la calidad democrática sin costos significativos. Es un proyecto en la dirección adecuada.