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¿Hace falta una ley de debate público en Argentina?

La semana pasada se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto donde se procura obligar a los candidatos a presidente de la nación a realizar un debate presidencial. Si bien hay disputa entre los especialistas acerca de si conviene hacerlo por vía de una ley o si en cambio hay que permitir que se geste desde la sociedad civil, hay consenso en favor de una ley entre las distintas fuerzas políticas. En el debate que se llevó a cabo, el coordinador de la iniciativa Argentina Debate, Hernán Charosky, sostuvo que “el debate presidencial es una idea a la cual le ha llegado su tiempo” y ese parece ser el caso. Pero: ¿Es una ley el mejor mecanismo para promover el debate presidencial?

La experiencia internacional es diversa y tenemos casos de éxito con y sin ley. Quienes sostienen que el debate debe ser obligatorio plantean que los procesos electorales no son solo derecho de los candidatos, sino que también son actos de soberanía del pueblo. Por lo que cada candidato debe informar qué piensa hacer una vez que alcance un cargo de responsabilidad. Si bien todo voto vale lo mismo, un voto informado conlleva ciertas expectativas que obligan al votado ante el votante y generan un valor agregado que condicionan al mapa político en el tiempo. Desde una perspectiva un poco más técnica, uno puede sostener que la información electoral es un bien público cuya producción genera un efecto positivo en todo el sistema político que justificaría la intervención del Estado en este sentido. Continuar leyendo →

Podés pensar distinto a Durán Barba

El sábado pasado salió publicada en La Nación una entrevista a Jaime Durán Barba que levantó una polvareda. Picante, irreverente, con algunas definiciones políticas interesantes que creo merecen algún comentario o respuesta.

El primer punto que me llamó la atención es que plantea que “el 80% de la gente odia a la ideología”. Precisando que en una encuesta reciente ante la pregunta “¿Usted se interesa mucho, algo o no le interesa nada la política? (respondieron) se interesa mucho por la política, 18%. Se interesa algo 30%. Y a los demás no les interesa para nada”. Contraria a la conclusión de Jaime diría que al menos un 48% se interesa algo por la política.

Sin embargo, para comenzar la polémica, creo que “la gente” no odia la ideología, en todo caso odia que se le hable en un lenguaje que no comprende o de cosas que no le interesan (además la pregunta habla sobre el interés en política). La ideología va mucho más allá de un conjunto de definiciones políticas, es el conjunto de valores y creencias que nos permiten a cada comprender nuestra realidad. Es el sistema operativo bajo el cual operan las personas. Todos tenemos ideologías más allá de que seamos o no capaces de definirla.

En segunda instancia, Durán Barba plantea que el PRO es un partido de nueva izquierda. Entiendo que esto es más una provocación que una precisión. Dudo que se refiera por “nueva izquierda” a la corriente ideológica que durante los 60 y 70 en EEUU se asociaba a la lucha “anti-establishment” con una estética contracultural o a su expresión inglesa signada por un revisionismo marxista. Para sostener su definición dice que “es un partido totalmente inclusivo, respetuoso. Hay armenios, judíos, islámicos en las listas. (…) Hay respeto total a los homosexuales.” ¿Eso es la nueva izquierda? Creo que lo que quiso decir es que no es un partido conservador.

Dudo que la definición de Durán Barba haya sido inocente. Es una persona sumamente formada y que maneja un gran volumen de información. La pregunta es “por qué” Jaime anima una definición de ese tipo. La oferta electoral o posiciones políticas suelen explicarse a partir del teorema del votante mediano. El votante mediano es un sujeto que divide al electorado a la mitad. Hay tantos votantes de un lado como del otro en torno al conjunto de variables bajo análisis. Ese votante define al “centro” político.

Todos los candidatos presidenciables suelen aspirar al votante mediano que concentra a su alrededor al grueso electoral. La definición de Jaime Durán Barba nos ofrece dos indicios: a) la mayoría de los electores se identifican más con “la izquierda” que con “la derecha” (corriendo el “centro” hacia la izquierda); b) el PRO debe ser identificado aún por algunos sectores como de derecha (construcción que se ha instalado más por insistencia mediática que por algún sustento empírico sobre el análisis de la gestión).

Voy arrimar alguna definición sobre la ideología del PRO. En mi experiencia en el frente me he cruzado tanto con gente de centroizquierda y de centroderecha. La verdad es que si tuviéramos que definir una ideología a partir de quienes integran al universo PRO tendríamos un problema. Si miramos la gestión tampoco podríamos sacar una conclusión acerca de si es de izquierda o de derecha. Mauricio Macri suele sostener: “¿el Metrobús es de derecha o de izquierda?”

El foco está puesto en brindar soluciones a los ciudadanos. Es una estructura política de servicio. Más allá de que el PRO no posee una ideología definible “a priori”, existe un paraguas contenedor que representa la ideología de base sobre la cual se dialogan las diferencias que contiene el espacio: el New Public Management.

El NPM es una corriente modernizadora que busca generar una gestión eficiente y eficaz al servicio de las necesidades reales de los ciudadanos. Busca poner al Gobierno al servicio del ciudadano. Buscando así disminuir el daño que le genera al contribuyente la ineficiencia y la corrupción. Cambiando así al rol del Estado.

Peter Drucker, uno de los mayores especialistas en administración, sostuvo que el management es hacer las cosas correctamente y liderar es hacer lo correcto. Quienes integramos Unión PRO partimos con ventaja por tener el ojo puesto en la gestión, pero tengamos siempre presente que toda decisión contiene ideología y liderar implica ponerla en práctica.

Cómo define la tecnología a la política moderna

¿Por qué votamos lo que votamos? Simpatía, expectativas de estar mejor, algún gesto que nos sedujo… Generalmente los motivos que definen nuestra elección dependen más de alguna sensación que de fundamentos complejos o abstracciones.

En su libro “Homo Videns. La Sociedad Teledirigida”, Giovanni Sartori  explicaba hace años cómo la comunicación audiovisual -liderada en aquella época por la TV- generaba una primacía de la imagen por sobre las abstracciones, de lo visible sobre lo inteligible en la formación cultural de las personas. Esto, finalmente, empobrecía la calidad de los ciudadanos y de las instituciones políticas. Por otra parte, rescata Internet como un canal que fomenta el diálogo y la discusión, aunque también sirve para propagar contenido “televisivo” que le resulta más cómodo a los perezosos.

Es innegable que las telecomunicaciones han incrementado exponencialmente el potencial humano vinculando a personas talentosas a lo largo y ancho del mundo facilitando el intercambio de ideas. El “costo” de dicha conectividad es también tener a disposición una infinidad de herramientas maravillosas para el ocio. Además, la falta de jerarquización de la información que permiten las redes sociales facilitan la desinformación, la manipulación y en última instancia la simplificación del pensamiento.

Nos encontramos entonces con un desafío por partido doble. Por un lado, las abstracciones o ideas complejas van perdiendo terreno ante formas de pensamiento más “light” por lo que el mensaje debe simplificarse. Y por otra parte la política debe disputar terreno ante una industria del ocio que cada vez encuentra formas más creativas de “empujar” su contenido al consumidor.

El compromiso con la política también cambió. El “militante” se convirtió en “voluntario” que presta una porción reducida de su tiempo para realizar alguna contribución por el candidato que le cae en gracia aumentando la cantidad de personas involucradas. Probablemente el voluntario desconozca la plataforma política, las propuestas concretas de gobierno y aún así estará convencido de las virtudes de su candidato.

Lo anterior no es para amargarse. En líneas generales se debe a que ha mejorado la calidad de vida de las personas: se han generado mejores instrumentos para divertirse y el compromiso con la política ha disminuido su rendimiento por el costo de oportunidad que representa. Internet facilita la participación política aumentando la “productividad” del tiempo invertido, facilita la auditoría permitiendo acercar información sobre el gobierno de manera más eficiente y potencia la participación ciudadana, tal como pudo demostrarse con experiencias como la presentada por el Partido de la Red con su plataforma DemocracyOS.

Esta nueva forma de consumir política empodera a los publicitarios y vuelve menos relevante el contenido del político. En este contexto necesitan reunir menos características asociadas al arte de gobernar para ganar las elecciones. Asimismo, los nuevos medios de comunicación disminuyen las trabas para que el mensaje llegue a los destinatarios por lo que disminuye la importancia del “aparato” tradicional y abre la política a nuevos actores. Todo esto permite que nuevas personas que antes no tenían posibilidad de acceder a la política lo hagan, “democratizando” la oferta electoral.

Las nuevas tecnologías redefinen el escenario político, acarrean el riesgo de resultar menos exigentes para los candidatos transfiriendo buena parte de la responsabilidad de su éxito a sus equipos de comunicación y creativos. Esto puede ser una oportunidad para que aparezcan nuevos actores menos dependientes de “aparatos” y con una cercanía más genuina con las personas. Será responsabilidad de todos nosotros trabajar para garantizar que todos los candidatos lleguen rodeados de equipos con idoneidad técnica suficiente y que cumplan adecuadamente los roles para los cuales resulten electos. Los riesgos pueden disminuirse con controles y mecanismos institucionales suficientes, pero ese es motivo para otra nota.

En defensa de la economía colaborativa

Siempre hubo personas que se opusieron al progreso, al menos entendido como modernización tecnológica. Recuerdo haber estudiado al movimiento obrero ludita o mecanoclasta que se caracterizó por destruir a las nuevas maquinarias que introducía la Revolución Industrial en señal de protesta. ¿Contra qué protestaban? Contra formas más eficientes de hacer las cosas que de golpe tornaron obsoletos ciertos roles, mecanismos que permitían que más personas puedan acceder a los bienes al reducirse su costo de producción.

Santiago Bilinkis, en su libro “Pasaje al Futuro”, comenta las nuevas tecnologías que nos depara el futuro y anticipa que la misma traerá asociada algún conflicto por trastocar las relaciones de poder existentes. Así como hace cientos de años, los sindicatos siguen oponiéndose a los cambios aunque beneficien al conjunto de la sociedad. Por ejemplo es elocuente ver cómo sostienen determinados puestos de trabajo que no le generan valor a la sociedad tales como los ascensoristas que existen en varias dependencias públicas o boleteros en estaciones de transporte público que bien podrían ser reemplazados por máquinas, entre otros.

El progreso hoy enfrenta nuevos obstáculos. Uno de ellos está dado por la resistencia de los gremios de taxistas al desembarco de la aplicación “Uber” en el mercado argentino. ¿Qué es Uber? Es una “App” que permite conectar a viajeros con choferes particulares. Hasta permite que pasajeros que no se conocen compartan un auto si van en la misma dirección.

El “problema” para los taxistas es que abre un mercado cautivo y le permite a los pasajeros elegir libremente entre múltiples opciones trayendo competencia a un sector donde se montó un oligopolio artificial. La aplicación perjudica fundamentalmente a los intermediarios y a los que apostaron a mantener los beneficios del sistema de oferta limitada. El sistema democratiza el transporte disminuyendo costos, ordenando de manera más eficiente la demanda y aumentando la oferta.

¿Quiénes se oponen a la llegada de Uber? Diversas entidades gremiales de taxistas (UPAT, SPT, ATC y la Cámara Empresaria de Autotaxis). Grupos que procuran mantener sus privilegios a costa de los consumidores. Enrique Celi, presidente de UPAT, dijo “Vamos a exigir al GCBA que no habilite el sistema Uber. Sería competencia desleal, no hay reglamentación en la ciudad para que funcione la aplicación”. Y agregó: “Ésta gente no va a cumplir nada y va a venir a romper el mercado”. Contradictorio: o no hay regulación, o no se cumple.

Es cierto que la legislación vigente no contempla específicamente la modalidad de UBER. Pero podemos procurar desentrañar la naturaleza de la actividad: ¿Es Uber un taxi o un remis?

El código de tránsito de la CABA (ley 2148) define remis en el punto 90 de su anexo como: “Automóvil de alquiler (…) con tarifa prefijada para el recorrido total(…).” y define Taxi como el: “Automóvil de alquiler (…) sin tarifa prefijada para el recorrido total(…)”. A su vez, la ordenanza N° 47561/94 establece en el punto 8.4.13 que: “Los conductores de vehículos afectados al servicio de remises sólo podrán tomar pasajeros en la vía pública cuando el servicio hubiere sido solicitado a la agencia prestadora, quedando prohibido pregonar y circular con tal propósito”.

Las diferencias operativas esenciales entre el servicio de taxi y el de remis son las siguientes: el remis no puede levantar pasajeros de la vía pública sin que hayan solicitado previamente el servicio y que el remis realiza trayectos con tarifas prefijadas. Uber sería algo intermedio: no levanta pasajeros en la vía pública circulando pero la tarifa no es prefijada. Ahí encontramos una primer particularidad: mientras que el remis debe exhibir su cuadro tarifario el taxista debe usar un taxímetro supervisado por el Estado para garantizar un servicio uniforme y “justo” para el pasajero a la hora de medir el recorrido y el tiempo. Uber en este punto es disruptivo: es una relación neta entre privados con un mediador imparcial que supervisa remotamente la relación controlando la tarifa y realiza la transacción sin posibilidad de defraudación entre las partes, tornando innecesaria la intervención del Estado dado que la empresa compromete su reputación al control justo y efectivo.

Por otra parte, en cuanto a la seguridad, mientras el remis debe estar inscripto en una remisería y en un registro especial (RUREM) siendo la agencia la que rinde cuenta de la identidad del remisero, en el caso del taxi el Estado es el fedatario sobre el servicio público. En el caso de Uber, más allá del alta inicial en Uber, que podría asemejarse al alta en la remisería, la reputación posterior del conductor depende del trabajo que realice. En este caso nuevamente el Estado no es necesario.

Cumpliendo los requisitos para operar como remis, conseguir la habilitación correspondiente para el vehículo y la licencia profesional, no habría razones para que dichos conductores operen bajo la órbita de funcionamiento de Uber. Si puedo arrimar una definición: Uber es la agencia de remis del siglo XXI. Claro que en mi opinión resulta innecesaria una licencia profesional para conducir bajo esta modalidad, pero dejamos este debate para otro día.

Dicho esto, no hay motivos para prohibir a Uber ya que sería absurdo exigirles requisitos mayores a los que se exige para un servicio similar (remise). Si queremos ponernos exquisitos con la ley alguien debería recordarle a los gremios que la Constitución de la CABA establece que “la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten” (art. 46) y que “Las autoridades proveen a la defensa de la competencia contra toda actividad destinada a distorsionarla y al control de los monopolios naturales y legales y de la calidad y eficiencia de los servicios públicos” (art. 49). Y Uber contribuye a disminuir las distorsiones que introducen los gremios en el mercado y a mejorar la calidad del servicio público de transporte automotor.

Además, según el art. 58 “El Estado promueve la innovación tecnológica, garantizando su difusión en todos los sectores de la sociedad, así como la cooperación con las empresas productivas. ” Si a Uber le niegan la habilitación bien podría demandar al Gobierno de la CABA en el marco de estos derechos que la Constitución le reconoce para operar.

Sin embargo, no escribo esta nota en apología de Uber sino de un nuevo esquema de organización económica que se viene. Uber es una herramienta insigne del esquema conocido como economía colaborativa. La economía colaborativa se caracteriza por la confianza y la relación p2p (peer to peer) o de persona a persona. Las “credenciales” que necesita un proveedor se obtienen a partir del reconocimiento (positivo o negativo) de pares del usuario que comparten sus experiencias y permite a las personas obtener eficientemente lo que necesitan los unos de los otros.

Gracias a la tecnología se puede lograr fondeo de proyectos (Crowdfunding) y préstamos entre personas eliminando así a intermediarios. Las nuevas tecnologías permiten que un montón de transacciones que antes requerían de instituciones “mediadoras” puedan ser resueltas ahorrando los costos de intermediación y simplificando los acuerdos entre las partes.

Los tiempos venideros enfrentarán a dos tipos de políticos: quienes queremos potenciar a los consumidores contra quienes quieren asegurarle sus beneficios a las corporaciones. ¿Vos de qué lado vas a estar?

Gane quien gane, ganamos todos

La decisión de la Coalición Cívica y de la Unión Cívica Radical de formar junto a Unión PRO una coalición que represente el Cambio que más del 70% de la sociedad demanda resulta auspicioso para el futuro de nuestra país. Hace casi un año escribí acerca de la necesidad de conformar este frente electoral y hoy los hechos acompañan aquellas expectativas.  Más allá de los distintos enfoques que pueda haber entre las tres fuerzas, lo cierto es que cualquiera de ellas trae algo que nuestro país necesita: estabilidad, seguridad y respeto a las instituciones.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada escribí sobre las internas que se llevarán adelante entre Cristian Ritondo, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. La nota generó algunos reproches por parte de quienes no logran abstraerse de sus preferencias y son incapaces de pensar un proceso político desapasionadamente. Pensar nuestro contexto nos ayuda a curar heridas y nos cuida de cometer excesos. Creo que esta interna, tan novedosa, requiere que se la piense y quienes estamos dentro podemos contribuir con nuestras plumas a disminuir la angustia. No escribo a favor de ninguno de los candidatos. Reflexiono sobre lo que nos pasa, quizás así podamos manejarnos un poquito mejor.

Entiendo que no todos están contentos con cómo vienen dándose las cosas. Las reacciones de los voceros kirchneristas no se hizo esperar. El malestar que hoy se ve en varios de los actores del Gobierno Nacional es fruto de la inseguridad que proyecta el gran frente conformado. La inseguridad fundada en que la burocracia no cuenta con la independencia suficiente para que su suerte no dependa de quién sea la cabeza política del Gobierno. La falta de independencia burocrática deteriora la calidad democrática y hace que más allá de programas o visiones de gobierno muchas personas participen en una campaña por su subsistencia o continuidad laboral. Vale aclarar que la seguridad no puede venir sin exigirles que los puestos laborales se cubran por concurso, que el trabajo resulte auditado y se oriente la gestión al logro de objetivos que tengan al ciudadano como principal beneficiario y no sólo a grupos de interés.

La Argentina que viene nos ofrece grandes oportunidades para asentar las bases del Cambio necesario para promover el progreso en nuestro país. La meritocracia es uno de esos cambios fundamentales que necesitamos para que el Estado esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos. Si logramos levantar juntos esa bandera, gane quien gane, ganamos todos.

La transparencia y el doble discurso kirchnerista

Uno de los últimos discursos de la Presidente procuró poner el problema fuera del área del Gobierno denunciando conspiraciones, corporaciones y la falta de transparencia de los otros poderes del Estado. Paradójicamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha sido uno de los que menos ha hecho en favor de la transparencia.

La mayoría de los países de la región ya cuentan con una ley de acceso a la información pública. Más allá del permanente discurso de democratización, el Gobierno ha eludido los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso de la Nación para reglamentar el acceso a la información pública, herramienta fundamental para la investigación ciudadana y periodística para poder auditar al Poder y luchar contra la corrupción. Si bien cabe destacar el decreto 1172/03 sancionado por Néstor Kirchner que habilita la posibilidad de acceder a cierta información dentro de la órbita del Ejecutivo, el mismo resulta insuficiente para otorgarle al ciudadano el debido y suficiente resguardo.

El tema tuvo múltiples oportunidades de salir adelante: 2004, 2010 y 2014. Sin embargo, en ningún momento prosperó aun teniendo el kirchnerismo mayoría automática para sancionar cualquier ley sin siquiera generar un debate (metodología que el oficialismo ha optado por utilizar en proyectos importantes como el código procesal penal). Si bien el tema da para largo, prefiero no entrar en particularidades de los distintos proyectos sobre legitimación pasiva (quienes serían sujetos obligados a tener que brindar información). Lo que está claro es que, teniendo la posibilidad de resolver la controversia y optar por una opción, ha decidido abandonar el debate y dejarnos sin la tan necesaria ley. Ni debate, ni decisión unilateral. Ninguna ley.

En los hechos, el Gobierno Nacional ha atentado contra la información pública procurando resguardar los datos en sede judicial. Sin ir tan lejos en octubre del año pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dejó firme una sentencia de Cámara que condenaba a la IGJ a brindar información sobre empresas y sociedades vinculadas al caso Ciccone. Lo hizo por un amparo presentado por Gil Lavedra con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles.

Ahora, mientras se niegan a sancionar leyes de acceso a la información el público utilizan su influencia y posición privilegiada para difundir información de privados. El caso más reciente es el escrache del Gobierno Nacional al periodista Damián Pachter, compartiendo públicamente información privada sin ninguna ley que lo habilitara. Es una demostración de un Estado policíaco, fascista que viola garantías constitucionales con tal de generar un golpe de efecto mediático. Es de una miseria impresentable.

Niegan la posibilidad de que los ciudadanos controlemos y vigilemos al Gobierno pero se han esmerado en crear una agencia de inteligencia paralela en manos del militar Milani, ha avanzado ilegítimamente sobre la ciudadanía con el Proyecto X y ahora pretende crear una nueva agencia de inteligencia para ordenar la manera en que deben observar a los ciudadanos.

Sin embargo, de la posibilidad de que los ciudadanos controlemos a los funcionarios públicos, ni noticia. Esto es el kirchnerismo, una corporación que procura acumular tanto poder como sea posible, violando tantas reglas como haga falta y con el menor control posible por parte de los ciudadanos.

Saber morir cuesta la vida

El poeta italo-argentino Antonio Porchia abundó en reflexiones sobre la hora final (la frase que titula esta nota es una de sus varias líneas sobre el tema). Danzamos alrededor de la muerte con palabras para tratar de contenerla o comprenderla. Y este texto no es otra cosa más que una pieza más en este baile.

Nada nos hace ser más conscientes de nuestra vida que la muerte. El poder que tiene la idea de finitud sobre nuestras vidas es superlativo. Hemos inventado todo tipo de mitos para lidiar con ese momento: reencarnación, vida eterna, limbo, premios y castigos. Todas formas destinadas a enmascarar el miedo que nos produce el final o también lidiar con la frustración o dolor que nos causa nuestro presente. Para algunos el juego consiste en escapar de la muerte y para otros la muerte resulta ser el Gran Escape de sus vidas.

Acerca del valor de la vida, el filósofo Albert Camus plantea en su obra “El Mito de Sísifo” que sólo aquellos que se han quitado la vida pueden ufanarse de conocer el verdadero valor de la misma. Paradójicamente, el suicida es el único que logra darle un certero valor a la vida declarando, con su actuar, que no vale lo suficiente para ser vivida. El resto nos pasamos los días jugando a encontrarle un valor. Ese vacío propio de la indeterminación es lo que da a lugar a la singularidad y a la existencia de cada uno de nosotros como un sujeto único.

Más allá de lo que creamos que ocurre tras la muerte y del valor de la vida, resulta interesante dedicarle unos momentos de reflexión a la muerte en sí misma. Para los griegos existían dos deidades diferentes para la muerte, es decir, dos muertes: Tánatos, que representaba la muerte tranquila y Ker (o las keres), que representaban la muerte violenta.

El Estado trata, arrogantemente, de ordenar nuestra relación con la muerte y, por ende, con la vida. Estadísticas frías explican cuándo podrías morir y por qué, entonces, deberías ordenar tu vida de tal o cual manera. Esta función del Estado, de construcción cultural de la muerte, no suele ser debatida en público y, sin embargo, atraviesa una gran cantidad de políticas públicas.

Todas estas reflexiones sobre la muerte no son caprichosas. Hace unos pocos días el médico Richard Smith publicó una nota donde destacaba la virtud del cáncer como método de muerte dado que permite decir adiós y de disfrutar de todos placeres de la vida antes de la última campanada. Leí por casualidad la nota el 3 de enero, a 4 años de la muerte de mi madre en manos del cáncer y me sentí tentado a dialogar con las ideas del médico.

Si, es cierto, el cáncer da la posibilidad de ir cerrando nuestra historia aunque no todos aprovechan la oportunidad, al menos en nuestro caso mi mamá negó su muerte hasta el último momento. En paralelo a esto, el deterioro que genera la enfermedad produce un desgaste enorme en la persona afectada y en su entorno. Me resulta difícil afirmar si una muerte súbita o repentina es preferible, creo que depende de la forma en que cada persona y cada familia esté preparada para enfrentar la muerte.

Optimizar la gestión es crear riqueza

La semana pasada pude juntarme a conversar con algunos miembros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se interesaron en la propuesta de desarrollar una ventanilla única para la ciudadanía en general y los emprendedores en particular.

Es necesario que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y no al revés. Hemos escuchado muchas veces esta afirmación pero a la hora de verlo plasmado en la realidad es común encontrar que lejos de potenciar los proyectos de vida de las personas los gobiernos acostumbran generar dolores de cabeza. La inercia propia de las burocracias hace que las regulaciones tiendan a crecer y que muchas veces se agreguen trámites sin evaluar el impacto global, generando capa tras capa de trabas para las personas.

Por eso me causó una gran felicidad ver que desde la gestión de CABA estaban dispuestos a escuchar propuestas de mejora. La idea es conceptualmente sencilla, consiste en generar un único punto de relación entre el gobierno y el ciudadano a fin de simplificar los procesos, disminuyendo así costos de transacción y de información. Todos los trámites en un único lugar. Simple. Una medida de descentralización gubernamental que ya ha sido implementada en Méjico, Reino Unido, entre otros.

Claro que es más fácil proponerlo que implementarlo. Una reforma de este tipo obliga a los gobiernos a modernizar sus procesos e implementar sistemas que permitan la “trazabilidad” de expedientes y reclamos, así como un sistema de informatización de documentos para que desde un nodo de acceso la petición llegue a todos los organismos necesarios. Esta medida obliga también a los gobiernos a realizar una “guía de trámites” poniendo en evidencia, si es que existe, regulación ineficiente o excesiva. Buena parte de estos pasos ya han sido llevado adelantes en la gestión porteña por lo que estaría en condiciones de avanzar en este sentido. De hecho, podríamos decir que el proceso se ha iniciado con el programa “Mi BA”, dependiente del Ministerio de Modernización, que propone “Todos tus trámites y reclamos en un mismo lugar, a un clic de distancia”.

Resulta fácil, a partir de este punto, también evaluar en qué puntos de la gestión los trámites se atrasan y se le hace perder tiempo a los vecinos, generando información útil para poder optimizar los procesos o realizar reformas.

Mientras que el sistema actual, donde el ciudadano debe ir a diversas dependencias para concluir un trámite complejo (por ejemplo abrir una empresa), con este sistema podrían iniciarse todos los trámites en simultáneo otorgándole más tiempo al ciudadano para disfrutar y ocuparse de las cosas importantes para él o ella. Contribuiría a reducir asimismo la cantidad de actividades “en negro” al simplificar la registración, permitiendo así una economía mejor integrada.

¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta para incorporar una reforma de este tipo?

  • Infraestructura informática: deben generar un sistema de rápido acceso tanto para funcionarios como para ciudadanos. La fusión de bases de datos permite integrar los datacenter y tender a mayores rendimientos de escala disminuyendo costos y mejorando la capacidad de coordinación entre las dependencias públicas.
  • Definir estándares de intercambio de información: dado que no se podrá hacer que el ciudadano se ajuste a la medida de cada dependencia pública habrá que trabajar para homogeneizar los protocolos de transferencia y adquisición de datos. Optimizando los tiempos de procesamiento y el trabajo inter-áreas.
  • Resistencias burocráticas: una reforma de este tipo implica terminar con espacios de corrupción o de “holgura” en la administración pública. A la par que permite visibilizar procesos improductivos o innecesarios. Es dable esperar alguna resistencia de personas que tengan algún interés creado por lo que habrá que trabajar para alinear intereses.

Es una idea simple que todos nosotros podemos impulsar en nuestros distritos. Un desafío adicional será lograr la integración de trámites municipales, provinciales y nacionales. Pero más allá de la integración vertical cualquier innovación en este sentido repercutirá en una mejor calidad de vida para los ciudadanos a cambio de una inversión muy modesta de recursos públicos. Creo que es una reforma necesaria que pronto veremos implementada a lo largo y ancho del país.

Optimizar las gestiones permite que se creen más y mejores empresas, así como devolverle tiempo a los vecinos. Con una mejor gestión, ganamos todos.

 

Mejorar la educación con vouchers

“Todos  los   problemas  son  problemas  de  educación.”

Domingo F. Sarmiento

​Solemos confundir público con estatal como si se tratasen de conceptos iguales. Nos hemos acostumbrado a considerar que algunos servicios esenciales como salud y educación deben ser brindados por el Gobierno tanto en su financiamiento como en su ejecución. Es posible separar estas dos instancias para poder pensar un sistema que mejore la respuesta de los gobiernos para brindar estos servicios.

Partiendo del supuesto que es responsabilidad del Gobierno garantizar el acceso a estos servicios vale preguntarnos primero: ¿cómo se financian? Si bien existen múltiples formas de hacerlo podríamos agrupar las posibilidades en dos grandes grupos: uno donde los esfuerzos están dirigidos a financiar la oferta y otro donde se privilegia financiar la demanda. Dicho de otra manera, un modelo donde se inyecta el dinero de arriba hacia abajo (financiando de manera directa a las entidades educativas) y otro donde se inyecta el dinero desde la base (financiando a los padres y a su elección).

Esta idea no es nueva. Milton Friedman en Capitalismo y Libertad la propuso allá por 1955: “El sistema que tendría más justificación sería una combinación de escuelas públicas y privadas. Los padres que decidieran llevar a sus hijos a colegios particulares recibirían del Estado una cantidad igual a la que se calcule como costo de educar a un niño en la escuela pública”. Este sistema tiende a garantizar la igualdad de oportunidades de una manera más efectiva que el sistema de financiamiento de la oferta dado que obliga a los colegios a competir por satisfacer a las exigencias de los padres y de la sociedad alineando incentivos para garantizar una mayor eficiencia empoderando a los padres.

Al financiar a los estudiantes les damos a los padres la libertad de elegir los colegios basándose en sus preferencias y necesidades rompiendo así con un sistema que actualmente no está orientado a la satisfacción de las necesidades de los estudiantes. Los resultados de las pruebas PISA que acreditan una caída en la calidad educativa ponen en evidencia que mayor gasto público destinado a educación no garantiza un mejor nivel educativo. Además, a pesar del aumento del gasto per capita en educación se ha verificado una migración de estudiantes de escuelas públicas a privadas (salvo en la CABA cuya tendencia es inversa).

Chile lidera la región en términos de calidad educativa y ha logrado reducir significativamente su brecha educativa entre los sectores más ricos y los más pobres de la educación mejorando así su nivel de equidad educativa.

Desde 1992 en Suecia rige un sistema de vouchers que, según cuenta Edgardo Zablotsky vicerrector de UCEMA y especialista en la materia: “para calificar para el programa, las escuelas tienen que ser aprobadas por el organismo gubernamental de contralor, cumplir con los requisitos del plan de estudios nacional y no pueden seleccionar estudiantes sobre la base de su status socio-económico o étnico”.

Una mejor educación nos garantiza una sociedad con menos brechas de ingresos entre los trabajadores, con mayores oportunidades de desarrollo para si mismo y para el país y, en definitiva, con mayores opciones para las personas a la hora de elegir el rumbo que tomará su vida para buscar la felicidad.

Claro que esta reforma no basta por si sola para garantizar una mejorar calidad educativa, pero al menos permite orientar de manera más efectiva los intereses de las familias, los estudiantes y los institutos educativas permitiéndole a su vez a los burócratas enfocarse más en controlar la calidad  antes que en la provisión directa del servicio.

Hay que eliminar el impuesto a los IIBB

Todos los impuestos son peligrosos, algunos son más peligrosos que otros. Hay cuatro preguntas obligatorias que debemos hacernos al hablar de impuestos: ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo se cobra? ¿A quién se le cobra? ¿Por qué se le cobra? Argentina presenta la peor combinación posible: hay una altísima presión tributaria (más del 50% de tu sueldo se lo lleva el Estado), hay muchos impuestos distorsivos y procíclicos (que afectan negativamente la economía afectando conductas productivas), es un esquema regresivo (donde pagan más los pobres que los ricos) y se cobra fundamentalmente para sostener un aparato político antes que para beneficiar a los argentinos.

Hay pocas cosas más distorsivas en el mundo económico que el impuesto a los ingresos brutos (IIBB). Básicamente, consiste en un impuesto por facturar independientemente de que la empresa gane o pierda plata en un territorio determinado. Es un freno de mano en cualquier economía. Lo más cercano a un impuesto a respirar, en términos empresariales. Además, tanto el impuesto de sellos como el de ingresos brutos son impuestos procíclicos que generan fuertes incentivos para que el gobierno tienda a adoptar una estructura operativa sobredimensionada que luego resulta difícil de sostener.

Hubo un momento de grandeza intelectual en nuestro país que culminó en el Pacto Federal Para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, sancionado por el decreto 14/94, que planteaba la eliminación progresiva del impuesto a los IIBB, entre otras cosas importantes, como la disminución del IVA al 18% y la eliminación del impuesto de sellos. En la mayoría del mundo, el impuesto a los IIBB ha sido reemplazado por el IVA. En nuestro país eso estaba previsto que pase a mediados de los setenta, pero en Argentina los impuestos son mimosos: una vez que llegan no se quieren ir más.

Lamentablemente, los esfuerzos por avanzar hacia un esquema tributario más eficiente terminaron fracasando debido a la ley más destructivas del país: la ley de coparticipación federal. Las fallas del federalismo fiscal llevan a un pacto nefasto entre la administración central y las provincias forzando que estas deban financiarse con impuestos distorsivos e ineficientes como el impuesto a los sellos o a los IIBB redundando en un aumento general de impuestos además de una desaceleración de la economía e informalidad.

A pesar de sus efectos distorsivos, debemos entender que no hay posibilidad de renunciar a este impuesto hasta tanto no se redefina el sistema tributario en general. Por ejemplo, el presupuesto de la CABA se sostiene en un 91% por ingresos recaudatorios propios y sólo en un 9% se sostiene por la coparticipación federal. De ese porcentaje, aproximadamente el 70% depende del impuesto a los IIBB. Para poder pensar en una reforma tributaria que no implique redefinir la forma en la que las provincias se financian.

Una solución posible sería permitir que cada provincia establezca una sobretasa provincial sobre el IVA como reemplazo a los IIBB, es decir, permitir que cobren un plus sobre el IVA. Este impuesto sería menos distorsivo y generaría una transferencia automática hacia el fisco provincial. Otra posibilidad sería modificar el funcionamiento de la coparticipación haciendo que la plata que les corresponda se transfiera de manera automática (y no discrecionalmente como ocurre hoy) y aumentando los fondos que se distribuyen entre las provincias disminuyendo el porcentaje de la administración central mientras se eliminan los impuestos más perjudiciales.

En ambos casos se aliviaría al sector productivo, permitiendo recuperar algo la actividad económica en blanco y ampliando la base impositiva. Esto es importante dado que, mientras los ingresos del Estado dependan tan abrumadoramente de ciertos impuestos, bajar la presión tributaria nunca será una posibilidad política.

Todo este debate sobre el esquema tributario no nos exime de dar el debate complementario de cómo se gastan los fondos públicos y en qué se gastan. Es necesario fomentar un gasto público moderado, responsable y transparente con el consumidor. Más allá de cómo se ejerce, hoy la presión fiscal es insoportable y resulta necesario un acuerdo de toda la sociedad que nos permita abandonar un modelo que sólo puede garantizarnos el camino al fracaso.

Necesitamos un nuevo pacto y creo que es deber de todos los actores políticos tomar responsabilidad sobre el hecho de que los impuestos excesivos representan pérdida de oportunidades para el país. Trabajemos juntos para tener un pacto tributario que permita el desarrollo económico del país sin descuidar las necesidades comunitarias, trabajemos en conjunto más allá de los espacios políticos.