¿Liberales de izquierda?

El liberalismo es una corriente política tan rica y diversa que sus expresiones llegan incluso a contradecirse. Quisiera dedicar algunas líneas para responderle a Alberto Benegas Lynch (h) por su nota “Liberales de izquierda,” donde intenta dar cuenta de esta escuela de pensamiento y creo deja margen para algunas explicaciones adicionales.

“Al final, ¿qué es ser un liberal?” así se llama la nota de Mario Vargas Llosa que procura responder la pregunta afirmando, entre otras cosas, que “para los liberales no hay verdades reveladas. La verdad es, como estableció Karl Popper, siempre provisional, sólo válida mientras no surja otra que la califique o refute”. Sin entrar en el debate epistemológico que nos habilita Popper, quisiera hacer énfasis en la demanda de humildad que se nos exige por ser portavoces de esta escuela que se hizo grande dudando de los postulados absolutistas y mediante la búsqueda insistente de las luces con una finalidad clara: la búsqueda de la felicidad. Smith mismo planteaba que “ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichada”.

Rodolfo Alonso en Página/12 recuerda la afirmación de León Trotsky: “El liberalismo fue, en la historia de Occidente, un poderoso movimiento contra las autoridades divinas y humanas, y con el ardor de la lucha revolucionaria enriqueció a la vez la civilización material y la espiritual”. En síntesis: contrahegemónicos. Fuimos los impulsores de un marco de oportunidades para todos aquellos dispuestos a trabajar promoviendo el intercambio de ideas y la multiplicidad de perspectivas. Habíamos logrado soñar un sistema que creciese a partir de las diferencias.

La pretensión de las luces pronto se encontró con las pasiones humanas y los sistemas pensados para promover la diversidad se convirtieron en bastiones conservadores de oligarquías. No lograron adaptarse a tiempo a las demandas sociales y pusieron al liberalismo de espaldas a los ciudadanos protegiendo intereses sectoriales. Renegaron de la inclusión política y la seguridad y permitieron que el populismo ganase terreno levantando reclamos sociales mientras impulsaba modelos económicos ineficientes o autodestructivos. La miopía conservadora dio lugar a la emergencia de los demagogos.

Los costos que algunos pueden estimar como ineficiencia, otros consideramos que son las condiciones de posibilidad para la existencia de una democracia republicana y liberal sostenible en el tiempo. Todo sistema político posee costos de transacción asociados en función de la cantidad de personas que posean capacidad de veto o voto. Cuanto más atomizado esté el poder, será mayor la cantidad de personas que habrá que satisfacer para sostener determinado esquema normativo.

Considerar que las normas jurídicas se sustentan mediante algún mecanismo mágico ajeno a la voluntad popular o mayoritaria es una ilusión o un deseo. En una democracia, las reglas de juego se sustentan logrando el apoyo de la mayoría de los sufragantes o actores. Es el desafío de los liberales compatibilizar las ideas de la libertad con propuestas viables que permitan la transición hacia modelos cada vez más eficientes que garanticen el máximo de felicidad para las personas con la menor cantidad de fuerza posible.

Mario Vargas Llosa

Es cierto que la libertad es indivisible: la libertad económica sin libertad política es inviable y viceversa. Una sociedad que no le permita a sus ciudadanos elegir su propio camino a la felicidad e internalizar los beneficios de sus decisiones acertadas fomenta el statu quo. También es cierto que si no garantizamos las condiciones suficientes para que las personas puedan competir pronto nos quedaremos sin libertad. No es menor que algunos de los liberales más políticamente exitosos como Erhard en Alemania hayan apostado a pensar un modelo que compatibilizara el bienestar para todos con un esquema de incentivos basado en la competencia, la libertad de elegir y la búsqueda de la estabilidad sistémica. No reniego de que existe una tensión inevitable que vuelve inestable al sistema político y que siempre hay riesgos latentes, pero así es la política. Hay que construir y renovar los consensos diariamente.

Creo en el mote de liberal de izquierda como forma de diferenciarse de ese liberalismo que tiene todas las respuestas, dogmático, que puede tomar decisiones y juicios morales en abstracto. En una entrevista del filósofo Luis Diego Fernández a Guy Sorman, el autor francés plantea justamente que “el liberalismo es una visión experimental de la vida, es una filosofía que no pertenece a un partido político ni a un líder”. Casualmente plantea que “En el caso de la Argentina, trato de convencer a los jóvenes que dejen de leer a esos intelectuales liberales latinoamericanos bizarros y manipuladores. No sé de dónde viene eso, quizá de la influencia del catolicismo, de ahí viene el dogmatismo”.

Prosigue: “¿Cuál es el régimen político que ayuda a la prosperidad y felicidad de la gente? No es una aproximación doctrinal sino experimental, ver qué funciona y qué no funciona. No hay liberalismo doctrinario, no partimos de un libro sino de la realidad”.

Han cuestionado el rigor científico de esta escuela diciendo que no posee una autonomía sustancial respecto al liberalismo y que sólo enfatiza ciertos aspectos. Sin embargo, esos aspectos entiendo son suficientes para marcar una diferencia. La característica fundamental del liberalismo de izquierda es su posición crítica ante el pensamiento dogmático, la apertura a las verdades contradictorias que aparecen en la visión de Isaiah Berlin o del último Rawls. Le sumaría como característica adicional que piensa al poder y lo incluye en su análisis. Eso hace inevitable que se piense en la libertad positiva, en sus límites, su alcance y sus riesgos.

La libertad es inestable y conflictiva. Es una búsqueda constante que debemos emprender a diario en nuestro interior y que luego debemos llevar con la humildad de quien porta creencias y verdades parciales al debate político. Sin embargo, no debemos confundir humildad con vergüenza o temeridad, aspiremos a tener la mayor solidez posible para impulsar un sistema que conjugue felicidad, bienestar, perdurabilidad y libertad.

Discapacidad: ¿cómo integrar?

Tener algún tipo de discapacidad en América Latina hoy día puede condenarte a una vida de sinsabores más allá del padecimiento que te toque. Por distintas circunstancias de la vida conozco la temática de cerca: familiares con discapacidad, convivencia durante unos meses en un hogar de chicos con discapacidad y víctimas de violencia doméstica; también fui docente integrador en el secundario y llevé adelante algunas causas contra el Estado en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Conozco lo que se sufre y los esfuerzos extraordinarios que realizan muchas familias por darle la mejor vida posible a quienes padecen alguna complicación.

Las personas con algún tipo de discapacidad no son improductivas más allá de la limitación específica que posean. Sin embargo, pesa sobre ellos una sospecha general o desconfianza que no tiene sustento fáctico. Este no es un dato menor, siendo que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. En Argentina hay aproximadamente 5 millones de discapacitados (12,5%). Y buena parte de ellos vive en zonas rurales con nulo o bajo acceso a programas de integración y desarrollo.

Tomando una variable, en América Latina más del 70% de las personas con discapacidad no poseen empleo. En Argentina dicha variable llega al 75%, es decir, 3 de 4 personas con discapacidad son desempleadas. En los países desarrollados la diferencia suele ser poco significativa entre la población que posee alguna complicación y la que no. Vale aclarar que varios de estos países poseen leyes que obligan a las empresas a cumplir ciertos cupos con personas con discapacidad. Este sistema compulsivo se suele complementar con un sistema de incentivos fiscales para ayudar a revertir la tendencia.

Quitando casos específicos de éxito, como el caso de la cooperativa de masajistas En Buenas Manos, cuyos emprendedores son personas con discapacidad visual, es muy raro ver a personas con discapacidad al frente de alguna organización.

En Argentina, para acceder a la mayoría de los beneficios que la ley le reconoce a esta población, hace falta tramitar el Certificado Único de Discapacidad (comparto guía de La Usina). Los beneficios van desde el derecho a viajar gratis a la cobertura integral médica (que rara vez se cumple), subsidios y ayudas para ser empleado. Sin embargo, los problemas de acceso a la información, la falta de presupuesto o las burocracias suelen impedir el funcionamiento adecuado de las políticas públicas del sector. Es muy cuestionable el éxito de las medidas nacionales en torno a la problemática por lo que merecen un serio replanteo.

En-Buenas-Manos

Yendo a un caso específico de éxito relativo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee una de las normativas más inclusivas en la materia (la Constitución de la CABA sostiene que el 5% de los empleados públicos deben ser personas con discapacidad y una batería de leyes complementarias pone sobre el gobierno porteño la carga de hacer cumplir dicha normativa). Lo cierto es que a lo largo de los últimos años el GCBA ha hecho un gran esfuerzo tendiendo a dicho objetivo y es común cruzarse en dependencias públicas con personas con algún tipo de dificultad. Si bien el proceso viene dando buenos resultados, encontré algo que permitiría mejorar el rendimiento del proceso.

Actualmente, el proceso diseñado plantea que las personas se inscriban primero en un registro único laboral a cargo de la COPIDIS, generando una base de datos a la cual luego se remiten las búsquedas que se asocien a los perfiles relacionados. El problema es que no aparecen publicadas las búsquedas activas y eso impide que personas que se encuentran por fuera de la base de datos puedan acceder al servicio. La propuesta es modificar el sistema y convertirlo en una bolsa de empleo virtual como Búmeran, donde las dependencias públicas puedan cargar directamente sus búsquedas laborales al igual que los contratistas del gobierno porteño (que también están obligados a respetar el cupo). De esa manera se evitan los intermediarios y se aceita el funcionamiento.

El otro día conocí el portal Incluyeme. Ellos han desarrollado una herramienta que permite a cualquier organización subir sus búsquedas laborales en un portal destinado a personas con discapacidad. Sin necesidad de desarrollar otra plataforma, podría implementarse dicha herramienta y de ésta manera simplificar el proceso de búsqueda laboral para personas con discapacidad. Podría acordarse, además, usar la base de datos para promover programas y capacitaciones para fortalecer a la comunidad.

En mi opinión, debemos trabajar en conjunto articulando a actores del sector privado junto con entidades gubernamentales para poder ayudar a quienes lo necesitan. Hoy tenemos una herramienta en nuestras manos que nos permitiría potenciar la eficiencia de las políticas públicas vinculadas con discapacidad. La tecnología nos abre las puertas para transformarle la vida a muchas personas. Depende de nosotros dar un paso hacia el futuro y promover que el Estado esté cada vez más al servicio de las personas y no al revés.

Nuevos problemas políticos

¿Cómo pueden pensarse políticas de “largo plazo” cuando la tecnología transformará radicalmente nuestra capacidad de dar respuesta a los problemas?

La política suele ir en dirección opuesta al futuro. La tecnología evoluciona a pasos agigantados y mucho de lo que está por venir cuestionará fuertemente nuestra manera de pensar los problemas y las soluciones. Mientras escuchaba la charla “el futuro del futuro” de Santiago Bilinkis comencé a imaginar los desafíos que enfrentan las instituciones políticas y los políticos en general.

La burocracia es un instrumento de gobierno que generalmente va a contramano de los avances tecnológicos. A pesar de las buenas intenciones de las autoridades de turno, la capacidad de respuesta de la administración pública es por definición lenta y no suele alejarse mucho de lo que ya viene haciendo. Con lo cual nos encontramos con que la estructura gubernamental tiene un esquema de toma de decisiones que suele ser lento e incrementalista mientras que la tecnología avanza con una vertiginosidad enorme y con una lógica exponencial.

A pesar de la inercia burocrática, las nuevas tecnologías presionan a los gobiernos para que abandonen prácticas oscurantistas. Fomentan la supervisión cívica de los actos de gobierno, la penetración del periodismo y achican el margen para la discrecionalidad. Logran afectar la calidad de la gestión de manera indirecta.

Vale destacar algunos esfuerzos que buscan captar o conocer los beneficios y desafíos que presenta el futuro. En esta línea, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trajo en el marco del evento InnovatiBA a los investigadores de la universidad de la NASA, Singularity University, para que miles de empleados gubernamentales, académicos y vecinos puedan conocer algunas de las cosas que nos esperan.

Resulta imposible que las burocracias estén en condiciones de incorporar todos los beneficios que ofrecen los avances tecnológicos. Para poder hacerlo, debemos armar esquemas más flexibles donde se complemente la iniciativa pública con la privada. Por ejemplo, en Argentina impera el paradigma de financiar la oferta de los servicios públicos de salud y de educación. Si pasamos a financiar la demanda permitiremos que el Estado acompañe al progreso y que los fondos públicos se orienten a promover y premiar al progreso a la par de garantizar los beneficios de la Libertad.

El futuro se nos viene encima y corremos el riesgo de que aquel ente que procura garantizar el bien común, el gobierno, funcione más como una traba que como un promotor del progreso. Es responsabilidad de todos nosotros promover un Estado abierto a las oportunidades que nos ofrece el futuro. Podemos pelearnos con lo inevitable o tratar de surfear la ola desde temprano. Depende de nosotros.

Terminar con el centralismo político

El Papa Francisco sostuvo que “el problema de la política es que está devastada por la corrupción”. La percepción del Sumo Pontífice tiene un contundente eco en nuestra realidad local que encuentra al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en el banquillo de acusados y procesado por ser amigo de lo ajeno y lo público. Vale aclarar que el caso es sólo ilustrativo ya que en el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional Argentina sacó 34 puntos en una escala de 0 a 100 y quedó 106 de un total de 177 países auditados. Amado es ilustrativo del problema que enfrentamos.

Sobre este tema ha surgido un nuevo mantra. Una respuesta que muchos utilizan como una muletilla para responder cómo debe enfrentarse este asunto:“Necesitamos una CONADEP de la corrupción”.

La propuesta no es nueva, pero ha sido revivida por los dirigentes de FAUNEN, que pretenden que un grupo de notables reciban e investiguen las denuncias. Quien viene insistiendo hace años con este proyecto es el radical Ernesto Sanz, que ya la anunció como parte de su programa presidencial cuando amenazaba con candidatearse en el 2011. Por citar otro caso, en 1998 “Chacho” Álvarez señalaba que “Raúl Zaffaroni, Nilda Garré y Diana Conti”, entre otros, ya estaban investigando las fechorías del entonces presidente Carlos Ménem que no llegó a nada.

La vieja frase atribuida a Juan Domingo Perón -”para que algo no funcione nada mejor que formar una comisión” (que en realidad era de Napoleón, quien se la robó a Juana de Arco) quizás sirva como punto de partida para pensar esta solución. Veamos qué tal ha funcionado:

Algunas comisiones han sido exitosas. La Comisión liderada por Lisandro de la Torre entre 1934 y 1935 investigó la industria de la carne y el monopolio frigorífico dejando al descubierto maniobras de defraudación del Estado por parte del frigorífico Anglo. En 1940 otra Comisión a cargo de Alfredo Palacios, a instancias de una denuncia del Senador Benjamín Villafañe investigó y demostró los negociados tras la adquisición de unas tierras por parte del Estado en El Palomar que enriqueció a varios diputados nacionales durante la presidencia de Ortiz. A raíz de esto, los diputados Kaiser y Aguirrezabala fueron condenados por la Justicia pero lograron evitar la prisión exiliándose. Irónicamente, los corruptos lograron retornar al país en 1948 con un indulto de Perón.

Otras comisiones no fueron tan exitosas. Vale recordar la que investigó los contratos petroleros durante la presidencia de Illia que sólo emitió un dictamen. O la Comisión Especial que investigó un cheque librado por Isabelita con fondos presidenciales para compensar a hermanas de Evita por su sucesión que derivó el tema a la Justicia Penal y quedó en la nada.

Independientemente de las buenas intenciones, las comisiones no resuelven los problemas de fondo que están relacionados con la falta de transparencia (recordemos que el kirchnerismo ha boicoteado la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública) y la falta de incentivos y protecciones para que los ciudadanos puedan asistir a la Justicia en la lucha anticorrupción. Si bien valoro la intención de quienes proponen que la solución venga de mano de los políticos, creo que es fundamental que una comisión investigadora se vea complementada con reformas que permitan a quienes denuncian o aportan datos obtener un monto de los bienes recuperados y la debida protección.

Tenemos que empoderar a los ciudadanos para que ayuden a sacar al parásito de la corrupción del Estado. Terminemos con el centralismo político cuyo paradigma establece que los problemas sólo pueden ser resueltos por políticos en espacios políticos. Es hora de confiar en todos los argentinos.

Vamos Campagnoli

Querido Fiscal: usted es un héroe.

Su caso ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema constitucional argentino. Que un grupo de sinvergüenzas, liderados por Alejandra Gils Carbó, pueda ponerlo a usted en el banquillo de acusados muestra la deuda institucional que aún tenemos pendiente. Hemos fallado como sociedad al crear un sistema que sólo puede funcionar bien en manos de héroes y santos. Estamos en deuda no sólo con usted si no con todos los argentinos.

Su caso pone en evidencia por qué hay que tomar la mayor cantidad de resguardos posibles para limitar la discrecionalidad del Estado sin importar quién gobierne. No podemos depender del surgimiento de personas dispuestas a sacrificios extraordinarios para poder encontrar un poco de justicia en nuestro país. Hemos modelado un país que requiere de un insumo que no abunda.

No podemos volver el tiempo atrás. Pero le prometo que haremos todo lo que sea necesario para que en el futuro nadie más tenga que volver a sufrir el peso del Estado de la manera que usted lo está haciendo. Por más mundialistas que sean las distracciones que usen sepa que estaremos firmes junto a usted resistiendo a la pesada bota del Estado corrupto y corruptor.

(Nos vemos este lunes a las 10.30 en Av. de Mayo 760)

Gracias por todo.

¿Hay que arancelar la UBA?

A la pregunta del título mi respuesta es “no lo sé”, pero me pareció interesante reflexionar al respecto. Cualquiera que haya estudiado en la UBA sabe que hay margen para mejoras. Infraestructura anticuada e insuficiente, bibliotecas incompletas, miles de docentes que donan su tiempo y estudiantes que reciben un servicio deficiente esconden muchos de los costos ocultos de la UBA.

Según estadísticas oficiales, aproximadamente el 53% de los docentes de la Universidad de Buenos Aires desempeñan su función de forma ad honorem. O sea, que en relación al financiamiento del cuerpo docente, más de la mitad de la UBA se sostiene con donaciones de particulares lo cual cambia el paradigma. La UBA es una institución de financiamiento mixto donde una parte significativa del presupuesto es aportado por voluntarios y sponsors.

El trabajo que cada docente no remunerado realiza en su aula merece un homenaje individual. Pero debo reconocer que esta forma de suplir la insuficiencia presupuestaria pone en riesgo la calidad educativa de la institución. La falta de una paga y la ausencia de un proceso de selección riguroso genera fuertes incentivos para que los docentes más calificados tiendan a invertir menos tiempo en las aulas públicas migrando al sector privado. El costo de la insuficiencia presupuestaria es un cuerpo docente menos motivado y dedicado en promedio que el que pudiéramos tener con más recursos asignados y mejor administrados.

Que la educación sea pública no implica necesariamente que deba ser gratis para todos en cualquier circunstancia. Lejos de ser esta una muestra de progresismo, bien puede ser una forma regresiva de invertir en educación que puede generar efectos perjudiciales para la comunidad, como una menor calidad educativa o un menor acceso de las personas con bajos ingresos. Una idea superadora a la de acceso gratuito es la idea de acceso igualitario a los servicios públicos que implica que quien pueda pagarlo lo haga y que quien requiera una ayuda la reciba en la medida de sus posibilidades. Pensaré un modelo posible hacia el final de la nota.

Lamentablemente hemos naturalizado que un servicio público administrado por el Estado puede ser deficiente y que por ello no debemos alarmarnos ni escandalizarnos. Esto se explica porque existe un “mediador” en el pago que hace que aquello que se recibe no dependa, en principio, del que lo consume. La lógica de la dádiva o “regalo” que genera el Estado al asumir el rol de principal pagador tiende a generar un sesgo cognitivo en las personas beneficiarias del servicio público.

Uba Logo

La Dra. Gabriela Riquelme al estudiar la economía de la educación señala que en la década de los noventa la educación pasó en 1991 del 2,6% del PBI al 5% en el 2001 representando así una variación del 2,4% que luego cae a 4,1% en el 2002 datos que surgen del Ministerio de Educación. El kirchnerismo sanciona acertadamente la ley 26.075 de financiamiento educativo apuntando a llevar el gasto mínimo al 6% del PBI a partir 2006 que se termina materializando en 2010. Sin embargo, vale aclarar que la cantidad de dinero invertido no es un dato suficiente para analizar si la política educativa es suficiente y eficaz.

Junto a cuánto se gasta debe analizarse cómo se gasta para definir si una política pública es exitosa o no. En Argentina 23 de cada 100 estudiantes de universidades gubernamentales terminan sus estudios mientras 40 de cada 100 lo hacen en las del sector privado según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Yendo al análisis por país, en Argentina se gradúan solo 2,5 por cada 1000 habitantes, casi la mitad de los 4,3 que ostenta Brasil. El debate excede únicamente a las universidades públicas y debe medirse el éxito global de la política de educación superior del país.

La Ley Federal de Educación (Ley 24.195) estipula en su artículo 39 el principio general de gratuidad “en todos los niveles” que permitan que “el servicio se preste a todos los habitantes que lo requieran”. En otras palabras, el dinero nunca puede ser un impedimento para acceder a las instituciones públicas. Posteriormente, la Ley Nacional de Educación Superior (Ley 24.521) establece en su artículo 59 inciso c que las universidades podrán generar recursos adicionales de “derechos o tasas por los servicios que presten” y para aclarar el concepto agrega “Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes”. Es decir, la universidad pública puede cobrar una tasa por estudiar siempre y cuando la misma no sea obstáculo para el acceso.

La ley con excelente criterio establece que dichos importes no pueden ser destinados a “gastos corrientes”, asegurándose así que los aportes de los estudiantes no pasen a subsidiar el déficit presupuestario del Gobierno correspondiente y, en cambio, focaliza estos ingresos complementarios al armado de un sistema solidario de becas y apoyo estudiantil junto a inversiones que potencien el desarrollo didáctico. Permitiendo así la consolidación de un circuito financiero que permita que los estudiantes potencien la matrícula y las herramientas de estudio.

Reconozco que es un gran desafío instrumentar un sistema de este tipo. Para que funcione debería tomarse como prueba de ingresos una declaración jurada de cada estudiante que declare su aptitud para contribuir a conformar este “fondo solidario de desarrollo” priorizando siempre que nadie pueda resultar excluido si declara que no puede pagar una tasa por sus estudios.

En lo personal, creo que hay que trabajar fuertemente para garantizar un servicio de calidad que incluya a más argentinos. Para tal fin, no me parece descabellado que aquellos que pueden contribuir un poco más de lo que ya lo hacen indirectamente mediante sus impuestos ayuden a garantizar el éxito de la educación pública con sus aportes y demanden el servicio de calidad que todos nos merecemos.

Juicios por jurado, una solución posible

No entiendo cómo el kirchnerismo no supo ver que los linchamientos son el ejemplo más acabado de justicia popular. Capaz que lo vieron pero temen que los tribunales ad hoc conformados por vecinos, sin margen para excepciones procesales, jueces amigos del poder y recursos que retarden el fallo son quizás inmanejables. Evidentemente el kirchnerismo confía en lo popular pero sólo cuando puede controlarlo. Raro, ¿no? Hago esta sátira para poner en evidencia que no toda democratización es buena o constitucional.

Los linchamientos, aunque nos enfrentan a una de las facetas más crudas de nuestra sociedad, donde el desamparo, la desesperación y el miedo se convierten en una reacción violenta que ejemplifica el castigo en un pobre diablo, generan una fuerte tensión dentro del sistema político, forzándolo a adaptarse para dar respuesta al problema que nos aqueja. Una de las soluciones posibles, que no agota el acervo de reformas necesarias, es el juicio por jurados o la participación popular en la Justicia.

La institución del juicio por jurados no es nueva y ha aparecido insistentemente a lo largo de nuestra historia: Grecia, Roma, Inglaterra y hasta Francia tuvieron sus experiencias y la primera aparición de juicios por jurados en Argentina fue en la “Ley de Administración de Justicia” de una colonia galesa en Chubut allá por 1873 donde funcionó exitosamente. La Constitución Nacional de 1853 ya obligaba a que se instaure este instituto y más de 160 años después persiste el incumplimiento del mandato constitucional (para que nadie diga que es culpa de tal o cual Gobierno).

En la actualidad, algunas provincias han avanzado en desarrollar la institución sancionando leyes o explorando el instituto. La Ciudad de Buenos Aires acaba de impulsar un modelo experimental de juicios por jurados. Por su partes, la Provincia de Buenos Aires instauró recientemente el sistema de juicios por jurados para delitos graves (cuya pena máxima en abstracto supere los 15 años) pero lo instrumentaron de tal manera que no sirve absolutamente para nada más que para encarecer los procesos judiciales. Los legisladores irresponsables han establecido que el juicio por jurado es un “derecho” (una opción) para el imputado y resulta así renunciable por él además excluye en la práctica a los delitos contra la administración pública.

A pesar de su inutilidad operativa es un primer paso en favor de la instauración efectiva del sistema. Dejo video explicativo del modelo bonaerense (noten el golpe a Massa que le pega Télam):

Reconozco que se puede realizar una crítica desde lo técnico en tanto pone en mano de legos (personas sin formación especializada en el tema) la decisión sobre la culpabilidad de una persona, pero también es cierto que existen múltiples referencias de modelos escabinados o mixtos donde se combina en el jurado representantes con y sin formación legal procurando así nivelar las posiciones como es el caso de Córdoba.

En lo personal, creo que es una institución necesaria que servirá fundamentalmente para limitar el daño que generan los delitos de guante blanco (de los criminales premium) y, a su vez, permitirá un mayor control popular de las sentencias, promoviendo una simplificación progresiva de los mecanismos y el lenguaje judicial. No perdamos la oportunidad de sacar de la crisis algo útil.

Linchar y pensar

Hace unos meses me preguntaba cómo podía ser que no hubiera linchamientos. Notaba un desencaje entre el nivel de saturación de las personas y la reacción ante los distintos casos de inseguridad. El caldo de cultivo estuvo hirviendo hace tiempo.

Un día alguien decidió cruzar el límite. Un límite que como quedó después verificado era fácil de cruzar y las sanciones escasas. Algo que muchos de los linchados habían aprendido hace tiempo. Acción y reacción son fruto de un Estado fallido, del desplazamiento del Estado de Derecho por resultar insuficiente para satisfacer las necesidades de las personas.

Pero el sadismo que se traduce en sangre no debe explicarse sólo en este punto. Hay un elemento de control en la violencia ejercida, en poder personificar nuestros males y angustias y cuando por fin se tiene la posibilidad de repeler alguna de ellas la reacción es desproporcionada, destructiva, criminal.

¿Por qué? Porque sufrimos un desequilibrio interno producto de la ausencia de la idea de justicia. Este es el fracaso más abismal del kirchnerismo: haber destruido la gran mayoría de los incentivos para la cooperación y la concordia social. La violencia es síntoma de la impotencia.

Las causas que permiten explicar las reacciones lejos están de justificar el océano de miserias que inspiran a quienes gozan de promover y ejercer la violencia.

Puedo entender las causas pero ceder ante la tentación de transformar nuestras frustraciones en sangre nos degrada a pesar de la historia que nos contemos.