Por: Yamil Santoro
Todos los impuestos son peligrosos, algunos son más peligrosos que otros. Hay cuatro preguntas obligatorias que debemos hacernos al hablar de impuestos: ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo se cobra? ¿A quién se le cobra? ¿Por qué se le cobra? Argentina presenta la peor combinación posible: hay una altísima presión tributaria (más del 50% de tu sueldo se lo lleva el Estado), hay muchos impuestos distorsivos y procíclicos (que afectan negativamente la economía afectando conductas productivas), es un esquema regresivo (donde pagan más los pobres que los ricos) y se cobra fundamentalmente para sostener un aparato político antes que para beneficiar a los argentinos.
Hay pocas cosas más distorsivas en el mundo económico que el impuesto a los ingresos brutos (IIBB). Básicamente, consiste en un impuesto por facturar independientemente de que la empresa gane o pierda plata en un territorio determinado. Es un freno de mano en cualquier economía. Lo más cercano a un impuesto a respirar, en términos empresariales. Además, tanto el impuesto de sellos como el de ingresos brutos son impuestos procíclicos que generan fuertes incentivos para que el gobierno tienda a adoptar una estructura operativa sobredimensionada que luego resulta difícil de sostener.
Hubo un momento de grandeza intelectual en nuestro país que culminó en el Pacto Federal Para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, sancionado por el decreto 14/94, que planteaba la eliminación progresiva del impuesto a los IIBB, entre otras cosas importantes, como la disminución del IVA al 18% y la eliminación del impuesto de sellos. En la mayoría del mundo, el impuesto a los IIBB ha sido reemplazado por el IVA. En nuestro país eso estaba previsto que pase a mediados de los setenta, pero en Argentina los impuestos son mimosos: una vez que llegan no se quieren ir más.
Lamentablemente, los esfuerzos por avanzar hacia un esquema tributario más eficiente terminaron fracasando debido a la ley más destructivas del país: la ley de coparticipación federal. Las fallas del federalismo fiscal llevan a un pacto nefasto entre la administración central y las provincias forzando que estas deban financiarse con impuestos distorsivos e ineficientes como el impuesto a los sellos o a los IIBB redundando en un aumento general de impuestos además de una desaceleración de la economía e informalidad.
A pesar de sus efectos distorsivos, debemos entender que no hay posibilidad de renunciar a este impuesto hasta tanto no se redefina el sistema tributario en general. Por ejemplo, el presupuesto de la CABA se sostiene en un 91% por ingresos recaudatorios propios y sólo en un 9% se sostiene por la coparticipación federal. De ese porcentaje, aproximadamente el 70% depende del impuesto a los IIBB. Para poder pensar en una reforma tributaria que no implique redefinir la forma en la que las provincias se financian.
Una solución posible sería permitir que cada provincia establezca una sobretasa provincial sobre el IVA como reemplazo a los IIBB, es decir, permitir que cobren un plus sobre el IVA. Este impuesto sería menos distorsivo y generaría una transferencia automática hacia el fisco provincial. Otra posibilidad sería modificar el funcionamiento de la coparticipación haciendo que la plata que les corresponda se transfiera de manera automática (y no discrecionalmente como ocurre hoy) y aumentando los fondos que se distribuyen entre las provincias disminuyendo el porcentaje de la administración central mientras se eliminan los impuestos más perjudiciales.
En ambos casos se aliviaría al sector productivo, permitiendo recuperar algo la actividad económica en blanco y ampliando la base impositiva. Esto es importante dado que, mientras los ingresos del Estado dependan tan abrumadoramente de ciertos impuestos, bajar la presión tributaria nunca será una posibilidad política.
Todo este debate sobre el esquema tributario no nos exime de dar el debate complementario de cómo se gastan los fondos públicos y en qué se gastan. Es necesario fomentar un gasto público moderado, responsable y transparente con el consumidor. Más allá de cómo se ejerce, hoy la presión fiscal es insoportable y resulta necesario un acuerdo de toda la sociedad que nos permita abandonar un modelo que sólo puede garantizarnos el camino al fracaso.
Necesitamos un nuevo pacto y creo que es deber de todos los actores políticos tomar responsabilidad sobre el hecho de que los impuestos excesivos representan pérdida de oportunidades para el país. Trabajemos juntos para tener un pacto tributario que permita el desarrollo económico del país sin descuidar las necesidades comunitarias, trabajemos en conjunto más allá de los espacios políticos.