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Pinedo y el cupo femenino

Federico Pinedo fue el primer ganador de las elecciones primarias a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta de llevar a Diego Santilli como candidato a vicejefe de gobierno, se garantizó el acceso a la Cámara Alta. Pasada la alegría inicial me surgieron algunas dudas que motivaron la escritura de esta nota. El caso de Pinedo, o lo que pudo pasar, sirve para poner en relieve una “falla” del sistema en lo relativo a la igualdad de género. Analicemos lo que plantean las leyes y la injusticia que pudo haber pasado.

En caso de renuncia de una senadora: ¿quién corresponde que asuma? ¿El senador suplente inmediato siguiente o la próxima senadora de la lista aunque haya que saltearse a alguno?

El artículo 157 del Código Electoral Nacional establece que “Los suplentes sucederán al titular por su orden en el caso previsto por el artículo 62 de la Constitución Nacional”. Es decir: “Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa.”. Pasa el que sigue en el orden de la lista, Pinedo en nuestro caso. Esto podría dar como resultado que un distrito tenga una triple representación masculina (Pinedo – Santilli – Solanas) en caso que Gabriela Michetti hubiera ganado las PASO.

Hay un interesante proyecto presentado en el 2009 (el expediente con trámite parlamentario 5065-D-09) que atiende precisamente a esta falla del sistema proponiendo que en caso de vacante femenina sea cubierta por otra mujer sin importar el orden en el que se encuentre tanto para Senadores como para Diputados.

El proyecto remite al antecedente de la Sra. Judith Forstmann. Tras la renuncia de Alicia Kirchner, surgió el debate acerca de quién debía sucederla en la banca que obtuvo el FPV en Santa Cruz. El Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación -12 de diciembre de 2007, Expte. OV 373/07-, agregaba: “Y en este rumbo puede verse que en la práctica la Ley 24012 plantearía una laguna jurídica que permitiría que en el caso de la provincia de Santa Cruz, ante la renuncia de Alicia Kirchner, de asumir Jorge Banisevich, ésta se quedara sin mujeres en la Cámara Alta y consecuentemente se violentara la Constitución Nacional, y tratados internacionales con la consecuente generación de responsabilidad internacional”. Paradójicamente, tras la muerte de la Senadora Forstmann se permitió que asumiera un senador hombre manteniendo el criterio preexistente.

Por suerte, en esta oportunidad Pinedo podrá asumir su banca sin quedar metido en este berenjenal legislativo. Se trata de una falla legal que debe ser subsanada para que tengamos una democracia que cumpla con los compromisos que asumió ante la igualdad de género. La participación efectiva de las mujeres en la política es un indicador de la calidad democrática, evitemos que se pierda su representación por tecnicismos o leyes deficientes.

Optimizar la gestión es crear riqueza

La semana pasada pude juntarme a conversar con algunos miembros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se interesaron en la propuesta de desarrollar una ventanilla única para la ciudadanía en general y los emprendedores en particular.

Es necesario que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y no al revés. Hemos escuchado muchas veces esta afirmación pero a la hora de verlo plasmado en la realidad es común encontrar que lejos de potenciar los proyectos de vida de las personas los gobiernos acostumbran generar dolores de cabeza. La inercia propia de las burocracias hace que las regulaciones tiendan a crecer y que muchas veces se agreguen trámites sin evaluar el impacto global, generando capa tras capa de trabas para las personas.

Por eso me causó una gran felicidad ver que desde la gestión de CABA estaban dispuestos a escuchar propuestas de mejora. La idea es conceptualmente sencilla, consiste en generar un único punto de relación entre el gobierno y el ciudadano a fin de simplificar los procesos, disminuyendo así costos de transacción y de información. Todos los trámites en un único lugar. Simple. Una medida de descentralización gubernamental que ya ha sido implementada en Méjico, Reino Unido, entre otros.

Claro que es más fácil proponerlo que implementarlo. Una reforma de este tipo obliga a los gobiernos a modernizar sus procesos e implementar sistemas que permitan la “trazabilidad” de expedientes y reclamos, así como un sistema de informatización de documentos para que desde un nodo de acceso la petición llegue a todos los organismos necesarios. Esta medida obliga también a los gobiernos a realizar una “guía de trámites” poniendo en evidencia, si es que existe, regulación ineficiente o excesiva. Buena parte de estos pasos ya han sido llevado adelantes en la gestión porteña por lo que estaría en condiciones de avanzar en este sentido. De hecho, podríamos decir que el proceso se ha iniciado con el programa “Mi BA”, dependiente del Ministerio de Modernización, que propone “Todos tus trámites y reclamos en un mismo lugar, a un clic de distancia”.

Resulta fácil, a partir de este punto, también evaluar en qué puntos de la gestión los trámites se atrasan y se le hace perder tiempo a los vecinos, generando información útil para poder optimizar los procesos o realizar reformas.

Mientras que el sistema actual, donde el ciudadano debe ir a diversas dependencias para concluir un trámite complejo (por ejemplo abrir una empresa), con este sistema podrían iniciarse todos los trámites en simultáneo otorgándole más tiempo al ciudadano para disfrutar y ocuparse de las cosas importantes para él o ella. Contribuiría a reducir asimismo la cantidad de actividades “en negro” al simplificar la registración, permitiendo así una economía mejor integrada.

¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta para incorporar una reforma de este tipo?

  • Infraestructura informática: deben generar un sistema de rápido acceso tanto para funcionarios como para ciudadanos. La fusión de bases de datos permite integrar los datacenter y tender a mayores rendimientos de escala disminuyendo costos y mejorando la capacidad de coordinación entre las dependencias públicas.
  • Definir estándares de intercambio de información: dado que no se podrá hacer que el ciudadano se ajuste a la medida de cada dependencia pública habrá que trabajar para homogeneizar los protocolos de transferencia y adquisición de datos. Optimizando los tiempos de procesamiento y el trabajo inter-áreas.
  • Resistencias burocráticas: una reforma de este tipo implica terminar con espacios de corrupción o de “holgura” en la administración pública. A la par que permite visibilizar procesos improductivos o innecesarios. Es dable esperar alguna resistencia de personas que tengan algún interés creado por lo que habrá que trabajar para alinear intereses.

Es una idea simple que todos nosotros podemos impulsar en nuestros distritos. Un desafío adicional será lograr la integración de trámites municipales, provinciales y nacionales. Pero más allá de la integración vertical cualquier innovación en este sentido repercutirá en una mejor calidad de vida para los ciudadanos a cambio de una inversión muy modesta de recursos públicos. Creo que es una reforma necesaria que pronto veremos implementada a lo largo y ancho del país.

Optimizar las gestiones permite que se creen más y mejores empresas, así como devolverle tiempo a los vecinos. Con una mejor gestión, ganamos todos.

 

Alquilar no es para todo el mundo

Alquilar es difícil. Cualquiera que haya querido probar suerte en la vida abandonando la casa de sus padres sabe que muchas veces conseguir un hogar no depende únicamente de tener el dinero necesario. Por la lentitud de la Justicia para resolver conflictos los propietarios buscan cuidarse tanto como pueden y eso ha generado prácticas que resultan ineficientes. El miedo nos hace tomar decisiones “caras” en términos de costos. Dichos costos se trasladan al bolsillo del joven que busca por primera vez acceder a una vivienda.

Son relativamente pocos los que tienen la suerte de contar con padres o familiares que puedan salir de garantes con una propiedad a su nombre en la CABA, como demanda la usanza comercial del rubro. Eso hace que la mayoría de las personas deban caer en un mercado extraoficial (negro) de garantías. Estos “garantes” suelen manejarse, por razones obvias, con poca transparencia y, por la falta de competencia abierta, con costos mayores que los que implicaría generar un seguro de pago.

¿Por qué no existe un seguro de pago?

En el segmento de las PyMEs el problema de la falta de “credibilidad suficiente” se intentó mediante la creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Dichas entidades buscan crear una red de aseguramiento mutuo entre los distintos actores. El problema es que mientras que en el sector empresarial los beneficios asociados a la coordinación resultan positivos para los empresarios, para quienes quieran alquilar resulta al menos dificultoso coordinar con otros en su misma condición para crear una mutual o una entidad financiera que permita articular sus intereses.

Si bien lo ideal sería que una empresa o mutual tome las riendas articulando estos intereses los problemas de coordinación inicial o la falta de confianza por parte de los propietarios haría que esta empresa resulte de dudoso éxito. Una opción para resolver este problema, sería crear una línea de seguros o una SGR coordinada por alguna institución pública. Casualmente el Banco Ciudad posee un sistema de garantía bancaria aunque no está específicamente orientado a jóvenes. Por su parte, Provincia Seguros ofrece un producto similar aunque publicitariamente orientado a los jóvenes. Ambas alternativas ofrecen cobertura por un valor cercano al 1,3 alquileres. Existen alternativas como FINAER que te ofrecen garantía por casi 2 alquileres. Más allá de la proliferación de posibilidades el problema está dado por la reticencia de los propietarios de aceptar otro tipo de garantías.

En materia legislativa, Hernán Arce presentó recientemente un proyecto de ley de alquiler joven en la Legislatura Porteña que crea un programa copiando el ya existente servicio ofrecido por el Banco Ciudad, agregando y un subsidio parcial para el alquiler. Más allá del “plagio” al Banco Ciudad, llama poderosamente la atención que el Legislador promueva el “destete” antes de que la persona esté en condiciones económicas de hacerlo por sus propios medios. Si bien es cierto que el desempleo afecta a los jóvenes unas 3,2 veces más en relación a los adultos no creo que sea motivo para facilitar compromisos para los cuales todavía no están económicamente listos. Hay que dejar de promover el gasto de dinero que no se tiene a costa de los contribuyentes.

A modo de síntesis, el caso del alquiler por parte de los jóvenes nos ofrece un desafío que debemos encarar. Por un lado educando a los propietarios para que aprendan sobre la existencia de métodos alternativos de garantizar la transacción y por el otro promoviendo la creación de seguros que permitan a los jóvenes resolver de forma mancomunada el desafío de acceder a su primera vivienda.

Hay que eliminar el impuesto a los IIBB

Todos los impuestos son peligrosos, algunos son más peligrosos que otros. Hay cuatro preguntas obligatorias que debemos hacernos al hablar de impuestos: ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo se cobra? ¿A quién se le cobra? ¿Por qué se le cobra? Argentina presenta la peor combinación posible: hay una altísima presión tributaria (más del 50% de tu sueldo se lo lleva el Estado), hay muchos impuestos distorsivos y procíclicos (que afectan negativamente la economía afectando conductas productivas), es un esquema regresivo (donde pagan más los pobres que los ricos) y se cobra fundamentalmente para sostener un aparato político antes que para beneficiar a los argentinos.

Hay pocas cosas más distorsivas en el mundo económico que el impuesto a los ingresos brutos (IIBB). Básicamente, consiste en un impuesto por facturar independientemente de que la empresa gane o pierda plata en un territorio determinado. Es un freno de mano en cualquier economía. Lo más cercano a un impuesto a respirar, en términos empresariales. Además, tanto el impuesto de sellos como el de ingresos brutos son impuestos procíclicos que generan fuertes incentivos para que el gobierno tienda a adoptar una estructura operativa sobredimensionada que luego resulta difícil de sostener.

Hubo un momento de grandeza intelectual en nuestro país que culminó en el Pacto Federal Para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, sancionado por el decreto 14/94, que planteaba la eliminación progresiva del impuesto a los IIBB, entre otras cosas importantes, como la disminución del IVA al 18% y la eliminación del impuesto de sellos. En la mayoría del mundo, el impuesto a los IIBB ha sido reemplazado por el IVA. En nuestro país eso estaba previsto que pase a mediados de los setenta, pero en Argentina los impuestos son mimosos: una vez que llegan no se quieren ir más.

Lamentablemente, los esfuerzos por avanzar hacia un esquema tributario más eficiente terminaron fracasando debido a la ley más destructivas del país: la ley de coparticipación federal. Las fallas del federalismo fiscal llevan a un pacto nefasto entre la administración central y las provincias forzando que estas deban financiarse con impuestos distorsivos e ineficientes como el impuesto a los sellos o a los IIBB redundando en un aumento general de impuestos además de una desaceleración de la economía e informalidad.

A pesar de sus efectos distorsivos, debemos entender que no hay posibilidad de renunciar a este impuesto hasta tanto no se redefina el sistema tributario en general. Por ejemplo, el presupuesto de la CABA se sostiene en un 91% por ingresos recaudatorios propios y sólo en un 9% se sostiene por la coparticipación federal. De ese porcentaje, aproximadamente el 70% depende del impuesto a los IIBB. Para poder pensar en una reforma tributaria que no implique redefinir la forma en la que las provincias se financian.

Una solución posible sería permitir que cada provincia establezca una sobretasa provincial sobre el IVA como reemplazo a los IIBB, es decir, permitir que cobren un plus sobre el IVA. Este impuesto sería menos distorsivo y generaría una transferencia automática hacia el fisco provincial. Otra posibilidad sería modificar el funcionamiento de la coparticipación haciendo que la plata que les corresponda se transfiera de manera automática (y no discrecionalmente como ocurre hoy) y aumentando los fondos que se distribuyen entre las provincias disminuyendo el porcentaje de la administración central mientras se eliminan los impuestos más perjudiciales.

En ambos casos se aliviaría al sector productivo, permitiendo recuperar algo la actividad económica en blanco y ampliando la base impositiva. Esto es importante dado que, mientras los ingresos del Estado dependan tan abrumadoramente de ciertos impuestos, bajar la presión tributaria nunca será una posibilidad política.

Todo este debate sobre el esquema tributario no nos exime de dar el debate complementario de cómo se gastan los fondos públicos y en qué se gastan. Es necesario fomentar un gasto público moderado, responsable y transparente con el consumidor. Más allá de cómo se ejerce, hoy la presión fiscal es insoportable y resulta necesario un acuerdo de toda la sociedad que nos permita abandonar un modelo que sólo puede garantizarnos el camino al fracaso.

Necesitamos un nuevo pacto y creo que es deber de todos los actores políticos tomar responsabilidad sobre el hecho de que los impuestos excesivos representan pérdida de oportunidades para el país. Trabajemos juntos para tener un pacto tributario que permita el desarrollo económico del país sin descuidar las necesidades comunitarias, trabajemos en conjunto más allá de los espacios políticos.

La solución al problema de las villas (parte 1)

Todos queremos que dejen de existir las villas. También es cierto que para muchos políticos las villas se vuelven un tema relevante sólo a la hora de procurar votos, aprovechar algún descontento vecinal a fin de obtener algo de cámara o para evitar un escrache. Lo cierto es que es un tema que no suele ser tapa de diarios salvo por alguna noticia infeliz. Recuerdo que una vez un legislador me dijo “dejate de joder con esos temas que no le importan a nadie, buscate alguno que resulte atractivo y vendible”, ridiculizándome por mi interés en temas como reforma educativa, urbanización de villas y transparencia gubernamental.

Los esfuerzos políticos por resolver esta problemática no son nuevos. Ya los jerarcas de la Revolución Libertadora, allá por fines de los 5os, se debatían acerca de cómo combatir las villas formadas a mediados de los años treinta. Frondizi y otros harían sus intentos por relocalizarlas. Otros como el dictador Onganía tomarían la vía expulsiva para tratar de enfrentar el flagelo. Lo cierto es que las villas llevan más de 80 años en plena expansión y han sido pocos los casos de urbanización/relocalización exitosos en nuestro país. Vale recordar, también, que de estos 80 años de proliferación y crecimiento de villas, casi la mitad de dicho tiempo ha gobernado el peronismo en sus diversas formas. Finalmente se tendió a la corriente actual de radicación e integración.

Se vienen haciendo esfuerzos por resolver esta problemática, hay que reconocerlo. También que algunos políticos como Capitanich en Chaco y Jorge Telerman en la CABA se han aprovechado políticamente de la necesidad de los más pobres con el plan Sueños Compartidos de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo junto a Hebe de Bonafini y Sergio Shoklender. Los fondos para las viviendas nunca llegaron a quienes lo necesitaban.

Mientras que la tendencia es a que cada vez más personas abandonen los grandes centros urbanos, aprovechando las mejoras en las telecomunicaciones y en los medios y vías de transporte, hay otra migración que tiende a concentrarse en torno a los grandes centros urbanos. La CABA enfrenta este dilema. Las villas han crecido a un ritmo sustancialmente distinto al del resto del tejido urbano.

villa

Antes de adentrarme en analizar las soluciones concretas quisiera clarificar algunas cuestiones. El problema federal de la ausencia de controles migratorios es secundaria y no constituye el eje del problema. La combinación de oportunidades laborales junto con el amplio sistema de seguridad social que ofrece el GCBA sirven de polo de atracción para que migrantes nacionales e internacionales decidan radicarse en la CABA. Cuanto mucho, el tema migratorio sirve para explicar parte del caudal pero una política de fronteras cerradas no resolvería de forma alguna la cuestión. Aunque es cierto que el contexto actual hace que cualquier solución se vaya volviendo progresivamente más cara y compleja en función de la afluencia de nuevos vecinos.

En este primer artículo analizaré una de las propuestas de solución al tema e iré repasando por qué fracasaron (o fracasarán) y qué puntos deberían mejorarse. Arrancamos con una de las acciones más osadas de la historia argentina a la hora de resolver el problema habitacional: fue el decreto 1001/90 firmado por el entonces Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, regulando la Ley de Emergencia Económica 23.697. El decreto obligaba a los distintos organismos a desprenderse de aquellos terrenos que estuvieran ocupados, permitiendo que sus ocupantes los adquieran de manera directa o mediante asociaciones.

Este modelo permitió sólo algunas experiencias exitosas -como fue la venta de varios lotes a la cooperativa de vivienda “25 de Marzo” presidida por Victor Sahonero en la villa 20- que tras largos años de trabajo han resultado en el otorgamiento de títulos de propiedad para sus vecinos. Sin embargo son pocos los casos donde los vecinos pudieron organizarse para acceder a los beneficios que determinaba el decreto: “Art. 2° – Autorízase la venta de los inmuebles que se declaren innecesarios a sus actuales ocupantes o a las formas asociativas legalmente constituidas que los representaren en su totalidad, comprendiendo las mejoras existentes a la fecha.”

Esta propuesta encontró serias dificultades tanto por las dificultades para acceder a los fondos necesarios por parte de los vecinos como por los problemas de coordinación inherentes a la hora de poder afirmar y probar la titularidad de determinado lote. Desafectar las tierras para que puedan ser enajenadas en beneficio de los vecinos es sólo el primer paso pero los problemas de coordinación llevan a que este abordaje tienda a fracasar. Además, pedirle a los vecinos que “se pongan de acuerdo” para poder avanzar es, a mi entender, insensato y termina sometiéndolos al juego de punteros o mafias en la mayoría de los casos. Esta dependencia se redobla si no se acompaña a la oferta de los terrenos de una propuesta crediticia efectiva para poder adquirirlos.

La semana que viene veremos cómo juega en este tema la legislación local de la CABA, la forma en la que se ha encarado la solución del tema y los pronósticos de su efectividad.

Por lo pronto, ¿cómo creen ustedes que debe resolverse el tema de las villas?

Volvió el liberalismo

“Si no es con nosotros, ¿con quién? Si no es ahora, ¿cuándo?”. Con este lema alcanzó la victoria la agrupación universitaria UPAU en 1985 en diversas universidades públicas del país. La agrupación fundada por el ex legislador porteño Carlos Maslatón, con quien hoy encabezo la lista de candidatos a diputados nacionales junto a Delfina Frers llevando a Alberto Rodríguez Saá como candidato a senador en la CABA, rompió con la hegemonía de los radicales y otras expresiones de izquierda en diversos centros de estudiantes.

La UPAU pasó a integrar la UCeDé (Unión de Centro Democrático) constituyéndose como una de las fuerzas jóvenes del partido que condujo el ingeniero Álvaro Alsogaray en defensa de las ideas liberales (mi homenaje por su reciente centésimo cumpleaños). La UCeDé llegó a ser la tercera fuerza política del país a principios de los 90 y supo contener a grandes cuadros en sus filas. Lamentablemente, la cuestionada asociación con Carlos Menem llevó al partido a su virtual disolución.

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