Nos encanta pensar que existen soluciones mágicas a los problemas que nos rodean. Si bastara con una ley para terminar con un problema complejo, sancionemos una ley para prohibir la pobreza, otra para prohibir el hambre y, ya que estamos, otra para prohibir la muerte. La bondad o la maldad de una ley no deben medirse por sus intenciones, sino por sus efectos. Hay leyes que suman, hay leyes que restan. La ley antidespidos es una ley que resta, hay que decirlo sin rodeos: el remedio es peor que la enfermedad.

El economista y profesor Nicolás Salvatore sintetizó de manera impecable los efectos de esta ley: “Supongamos una pyme industrial con cincuenta empleados, que vende a Brasil y al mercado interno, y hoy está en la lona, debido a la debilidad de ambas demandas. Se encuentra ante la disyuntiva de reducir su estructura de costos (despedir a diez trabajadores) o quebrar. No le dan los números. Para ayudarla, el Congreso vota una ley que prohíbe los despidos. Entonces, no le queda otra que quebrar. Cincuenta personas desocupadas. El desempleo, en vez de aumentar en diez personas, aumentó cinco veces más. ¿Cuál era el objeto de la ley?”.

Este es el primero de los problemas. Con esta ley, se ata la suerte de toda una empresa a la posibilidad de sostener un determinado número de trabajadores. El efecto neto de una ley de este tipo es que termina destruyendo empresas, inhibiendo a empresarios y aumentando el desempleo.

Las voces en contra de esta ley no vienen sólo de parte del macrismo. Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna, Sergio Massa, entre otros, han manifestado que aunque suene bien y sea políticamente correcto apoyar al proyecto, sus efectos, en la práctica, perjudicarían al país. Recordemos también que Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria (FPV) e histórico abogado de la Central General de Trabajadores, impulsó este proyecto ya en el 2008, ante los despidos de ese año, que fueron creciendo hasta alcanzar el 9,1% el tercer trimestre del 2009, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este es el mismo Recalde, diputado del FPV, que en 2014 sostuvo: “Prohibir despidos obstaculiza nuevas contrataciones”, al rechazar la idea cuando la propuso Sergio Massa. Sostuvo que había que “apostar a la razonabilidad y a sostener el empleo” y que “hay que tener cuidado, porque estas cuestiones pueden obstaculizar la contratación de trabajo”. El mismo Recalde que hoy insiste con su viejo proyecto del 2008, que rechazó en 2014 y que hoy vuelve a impulsar. Un tipo coherente.

Por su parte, Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo y legislador porteño del Frente para la Victoria, sostuvo en el 2014, en relación con esta ley, que rechazó: “Resulta evidente la intención de ayudar a fabricar artificialmente otra crisis, jugando irresponsablemente con algo tan valorado como el trabajo”.

El segundo de los problemas tiene que ver con la creación de nuevos empleos. Este problema no es nuevo. A partir del 2008, nuestro país agotó el impulso que le dio la capacidad ociosa que existía tras el crash del 2001. El kirchnerismo no supo resolver el desafío del crecimiento y no supo crear empleo sustentable desde entonces. Vivimos, a partir de ese momento, con parches y empleo público para maquillar un problema estructural.

Pongamos las cosas en contexto: tras 12 años de kirchnerismo, nos encontramos con la misma cantidad de pobres que a la salida de la convertibilidad. Triplicaron el gasto público en términos reales. Lo duplicaron como porcentaje del PBI y nos dejaron un 29% de pobres, un Estado fundido e ineficiente, inflación galopante, deudas impagas, muchos pobres y una burbuja en torno a un problema de empleo maquillado.

Acabamos de salir del default, el Gobierno nacional y todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo enorme para corregir el desorden que dejó el kirchnerismo: ¿Cómo pensás que afecta nuestra credibilidad sacar una ley que cambia las reglas de juego? Para peor, que las cambia retroactivamente. Nadie va a querer invertir ni medio peso en un país que de un día para el otro cambia las reglas de juego. Los diputados y los senadores que hoy impulsan este proyecto o ignoran los efectos o su mezquindad política puede más que el daño que le causan al país.

Igual debemos aclarar que el mero hecho de plantear una ley así y que no haya un rechazo unánime y pronto perjudica a la Argentina. Justo cuando estamos tratando de cambiar nuestra imagen frente al mundo aparece un grupo de inimputables a sostener una pésima e inconstitucional solución. Con ideas así no salimos más de la marginalidad y el atraso.

En la línea de lo anterior, el titular de la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) sostuvo en 2008: “Los empresarios somos rehenes del oportunismo y el abuso de poder por parte de aquellos que con medidas extremas, como estas, lejos están de defender los derechos de los trabajadores. Esto queda en evidencia porque, de concretarse la iniciativa, lo único que traería es el desaliento y la incertidumbre de nuevas inversiones, sobre todo en el sector de las pymes”.

Los efectos de una ley así se traducen en una mayor discriminación hacia adentro de los desempleados, porque las empresas tendrán mucho más cuidado a la hora de contratar y, ante la duda, no van a contratar. Exactamente lo contrario de lo que necesitamos que pase.

El problema constitucional. Una ley que prohíba algo que ya pasó es inconstitucional. El artículo 19 de la Constitución Nacional, in fine, sostiene: “Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. En otras palabras, una ley que pretenda tener efectos retroactivos sobre relaciones jurídicas ya extintas es inconstitucional, por lo que el presidente de la nación, Mauricio Macri, tiene el deber de vetarla. Si no lo hiciera, la Justicia declararía su inconstitucionalidad, pero en el medio tendríamos un sinfín de juicios y conflictos, lo cual daña a la economía nacional.

Otro argumento que se ha empleado es que esto sólo se aplica de forma retroactiva y no a las nuevas contrataciones o no a todas las empresas por igual. Todas estas discriminaciones entre trabajadores, además de ser inconstitucionales, pueden tener dos posibles efectos. Como dije antes, que se deje sin efecto tras un montón de juicios y conflictos, o, lo que es peor, que algún juez irresponsable lo extienda a otros casos no contemplados.

Como dije antes, promover una ley como esta sólo puede estar motivado en una extrema mezquindad, en un brutal desconocimiento de la economía o sencillamente en la mala leche. Tengamos una discusión seria, el tema del empleo será cada vez más un tema complejo. Hace poco, el informe Dividendos digitales puso en evidencia que el 60% de los puestos de trabajo en la Argentina son automatizables en el mediano plazo. Es decir, la gran mayoría de las cosas que hoy hacemos pueden ser reemplazadas por máquinas en un futuro no tan lejano. Esto nos obliga a elevar el nivel de la discusión, pensar en los desafíos que nos ofrece el futuro y generar una transición que evite que este cambio, que seguramente nos beneficie como sociedad, recaiga de especial manera en las personas con menos formación o calificación laboral. Este es el desafío laboral de cara al siglo XXI.

Nos debemos debates más serios.