El problema de una pregunta mal formulada es que puede esconder otras preguntas que deben ser respondidas previamente antes de poder responder cabalmente la primera.

En algún momento del debate político argentino abandonamos el pensamiento científico y el abordaje crítico y nos dejamos llevar por banderas, slogans y emociones. El crash del 2001 generó un daño institucional que todavía persiste: la pérdida de la racionalidad en las discusiones de políticas públicas. Dejamos de pensar qué es lo más eficiente para resolver los problemas que tenemos y también hemos dejado de discutir el alcance de los mismos.

La crisis trajo aparejada la desconfianza sobre las instituciones políticas y nos volvió susceptibles a discursos simplificadores donde la culpa de nuestro malestar era de estos o de aquellos. Y así, buscando culpables, nos fuimos volviendo cada vez más irresponsables y menos exigentes en torno a cómo se hacen las cosas. En ese marco, los políticos quedaron libres para resolver como mejor les parezca, se debilitó el control ciudadano y eso no suele ser una buena idea. Si bien hubo reproches acerca del rumbo, poco se dijo acerca de la forma en la que se hacían las cosas.

Horacio Rodríguez Larreta escribió un libro en 1998  llamado “domando al elefante blanco” donde planteaba varias reformas necesarias para mejorar la gestión gubernamental, muchas las ha llevado a la práctica en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que me llamó la atención es que planteaba que todavía no teníamos una palabra en español que permitiera traducir “accountability” (grado en que está obligado a rendir cuentas) que deriva de “accountable” (que puede ser llamado a rendir cuentas o explicaciones). La semana pasada (o sea 16 años después), durante una conferencia, escuché lo mismo. No dejemos que pasen otros 16 años sin una respuesta. Inventemos esa palabra que nos hace falta: omnicontar y omnicontabilidad. (Son un poco cacofónicas: podemos debatirlo, escucho alternativas).

Al analizar los organismos de auditoría interna del Estado, entre ellos la AGN y la SIGEN, los controles que realizan están orientados a verificar fundamentalmente la legalidad de lo actuado. Es decir, que las cosas se hayan hecho según los procedimientos adecuados y no se suele comprometer al funcionario público en torno a los resultados, la obligación se centra en cómo hace las cosas, no en si dichos métodos son eficientes ni en si se logran los objetivos para los que su función fue creada. No hay un compromiso con determinados entregables.Y sin dicho compromiso resulta difícil ver cómo pueden los burócratas cumplir bien su servicio público.

Al no comprometer empleado público con los resultados tampoco queda comprometido con la eficiencia de los métodos empleados. Gasta nuestro dinero sin parámetros. Sin una definición de cuáles son los entregables, resulta imposible evaluar si el método utilizado es el más eficiente. Los entregables pueden medirse y deben ser medidos para garantizar el acceso a la información pública. Es responsabilidad de cada departamento público presentar la información de su trabajo en torno a variables relevantes de fácil acceso para el ciudadano. Si bien es un primer paso vale aclarar que no alcanza procesen los datos y se definan métricas relevantes por área de gestión.

Hay que orientar la gestión pública a resultados, hay que retornar al debate en torno a cuáles son las mejores maneras de resolver los problemas que tenemos y abandonar los fetichismos. Sólo así podremos empezar a debatir cuáles son los medios más eficientes para resolver las necesidades de los ciudadanos. Sin definiciones de los problemas y cuáles serían las soluciones a dichos problemas con mediciones concretas el debate servirá para poco.