“Es el primer deber de todo ciudadano cuestionar a la autoridad”

Benjamin Franklin

El otro día decidí ver el acto de Máximo Kirchner y reconozco que sentí una combinación de pena y admiración. Pena porque transmitió un mensaje con claro espíritu de derrota, pero a pesar de eso la admiración que merece el esfuerzo de lucha de quien está vencido. Claro que es difícil definir hasta dónde se trata de una proeza y dónde empieza a ser una necesidad psicológica de negar el porvenir y cerrar filas para evitar panquequeadas o buchoneadas.

El acto me hizo reflexionar además acerca de los ñoquis. El principal problema del sistema político argentino es el apalancamiento gubernamental de la actividad político-partidaria. Se emplean millonadas de recursos de los contribuyentes para impulsar tal o cual propuesta política, financiar militantes, espacios en medios y compensar favores aumentando innecesaria e improductivamente la burocracia y el gasto público en el proceso.

En este juego de hacerle pagar a los contribuyentes las cuentas de cada fuerza política se debilita a la sociedad civil por partida doble. Por un lado se le quitan recursos adicionales para financiar la actividad política y, a su vez, dichos recursos se ejercen competitivamente en su contra. Argentina se ha convertido en un despliegue de feudos democráticos donde cada gobernante utiliza los recursos de los contribuyentes en su búsqueda de ser coronado en la Casa Rosada.

Las intervenciones del Estado en la vida de las personas suelen justificarse a partir de “injusticias” o imperfecciones de mercado asociadas comúnmente a la concentración o monopolios que deben ser corregidas por los gobernantes. ¿Pero si estas distorsiones fueran mayores en el campo político que en el económico, no sería más eficiente apuntar a corregir éstas primero? Las reglas de juego viciadas en el campo gubernamental permiten que aumente la concentración política excluyendo al ciudadano medio de la posibilidad de incidir de manera efectiva en los asuntos públicos. En aras de la eficiencia es hora de pensar en cómo intervenir la política para garantizar la competencia y, en consecuencia, una democracia liberal.

La meritocracia es una forma avanzada de democracia en donde el acceso al Estado depende de las aptitudes del postulante para satisfacer la necesidad social que recaerá sobre él. Tales mecanismos asumen una definición clara de competencias necesarias y responsabilidades que limitan la asignación arbitraria de cargos. Asimismo, el ascenso dentro del escalafón gubernamental debe estar sometido al mismo juego a fin de separar la suerte de la burocracia gubernamental de los avatares políticos circunstanciales dándole así independencia política y garantizando la estabilidad  de las políticas públicas dentro de ciertos parámetros técnicos. Permitiendo que se gesten las tan necesarias y ausentes “políticas de largo plazo” o “políticas de Estado”.

A diferencia del modelo actual, en un esquema meritocrático el compromiso con los resultados y en la resolución de los problemas se convierten en el motor del progreso tanto del empleado público como de la comunidad. Logrando así alinear objetivos particulares y generales.

Un beneficio residual del esquema meritocrático y de acceso competitivo a los cargos públicos es que se empieza a limitar fuertemente la posibilidad de tener “militantes” partidarios rentados lo cual debilita a los aparatos políticos dándole oxígeno a otras organizaciones. Este esquema permitiría tender a una composición tal que impida fluctuaciones abruptas más allá del cambio del management garantizando así una mayor estabilidad en las políticas públicas.

La carrera burocrática permite suplir la falta de incentivos que genera el empleo público para adquirir por contratación a técnicos de gran nivel (fundamentalmente por la falta de salarios competitivos, las trabas operativas y los manoseos políticos). Al poner el eje en el desarrollo de los agentes, se puede trazar un pipeline donde en un tiempo razonable se tenga a las personas especializadas para los cargos que se necesitan limitando así el acceso de paracaidistas y mercenarios.

El acceso competitivo a los cargos públicos permite revalorizar a su vez el trabajo de académicos, científicos y activistas sociales dándoles una ventaja competitiva a la hora de aspirar a puestos que requieren de su expertise permitiendo una mejor articulación entre el sector público y privado.

Hay muchas reformas necesarias para sacar este país adelante. Pero si me piden que elija una para que todo empiece a cambiar, sin lugar a dudas pido por la fuerza transformadora de la meritocracia.

 

(Este artículo es la versión acotada y adaptada de una nota de igual título incluido en el EBook “Cultura Democrática” publicado junto a Iván Petrella, Martín Yeza y otros jóvenes políticos)